Enrique Gregorio Prado Pérez

Expediente 921/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
921/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Enrique Gregorio Prado Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    PRAL.921/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de enero del año en curso, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Enrique Gregorio Prado Pérez, sin que hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Devolución de tomo anexo. Por otra parte, las autoridades responsables, a) encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca y b) director jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), remitieron diversas constancias de su índice como justificación al informe que rindieron y con las que se ordenó formar los tomos anexos I y II; por tanto, mediante oficio, se ordena devolver dicha documental a las citadas responsables por resultar innecesario que continúe en la Secretaría de este Juzgado. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la autoridad responsable respectiva. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.921/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 1. Razón actuarial. Vista la razón de fecha dos de febrero del año en curso, advirtiéndose que no le fue posible al actuario adscrito a este Juzgado entregar los oficios: a) 2151/2022, dirigido al presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; y, b) 2157/2022, dirigido al director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Que contienen trascripción de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, porque al presentarse en el Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, le fue informado por la secretaria del comisionado provisional que, por el momento, no existen autoridades pertenecientes a Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ya que todavía no hay una administración electa. 2. Se encomienda entrega de oficios. En consecuencia, encomiéndese al actuario judicial adscrito notifique los oficios mencionados en cuanto adviertan la existencia de autoridades en el referido municipio y así lo permitan las circunstancias. 3. Autoridad informa vinculación. Por otra parte, glósese el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, recibido en línea, por el que informa que instruyó a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de su adscripción, realizara la vinculación del juicio de amparo 973/2021 y su acumulado 974/2021 al diverso 921/2021, del índice de este órgano de control constitucional, por el plazo de tres días; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio de amparo. Notifíquese; vía electrónica la autoridad responsable respectiva. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA(AVISO) PRAL 921/2021 MESQA 1 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintiún minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 921/2021, como se ordenó en acuerdo de treinta y uno de diciembre del año pasado, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovido por Enrique Gregorio Prado Pérez y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. A continuación, se abre el período probatorio, se hace constar que las partes ofrecieron las pruebas siguientes: 1. La parte quejosa ofreció como prueba la documental consistente en copia simple: Impresión satelital relativa a la Avenida Símbolos Patrios e intersecciones. Credencial de elector expedida a nombre de Enrique Gregorio Prado Pérez por el Instituto Nacional Electoral. 2. Por otro lado, la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, ofreció como prueba documental: El contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número J03-108-03-08-028-00-2021, celebrado el uno de junio de dos mil veintiuno. 3. Asimismo, la autoridad responsable, encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, ofreció como pruebas: Documental consistente en la copia certificada del: Expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0037-21 en materia de impacto ambiental (tomo anexo I) Expediente administrativo PFPA/26.7/2C.28.2/00094-21, folio 29101, en materia de atención a la denuncia popular (tomo anexo I). Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. 4. Por otro lado, el director jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) exhibió: Diversas documentales relativas al proyecto de ampliación de Puente Río Salado (tomo anexo II). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. EL JUEZ. PONCIANO VELASCO VELASCO. LA SECRETARIA. TERESA SILVIA HERNÁNDEZ FERRER. Visto para resolver el juicio de amparo 921/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el treinta de agosto siguiente, Enrique Gregorio Prado Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 921/2021 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Por acuerdo de dieciocho de octubre pasado se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada: a) "ICA CONSTRUCTORA", sociedad anónima de capital variable y b) "ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA", sociedad anónima de capital variable, quienes quedaron emplazados a través de su apoderado legal el nueve de noviembre del año pasado (a través del exhorto con número de orden 409/2021 y de origen 128/2021); parte tercera interesada que se apersonó a este juicio de amparo mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Por auto de veintiuno de diciembre del año último se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como "Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca". Previo el trámite respectivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos. El derribo, trasplante, poda o tala de árboles y arbustos. Que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y carretera federal número 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado/" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN OAXACA, A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE DICHA SECRETARÍA, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE DICHO MUNICIPIO. NIEGA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL DE DICHA DELEGACIÓN, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE OAXACA. NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Al respecto, las autoridades responsables que a continuación se citan realizaron las siguientes manifestaciones: El jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, negó los actos reclamados, pues agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Además, que respecto a la construcción del rio Salado es facultad exclusiva de la federación; dicho acto reclamado es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al tratarse de una obra que se encuentra en una vía de comunicación de carácter federal. La responsable, encargada de despacho de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial de dicha Delegación, residente en la ciudad de Oaxaca, negó los actos reclamados, pues señaló que corresponden a los municipios involucrados formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los demás que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas; evaluar y vigilar su cumplimiento, regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentran dentro del municipio. