Enrique Moya García

Expediente 1336/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1336/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Enrique Moya García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente de la Secretaría de Amparos de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual solicita se le devuelvan las constancias que remitió mediante oficio 627/2018, las cuales corresponden al toca civil 114/2018-11-5, de su índice, así como del expediente 763/2017-3, del índice del Juzgado Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En atención a lo anterior, y en virtud de que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, se ordena desglosar para ser devueltos los testimonios (fojas 44 a 132) que fueron allegados como parte del informe justificado que rindió la autoridad oficiante en este asunto, para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, glósese a los autos el original del cuaderno incidental y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, como en el expediente principal se concedió el amparo, es susceptible de depuración, por lo que, se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos décimo primero, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada Sofía Ramírez Figueroa, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Enrique Moya García, contra el acto reclamado consistente en el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en toca 114/2018-11. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1336/2018-I, promovido por ENRIQUE MOYA GARCÍA, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, ENRIQUE MOYA GARCÍA, promovió juicio de amparo contra la autoridad responsable Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el acto consistente en el auto dictado el diez de julio de dos mil dieciocho en el toca civil 114/2018-11. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado formó el expediente 1336/2018-I, y admitió a trámite la demanda de amparo, motivo por el cual, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó el emplazamiento del tercero interesado Sofía Ramírez Figueroa, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ejercerán jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en el auto emitido el diez de julio de dos mil dieciocho, en el toca civil 114/2018-11, tal como lo aceptó dicha autoridad en su informe justificado; además se acredita su existencia con las copias certificadas que remitió la propia autoridad responsable del citado toca civil, las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se pasa al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Resultan inoperantes e infundados los conceptos de violación del quejoso, por los motivos que enseguida se explican. Para dar claridad a la resolución que se pronuncia, se estima pertinente realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ENRIQUE MOYA GARCÍA, promovió medios preparatorios a juicio sumario civil, para citar a la sucesión a bienes de José Moya Aguilar y/o José María del Carmen Moya Aguilar a efecto de que absolviera posiciones en relación con un contrato verbal de comodato. La Juez Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, admitió a trámite el expediente de medios preparatorios a juicio 763/2017-3, y en audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, desahogó la confesional a cargo de Sofía Ramírez Figueroa, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de José Moya Aguilar y/o José María del Carmen Moya Aguilar. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el abogado patrono de Enrique Moya García, interpuso recurso de apelación contra el auto emitido en la audiencia de veintiséis de enero pasado; impugnación que por auto de esa misma fecha, la juez acordó que en virtud de que el recurso no encuadraba en alguna de las hipótesis previstas por el numeral 532 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, una vez promovido conforme a derecho, se acordaría lo procedente. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciocho, Enrique Moya García, interpuso recurso de queja ante la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien en auto de nueve de febrero siguiente acordó que en virtud de que no había sido remitido el expediente 763/2017, una vez que lo recibiera, acordaría lo que en derecho procediera, ordenado formar cuadernillo de antecedentes. En auto de siete de junio de este año, la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, requirió a la Juez Tercero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, que informara si el recurrente Enrique Moya García, le hizo de su conocimiento la interposición del recurso de queja contra el auto de treinta y uno de enero pasado en el expediente 763/2017. La juez mediante oficio 805, fechado el once de junio de este año, informó a la Sala que Enrique Moya García, no hizo de su conocimiento el recurso de queja, por lo tanto no dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 555 del Código Procesal Civil del Estado Por auto de veinticinco de junio siguiente, la Sala ordenó registrar en el libro de gobierno el recurso de queja y otorgarle un número de toca y ponente; lo que se ejecutó en auto de veintiocho de junio posterior y quedó registrado con el toca 114/2018-11, por lo que admitió el recurso a trámite. Por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado ponente desechó el recurso de queja interpuesto por Enrique Moya García. Dicho auto constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, la autoridad responsable