Enrique Martin Millan Maldonado

Expediente 1414/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1414/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Enrique Martin Millan Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Oficio. La Fiscal Regional de la Subprocuraduría de Zona Playas de Rosarito de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en atención al requerimiento que le fue formulado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve [fojas 101 y 102] realiza lo siguiente: 1) Informa la fecha en que el tercero interesado ******************** falleció y anexa copia autentificada del acta de defunción. 2) Adjunta copia simple del acuse de recibo del oficio 6260/2019 de veintisiete de noviembre del año en curso. Se toma conocimiento. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento de lo informado y con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se ordena agregar a los autos el oficio y anexos de cuenta. Se suspende procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspende la celebración de la audiencia constitucional por un término de sesenta días hábiles, a efecto de proteger los derechos del tercero interesado ********************, además de evitar una posible reposición del procedimiento, toda vez que en este juicio constitucional la referida persona no cuenta con algún representante legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.139 P (registro 2018358) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 2528 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, cuyo contenido dispone: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ORDENARLA SI EL JUEZ DE DISTRITO NO SUSPENDE EL JUICIO DE AMPARO POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, PARA QUE COMPAREZCA LA SUCESIÓN A BIENES DEL TERCERO INTERESADO -QUE NO TIENE REPRESENTANTE LEGAL- FALLECIDO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE AQUÉL, AUN CUANDO CON BASE EN LA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DICHO JUZGADOR LE HUBIESE CONCEDIDO EL AMPARO LISO Y LLANO AL QUEJOSO QUE TIENE LA CALIDAD DE IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL POR SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, y siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, en el supuesto en que fallezca el tercero interesado durante el juicio y no tenga representante legal, el Juez de Distrito deberá suspender el procedimiento por el plazo de sesenta días, a fin de que intervenga la sucesión a bienes de aquél. Por tanto, aun cuando en la sentencia recurrida en la que se concede el amparo de manera lisa y llana al quejoso -quien en el proceso penal funge con la calidad de imputado- respecto del acto reclamado consistente en un auto de término constitucional en el que el delito que se le atribuyó fue de índole patrimonial (verbigracia, fraude genérico), el Juez de Distrito haya aplicado una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la cual determinó esa situación, ello no es un obstáculo ni impedimento para que el Tribunal Colegiado de Circuito ordene la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, en el que denote que no se llevó a cabo el tratamiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 16 mencionado. Lo anterior, porque para obtener -y, en su caso, convalidar- una conclusión como la apreciada por dicho juzgador, en principio, sería necesario que el Tribunal Colegiado de Circuito realizara una valoración de los diversos datos y medios de convicción que obran en autos, en los que se acreditara de forma inequívoca que el supuesto jurídico fijado en la jurisprudencia aludida, se subsume o es aplicable en el hecho concreto, esto, con el objeto de tener certeza de que ese criterio es el idóneo para resolver el fondo del asunto; aunado a que como el acto reclamado versó sobre un delito de carácter patrimonial, se presume la afectación directa al patrimonio de las víctimas (terceros interesados) y que en el supuesto de que -en su momento- se demostrara la plena responsabilidad del quejoso (imputado) en su comisión, por criterio del Máximo Tribunal del País, estaría obligado a reparar el daño causado a los pasivos, constituyendo esto un derecho susceptible de heredarse. Por tanto, si durante la sustanciación del juicio fallece el tercero interesado y no tiene representante legal, el Juez de Distrito debe suspender el procedimiento por el plazo de sesenta días, a fin de que intervenga la sucesión a bienes de aquél, pues en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe ordenar la reposición del procedimiento en el sumario constitucional, en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, por tratarse de una violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio que debe ser reparad". La decisión decretada, además se toma con base en el hecho de que con la tramitación del presente juicio constitucional no se afectan únicamente los derechos estrictamente personales del tercero interesado de referencia, ya que la resolución que se llegase a emitir en este procedimiento podría afectar los derechos la persona a quien le revista el carácter de ofendido de la víctima. Requerimiento. Por tal motivo, a fin de efectuar el trámite previsto en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se requiere al: a) Juez Primero de lo Civil en esta ciudad. b) Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad. c) Juez Tercero de lo Civil en esta ciudad. d) Juez Cuarto de lo Civil en esta ciudad. e) Juez Quinto de lo Civil en esta ciudad. f) Juez Sexto de lo Civil en esta ciudad. g) Juez Séptimo de lo Civil en esta ciudad. h) Juez Octavo de lo Civil en esta ciudad. i) Juez Noveno de lo Civil en esta ciudad. j) Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil en esta ciudad. k) Juez Decimoprimero de lo Civil Especializado en Materia Mercantil en esta ciudad. Lo anterior, con el fin de que en el término de tres días, legalmente computado, informen a este órgano jurisdiccional si en sus archivos se encuentra registrada alguna sucesión a nombre del tercero interesado ******************** o en su caso, informen el impedimento legal que tengan para acatar este mandamiento; ello, a efecto de que esta autoridad esté en posibilidad de ordenar la intervención de la sucesión en esta instancia constitucional. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo y términos indicados, se le impondrá al que incumpla una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Cambio de titular. Finalmente, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el quejoso no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve al quejoso de referencia, mismo que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos; asimismo, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1414/2019-IV. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, realice lo siguiente: Señale con precisión el acto o actos que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. En virtud a que, si bien es cierto el quejoso reclama por una parte el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sumario civil de alimentos y custodia, radicado bajo el número de expediente 1965/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, también refiere en el tercer punto petitorio de su demanda, entre otras cosas, se levante el embargo trabado a bienes de su propiedad; por lo que no se tiene claro cuál de los dos actos reclama en esta vía constitucional, máxime la naturaleza de cada uno de ellos. Sustenta a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por el promovente, por ser un acto personalísimo y que sólo a él le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.a./J. 50/2014 de la 10ª Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 210, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En el entendido que, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, las personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial incurren en la comisión de un delito. Copias de traslado. Asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por los numerales 110 y 114 de la ley de la materia. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el caso de insistir respecto a la suspensión solicitada, en virtud de la naturaleza de los actos que se presume reclama, exhiba las copias necesarias para la apertura del incidente. Señalamiento de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación en consulta a los profesionistas que refiere dado que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias glosadas en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las parte que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente al promovente.

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