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades que enseguida se citan, al rendir el informe justificado, lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁMITE Y SUBSTANCIACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA. SE DESVIRTÚA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA). NIEGA. SE DESVIRTÚA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTÓ PARCIALMENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. NO RINDIÓ. SE PRESUME CIERTO Del cuadro anterior se advierte que algunas de las referidas autoridades responsables, por una parte, aceptaron y, por otra, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las manifestaciones realizadas en los informes justificados, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado/" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue omisa en rendir el informe justificado solicitado, no obstante su notificación el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- (.)". (Transcripción) Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos, resulta de importancia puntualizar primeramente que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: ".Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta". (.) (Transcripción y el énfasis es propio) Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria, que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientes. En el caso, se estima que el quejoso no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, el quejoso señaló como actos reclamados la orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos; así como la ejecución de tales actos, corte de árboles, que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal número 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Asimismo, que con motivo de esa obra, a finales del mes de julio de dos mil veintiuno se empezó con la poda de veintitrés especies de árboles de aproximadamente ocho metros de altura y un tronco de noventa centímetros de diámetros, que no se ha podido concluir debido a la protesta de vecinos de la zona, pero que es del conocimiento público que se autorizó la tala de seiscientos treinta y tres árboles y arbustos de diferentes dimensiones para el desarrollo de la obra de infraestructura carretera, sin que se cuente con la manifestación de impacto ambiental autorizada por la autoridad competente en la materia. Así, el quejoso alega que es habitante del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y que el área que es afectada por la obra antes mencionada se encuentra a novecientos metros de distancia de su domicilio, lo cual es una distancia muy cercana; además, que pasa diario sobre la Avenida Símbolos Patrios con sus intersecciones con la Avenida Universidad para la realización de sus actividades cotidianas. Para acreditar su aseveración, el quejoso exhibió copia simple de: A) Una impresión de imagen satelital en la que aparece en el recuadro superior derecho la palabra "distancia" y el número 900.38 m. (novecientos punto treinta y ocho metros), medición a través del cual refiere una vulneración a un medio ambiente sano y derecho a la salud. B) Una credencial de elector expedida a su nombre, en el que aparece como su domicilio el ubicado en calle Benito Juárez número ciento uno, colonia Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, por tratarse de una copia y una impresión, sin existir la certificación de la autoridad respectiva; pese a ello, son ineficaces para demostrar que el quejoso es vecino del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, o que transite por Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal número 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, en el que se lleva a cabo la construcción de la obra ya referida; en consecuencia, es insuficiente para establecer que es beneficiario ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, pues su sola manifestación se estima insuficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Gregorio Prado Pérez, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL 921/2021 MESA 1 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintiún minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 921/2021, como se ordenó en acuerdo de treinta y uno de diciembre del año pasado, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovido por Enrique Gregorio Prado Pérez y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en el auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. A continuación, se abre el período probatorio, se hace constar que las partes ofrecieron las pruebas siguientes: 1. La parte quejosa ofreció como prueba la documental consistente en copia simple: Impresión satelital relativa a la Avenida Símbolos Patrios e intersecciones. Credencial de elector expedida a nombre de Enrique Gregorio Prado Pérez por el Instituto Nacional Electoral. 2. Por otro lado, la autoridad responsable, gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, ofreció como prueba documental: El contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número J03-108-03-08-028-00-2021, celebrado el uno de junio de dos mil veintiuno. 3. Asimismo, la autoridad responsable, encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, ofreció como pruebas: Documental consistente en la copia certificada del: Expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0037-21 en materia de impacto ambiental (tomo anexo I) Expediente administrativo PFPA/26.7/2C.28.2/00094-21, folio 29101, en materia de atención a la denuncia popular (tomo anexo I). Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. 