Enrique Arturo Torres Manriquez
Expediente 371/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 28/06/2022
Partes del expediente
- Enrique Arturo Torres Manriquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva se concedió y nego en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que, solicitada fuera por la parte quejosa, para los efectos siguientes: 1) Para que la autoridad por la que aquí se resuelve Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, así como cualquiera de las autoridades que sean vinculadas por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, en su caso lleven a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucional, a saber: Artículos 133, 134, 135 y 136, y se adicionan los artículos 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de abril de dos mil veinte, vinculados al impuesto local a cuota de diecisiete centavos por cada litro o kilogramo de dióxido de carbono (CO2), derivado del expendio de gasolina, diésel y gas en instalaciones situadas en Baja California. 2) Restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, devolviéndole, en caso de que las hubiese cubierto, las cantidades que se le cobraron por concepto de la contribución de los impuestos contenidos en los preceptos reclamados y, en el supuesto de que aún no le sean cobradas aquellas, se abstenga tanto la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, así como cualquier otra que sea vinculada al cumplimiento y que intervenga en ello, de llevar a cabo dicho cobro. 3) Que la autoridad responsable apenas citada, y cualquiera vinculada al cumplimiento, en el ámbito de sus competencias den respectivo cumplimiento a los efectos del amparo concedido al quejoso en la presente determinación, informando cada una de ellas los actos realizados para lograr el mismo. *****Resta precisar, que cualquier otra dependencia que pudiera intervenir en el cumplimiento de este fallo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo5, queda vinculada para su cumplimiento. ******** De igual forma, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, siguiente: "Registro digital: 2008604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o.71 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2337 Tipo: Aislada AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. El artículo 197 de la Ley de Amparo dispone que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para tal fin. Ahora bien, como lo señala Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México, 2005, página 553 "la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo (impuesta) a cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido responsable en el juicio correspondiente, se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público", por lo que puede afirmarse que los conceptos: autoridades vinculadas al cumplimiento y autoridades responsables, no son sinónimos, pues aquéllas no se equiparan a éstas ni tienen el carácter de terceras interesadas, ya que su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio; por ende, es innecesario emplazarlas en el amparo, al no tener la calidad de parte."" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintidos de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: a)Llevar a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucional, a saber: Artículos 133, 134, 135 y 136, y se adicionan los artículos 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de abril de dos mil veinte, vinculados al impuesto local a cuota de diecisiete centavos por cada litro o kilogramo de dióxido de carbono (CO2), derivado del expendio de gasolina, diésel y gas en instalaciones situadas en Baja California. b)Restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, devolviéndole, en caso de que las hubiese cubierto, las cantidades que se le cobraron por concepto de la contribución de los impuestos contenidos en los preceptos reclamados y, en el supuesto de que aún no le sean cobradas aquellas, se abstenga tanto la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, así como cualquier otra que sea vinculada al cumplimiento y que intervenga en ello, de llevar a cabo dicho cobro. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito el quince de marzo del año en curso, la autoridad responsable Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado, remitió el oficio 221309, de fecha once de marzo del presente año, mediante el cual informó a este Juzgado, que la parte aquí quejosa, tiene dada de baja la obligación del Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmosfera, asimismo, que no cuenta con información documental o registro del cual se desprenda que la parte quejosa haya cubierto el pago por concepto de la contribución reclamada, por lo que no existe devolución pendiente por dicha contribución, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del oficio SATBC-DR-00-00-2022-0195, de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, signado por el Director de Recaudación del Servicio Administrativo de Administración Tributaria de Baja California. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las parte quejosa hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, pues la autoridad responsable, remitió el oficio 221309, de fecha once de marzo del presente año, mediante el cual informó a este Juzgado, que la parte aquí quejosa, tiene dada de baja la obligación del Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmosfera, asimismo, que no cuenta con información documental o registro del cual se desprenda que la parte quejosa haya cubierto el pago por concepto de la contribución reclamada, por lo que no existe devolución pendiente por dicha contribución, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del oficio SATBC-DR-00-00-2022-0195, de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, signado por el Director de Recaudación del Servicio Administrativo de Administración Tributaria de Baja California. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado, actuando en representación del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.
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