Enrique Jean Reyes Campos
Expediente 2095/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 56 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2095/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 05/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Jean Reyes Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
El término que de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada mediante auto de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, transcurrió del veintinueve al treinta y uno de agosto del año en curso, sin que se hubiera hecho alguna manifestación respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha el secretario da cuenta a la juez con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva (fojas 480-489), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Enrique Jean Reyes Campos, para los efectos siguientes: Dejara insubsistente la resolución de veintidós de octubre de dos mil quince dictada en el expediente 282/2006, relativo al juicio de divorcio necesario. En su lugar, emitiera una nueva en la que atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, examinara el planteamiento formulado por la parte quejosa relativo a la falta de legitimación de Guillermina Recéndez Alonso, para demandar incidentalmente el pago de las pensiones vencidas y no pagadas en favor de Nayeli Citlali y Berenice, ambas de apellidos Reyes Recéndez, por ser mayores de edad y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resolviera lo que corresponda. De tal manera que el lineamiento principal de la concesión de amparo se integró por la emisión de una nueva resolución en la que se analizara el argumento de falta de legitimación de la actora incidental y posteriormente, se resolviera lo que en derecho correspondiera. Por lo que, en auto de diecisiete de agosto del año en curso, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (foja 497). Así, mediante auto de veinticuatro de agosto siguiente (foja 508), se tuvo por recibido el oficio registrado con número de folio 13392 signado por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el cual, a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria emitida en autos, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria emitida dentro del incidente de liquidación de pensiones derivado del juicio de divorcio necesario 282/2006-S, promovido por Guillermina Recendez Alonso, en representación de sus hijos, contra Enrique Jean Reyes Campos, de la cual se advierte que, esencialmente, se consideró lo siguiente: Se dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil quince. La actora incidentista acreditó la procedencia de la vía. La excepción de falta de legitimación activa de la incidentista resultaba parcialmente fundada en relación Nayeli Citlali Reyes Recéndez Modificó la planilla de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, por la cantidad de $47,550.10 (cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos con diez centavos 10/100 moneda nacional) que es el monto total de las pensiones vencidas y no pagadas comprendidas del mes de junio de dos mil diez al treinta de mayo de dos quince, a favor de su hijo menor de edad y por veinte meses quince días por lo que lo que atañe a su diversa hija Berenice Reyes Recéndez. Ahora, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que la juez responsable dejara insubsistente la resolución combatida y emitiera otra, en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido por la parte demanda en el juicio natural, pero satisfaciendo los requisitos de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, tomando en consideración la totalidad de los planteamientos realizados por las partes; de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que, por una parte, dejó insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado y, por otra, en términos de la ejecutoria de amparo, emitió diversa resolución en la que estimó parcialmente fundada la excepción de falta de legitimación opuesta, modificó la planilla de liquidación propuesta y condenó al demandado al pago de 47,550.10 (cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos con diez centavos 10/100 moneda nacional). De manera que es patente que se emitió el pronunciamiento materia de la concesión de amparo, ya que se advierte el estudio de la excepción cuyo análisis se había omitido. En consecuencia, la ejecutoria de mérito se encuentra cumplida, pues, acató los extremos de la concesión de amparo. Lo expuesto teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis. De ahí que, se reitera, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que la resolución emitida se plasmara el estudio de la excepción en comento; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." En conclusión, dicha determinación se encuentra fundada y motivada, tal como se evidenció en párrafos que anteceden, máxime que, como se vio la protección constitucional se concedió por vicios formales sin que se constriñera a la responsable resolver en determinado sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. Josué 4811 y 4812