4. Por otro lado, el director jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) exhibió: Diversas documentales relativas al proyecto de ampliación de Puente Río Salado (tomo anexo II). Acto continuo, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. EL JUEZ. PONCIANO VELASCO VELASCO. LA SECRETARIA. TERESA SILVIA HERNÁNDEZ FERRER. Visto para resolver el juicio de amparo 921/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el treinta de agosto siguiente, Enrique Gregorio Prado Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 921/2021 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Por acuerdo de dieciocho de octubre pasado se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada: a) "ICA CONSTRUCTORA", sociedad anónima de capital variable y b) "ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA", sociedad anónima de capital variable, quienes quedaron emplazados a través de su apoderado legal el nueve de noviembre del año pasado (a través del exhorto con número de orden 409/2021 y de origen 128/2021); parte tercera interesada que se apersonó a este juicio de amparo mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Por auto de veintiuno de diciembre del año último se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como "Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca". Previo el trámite respectivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos. El derribo, trasplante, poda o tala de árboles y arbustos. Que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y carretera federal número 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado/" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN OAXACA, A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE DICHA SECRETARÍA, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE DICHO MUNICIPIO. NIEGA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL DE DICHA DELEGACIÓN, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE OAXACA. NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Al respecto, las autoridades responsables que a continuación se citan realizaron las siguientes manifestaciones: El jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, negó los actos reclamados, pues agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Además, que respecto a la construcción del rio Salado es facultad exclusiva de la federación; dicho acto reclamado es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al tratarse de una obra que se encuentra en una vía de comunicación de carácter federal. La responsable, encargada de despacho de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial de dicha Delegación, residente en la ciudad de Oaxaca, negó los actos reclamados, pues señaló que corresponden a los municipios involucrados formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los demás que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas; evaluar y vigilar su cumplimiento, regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentran dentro del municipio. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades que enseguida se citan, al rendir el informe justificado, lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁMITE Y SUBSTANCIACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA. SE DESVIRTÚA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA). NIEGA. SE DESVIRTÚA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTÓ PARCIALMENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. NO RINDIÓ. SE PRESUME CIERTO Del cuadro anterior se advierte que algunas de las referidas autoridades responsables, por una parte, aceptaron y, por otra, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las manifestaciones realizadas en los informes justificados, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado/" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue omisa en rendir el informe justificado solicitado, no obstante su notificación el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- (.)". (Transcripción) Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos, resulta de importancia puntualizar primeramente que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: ".Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta". (.) (Transcripción y el énfasis es propio) Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria, que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientes. En el caso, se estima que el quejoso no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, el quejoso señaló como actos reclamados la orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos; así como la ejecución de tales actos, corte de árboles, que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal número 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Asimismo, que con motivo de esa obra, a finales del mes de julio de dos mil veintiuno se empezó con la poda de veintitrés especies de árboles de aproximadamente ocho metros de altura y un tronco de noventa centímetros de diámetros, que no se ha podido concluir debido a la protesta de vecinos de la zona, pero que es del conocimiento público que se autorizó la tala de seiscientos treinta y tres árboles y arbustos de diferentes dimensiones para el desarrollo de la obra de infraestructura carretera, sin que se cuente con la manifestación de impacto ambiental autorizada por la autoridad competente en la materia. Así, el quejoso alega que es habitante del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y que el área que es afectada por la obra antes mencionada se encuentra a novecientos metros de distancia de su domicilio, lo cual es una distancia muy cercana; además, que pasa diario sobre la Avenida Símbolos Patrios con sus intersecciones con la Avenida Universidad para la realización de sus actividades cotidianas. Para acreditar su aseveración, el quejoso exhibió copia simple de: A) Una impresión de imagen satelital en la que aparece en el recuadro superior derecho la palabra "distancia" y el número 900.38 m. (novecientos punto treinta y ocho metros), medición a través del cual refiere una vulneración a un medio ambiente sano y derecho a la salud. B) Una credencial de elector expedida a su nombre, en el que aparece como su domicilio el ubicado en calle Benito Juárez número ciento uno, colonia Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, por tratarse de una copia y una impresión, sin existir la certificación de la autoridad respectiva; pese a ello, son ineficaces para demostrar que el quejoso es vecino del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, o que transite por Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal número 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, en el que se lleva a cabo la construcción de la obra ya referida; en consecuencia, es insuficiente para establecer que es beneficiario ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, pues su sola manifestación se estima insuficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Enrique Gregorio Prado Pérez, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

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