Enrique Mejía Bello y Otros.
Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2022
Partes del expediente
- Enrique Mejía Bello y Otros.
- Todas las Partes
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen Campeche, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 22320/2022 signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a través del cual transcribe el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 621/2022-VIII, de cuya lectura se advierte que ese órgano jurisdiccional declinó en parte la competencia al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; y en otra desecho de plano la demanda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 5493/2022, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 24/2022 (número de orden 33/2022), derivado de este juicio de amparo. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Por otra parte, agréguese a los autos el comunicado 21063/2022, del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, a través del cual informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, la cual se radicó bajo el juicio de amparo 621/2022, de la estadística del juzgado en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, de juicios de amparo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, radíquese con el número de expediente 275/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos señalan como autoridad responsable a todos los Jueces de Distrito del Campeche. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, considera que carece de competencia legal para conocer del asunto, pues a este Juzgado se le atribuye el carácter de autoridad responsable, al igual que a todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, por lo que atendiendo al principio general del derecho "no se puede ser juez y parte de una misma causa", quien debe conocer de la misma en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo es el juzgado de distrito más cercano de los que no hayan sido señalados como responsables. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece que el juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, es otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Complementariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que es juez competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces Federales de la misma materia de un Distrito, el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito si los hubiera, en caso contrario, debe conocer el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. En tales condiciones, dado que los quejosos señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto, de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, así como a todos los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de la Ciudad Capital, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Lo procedente es remitir el presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en turno, por ser el más cercano a este distrito judicial y no haber sido señalado como autoridad responsable. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 75, registro digital 190008, rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. No ha lugar a conceder a los quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por señalar actos como intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de los actos constitutivos de delitos, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura, coacción y actos de intimidación, restricción de comunicación, contacto y de convivencias y los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ello, porque tales actos se estima que se reclaman como consecuencia del diverso acto que reclaman, a saber, el traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro penitenciario. Además, no basta el simple señalamiento de lo anterior por parte de la quejosa, para que se actualice algún caso urgente de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se requiere de indicios de los que se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye un acto prohibido por el citado precepto constitucional, lo cual en el caso no acontece. Aunado a ello, las manifestaciones que vierten los quejosos no determinan la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre del 2004, página 1458, Novena Época, intitulada: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarles el presente acuerdo de forma personal. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Ciudad del Carmen, Campeche, siete mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, radíquese con el número de expediente 275/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos señalan como autoridad responsable a todos los Jueces de Distrito del Campeche. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, considera que carece de competencia legal para conocer del asunto, pues a este Juzgado se le atribuye el carácter de autoridad responsable, al igual que a todos los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, por lo que atendiendo al principio general del derecho "no se puede ser juez y parte de una misma causa", quien debe conocer de la misma en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo es el juzgado de distrito más cercano de los que no hayan sido señalados como responsables. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece que el juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, es otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Complementariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que es juez competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces Federales de la misma materia de un Distrito, el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito si los hubiera, en caso contrario, debe conocer el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. En tales condiciones, dado que los quejosos señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto, de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, así como a todos los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de la Ciudad Capital, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Lo procedente es remitir el presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en turno, por ser el más cercano a este distrito judicial y no haber sido señalado como autoridad responsable. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 75, registro digital 190008, rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. No ha lugar a conceder a los quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por señalar actos como intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de los actos constitutivos de delitos, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura, coacción y actos de intimidación, restricción de comunicación, contacto y de convivencias y los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ello, porque tales actos se estima que se reclaman como consecuencia del diverso acto que reclaman, a saber, el traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro penitenciario. Además, no basta el simple señalamiento de lo anterior por parte de la quejosa, para que se actualice algún caso urgente de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se requiere de indicios de los que se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye un acto prohibido por el citado precepto constitucional, lo cual en el caso no acontece. Aunado a ello, las manifestaciones que vierten los quejosos no determinan la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre del 2004, página 1458, Novena Época, intitulada: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarles el presente acuerdo de forma personal. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por exhorto a la parte quejosa.
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