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por Juez Segunda de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, mediante el cual, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, remite copia certificada de la sentencia interlocutoria emitida dentro del incidente de liquidación de pensiones derivado del juicio de divorcio necesario 282/2006-S, promovido por Guillermina Recendez Alonso, en representación de sus hijos, contra Enrique Jean Reyes Campos. Con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la autoridad responsable del dos al quince de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de julio de la presente anualidad. Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario de cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintisiete de julio del año en curso, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez del Ramo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "a) Deje insubsistente la resolución de veintidós de octubre de dos mil quince dictada en el expediente ********************relativo al juicio de divorcio necesario. b) En su lugar, emita una nueva en la que atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, examine el planteamiento formulado por la parte quejosa relativo a la falta de legitimación de ********************, para demandar incidentalmente el pago de las pensiones vencidas y no pagadas en favor de ******************** y ********************, ambas de apellidos ********************, por ser mayores de edad y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resuelva lo que corresponda.". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, devuélvase al juez responsable las copias certificadas del juicio civil ordinario de divorcio necesario 282/2006 y cuadernillos relativos al mismo, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (foja 46) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y téngase por emplazado a la parte tercero interesada. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con la documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación. A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Pública Federal adscrita, a través de su pedimento ministerial 460/2017 registrado con el número de folio 7542 presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dos de junio de la presente anualidad (fojas 443-445). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones de la fiscal federal de la adscripción y se da por concluida la presente etapa, por lo que, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2095/2015-5; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Enrique Jean Reyes Campos demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales Zacatecas. Acto reclamado: Resolución interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas interpuesto por Guillermina Recéndez Alonso dentro del juicio de divorcio 282/2006. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince (fojas 14 a 16), el titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 2095/2015, admitió la demanda a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, ordenó el emplazamiento de los terceos interesados, citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: * Del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas: - La resolución interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil quince, sobre liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, emitida en el expediente 282/2006 relativo al juicio de divorcio necesario, promovido por Guillermina Recéndez Alonso contra Enrique Jean Reyes Campos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada. Asimismo, a su informe de ley, acompañó la copia certificada del juicio divorcio necesario 282/2006; y diversos cuadernillos relativos al juicio, documentales las que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar las constancias más relevantes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil seis, ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Guillermina Recéndez Alonso ejerció la acción legal de divorcio necesario contra Enrique Jean Reyes Campos, solicitando además la guarda y custodia de sus hijos menores de edad Berenice, Nayeli Citlali y Enrique Israel de apellido Reyes Recéndez y el pago de una pensión alimenticia (fojas 1 a 7 del tomo uno de pruebas relativo). 2. El uno de junio siguiente, el juez responsable registró la demanda con el expediente 282/2006, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento a la parte demandada, decretó la guarda y custodia de los hijos menores de edad en favor de Guillermina Recéndez Alonso, y fijó una pensión alimenticia provisional a cargo de Enrique Jean Reyes Campos (fojas 31 y 32 del cuaderno citado). 3. Por auto de veintiséis de junio de dos mil seis, se tuvo a Enrique Jean Reyes Campos dando contestación a la demanda y oponiendo las excepciones y defensas que estimó convenientes (foja 54 ídem). 4. Seguido el juicio por sus etapas procesales, mediante resolución de quince de diciembre de dos mil seis, el juez de origen determinó dejar subsistente el vínculo matrimonial y declarar procedente el pago de alimentos a cargo de Enrique Jean Reyes Campos en favor sus hijos menores de edad (foja 231 a 264 del tomo referido). 5. Inconforme con dicha determinación, Guillermina Recéndez Alonso interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto el quince de noviembre de dos mil siete por los Magistrados de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en la que resolvieron modificar la sentencia de primera instancia, declarando disuelto el vínculo matrimonial existente entre Guillermina Recéndez Alonso y Enrique Jean Reyes Campos; fijaron una pensión alimenticia a cargo de éste último en favor de sus hijos, por el equivalente a una cuota de salario mínimo vigente en esta zona económica, que sería pagada por quincenas anticipadas ante el juzgado instructor, además, decretó la disolución la sociedad conyugal (fojas 328 a 352 ídem). 6. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil quince, Guillermina Recéndez Alonso acudió ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, a promover incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, respecto de la sentencia de segunda instancia en que se decretó el pago de alimentos (fojas 1 a 3 del tomo siete de pruebas), incidencia que le fue admitida por auto de veintitrés de junio de dos mil quince (foja 10 ídem). 7. Por escrito de tres de julio siguiente, Enrique Jean Reyes Campos dio contestación al incidente planteado (fojas 11 a 13 ídem), por lo que mediante proveído de ocho de julio del año dos mil quince, se le tuvo contestando la incidencia y realizando manifestaciones (foja 56 ídem). 8. Finalmente, el veintidós de octubre de dos mil quince, se dictó la resolución en la cual se declaró procedente el incidente intentado, y se condenó al aquí quejoso al pago de la cantidad de $108,141.00 (ciento ocho mil ciento cuarenta y un pesos 00/100, moneda nacional) correspondientes a pensiones vencidas y no pagadas, asimismo, se le requirió para que dentro del término de cinco días diera cumplimiento mediante el depósito correspondiente, basándose esencialmente en lo siguiente: - Consideró que la oposición hecha valer por el deudor incidental resultaba improcedente debido a que al encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, lo que se debía resolver es si se había cumplido o no con la condena establecida en la sentencia. - Que respecto de las manifestaciones en cuanto a que sus hijos Nayeli Citlali y Berenice, ambas de apellidos Reyes Recéndez, en la actualidad eran mayores de edad, resultaban ser circunstancias que no formaban parte de la materia del incidente por lo que de considerarlo conveniente tenía expedito su derecho a fin de hacerlo valer en la vía y forma correspondiente. - Que analizadas las constancias, se observaba la existencia de una obligación con cargo al deudor Enrique Jean Reyes Campos, por el pago de pensiones alimenticias a favor de sus hijos, por lo que realizó la cuantificación de la liquidación de pensiones vencidas y no pagadas a partir del periodo comprendido de junio del año dos mil diez al treinta de mayo de dos mil quince, de conformidad a la sentencia dictada en la que se condenó al pago de alimentos. La determinación anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. Las causales de improcedencia son de orden público de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, lo que se traduce en que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Octava Época, página: 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, las partes no hacen valer causal de improcedencia, ni quien resuelve advierte de oficio que alguna se actualice, por tanto procede estudiar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio del fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En uno de sus motivos de inconformidad, el quejoso se duele, en esencia, de que la resolución reclamada es violatoria de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al soslayar ocuparse de los planteamientos en que hizo valer la falta de legitimación de Guillermina Recéndez Alonso para demandar el pago de pensión alimenticia a nombre de Nayely Citlali y Berenice, ambas de apellidos Reyes Recéndez, por ser mayores de edad, por lo que considera que dicho proceder resulta violatorio del principio de congruencia que debe regir en toda determinación. El relatado planteamiento resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Por principio, conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." La garantía de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de ley fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Así, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad, al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones. La jurisprudencia que se comenta es la tesis 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 162, cuyo texto y rubro son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". La garantía de legalidad que nos ocupa, comprende los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias, conforme a las cuales debe existir concordancia entre lo pedido y lo resuelto por el tribunal, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni omitir algún punto que haya sido materia de debate. Gramaticalmente se entiende por congruencia a la conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio. Así el principio de congruencia consiste en que las sentencias deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, en su caso; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos. Por su lado, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia de debate. Ilustra lo expuesto, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 77, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte, que dice: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." Asimismo, resulta aplicable el criterio contenido en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo texto y rubro son los siguientes: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Al respecto, el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 337. