Enrique Herrera Gaytan
Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Enrique Herrera Gaytan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 297/2023-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dos de mayo de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 297/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos del Juez Noveno Familiar de Primer Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y Tercer Secretaria de Acuerdos adscrita. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, únicamente por cuanto al Juez y desechándose por la Secretaria de Acuerdos; por consiguiente, se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, iniciada en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar en el que reside la autoridad emisora del acto que carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por la cual se resuelve el recurso de revocación contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de controversia familiar ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, pues no obstante de encontrarse debidamente notificada del auto por el cual se le requirió su respectivo informe justificado, fue omisa en rendirlo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. " Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal del orden familiar, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1o, fracción I y 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, al haber omitido rendir su informe justificado; también lo es, que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que la promovente del amparo haya sido parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, la omisión de rendir informe justificado únicamente conlleva la presunción de certeza del acto reclamado, pero no de la acreditación del interés jurídico, ni mucho menos de la veracidad de los hechos en los que sustenta la demanda. Por tanto, se concluye, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva la falta de acreditación del interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO." En ese orden de ideas, si bien la falta de informe justificado conduce a presumir cierta la existencia del acto reclamado, en este caso, la interlocutoria combatida, ello no implica presumir cierta también la existencia de un juicio en el cual sea parte el aquí quejoso. En efecto, tal cuestión indefectiblemente toca demostrarla al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que no allegó a este juicio de amparo medios de convicción idóneos y suficientes para demostrar su dicho. Esto último, pues únicamente exhibió una supuesta constancia de recepción de un correo electrónico, del cual no se advierte ni el órgano jurisdiccional ni mucho me nos el destinatario, razón para estimarla insuficiente y, por tanto, negarle eficacia probatoria, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de ésta. Sin que se inadvierta la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para acreditar el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que como se ha dicho, es necesario que se aporten pruebas fehacientes de que el acto agravia a quien lo promueve. Por similitud, tiene aplicación, la jurisprudencia del índice de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Consecuentemente, si la parte agraviada no aportó elementos de convicción idóneos tendentes a demostrar ser parte en el juicio, es evidente que no se demuestra la afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional. No obsta que en el incidente de suspensión la autoridad haya rendido informe previo; sin embargo, al tramitarse por cuerda separada, no es dable tomar en cuenta las constancias del cuaderno incidental en el juicio principal. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/97, con el rubro y texto: "PRUEBAS EN EL AMPARO. LAS PRESENTADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL PRINCIPAL. En virtud de que el expediente principal y el cuaderno relativo al incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada, las pruebas documentales que obren únicamente en la pieza incidental no deben tomarse en cuenta en el cuaderno principal si no se solicita la compulsa respectiva." Esta resolución no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, que prevé la obligación del Juzgado de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, pues conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia del informe justificado; en tanto, lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto a la acreditación del interés jurídico corresponde al promovente de amparo. Además, tampoco no existe obligación de recabar constancias de parte de este órgano jurisdiccional, porque la interlocutoria por la cual la responsable se negó dejar sin efectos el convenio celebrado en el juicio de origen, a través del cual el aquí quejoso dice haberse obligado al pago de alimentos a favor de su menor hijo de iniciales ********************, se está combatiendo por propio derecho por quien tiene el carácter de deudor y no en representación de dicho menor. Por tanto, es innecesario ejercer la tutela del interés superior del menor, recabando documentación para justificar la legitimación del quejoso para promover el presente juicio, pues en nada beneficiaría al acreedor alimentario. Por lo anterior, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, decretándose, por ende, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto del acto reclamado, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto precisado y por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia de emplazamiento suscrita por el Actuario de la adscripción, se advierte que compareció a las instalaciones del juzgado Sandra Elizabeth León Estrada, a quien asiste el carácter de tercera interesada, en ese acto se da por enterada de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona medios de comunicación no procesales; el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponde. