Enrique Mejía Bello

Expediente 903/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
903/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Enrique Mejía Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de cuenta presuntamente .... fórmese de manera paralela al expediente electrónico el expediente impreso, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 900/2021 y sus acumulados 901/2021, 902/2021 y 903/2021. Al respecto, cabe señalar que el objetivo primordial de la institución de la acumulación de autos, según se desprende del análisis de los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según el artículo 2° de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclama el mismo acto y evitar que se dicten sentencias contradictorias. Es importante destacar que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible acumular dos o más juicios de amparo, aun por determinación de plano del órgano jurisdiccional. A pesar de que esta institución jurídica no se contempla expresamente en la Ley de Amparo, lo cierto es que, como se dijo, son aplicables las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles al respecto.... Ahora bien, en el presente caso se actualiza el supuesto del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que procederá la acumulación cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso. Bajo tales premisas, conforme a la certificación de cuenta, y advirtiéndose la identidad de los actos y autoridades se declara procedente la acumulación de plano de los juicios 900/2021, 901/2021, 902/2021 y 903/2021. Así, desde ahora, toda comunicación deberá ser remitida al juicio 900/2021. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la misma, puesto que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión. La Reubicación de los quejosos ****, del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso La Reubicación de *** del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro dormitorio diverso La Reubicación de **** del dormitorio cuatro zona uno estancia dos a otro dormitorio diverso. La Reubicación de *** del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro dormitorio diverso módulo diverso. La Reubicación de J**** del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa q Represalias e intimidación. Discriminación por condición. Violación al principio pro hominem. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. De los actos señalados con anterioridad se aprecia que los mismos tienen una vinculación con actos acontecidos durante la prisión preventiva o compurgación de la pena, en su caso, que está en el campo de las condiciones de reclusión de la parte quejosa y de la vigilancia prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se encuentran en el campo de la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, ha señalado que, en determinados casos, además de atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable del cual proviene, para determinar la competencia por materia, se debe atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido para poder fincar la competencia en un determinado órgano jurisdiccional; en razón de que es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el objetivo de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia de que se trate, el que conozca y resuelva el asunto; pues, en esa medida, se procurará proteger los derechos que se alegan violados. ....Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, resulta evidente que los actos reclamados revisten una naturaleza de carácter penal, toda vez que la pretensión de los quejosos está estrechamente vinculada con las condiciones en las que se encuentran en su carácter de reos o imputados, ello en función de que el bien jurídico tutelado es preservar su dignidad humana con motivo de su estancia dentro del Centro Penal, por ello las condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico....Así, la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite establecer este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de la parte quejosa....Luego, por cuanto hace a la orden de traslado librada contra los quejosos (1), con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender las órdenes de traslado, sino que corresponde a las autoridades judiciales y en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como en el local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que es evidente que las determinaciones relativas al traslado y cambio de dormitorio de los sentenciados, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y, por la materia en la que inciden, son del conocimiento de los juzgadores especializados en la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. De ahí que, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, la competencia para conocer de dichos actos corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal....De igual forma, respecto de los diversos actos consistentes en la reubicación de los quejosos del dormitorio número cuatro a otro diverso (2), represalias, e intimidación (3), discriminación por condición (4), violación al principio pro hominen (5), inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem (6), se evidencia que los efectos y consecuencias de éstos son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado, por ende, se insiste que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Aunado a que los quejosos se encuentran reclusos, como lo aducen al inicio de su escrito....En este orden de ideas, es claro que el suscrito juzgador es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir vía interconexión la presente demanda al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer de la controversia planteada....Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. II. