Enrique Hernandez Gonzalez

Expediente 1125/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1125/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Enrique Hernandez Gonzalez
  • Cordinador del Area Medica del Ce.Re.So. de la Mesa En Tijuana, B.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Interpone recurso de revisión. Vista la razón actuarial de cuenta, así como la manifestación realizada por Enrique Hernández González al momento de notificarle la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la referida determinación. Por tanto, distribúyanse entre las partes fotocopias de la constancia de notificación a través de la cual se interpuso el aludido medio de impugnación, y previa constancia de esto último, dentro de los tres días siguientes, remítase el expediente original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, para la substanciación del recurso, acompañándole el original de la referida actuación y una copia fotostática de ésta. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos y la petición del impetrante de fecha dos de diciembre del año en curso, dado que los defensores públicos del quejoso Enrique Hernández González, han sido omisos en dar cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de noviembre del año en curso; es decir, no han acreditado ante este órgano jurisdiccional haberse entrevistado con el peticionario del amparo, a pesar de habérseles requerido para tal efecto en dicho proveído. Se requiere nuevamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a los defensores públicos del quejoso, para que dentro del término de tres días legalmente computado, acrediten ante este órgano jurisdiccional, con las constancias correspondientes, haberse entrevistado con Enrique Hernández González en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus defensores.

  3. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el Licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el diez de octubre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del auto de ocho de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1125/2019-III, del índice de esta Juzgado, a los mencionados licenciados, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE "...Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Designa Asesor Jurídico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Coordinador del Área Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, Defensores Públicos adscritos a esa institución, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Enrique Hernández González. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a cualquiera de los Defensores Públicos señalados en el párrafo que antecede, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, página: 1616 "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto se proporcionó en el oficio de cuenta. Notifíquese en términos de ley

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por no presentada petición. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado al quejoso y a sus defensores públicos mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, con el fin de que manifestaran si era su intención plantear el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto, sin que lo hubiesen hecho. Por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita, por ende, se tiene por no formulada la manifestación formulada por el quejoso en el escrito registrado con folio 16871. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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