Enrique Hernandez Sanchez
Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2023
Partes del expediente
- Enrique Hernandez Sanchez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al que adjunta testimonio de la sentencia dictada en los autos del conflicto competencial 42/2023, de su índice, mismo que se resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. " Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confid
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la Actuaria adscrita al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al que se inserta proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el conflicto competencial 42/2023 de su índice, del que se advierte que la Superioridad se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, determinó remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que resuelva en torno al conflicto competencial planteado al no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Juicio de amparo y anexos recibidos por incompetencia de Tribunal Colegiado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la boleta de turno del juicio de amparo que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual se anexa lo siguiente: Oficio 26957/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de haber declarado dicho órgano jurisdiccional su incompetencia legal para conocer del presente asunto. Demanda de amparo y anexos promovida por ***. Ahora de los anexos de cuenta se advierte que, mediante resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Enrique Hernández Sánchez, en su carácter de apoderado legal de la persona moral Hersan Corporativo, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos que reclamó al Director General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y otra autoridad, con sede en Ciudad de México, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional, por lo que se ordena formar el expediente y registrar la misma en el libro de gobierno bajo el número 993/2023. Ahora bien, atento al contenido de la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual el Juez oficiante determinó declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en cuestión, contrario a su respetable opinión, este Órgano Jurisdiccional considera le asiste a aquél la competencia legal, y por ende, no se acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se expondrán. En principio, se procede al análisis de las reglas de competencia territorial tratándose de los Jueces de Distrito, fijadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto se advierten tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. En favor del juez que resida en el lugar donde el acto reclamado vaya a tener ejecución, se trate de ejecutar, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; 2. En los casos en que el acto puede tener ejecución en más de un Distrito o ha empezado a ejecutarse en uno y continúa ejecutándose en otro, será competente aquél del lugar donde se presente la demanda; y 3. Cuando el acto no requiera ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se desprende que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución, se produzca en una jurisdicción; mientras que la segunda se refiere a la ejecución cuando menos en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que actualiza la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese orden de ideas, para determinar la competencia por territorio, es necesario determinar la naturaleza del acto reclamado que a consideración de este juzgado federal, en el caso concreto es de los que no requieren ejecución material, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, en su vertiente omisiva. Respecto de ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en lo que interesa, interpretó qué regla del invocado numeral 37 de la Ley de Amparo debe aplicarse cuando los actos reclamados no tengan ejecución material, pues señaló: "******." De lo que se advierte, que la Primera Sala del Máximo Tribunal en el país, concluyó que el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, esto es, sin emplear algún método sistemático, teológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, porque, la intención del legislador fue establecer llanamente que si los actos carecen de ejecución material, el juez competente para resolver el juicio de amparo es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, cabe precisar que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, considera que el acto reclamado es uno omisivo con efectos positivos, pues consiste en la negativa de dar respuesta a la solicitud de levantamiento de la medida precautoria de inmovilización de bienes sujetos a cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, petición que fue presentada el diecinueve de mayo del año en curso, registrada bajo el número de trámite ****, así como las consecuencias que según el quejoso, derivan de dicha omisión, las cuales hace consistir en la continuidad de la aplicación de la medida precautoria consistente en la inmovilización de los bienes. Asimismo, el órgano remitente estima que la ejecución de del levantamiento de la medida precautoria tendrá lugar en esta ciudad, por ser el lugar de residencia de las estaciones de servicio de la moral quejosa. También considera el Juez declinante que la omisión reclamada en el caso sí tiene una ejecución material, ya que a su parecer, mientras continúe la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso, existe materialmente una afectación a su esfera jurídica, que se traduce en la continuidad de la aplicación de la medida precautoria, consistente en la inmovilización impuesta desde el siete de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente PFC.C.B.1.06/003952-2023, pues considera, que la misma es consecuencia de la falta de respuesta al trámite de levantamiento de inmovilización de bienes. Establecido lo anterior, este juzgado federal considera debe atenderse primeramente a la naturaleza del acto reclamado y en esa tesitura establecer si éste tiene o no ejecución material. Así, la "ejecución material", es el criterio general para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación. Sobre todo, porque la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En este orden, acorde a los criterios establecidos por el Máximo Tribunal del País, en relación con la clasificación de la naturaleza de los actos reclamados, con la finalidad de verificar si éstos requieren o no de ejecución material, se obtiene que la naturaleza del acto radica en distinguir si éste es positivo, declarativo o negativo, y dicha diferencia es importante, ya que si el acto reclamado es declarativo o negativo, no será ejecutable, puesto que la primera no trasciende al mundo fáctico, y la segunda, su