sustentó el acto reclamado en los siguientes argumentos: 1. Conforme a lo que dispone el artículo 555 del Código procesal civil del Estado de Morelos, quien recurre en queja, tiene la obligación y carga procesal de hacer del conocimiento la interposición del recurso, al juez, -máxime que se trata de un asunto de naturaleza civil donde las actuaciones son de estricto derecho-, quien deberá remitir inmediatamente a segunda instancia el informe con justificación para la continuación de lo recurrido, lo cual, no aconteció; por lo cual, advirtió que el recurso no fue hecho valer de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral. 2. Que en materia civil opera el principio de estricto derecho, lo que significa que los contendientes ante una actitud de omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado en el momento procesal oportuno, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contrario, ello, en razón de que la naturaleza de los juicios civiles, dado los principios que rigen el procedimiento, al tratarse de una litis cerrada, existe impedimento de suplir la deficiencia de la queja, aunado a que no se encuentran derechos de menores o incapacitados, lo que constituye la única excepción al principio de estricto derecho, por tanto, era procedente desechar la queja interpuesta por Enrique Moya García. Por su parte, el quejoso arguye esencialmente como concepto de violación, lo siguiente: a) Que el auto reclamado viola en su perjuicio los artículos 555 y 595, del Código procesal civil del Estado y los criterios derivados de las tesis aisladas y jurisprudencias que transcribió, relacionadas con la suplencia de la queja deficiente, ya que se basó en el argumento erróneo de que el procedimiento de origen es de estricto derecho por ser materia civil, el cual ya ha quedado superado y solamente basta que exista la mínima causa de pedir para resolver el recurso, pues además expuso los agravios correspondientes. b) Que el numeral 555 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece las causas de desechamiento del recurso de queja, y en ellas no se encuentra la relativa a que no comunicó a la juez de origen la presentación del recurso, por dicha razón incorpora una nueva hipótesis para desechar. El primer concepto de violación es inoperante en virtud de que el quejoso no expone los motivos por los cuales considera que en el caso concreto no opera el principio de estricto derecho, ya que solamente se limitó a sostener que atendiendo a la causa de pedir debió resolverse de fondo el recurso de queja que interpuso; lo anterior, toda vez que el artículo 1 del Código procesal civil del Estado de Morelos, señala que el procedimiento será de estricto derecho; además que si bien bastará la exposición de la causa de pedir para analizar los motivos de disenso en un recurso por el Tribunal de Alzada, no obstante que se trate de un asunto de estricto derecho, ello no significa que el recurrente no realice el señalamiento de la lesión o perjuicio que las respectivas consideraciones del auto recurrido le provocan, así como los motivos que generen esa afectación, ya que de lo contrario, el estudio que emprenda la Alzada sería en total suplencia de la deficiencia de la queja, lo que no es admisible en términos generales en la materia civil, como se indicó; de ahí que al no precisar qué argumentos fueron los que formuló el quejoso recurrente, para que la responsable estuviera en aptitud de atender su causa de pedir, trae como consecuencia la inoperancia apuntada. Sin que se soslaye que la Ley de Amparo y la jurisprudencia establecen la excepción al principio de estricto derecho al prever la suplencia en la deficiencia de la queja en juicios relativos a la materia civil, pues al margen que dicha posibilidad se estatuye para el juicio de control constitucional y no ante las instancias ordinarias solamente se contempla en algunos casos, conforme a lo señalado en el artículo 79 de la Ley de Amparo lo que ha sido desarrollado en diversos criterios jurisprudenciales, entre otros casos, cuando se trate de menores de edad o incapaces; en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esa Ley, o a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Sin embargo, el quejoso no explicó la razón por la cual considera que se encuentra en un caso de excepción al principio de estricto derecho; aún más, porque el asunto de donde deriva el acto reclamado es un procedimiento de medios preparatorios a juicio sumario civil, para citar a la sucesión a bienes de José Moya Aguilar y/o José María del Carmen Moya Aguilar a efecto de que absuelva posiciones en relación con un contrato verbal de comodato respecto de locales comerciales del mercado municipal "Benito Juárez" de la ciudad de Jojutla, Morelos; de ahí que de una simple imposición de la pretensión de origen no se puede advertir, incluso en este juicio de amparo, que se actualice alguna de las excepciones que hacen procedente la suplencia de la deficiencia de la queja. Aunado a ello, es inoperante el concepto de violación porque el quejoso expresa que se viola el diverso numeral 595 del código adjetivo civil de esta entidad, que a la letra señala: "ARTICULO 595.