Enrique Isaac Alegría Martínez
Expediente 1219/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique Isaac Alegría Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1219/2022-IX Puebla, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Se agrega al expediente el oficio de cuenta de la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el cual solicita la devolución de las copias certificadas del proceso penal +++++++++++, que remitió en cinco tomos para soportar su informe justificado. En consecuencia, dado que en acuerdo de veinte de diciembre del año pasado, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, resulta innecesario conservar las referidas constancias, por tanto, se ordena devolver a la autoridad judicial responsable, los cuadernos auxiliares formados con las copias certificadas antes precisadas. No se solicita acuse de recibo por esas constancias, porque sólo se tratan de copias certificadas de actuaciones, y además se estima serán entregadas con la debida seguridad por la actuaria judicial adscrita. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de amparo, se declara que la referida sentencia alcanzó el rango de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que los cuadernos del incidente de suspensión (tanto original como duplicado) son susceptibles de destrucción por haberse declarado sin materia el incidente. En virtud de lo anterior, glósese las constancias relativas del cuaderno original a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar o destruir el expediente principal -según sea el caso-. Por su parte en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado será destruible dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar impresión de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y, cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1219/2022-IX. En Puebla, Puebla, a las diez horas con veintinueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para celebrar la audiencia constitucional . . CONSIDERANDO .. . SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, es necesario precisar el acto reclamado, para lo cual debe examinarse la demanda en su integridad, así como las pruebas con que se cuente en el juicio. Tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."1 Así, el análisis exhaustivo de la demanda, en relación con las demás constancias de autos, permite advertir que el quejoso reclama: La orden de aprehensión librada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el proceso penal +++++++ Así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al momento de rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Existencia corroborada con la copia certificada de la orden de aprehensión del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal ++++++, la cual fue exhibida dentro del diverso juicio de amparo 506/2022, y cuyo contenido se invoca como hecho notorio; a la cual, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que dice "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También es aplicable la diversa jurisprudencia 2783 , cuyo contenido es de la siguiente literalidad: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado y el Titular de la Agencia Estatal de Investigación, al rendir sus informes negaron el acto reclamado; sin embargo, dado su carácter de autoridades ejecutoras debe tenerse por cierto, pues es a quienes compete su ejecución. Sobre el particular, es aplicable el criterio sostenido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III- Segunda Parte 1- enero a junio de 1989, página 56, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. En el caso que nos ocupa, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal que no exista huella de la invasión en la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Dicho criterio se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 2a./J.59/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, cuyo rubro reza al tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En ese contexto, el juicio constitucional será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados (siendo de carácter positivo como en la especia ocurre), o bien, se cumpla o realice el acto cuya omisión se reclama (siendo negativos), y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. Consecuentemente, la causal de improcedencia invocada se surte cuando durante la tramitación del juicio se hubiese colmado la violación alegada, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos, como si se hubiere otorgado el amparo y protección constitucional. Cabe destacar que dicha causa de improcedencia necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado, sino que, ello en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. En ese sentido, se surte la causal de improcedencia aludida porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que: En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del recurso de revisión R-199/2022, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Sexto Circuito, derivada del juicio de amparo ++++ del índice de este juzgado, pronunciada el día siete de octubre de dos mil veintidós; se dictó la orden de aprehensión del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 37/2017, en contra del aquí quejoso +++++++++++++++++++, como probable responsable de la comisión del delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 415 con relación a los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como con el diverso 69 inciso P) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de +++++++++++++++++. Como se precisó con anterioridad, dicha orden de aprehensión constituye el acto aquí reclamado. Luego, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, esta operadora jurídica determinó que la ejecutoria dictada en ese sumario constitucional no se encontraba debidamente cumplida, motivo por el cual, entre otros requerimientos, se solicitó a la responsable diera cabal cumplimiento a esa sentencia y dejara sin efectos la orden de aprehensión del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal 37/2017; lo cual aconteció a través de la diversa de dieciséis de noviembre del actual. Por tanto, es válido afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda turnada a este juzgado el once de noviembre de dos mil veintidós-, el acto reclamado cesó en sus efectos, pues en cumplimiento a lo resuelto en el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo 506/2022, se dejó sin efectos la orden de aprehensión aquí reclamada. Por tanto, deben estimarse consumadas las posibles violaciones que hubieran existido en la orden de aprehensión librada contra el quejoso, porque a la fecha es imposible examinar su legalidad sin afectar ulteriores actuaciones. Por tanto, se declara actualizada la causal de improcedencia de referencia. Ahora, es de trascendencia destacar que esta sentencia se emite con la mayor prontitud posible, al existir completa certeza sobre la actualización de la referida causa de improcedencia. Además, de continuar con su prosecución en lugar de beneficiar al quejoso se quebrantaría su derecho de pronta impartición de justicia, contemplado en el artículo 17 de la Constitución, pues de ser su deseo, podría promover diverso juicio de amparo contra la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal de origen 37/2017 .. . RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por +++++++++++++++++++++, por derecho propio, debido a la cesación de efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en el punto considerativo cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1219/2022-IX. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, negando los actos reclamados por el quejoso. Se da vista a las partes. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Medios de contacto. Se toma nota de los medios de contacto - correo electrónico y números telefónicos- proporcionados por la referida autoridad, los cuales serán considerados, en su caso, en alguno de los sistemas de gestión judicial que utilice este órgano jurisdiccional; sin embargo, se le hace saber a la autoridad responsable en cuestión que las notificaciones que conforme a derecho le correspondan, le serán realizadas como lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase
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