Enrique Hernández Rivera
Expediente 1376/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Hernández Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.1376/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Enrique Hernández Rivera, pues transcurrió del veintiocho de febrero al once de marzo del año en curso, sin que hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de la responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, por lo que este expediente es destruible; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1376/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1376/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el día quince de diciembre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Enrique Hernández Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la falta de acuerdo a su demanda laboral presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1376/2021 y se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes para la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es la omisión de dictar el auto relativo a la demanda laboral presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de la secretaria general, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, su negativa se desvirtúa con lo expuesto en el referido informe, al señalar que la demanda laboral presentada por Enrique Hernández Rivera fue radicada con el número de expediente 1122/2021 (3), por parte de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la que con fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno dictó acuerdo por el que requirió a la parte actora, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días indicara si demandaba a otras personas. Por tanto, si la demanda laboral fue presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, como lo afirmó el quejoso en la demanda de amparo, lo que no fue controvertido por la responsable, y la Junta, aunque no emitió un acuerdo, turnó la demanda a la autoridad competente, que proveyó lo procedente el quince de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Y como justificación de su informe se tiene la copia de la constancia deducida del juicio laboral de que se trata. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado, ya que esa disposición legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; - - - ." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, retornando las cosas al estado que guardaban, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo; atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en copia certificada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, así como de las que exhibió la parte quejosa, se advierte que: 1º El diez de septiembre de dos mil veintiuno, Enrique Hernández Rivera presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 2º El quince de diciembre de dos mil veintiuno se emitió acuerdo por parte de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a la que la autoridad responsable le turnó la demanda laboral, en el que requirió a la parte actora, aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días indicara si demandaba a otras personas. Ahora, si la quejosa reclamó la omisión de pronunciar el acuerdo relativo respecto de la demanda laboral de diez de septiembre de dos mil veintiuno y, en el caso, la Junta responsable turnó esa demanda a la autoridad competente, pues sólo así la diversa Junta emitió el acuerdo de prevención; con esto cesaron los efectos de la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, extinguiéndose la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención reclamada y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, porque ya hubo pronunciamiento sobre la demanda laboral. En consecuencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Hernández Rivera, contra la omisión de acordar la demanda laboral presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, reclamada a la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
1376/2021 mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca, no ha rendido el informe justificado, y el plazo de quince días concedido para ello se encuentra transcurriendo; lo anterior, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, esa dependencia informó la suspensión de sus labores del veinte de enero al cuatro de febrero de este año, con motivo de diversos contagios del virus SARS-CoV2 (Covid 19) que ha manifestado el personal de esa Junta. Diferimiento audiencia constitucional. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con once minutos del veintitrés de febrero de enero de dos mil veintidós, para su celebración. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese.
- Principal
PRAL.1376/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca, no ha rendido el informe justificado solicitado, y se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido para ello mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que quedó notificada el tres de enero del año en curso, según la constancia de notificación respectiva. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para las diez horas con un minuto del treinta y uno de enero de dos mil veintidós. 3. Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Publico de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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