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, LA ORDEN DE TRASLADO DE LOS QUEJOSOS DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN (1). Por otra parte, dado que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir la la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión; dichos actos no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 15 y 48 de la Ley de Amparo, es decir, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso ordinal artículo 126 de la ley en cita, como son, aquellos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior es así, dado que en materia de traslado de personas privadas de su libertad, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 50, 51 y 52, que iniciaron su vigencia a nivel nacional a partir del 17 de junio de 2016, se establecen las reglas en los términos siguientes:....En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". De la transcripción de los referidos artículos, se aprecia que, por regla general, para que una persona privada de su libertad pueda ser trasladada a un diverso centro penitenciario, sin que lo solicite, se requiere la autorización, previa, del juez de control (tratándose de procesados sujetos a prisión preventiva) o de ejecución (tratándose de personas sentenciadas) que deberá ser emitida después de otorgar el derecho de audiencia a la persona que se pretende reubicar, esto es, permitiéndole defenderse de los motivos por los que la autoridad penitenciaria o el Ministerio Público solicitaron su cambio de centro de internamiento. Este tipo de traslados, por su naturaleza, son considerados como traslados dictados dentro de procedimiento, pues previamente, se otorga el derecho de audiencia al privado de la libertad. Sin embargo, la citada ley dispone un procedimiento excepcional para trasladar personas privadas de su libertad sin autorización judicial previa, esto es, que la autoridad penitenciaria puede autorizar y ejecutar la reubicación, con la obligación de informárselo a la autoridad jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes, quien a su vez tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa determinación se ajustó a los únicos supuestos excepcionales previstos en la referida legislación, que son los siguientes: Se puede hacer un traslado sin autorización judicial previa cuando se trate de delincuencia organizada o la persona requiera medidas especiales de seguridad. Sin intervención judicial previa en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario también puede ordenarse y ejecutarse el traslado sin control judicial previo.En relación con este tipo de procedimiento excepcional, se considera que ese mecanismo debe entenderse como un solo acto compuesto de dos fases: a) administrativa: comprende la autorización y ejecución del traslado por parte de las autoridades penitenciarias; y, b) jurisdiccional: se integra con la determinación que emita el juez de ejecución convalidando o revocando el traslado.Aunado a ello, en términos del artículo 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la persona privada de su libertad tiene la opción de impugnar esa decisión mediante el recurso de apelación o, inclusive, si no existe la convalidación judicial posterior, iniciar la controversia referida en el diverso 117, fracción III, de la aludida ley. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado.....De esa manera, válidamente se puede afirmar que ese mecanismo excepcional previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un verdadero procedimiento administrativo- jurisdiccional, en el cual, la autoridad penitenciaria ejecuta previamente el traslado con el fin de mitigar una cuestión urgente, con la consecuente obligación de informarlo al juez de ejecución o de control según corresponda, quien se pronunciará sobre su convalidación, modificación y revocación; lo cual, puede ser materia de impugnación por la persona privada de su libertad, a través de los medios de defensa establecidos para tal efecto. Por lo que también se trata de actos emitidos dentro de procedimiento. Por tanto, si una orden de traslado voluntaria, involuntaria o excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es un acto emitido fuera de procedimiento, porque el legislador secundario emitió los procedimientos previstos en los numerales 50, 51 y 52 de esa legislación, en los que Reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales, por lo que en su contra, no procede conceder la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo....Además, en las contradicciones de tesis 154/2016 y 137/2015, que dieron origen a las mencionadas jurisprudencias 1a/J 83/2015 y 1a/J 58/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las órdenes de traslado dictadas por autoridad administrativa debían considerarse como actos dictados fuera de procedimiento, si no existía intervención de alguna autoridad jurisdiccional; lo que no sucede en los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los que sí se establece una intervención judicial forzosa, ya sea de manera previa o posterior....En efecto, no procede conceder la suspensión de plano respecto los citados actos, porque si bien es cierto, cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional; cierto también lo es, que la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto deriva de la dolencia del quejoso consistente en la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra recluido y/o de dormitorio, por lo tanto, no se advierten indicios que se esté ante un acto de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido.Además, la parte quejosa no señala, ni siquiera indiciariamente, que los actos que señala son objeto sean equiparables a los prohibidos en el artículo 22 constitucional; aunado a que los promoventes omiten señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos por las autoridades que señala como responsables....En consecuencia, no es dable atender la solicitud de la parte justiciable para conceder la medida cautelar de oficio o de plano, pues no existen elementos suficientes para deducir que la ejecución de los actos reclamados ponga en riesgo la vida o integridad del quejoso; en tal sentido, toda vez que para el pronunciamiento de la suspensión de los efectos del acto reclamado debe atenderse a actos concretos, resulta improcedente conceder la medida solicitada pues no puede basarse en presunciones o aseveraciones sobre actos que pudieran emitirse; por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO SOLICITADA, toda vez que los actos reclamados no se ubican en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. ..."....Finalmente, se tiene como representante común de la parte quejosa a Carlos ***. NOTIFÍQUESE.

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