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos. En la sentencia no podrá concederse a una parte lo que no haya pedido". El precepto transcrito contiene los principios de congruencia y exhaustividad que impera en materia civil, los cuales obligan a los órganos jurisdiccionales a dar contestación de forma clara, precisa, exhaustiva y congruente con las peticiones de las partes y a atender todas las cuestiones planteadas, de tal manera que no omitan el análisis y resolución de cualquier planteamiento formulado por las partes. Bajo ese panorama, esta juzgadora advierte que la autoridad responsable vulneró los principios antes señalados y por ello conculcó los derechos humanos de la parte quejosa, toda vez que estaba obligada a dar contestación fundada y motivada a la petición formulada por el promovente de amparo, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad. Se estima así, porque del escrito presentado el tres de julio de dos mil quince, a través del cual evacuó la vista ordenada con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva, el demandado incidental argumentó, entre otras cosas, lo siguiente: "I. OPONGO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO Y ACCIÓN PARA DEMANDA, toda vez que ella no puede demandar la pensión de la C. NAYELI CITLALI REYES RECÉNDEZ ya que ella es mayor de edad y está casada con el C. VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ FLORES tal como lo acredito con el acta de matrimonio de fecha 16 de abril del año 2010; y la C. BERENICE REYES RECÉNDEZ a la fecha es mayor de edad tal y como se acredita con el acta de nacimiento que se encuentra agregada dentro de los autos del presente juicio. Por dichas circunstancias la señora GUILLERMINA RECÉNDEZ ALONSO carece de acción para demandar el pago de la pensión a nombre de las antes mencionadas". (foja 11 del tomo de pruebas siete). Ahora, de la lectura de la sentencia interlocutoria reclamada se pone de manifiesto que en su parte considerativa, el juez responsable, estableció que al encontrarse el juicio en etapa de ejecución las excepciones opuestas por el demandado resultaban improcedentes, agregando además que las manifestaciones realizadas en torno a la mayoría de edad de Nayeli Citlali y Berenice Reyes, ambas de apellidos Reyes Recéndez, al no ser materia del incidente, el aquí quejoso contaba con el derecho de hacerlo valer en la vía y forma que corresponda (fojas 81 a 83 ídem). De lo que se pone de manifiesto, efectivamente, que el juez responsable transgrede los principios de congruencia y exhaustividad que caracterizan a todas las determinaciones judiciales, dado que, como se ha dejado establecido, aquéllos están relacionados con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, que implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio. No obstante, el juez responsable no se pronunció respecto del argumento que el incidentado hizo valer como excepción de falta de derecho y acción, que se traduce en la falta de legitimación de la incidentista para promover el incidente de pago de pensiones vencidas y no pagadas. En efecto, la reclamación realizada por el demandado fue en el sentido de que Guillermina Recéndez Alonso carece de derecho y acción para demandar el pago de pensión a nombre de Nayeli Citlali y Berenice Reyes, ambas de apellidos Reyes Recéndez, por ser mayores de edad. Sin embargo, el juez únicamente se ocupó del argumento relativo a la falta de derecho de los hijos mayores de edad de recibir alimentos, al considerar que tal circunstancia, debía hacerse valer en la forma y términos correspondientes; pero fue omisa en pronunciarse respecto de la falta de legitimación de su progenitora para promover el incidente de pensiones vencidas y no pagadas; de ahí que es inconcuso que la autoridad responsable inobservó los principios de congruencia y exhaustividad analizados, pues al emitir la resolución combatida dejó de atender la totalidad de las cuestiones debatidas, conforme fueron planteadas. Consecuentemente, resulta evidente que el proceder del juez responsable viola las garantías de seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en perjuicio del peticionario de amparo, por emitir una resolución con infracción los principios de congruencia y exhaustividad, por lo que al haber resultado fundado el anterior motivo de inconformidad, se concede el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita, para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente la resolución de veintidós de octubre de dos mil quince dictada en el expediente 282/2006, relativo al juicio de divorcio necesario. b) En su lugar, emita una nueva en la que atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, examine el planteamiento formulado por la parte quejosa relativo a la falta de legitimación de Guillermina Recéndez Alonso, para demandar incidentalmente el pago de las pensiones vencidas y no pagadas en favor de Nayeli Citlali y Berenice, ambas de apellidos Reyes Recéndez, por ser mayores de edad y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, resuelva lo que corresponda. Finalmente, al resultar fundado uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con la jurisprudencia pronunciada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Parte, Sección Primera, página 89, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos e violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Jean Reyes Campos, contra el acto reclamado al Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales Zacatecas consistente en la resolución de veintidós de octubre de dos mil quince, pronunciada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas dentro del juicio de divorcio 282/2006, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 52 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Enrique Guillén S.3015/2014
- Enrique Hernández A.72/2017
- Enrique Hernández Ordaz1206/2014
- Enrique Ibarra Arteaga270/2023
- Enrique Ibarra Guel664/2022
- Enrique Javier Ortiz Arellano3889/2014
- Enrique Lara Villela88/2020
- Enrique Lara Villela1047/2016
- Enrique López Robles1209/2015
- Enrique Lucio Márquez Sánchez428/2018
- Enrique Martínez Lugo975/2018
- Enrique Mijarez González471/2022