Enrique Mayorga López

Expediente 809/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
809/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2017

Partes del expediente

  • Enrique Mayorga López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se declara que la sentencia HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones respectivas y archívese este asunto como definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (...) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 74, 75, 77, 124 y 192, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta firmado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica, en representación de las autoridades dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de ocho de septiembre del año en curso (fojas 1847 a 1850), por una parte, manifiesta que sigue la cuenta por liquidar certificada, el contra recibo y el cheque correspondiente a favor del quejoso solicitada a la Dirección General de Administración de Personal, mediante el oficio que refiere; sin embargo, aduce que al día de la fecha la Dirección General de Recursos Financieros, no ha emitido la suficiencia presupuestal relativa; asimismo, informa los trámites que realizó el Oficial Mayor de la dependencia en cita, en su carácter de superior jerárquico; y por otra, manifiesta que el término concedido en autos, resulta insuficiente para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que solicita una prórroga considerable. En ese sentido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que la cantidad que se le requiere pagar a favor de la parte quejosa constituye una obligación cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago; en virtud de que existe una responsabilidad de ésta encaminada a realizar los trámites y gestiones que correspondan para restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; es decir, restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a la parte justiciable, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago de dichas cantidades, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino a la supremacía de la Constitución General de la República. Lo anterior es así, pues si bien es cierto el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal por razones de política tributaria comprende un periodo de un año, para el cual, se planea precisamente el gasto público que implica una programación de actividades y cumplimiento de proyectos, también lo es que el citado artículo 126 de la Constitución Federal, acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas; situación que permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones del gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de una sentencia de amparo cuya ejecución es impostergable. (...) Del mismo modo, cabe precisar que la autoridad oficiante es omisa en acreditar los trámites que refiere en el ocurso que se provee; en ese sentido, no ha lugar a otorgar la prórroga solicitada, en consecuencia, con fundamento en los artículos 17 y 107, fracción XVI, constitucionales, 192 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad directamente obligada Director General de Administración de Personal [1] así como a la autoridad vinculada al cumplimiento al Director General de Recursos Financieros [2], ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, previsto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, acrediten ante este Juzgado con las constancias correspondientes, lo siguiente: (...) Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en el aludido auto... Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa sean remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de las autoridades omisas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese al sumario constitucional el oficio de cuenta, se tiene por rendido dicho informe, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y sea tomado en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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