- Embargo de bienes del rebelde. Desde el día en que fue declarado rebelde o quebrantó el arraigo el demandado, se decretará, si la parte contraria lo pidiere, el secuestro precautorio de sus bienes para garantizar el importe de lo demandado y de las costas. El embargo se practicará de acuerdo con las reglas de la ejecución forzosa." Precepto legal que no tiene relación alguna con el principio de estricto derecho o de su excepción que es la suplencia en la queja deficiente. En otro orden de ideas, es infundado el segundo concepto de violación, puesto que la autoridad correctamente desechó el recurso de queja, en virtud de que el artículo 555 del Código procesal civil del Estado, prevé lo siguiente: "ARTICULO 555.- Interposición de la queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez deberá interponerse ante el superior inmediato, dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución recurrida o de la fecha en que se ejecute el acto que la motiva; dentro del cual el quejoso lo comunicará al Juez, el que de inmediato deberá remitir informe con justificación al superior. Este, dentro del tercer día de recibida, decidirá de plano y bajo su responsabilidad lo que corresponda." De lo que se desprende que el procedimiento para el trámite del recurso de queja, es el siguiente: El recurso de queja contra un juez debe interponerse ante el superior inmediato. Esto dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución recurrida o de la fecha en que se ejecute el acto que la motiva. Dentro de ese plazo (dos días) el quejoso lo debe comunicar al Juez. El juez de inmediato debe remitir informe con justificación al superior. El superior dentro del tercer día de recibido, decidirá de plano y bajo su responsabilidad lo que corresponda. De lo anterior, se observa como lo adujo la responsable en el acto reclamado, que existen cargas procesales del recurrente cuando interpone un recurso de queja, la primera, que debe interponerse ante el superior inmediato del recurrido, dentro de los plazos indicados y, la segunda, que dentro de ese plazo el quejoso lo comunicará al Juez. Lo anterior, como condición para que el juez una vez que tenga conocimiento del recurso a través del recurrente, remita de inmediato el informe con justificación al superior. Así, no debe perderse de vista que la previsión legal de presentar un recurso ante cierta autoridad, constituye una carga procesal de las partes y, como tal, su incumplimiento acarrea la preclusión del derecho de impugnación, cuando el quejoso no cumple, lo mismo ocurre cuando una vez interpuesto el recurso de queja, no lo hace del conocimiento del juez para que éste a su vez, rinda el informe con justificación, dado que tal omisión impide de facto que se integre la litis en el medio de impugnación; pues no existe disposición legal que faculte a la Alzada a requerir por sí la remisión de las constancias conducentes para resolver la queja, condicionando su actuación a la voluntad y promoción de las partes. De esta forma, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los agravios propuestos en un recurso, no constituye en sí misma una violación al derecho de acceso a un recurso efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno del país deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllos; lo que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole de los recursos; de ahí que si bien es cierto dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, también lo es que no siempre y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 1a. CXCIV/2016 (10a.) de la Décima Época, con registro 2012051, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, materia común, página 317, del rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." Por ello, la circunstancia de que el recurrente haya presentado su recurso ante el tribunal de alzada, no lo eximía de la obligación procesal de hacerlo del conocimiento del juez recurrido, pues contrario a ello, como se trata de una carga procesal, la omisión de cumplir con el trámite previsto por la ley en el plazo señalado, tendrá como consecuencia legal que el recurso no se tramite o sea desechado, al no poderse integrar debidamente el planteamiento; siendo que la parte impugnante en el juicio debe soportar las consecuencias de la insatisfacción de la carga procesal de que se trata. Aunado a ello, la circunstancia de que el artículo 557 del Código Procesal del Estado de Morelos, prevea que será desechada la queja que no está apoyada en hechos ciertos, no estuviere fundada en Derecho o hubiere otro recurso en contra de la resolución reclamada; no conlleva a que solamente por esas causas pueda desecharse un recurso, sino también porque el quejoso incumpla con las cargas procesales determinadas por la ley para el trámite del recurso de queja, puesto que de no hacerlo así, se eximiría de esa obligación a todas las partes que inobserven lo ordenado por la ley, lo que resulta contrario al debido proceso que debe prevalecer en los procesos jurisdiccionales, esto es, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que sea infundado el concepto de violación en estudio, al advertirse que del incumplimiento del quejoso a la formalidad apuntada, de manera acertada trajo como consecuencia el desechamiento del recurso al no haberse podido integrar el medio de impugnación indicado al no satisfacerse una carga procesal ineludible para ello. En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante Enrique Moya García, contra el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, emitida en el toca 114/2018-11. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Enrique Moya García, contra el acto reclamado consistente en el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en toca 114/2018-11. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

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