Enrique Hernández Sánchez

Expediente 992/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 68 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
992/2021
Año
2021
Actuaciones
68
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Enrique Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 68.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no le causa ningún agravio Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que de los presentes autos se advierta que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no le causa ningún agravio Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, por auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. En proveídos de dos de diciembre de dos mil veintiuno, y veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables 39. Coordinador de la Policía Ministerial, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Córdoba, Veracruz, y 31. Fiscal Encargada de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XV, con sede en Nogales, Veracruz. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, licenciado 4. Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí, y en representación de los licenciados 1. María Andrea García Zavaleta, 2. Marco Antonio Rodríguez Lobato y 3. Paula Morales Marín, todos Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; licenciados 5. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, 6. Urbino Alcaraz García y 7. Óscar Luis Lozada Hernández, Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; Fiscales 8. Primero, 10. Tercera, 11. Cuarto, 12. Quinto, 13. Fiscal Sexto, por sí y en auxilio de la 9. Fiscal Segunda, ambos en Delitos Diversos, 14. Séptima, 15. Octavo, 17. Décima, 18. Décimo Primero, los anteriores de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV, con sede en Córdoba, Veracruz; 16. Fiscal Noveno en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV en Córdoba, Veracruz, encargado de la Fiscalía Investigadora de Fortín, Veracruz; 19. Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro, 20. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito XIV, 21.-35. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro, 22. Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, los anteriores con residencia en esta ciudad; Fiscales 23. Primera, 24. Segunda, 26. Cuarto, 27. Quinta, 28. Sexta, 29. Séptimo y de 30. Distrito, los anteriores de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, de Orizaba, Veracruz; 32. Fiscal Primera Investigadora de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XV, 33. Fiscal adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito Judicial XV, licenciada 25. y 34. Carmen Eneda Castellanos Machorro, Fiscal Tercera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, en Orizaba, comisionada como Fiscal Investigadora en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, los últimos en Nogales, Veracruz; 36. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, 37. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro y 38. Comandante Actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, los anteriores con residencia en Córdoba, Veracruz; 40. Fiscal Especializado Encargado de la Coordinación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, 41. Sub Oficial Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, 42. Delegado de la Policía Estatal Región XXI, Conurbación Córdoba-Fortín, Veracruz los últimos con sede en Córdoba, Veracruz; y 43. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con residencia en Orizaba, Veracruz; al rendir sus informes justificados, respectivamente, negaron la existencia de los actos reclamados. El quejoso no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables y acreditara la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. No pasa inadvertido, que al rendir su informe justificado el Doctor 7. Óscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, haya informado que en el índice de su juzgado se encuentra radicado un proceso penal número 266/2021, instruido en contra del aquí quejoso Enrique Hernández Sánchez, por su probable participación en el hecho previsto por la ley como el delito contra las instituciones de seguridad pública; sin embargo, de lo manifestado no se advierte la existencia de una orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso. TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, 25. y 34. Fiscal Tercera adscrita en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en Nogales, Veracruz; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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