Enrique Jorge Garrido Cano
Expediente 257/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Jorge Garrido Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Habilitado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 16901/2022, por el que se le devolvieron dos tomos de pruebas y se hizo de su conocimiento el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria del amparo concedido y se ordenó el archivo respectivo. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante ejecutoria de diez de marzo de dos mil veintidós, concedió el amparo solicitado por. en los términos siguientes. El uno de abril de dos mil veintidós se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, la responsable en cita, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía realizar lo siguiente De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado dejó insubsistente la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca. emitió una nueva en esa fecha, en la que, de manera fundada y motivada, dio contestación al primero y segundo de los agravios formulados, en los términos siguientes. En cuanto al agravio referente a que el tipo penal de amenazas no exige una afectación psicológica, sino una perturbación en el ánimo del pasivo, resultado de hacerle de su conocimiento que tiene la intención de causarle un mal futuro; la Sala señaló que de la entrevista de. se podía advertir que las amenazas que dijo fue sujeto el agraviado, se trataron de sucesos momentáneos, pero no acreditaba que haya vivido o se encontrara en la actualidad en una situación de temor y zozobra producto de dichas amenazas, ya que para que éstas deban tenerse como ciertas se requiere demostrar una expresión contra el pasivo y que la misma importe un mal futuro sobre la persona o derechos de quien la recibe, constriñéndolo a vivir un tiempo más o menos prolongado en la inquietud y zozobra por el temor de sufrir un mal; y que en el caso no se acreditaba que estuviera perturbado en su tranquilidad y ánimo, pues lo afirmado por el testigo señalado se encontraba endeble y carente de sustento jurídico, al contarse con el dictamen pericial en materia de psicología del que no se derivaba perturbación alguna en el ánimo del pasivo con motivo de los hechos; argumentos que fueron sustentados en dos jurisprudencias de Tribunales Colegidos. Respecto del agravio relativo al delito de daños, si bien la Sala únicamente se refirió al informe pericial y no a la entrevista, lo cierto es que señaló que del primero se advertían los daños ocasionados, lo cual se pretendía acreditar también con el segundo; y aunque no indicó si era relevante o no quién tenía la posesión del inmueble, consideró que dicho bien no era propiedad del recurrente ni tenía derecho alguno; y que se advertía que la actual albacea de la sucesión de. era una diversa persona. En ese sentido, la Sala confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal por el delito de amenazas, y la reserva de la indagatoria en cuanto a los delitos de daños y despojo, emitida el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la investigación ministerial. por la entonces Fiscal Séptima Investigadora adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número Uno del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. No pasa inadvertido que la parte quejosa manifiesta, en el escrito de desahogo de vista que se le dio con el cumplimiento, que la autoridad responsable, al emitir la nueva resolución, únicamente se concretó a resolver nuevamente en los términos que lo hizo en la sentencia motivo del presente juicio de amparo, pues arribó a la misma conclusión del no ejercicio de la acción penal por el delito de amenazas y reservó por el diverso de daños; sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, pues en la ejecutoria se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para resolver, por lo que estaba en aptitud legal de volver confirmar la determinación impugnada; siempre y cuando diera respuesta a los agravios que expuso, lo cual, como se precisó, ya cumplió. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia que puso fin a este asunto. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de dos tomos de pruebas, formados con motivo de las constancias remitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; los que resultan innecesarios conservar; por tanto, devuélvase a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante ejecutoria de diez de marzo de dos mil veintidós, concedió el amparo solicitado por. en los términos siguientes. El uno de abril de dos mil veintidós se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, la responsable en cita, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía realizar lo siguiente De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se advierte que mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dicho órgano colegiado dejó insubsistente la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca. emitió una nueva en esa fecha, en la que, de manera fundada y motivada, dio contestación al primero y segundo de los agravios formulados, en los términos siguientes. En cuanto al agravio referente a que el tipo penal de amenazas no exige una afectación psicológica, sino una perturbación en el ánimo del pasivo, resultado de hacerle de su conocimiento que tiene la intención de causarle un mal futuro; la Sala señaló que de la entrevista de. se podía advertir que las amenazas que dijo fue sujeto el agraviado, se trataron de sucesos momentáneos, pero no acreditaba que haya vivido o se encontrara en la actualidad en una situación de temor y zozobra producto de dichas amenazas, ya que para que éstas deban tenerse como ciertas se requiere demostrar una expresión contra el pasivo y que la misma importe un mal futuro sobre la persona o derechos de quien la recibe, constriñéndolo a vivir un tiempo más o menos prolongado en la inquietud y zozobra por el temor de sufrir un mal; y que en el caso no se acreditaba que estuviera perturbado en su tranquilidad y ánimo, pues lo afirmado por el testigo señalado se encontraba endeble y carente de sustento jurídico, al contarse con el dictamen pericial en materia de psicología del que no se derivaba perturbación alguna en el ánimo del pasivo con motivo de los hechos; argumentos que fueron sustentados en dos jurisprudencias de Tribunales Colegidos. Respecto del agravio relativo al delito de daños, si bien la Sala únicamente se refirió al informe pericial y no a la entrevista, lo cierto es que señaló que del primero se advertían los daños ocasionados, lo cual se pretendía acreditar también con el segundo; y aunque no indicó si era relevante o no quién tenía la posesión del inmueble, consideró que dicho bien no era propiedad del recurrente ni tenía derecho alguno; y que se advertía que la actual albacea de la sucesión de. era una diversa persona. En ese sentido, la Sala confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal por el delito de amenazas, y la reserva de la indagatoria en cuanto a los delitos de daños y despojo, emitida el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la investigación ministerial. por la entonces Fiscal Séptima Investigadora adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia número Uno del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. No pasa inadvertido que la parte quejosa manifiesta, en el escrito de desahogo de vista que se le dio con el cumplimiento, que la autoridad responsable, al emitir la nueva resolución, únicamente se concretó a resolver nuevamente en los términos que lo hizo en la sentencia motivo del presente juicio de amparo, pues arribó a la misma conclusión del no ejercicio de la acción penal por el delito de amenazas y reservó por el diverso de daños; sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, pues en la ejecutoria se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para resolver, por lo que estaba en aptitud legal de volver confirmar la determinación impugnada; siempre y cuando diera respuesta a los agravios que expuso, lo cual, como se precisó, ya cumplió. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se considera que el cuaderno principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia que puso fin a este asunto. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de dos tomos de pruebas, formados con motivo de las constancias remitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; los que resultan innecesarios conservar; por tanto, devuélvase a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado el quejoso. en atención a su contenido, se tiene desahogando la vista concedida mediante proveído de veinte de mayo del presente año, en relación al cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la sentencia amparadora; por tanto, se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este juzgado se pronuncie si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida.
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