Enrique Gonzalez Perez

Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
566/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Enrique Gonzalez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano colegiado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dentro recurso de queja *, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Sin realizar pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, ya que del análisis del presente juicio se desprende que no se adjuntó constancia alguna que se encuentre en la hipótesis prevista por el ordinal 3, fracción XX, del acuerdo general citado.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Enrique González Pérez; atenta a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene interpuesto recurso de queja contra el proveído de seis de julio del año en curso; En razón de lo anterior, dada la naturaleza de la determinación recurrida, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito electrónico de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro. Luego, infórmesele al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital al que haya sido turnado el recurso que nos ocupa, que se encuentra a disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto; como se advierte de la siguiente imagen: Además, solicítese respetuosamente al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el seis de julio del año en curso, se emitió el auto que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte quejosa.

  3. Principal

    Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Unidad de Atención Integral a las Mujeres en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 566/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La negativa de acceso a la carpeta de investigación ********************. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **** Interés jurídico. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los preceptos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. ***** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 2/2022 dispuso que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida o citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Lo anterior, pues ciertamente se ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa; sin embargo, destacó la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. Así, en dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Bajo las premisas anteriores, si el quejoso reclama la negativa de acceso a la carpeta de investigación La negativa de acceso a la carpeta de investigación ********************, podrá tener acceso a los registros de investigación de indagatorias en su contra sólo si se encuentra detenido -circunstancia que no ha ocurrido, pues el quejoso narró que se encuentra en libertad- es citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, dado que los registros de la investigación son estrictamente reservados, es incuestionable que el amparo indirecto es improcedente. Lo determinado, porque al ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación; en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Máxime que, se insiste, es de suma importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, ya que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin inadvertir que el quejoso refiere que recibió por parte de la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales una invitación para solucionar un conflicto derivado de la carpeta de investigación ********************; sin embargo, de modo alguno genera un acto de molestia que incida para reclamar la negativa de acceso a la referida carpeta, pues dada la naturaleza de los mecanismos alternos a la solución de conflictos, es solamente como «invitación» pero no redunda en una obligación. Por ello, solamente si el agente del Ministerio Público Especializado de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres -quien lleva la carpeta de investigación ********************- emite un oficio para comparecer o algún mandato de captura, sí generaría un acto de molestia. Así, la tesis de rubro: «carpeta de investigación. para que el imputado pueda tener acceso a los registros que obran en ésta y obtener copias, basta con que sea sujeto de un acto de molestia, sin necesidad de que el ministerio público pretenda recibir su entrevista (interpretación sistemática de los artículos 218 y 219 del código nacional de procedimientos penales). No es aplicable al caso en concreto, pues al margen de que no es obligatoria para este juzgado conforme al ordinal 217 de la Ley de Amparo, dirime una cuestión fáctica diferente; además, fue publicada con anterioridad a la tesis 1a./J. 95/2022. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que una persona juzgadora garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica de la persona investigada, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social. Además, aunque se encuentre radicada la carpeta en su contra, el órgano investigador en uso de sus facultades establecidas en el artículo 21 Constitucional, que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Protesta de ley. **** Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle ********************; y, autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas, y en términos restringidos a las diversas personas que señala por así solicitarlo.

  4. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Unidad de Atención Integral a las Mujeres en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 566/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La negativa de acceso a la carpeta de investigación ********************. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. **** Interés jurídico. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los preceptos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. ***** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 2/2022 dispuso que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida o citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Lo anterior, pues ciertamente se ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa; sin embargo, destacó la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. Así, en dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Bajo las premisas anteriores, si el quejoso reclama la negativa de acceso a la carpeta de investigación La negativa de acceso a la carpeta de investigación ********************, podrá tener acceso a los registros de investigación de indagatorias en su contra sólo si se encuentra detenido -circunstancia que no ha ocurrido, pues el quejoso narró que se encuentra en libertad- es citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, dado que los registros de la investigación son estrictamente reservados, es incuestionable que el amparo indirecto es improcedente. Lo determinado, porque al ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación; en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Máxime que, se insiste, es de suma importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, ya que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin inadvertir que el quejoso refiere que recibió por parte de la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales una invitación para solucionar un conflicto derivado de la carpeta de investigación ********************; sin embargo, de modo alguno genera un acto de molestia que incida para reclamar la negativa de acceso a la referida carpeta, pues dada la naturaleza de los mecanismos alternos a la solución de conflictos, es solamente como «invitación» pero no redunda en una obligación. Por ello, solamente si el agente del Ministerio Público Especializado de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres -quien lleva la carpeta de investigación ********************- emite un oficio para comparecer o algún mandato de captura, sí generaría un acto de molestia. Así, la tesis de rubro: «carpeta de investigación. para que el imputado pueda tener acceso a los registros que obran en ésta y obtener copias, basta con que sea sujeto de un acto de molestia, sin necesidad de que el ministerio público pretenda recibir su entrevista (interpretación sistemática de los artículos 218 y 219 del código nacional de procedimientos penales). No es aplicable al caso en concreto, pues al margen de que no es obligatoria para este juzgado conforme al ordinal 217 de la Ley de Amparo, dirime una cuestión fáctica diferente; además, fue publicada con anterioridad a la tesis 1a./J. 95/2022. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que una persona juzgadora garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica de la persona investigada, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social. Además, aunque se encuentre radicada la carpeta en su contra, el órgano investigador en uso de sus facultades establecidas en el artículo 21 Constitucional, que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Protesta de ley. **** Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle ********************; y, autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas, y en términos restringidos a las diversas personas que señala por así solicitarlo.

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