Enrique Martinez Rugerio

Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1067/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Enrique Martinez Rugerio

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1067/2023-VII. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a la parte quejosa medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1067/2023-VII. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signado por * contra actos de la "AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA DE LOS DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, ROBO DE GANADO, ROBO DE MAQUINARIA, E IMPLENTOS DIVERSOS, DE LA FISCALIA DE INVESTIGACION METROPOLITANA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, LICENCIADA ADRIANA PEREZ LEON". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. - En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 De entrada, se considera que la omisión combatida en la demanda, está relacionada directamente con una abstención para realizar una investigación ministerial, para poder llegar a un inicio de una carpeta de investigación -aun cuando el propio quejoso refiere que ha sido radicada bajo el número de expediente. Por ende, permite visualizar desde este momento una causal de improcedencia con las características de ndudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque dicha omisión relacionada con la negativa al acceso a la información y estado de la NUAT 5240/2019/UAT-04 -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". La citada jurisprudencia, ha dejado establecido que las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación (como en el presente caso), relacionadas directamente con su función indagatoria, entre ellas, desde luego el dar inicio a una investigación, deben ser combatidas a través del medio ordinario de defensa ya señalado. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de las responsables, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la supuesta omisión atribuida a la responsable, que converge a la*, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de delito. No se pierde de vista que, el propio quejoso señala que a través de ese escrito pretende presentar su denuncia; sin embargo, señala que la denuncia fue presentada previamente por su ex cónyuge; y, en realidad, este considera que le asisten los mismos derechos como víctima al afectarse su patrimonio y el de sus hijos. Sin embargo, esa expectativa de derecho debe ser reconocida por el ministerio público, quien ha sido omiso en pronunciarse, dentro de una investigación existente, esto es, la *. De ahí que, aquél está en condiciones de impugnar esa omisión a fin de que, en su caso, se le reconozca la calidad de víctima que aduce tener. De manera análoga, sirve de apoyo la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la undécima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 26, junio de 2023, tomo VII, página 6951 (registro digital 2026666), cuyo rubro dispone: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES FACTIBLE CONTROVERTIR LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECONOCER AL RECURRENTE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA DEL DELITO." Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el quejoso a la autoridad responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En efecto, el Primer Tribunal en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 96/2022, estimó que la finalidad del Juez de Control, una vez dé intervención a las partes, y determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no, contra la resolución que emita la autoridad judicial, la víctima u ofendido, podrá promover juicio de amparo indirecto, en virtud de que la decisión de la autoridad judicial no admitida recurso ordinario alguno. También, consideró que la procedencia del medio ordinario de defensa previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está solo limitado a la abstención del no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De igual manera, que el Juez de Control tiene la facultad para revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de la investigación -como en la especie sucede con el reconocimiento de la calidad de víctima-. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las supuestas omisiones atribuidas a la responsable -por las omisiones de no iniciar una carpeta de investigación respectiva, y de no realizar los actos de investigación necesarios, para su integración-, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Aunado a lo anterior, que el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el derecho de la víctima u ofendido, para impugnar las omisiones y negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previsto por la referida legislación. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Notificaciones electrónicas, autorizados y medios de contacto. Como lo solicita el quejoso, se autoriza al usuario , para la consulta del expediente electrónico, por lo que se instruye a fin de que se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo, y también se ordena que las notificaciones de las resoluciones derivadas del presente asunto se realicen de forma electrónica. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *, en virtud de que cuentan con su cédula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, y porque se solicitó por el quejoso. Luego, se tienen solo como medios de contacto por parte del quejoso -de estimarse necesario- el correo electrónico y número de teléfonos proporcionados. Acceso a la información y protección de datos personales Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. No obstante ello, se tiene la manifestación expresa del quejoso en estar de acuerdo que se publiquen los acuerdos emitidos, sin supresión de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica al quejoso, y cúmplase.

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