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada a la presente contienda constitucional y reconocida la personalidad de tercera interesada. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la parte quejosa. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 297/2023-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda presentado por ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de quien reclama la resolución del recurso de revocación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente 233/2022-3 que confirma el auto por el cual la responsable no acordó procedente dejar sin efectos el convenio celebrado el siete de septiembre de dos mil veintidós. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, manifestó al momento de rendir su informe previo que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el citado juzgado familiar se encuentra radicado el expediente 233/2022, relativo a la controversia del orden familiar sobre guardia y custodia, promovido por Sandra Elizabeth León Estrada, en contra de ******************** -aquí quejoso- asimismo, informa que el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se resolvió interlocutoriamente, el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada en contra de la determinación emitida por la autoridad responsable, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de la presente medida cautelar se desprende que la parte quejosa y autoridad responsable ofrecieron pruebas documentales las cuales obran en autos. Sin embargo, por cuanto a la documental exhibida por la parte quejosa, carece de eficacia probatoria plena por sí sola, y dada su naturaleza, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 202550, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 510, del siguiente rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE.". Asimismo se tiene por recibida la documental exhibida por la autoridad responsable; que fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable acepto el acto reclamado sin embargo el auto y resolución que se combate constituyen un acto declarativo, puesto que únicamente tuvo por efecto el no acordar de conformidad lo peticionado por el aquí quejoso, relativo a dejar sin efectos el convenio de siete de septiembre de dos mil veintidós, donde se fijó la cantidad de ********************, por concepto de alimentos de manera mensual. Asimismo, cabe señalar que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Resulta imperioso destacar que en el caso concreto, las consecuencias del acto que se analiza inciden en la esfera jurídica del menor de iniciales ********************, pues el acto reclamado tiende a satisfacer su necesidad de alimentos, pues como lo refiere el promovente, la determinación combatida versa sobre el cumplimiento a la pensión alimenticia fijada mediante el convenio celebrado el siete de septiembre de dos mil veintidós, fijando la cantidad de ********************, por concepto de alimentos a favor del menor de iniciales ********************, por lo tanto, se niega la suspensión definitiva que solicita, toda vez que de concederse implicaría causar perjuicios irreparables al menor acreedor en el juicio de origen, al impedirle recibir la protección necesaria para su subsistencia, a través de la obtención de la pensión alimenticia que fue fijada; ello con independencia que de concederse la medida suspensional que se solicita se contravendrían disposiciones de orden público como las que regulan el otorgamiento de alimentos, afectando con ello el interés social y, por ende no se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE LOS.". Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.5o.C.71 C, cuyo rubro es "ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUMENTO DE LA PENSIÓN." Lo anterior es así, pues el artículo 129 de la Ley de Amparo, prevé un catálogo de supuestos en los que el otorgamiento de la suspensión del acto, causaría perjuicio al interés social contravendría disposiciones de orden público. De conformidad con el precepto legal anterior, no procede suspender la ejecución de los efectos del acto reclamado, bajo el concepto de pago de pensión alimenticia, pues en el caso, no se actualizan los requisitos que establece dicho artículo, esto es, no basta la simple solicitud de medida por la parte agraviada por la resolución reclamado, en virtud de que con tal otorgamiento se contravienen disposiciones de orden público y, se sigue perjuicio al interés social, toda vez de que, con dicha determinación se suspende el pago de la pensión alimentaria necesaria para la subsistencia del acreedor alimentista, que en caso de suspenderse, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionaría. Lo anterior, puesto que de la normatividad citada se puede advertir que la suspensión se decretará cuando la solicite la parte quejosa y, además, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, el artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado, cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En síntesis, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sustenta lo anterior la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." y la jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; y, en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. Por lo que tenemos que el tribunal, indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. En suma, se impone la obligación al juzgador de amparo que una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. Por tanto, se reitera, se niega la suspensión definitiva, en virtud de que no se reúnen los requisitos que prevé la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sin que la suscrita juzgadora desconozca la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), del rubro: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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