Enrique Martínez Lugo
Expediente 975/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Martínez Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del catorce al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del presente juicio de derechos. Que dentro del juicio de amparo en que se actúa, si se tramitó incidente de suspensión. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, la copia certificada del expediente 4/2018. Notifíquese. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. cindy*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con veinte minutos del nueve de enero de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 975/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 229 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el juez acuerda, téngase por recibido el pedimento de referencia, y dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 5), del informe justificado rendido por las autoridades responsables Secretaría y Tesorería de Gobierno Municipal de Río Grande, Zacatecas (fojas 80 a 83 y 92 a 94); el emplazamiento del tercero interesado Auditoria Superior del Estado de Zacatecas (foja 71); así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por el quejoso en su escrito inicial, con las allegadas por las responsables en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del oficio 8657/2018 de uno de marzo de dos mil dieciocho, escrito de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince y un tomo del expediente 4/2018 (fojas 84 a 86, 87, 88 y un tomo por separado); así como las que les fueron requeridas, relativas a las copias certificadas del oficio PL-02-05-1351/2018, resolución y notificación del recurso de revocación ASE-REV-033/2015, acuerdos de veintiuno de febrero y uno de marzo de dos mil dieciocho, con sus respectivas notificaciones (fojas 116 a 119, 155, 177 a 182, 192 y 193). A lo que el juez provee: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la representación social de la adscripción en el pedimento de cuenta, así como el diverso 1676/2018 (fojas 138 y 139). El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen vertidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 975/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Enrique Martín Lugo Dávila, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Secretaría y Tesorería de Gobierno de Río Grande, Zacatecas. Actos reclamados: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora la omisión de dar trámite al INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y POR ENDE DE ACTUACIONES hecho valer el veintiséis de febrero de 2018, y al cual a la fecha no ha recaído acuerdo por medio del cual se tome determinación alguna respecto de su tramitación, únicamente mediante auto de fecha 1 de marzo y del cual al suscrito se me entrega copia simple el catorce de marzo de 2018, no obstante haber solicitado copias certificadas dentro del expediente 04/2018 y recurso de revisión 01-R.R./2018, de las que se desprende que a la fecha no se ha emitido auto que dé trámite al incidente planteado, vulnerado las garantías de debido proceso en perjuicio del que suscribe". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto siguiente: -La omisión de dar trámite al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el recurso de revocación 01-R.R./2018, del índice de la Secretaría de Gobierno Municipal de Río Grande, Zacatecas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretaría y Tesorería de Gobierno de Río Grande, Zacatecas, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado; la primera señaló que emitió pronunciamiento sobre la incidencia planteada, mientras que la segunda indicó que el trámite de dicho incidente le correspondía a la diversa responsable y no a ella. De lo anterior se deduce la inexistencia del acto reclamado, esto es, respecto de la omisión de las autoridades responsables de proveer sobre el incidente de nulidad de notificaciones instado por el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis de las constancias remitidas por la Secretaría de Gobierno de Río Grande, Zacatecas, relativas al recurso de revisión 01-R.R./2018, se aprecia que la citada autoridad mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, contenido en el oficio 8657/2018 (fojas 84 a 86), acordó el escrito respecto del cual el quejoso se duele no le ha sido emitido pronunciamiento alguno, pues en esa fecha la responsable proveyó en el sentido siguiente: "CONSIDERANDOS [.] CUARTO. QUE UNA VEZ CONCLUIDA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS SE RECIBIÓ ESCRITO DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR EL "INTERESADO" EN EL CUAL SOLICITA QUE SE LE DÉ TRAMITACIÓN AL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, BAJO EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL QUE GUARDA EL ARTÍCULO 484 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE ZACATECAS. RESULTANDOS [.] SEGUNDO. QUE NO SE DARÁ TRAMITACIÓN AL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, DERIVADO DEL ESCRITO DIRIGIDO A ESTA SECRETARÍA POR LA C. MARÍA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ REYES MISMO QUE SIRVIERA A ESTA AUTORIDAD PARA TENER CONOCIMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DEL INTERESADO AL SEÑALAR UN DOMICILIO FALSO. QUE POR MEDIO DEL PRESENTE SE LE APERCIBE (INTERESADO) DE NO PROPORCIONAR DATOS FALSOS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO." El auto antes mencionado, se notificó al impetrante el catorce de marzo de dos mil dieciocho, por medio de persona designada en el recurso de revisión, lo que así se advierte de la copia certificada del acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 180), de lo manifestado por la precitada responsable en su informe justificado (foja 81); así como de la confesión realizada por el quejoso en su demanda inicial, en la que adujo: "la omisión de dar trámite al INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y POR ENDE DE ACTUACIONES hecho valer el veintiséis de febrero de 2018, y al cual a la fecha no ha recaído acuerdo por medio del cual se tome determinación alguna respecto de su tramitación, únicamente mediante auto de fecha 1 de marzo y del cual al suscrito se me entrega copia simple el catorce de marzo de 2018." (Foja 2). [Lo subrayado es propio] No se soslaya, que por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se estimó que no se remitió la notificación del acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 184 y 185); atento a lo cual, la Secretaría de Gobierno de Río Grande, Zacatecas, envió la diversa notificación practicada en veintiséis de diciembre del mismo año; sin embargo, de la armonización de los elementos antes detallados, se llega al convencimiento de que el quejoso fue notificado del proveído de referencia el catorce de marzo de dos mil dieciocho. Así pues, de lo expuesto se desprende que para la fecha en que el quejoso presentó su demanda, que lo fue el dos de abril de dos mil dieciocho, no existía la omisión atribuida a la autoridad responsable Secretaría de Gobierno de Río Grande, Zacatecas. Lo anterior se evidencia toda vez que, la autoridad responsable el uno de marzo de dos mil dieciocho, acordó no dar trámite al incidente de nulidad de notificaciones promovido por Enrique Martín Lugo Dávila en su escrito presentado el veintiséis de febrero del propio año, el cual le fue notificado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, esto es, antes de la presentación de la demanda de amparo. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido Enrique Martín Lugo Dávila, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. L´DJV
- Principal
El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con número de folio 24913. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Gobierno Municipal de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal en auto de catorce de diciembre del año en curso; remite copias certificadas de las notificaciones relativas a los acuerdos de veintiuno de febrero y primero de marzo de la presente anualidad, así como del auto de dos de marzo del año en curso. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como pruebas las que alude en el oficio que se provee, que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy*
- Principal
El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 24422. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por el secretario de Gobierno Municipal de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de los autos de veintiuno de febrero y uno de marzo de dos mil dieciocho; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Sin embargo, no remite las notificaciones relativas a los citados acuerdos, así como el diverso proveído de dos de marzo del año en curso y su notificación. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copias debidamente certificadas, legibles y en orden de las notificaciones practicadas en relación con los acuerdos descritos en párrafos que anteceden, toda vez que se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto admisorio de cuatro de abril del año en curso. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." No obstante lo anterior, requiérase al presidente Municipal de Río Grande, Zacatecas, para que conmine al secretario de gobierno y tesorero Municipal del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, a fin de que den cumplimiento con el requerimiento de que se trata. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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