naturaleza implica una abstención, una simple negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, o una orden de la autoridad tendente a impedir una conducta del particular afectado. Por lo que, si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material; y, si por el contrario tiene efectos positivos, participará de la característica de ejecutable, ya que sus efectos trascienden al mundo fáctico. En ese tenor de ideas, conviene destacar que en el apartado "V. ACTO RECLAMADO" de la demanda, la parte quejosa precisó como acto identificado con el arábigo 3, que se duele de la continuidad de la aplicación de la medida precautoria de inmovilización de bienes impuesta como medida precautoria, empero, destacó clara y enfáticamente que ello no lo señala como acto autónomo, lo que se corrobora de la lectura integral de la demanda, de la que se desprende que no atribuye vicios propios a dicha medida. Inclusive, de la intelección integral de la demanda, podemos advertir sin lugar a dudas que la medida precautoria de inmovilización, no resulta ser un acto destacado en el asunto que nos ocupa. Así, tenemos que el problema competencial que nos ocupa, estriba en determinar si el acto omisivo de reclamo, tiene o no un efecto positivo, y si es así, verificar si sus consecuencias apuntadas por el quejoso, podrían traducirse o no en una ejecución, al materializarse en un plano fáctico por la situación particular del reclamo y en la que el peticionario de amparo se encuentra frente a la autoridad. Precisado el punto a dilucidar, y del examen de la demanda de amparo a que este asunto se refiere, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que la real intención de la promovente, es reclamar de la autoridad responsable al Director General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y otra autoridad, con sede en Ciudad de México, básicamente los siguientes actos: 1) La omisión de resolver la solicitud de levantamiento de medida precautoria y de solicitud de desinmovilización de bienes; 2) La omisión de proponer el proyecto de acuerdo administrativo, para el cabal desahogo de la solicitud de mérito; y, 3) La continuidad de la aplicación de la medida precautoria de inmovilización, derivada, según la parte quejosa, de la falta de resolución a la solicitud de levantamiento de la medida consabida -la cual indicó claramente no reclamó como acto autónomo-. Luego, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente, pues estimó que el acto reclamado no constituye una omisión simple de la autoridad responsable, sino que trae aparejado actos positivos que conllevan ejecución, en los términos precisados en párrafos superiores. Establecido lo anterior, contrario a la respetable decisión del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima que la omisión de resolver en torno a la solicitud presentada por el quejoso el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene que ver en el caso concreto con un reclamo de incumplimiento de los plazos y términos previstos en la legislación aplicable al respecto, tal como se evidencia de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda; de manera que sin duda, estamos ante un acto que en sí no requiere de ejecución material. Se afirma lo anterior, toda vez que se trata de una abstención, en tanto que en sí mismo, los efectos del acto omisivo consabido no trascienden al mundo fáctico, pues no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios, tales como el proyecto respectivo para finalmente dictar la resolución atinente a la solicitud elevada ante la autoridad responsable; ello se traduce en una omisión simple carente de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras la autoridad persista con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de legalidad de atender a los plazos previstos en la norma para efecto de emitir la resolución correspondiente. Sin que las consecuencias que indica el Juzgado declinante, deriven directamente de la omisión por parte de las autoridades responsables de dar trámite a la solicitud de levantamiento de medida precautoria, y menos que tengan en el caso efectos positivos, tal como lo plantea dicho órgano de control constitucional. Lo anterior es así, ya que en todo caso, la continuación o vigencia de la inmovilización de bienes, tiene que ver más bien propiamente con la medida precautoria en sí, y no con la falta de atención o resolución a la solicitud de levantamiento de la misma. En resumen, los efectos "positivos" que dice resiente actualmente la parte gestora de amparo, no derivan de la omisión ahora reclamada, sino de la medida precautoria, acto que por cierto, no constituye uno reclamado en forma autónoma y destacada, tal como el propio promovente de amparo lo señaló abiertamente en la demanda; de ahí que no sea factible vincular el acto omisivo consabido con las consecuencias de la continuación de la medida, para efectos de fincar competencia a este Juzgado Federal. Por consiguiente, podemos concluir válidamente que la omisión o falta de atención a la solicitud de levantamiento de la medida precautoria, como único acto destacado y al que se le atribuyen vicios propios, no participa de ejecución material en el mundo fáctico y material, pues el hecho de abstenerse de resolver no implica en sí una modificación o alteración directa en la esfera jurídica ni a los derechos del quejoso. Sin que las posibilidades futuras que deriven de la eventual emisión la respuesta a la petición -como podría ser el levantamiento de la medida precautoria consistente en la inmovilización de bienes-; constituyan un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues en ese caso, se estaría atendiendo a los alcances futuros derivados del acto reclamado y no a sus consecuencias actuales, así como a los efectos de una eventual concesión del amparo; lo cual no es un factor para fincar competencia. Máxime que podría ser el caso que las autoridades responsables no accedieran en forma favorable a la petición del quejoso, o bien, que no se conceda la protección constitucional pretendida con el juicio de amparo. No se acepta competencia. En esta tesitura, al haber conocido a prevención de la demanda de amparo que nos ocupa el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, respetuosamente, no acepta la competencia declinada. Devolución. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad oficiante el expediente número 1170/2023 de su índice, que a su vez dio origen al diverso 993/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, previa copia certificada que se deje en el cuaderno de antecedentes. Acuse. Solicítese a la citada autoridad declinante, el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico correspondiente. Notifíquese.
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