Enrique Gerardo Sosa Vaca

Expediente 862/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
862/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Enrique Gerardo Sosa Vaca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***, VÍA ELECTRÓNICA; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea al parecer por ***, firmada a su vez mediante FIREL por ***, según EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA; contra los actos que reclama del Juez Primero Penal de Partido Judicial, con sede en Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de control y asígnesele el número 862/2018; atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente, relacionándose en el sistema y, procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Una vez analizada en su integridad la demanda, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso numeral 61 fracción XII, del cuerpo de leyes invocado es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Asimismo, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, dispone: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En concordancia a la anterior disposición, el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación de los numerales transcritos se desprende que para promover el juicio de amparo, es condición indispensable que la parte que resienta una lesión a sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas que el acto autoritario afecta su esfera de derechos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado transgreda un derecho sustantivo consagrado en la Constitución General a favor del quejoso, lo cual refleja que el interés jurídico para ocurrir al amparo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o el acto que estimen violatorios de sus derechos, pues el derecho de promover el juicio de amparo es personalísimo. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un justiciable para solicitar el amparo en contra de un acto de autoridad, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquel que lo promueve. En el caso, para exponer el significado y diferencia del interés jurídico e interés legítimo para la procedencia del Juicio de Amparo en materia Civil, conviene citar la Tesis I.13o.C.12 C (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Civil, página 2040, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Se tiene pues que, interés legítimo, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5°, preceptúa que el primero (jurídico) consiste en un derecho subjetivo y el segundo (legítimo) se refiere a una situación frente al orden jurídico. Expuesta la diferencia entre los conceptos de interés jurídico y legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se procederá a demostrar porque se actualiza la causa de improcedencia en análisis. En el caso, debe precisarse que ***, NO acredita tener interés jurídico ni legítimo para la promoción del juicio de amparo indirecto en favor de ***; atento a las consideraciones siguientes: Como se asentó en la cuenta, la demanda de amparo que nos ocupa se presentó en línea, y una vez que se accedió al archivo digital, se evidenciaron los datos respectivos que arroja el Sistema de Computo SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), específicamente en el Apartado "Oficialía de Partes", sub-inciso "Demanda Electrónica", obteniéndose que la referida demanda, fue firmada mediante FIREL por ***. Enseguida, analizada la demanda de amparo, se obtiene que en la misma se señaló como parte quejosa a ***, y quien promueve en su representación lo es ***, quien NO sugiere, NO indica, menos aún acredita que quien directamente puede resentir los efectos de los actos reclamados, está imposibilitado bien para obtener su FIREL o para firmar de manera autógrafa la demanda de amparo. Se obtiene además de la lectura de la demanda que en el capítulo de antecedentes, BAJO PROTESTA DEDECIR VERDAD, se narran diversos hechos, sin que de los mismos se desprenda que **, haya sido privado de su libertad; esto último, al considerar que la demanda de amparo contiene evidencia criptográfica de la FIREL de ****, quien no indica que el primero en cita, este imposibilitado para promover la demanda por sí mismo. Precisión que se considera indispensable anotar para poner en evidencia que la demanda de amparo que nos ocupa si bien se promueve en beneficio de ***, sin embargo como ya se anotó, fue firmada mediante FIREL por ***, quien NO acredita representación alguna en favor del directo quejoso, o imposibilidad de aquel para promover por sí. Fijado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; toda vez que ***, carece de representación y por tanto de interés alguno para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de ***. Al respecto, es de indicarse que precisamente con motivo de la obtención y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, se publicaron las Políticas respectivas aprobadas el diez de julio de dos mil catorce, documento en el que en su punto 6, denominado "Procedimientos del ciclo de vida del certificado digital de la FIREL para usuarios finales", apartado 6.1 relativo a las "Personas que pueden solicitar un certificado digital de la FIREL", expresamente se dispuso: "Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos del PJF, en la inteligencia de que sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas." Entonces, si expresamente el documento que determinó las Políticas de obtención y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación mencionado, permite a toda persona física obtener la FIREL, no existe por tanto limitante en el caso para que Enrique Gerardo Sosa Vaca, obtenga su Firma Electrónica Certificada. Por todo lo hasta ahora evidenciado, resulta indudable que ***, quien con su FIREL promovió la demanda de amparo que nos ocupa, al momento de la presentación de la misma, que lo fue el doce de octubre de dos mil dieciocho, carece de interés alguno para instaurar la acción Constitucional en favor de Enrique Gerardo Sosa Vaca; debido a que EN EL CASO QUE NOS OCUPA, NO menciona, menos aún acredita, imposibilidad de este último para promover por sí la demanda de amparo. Por su puntual aplicación al motivo de desechamiento de la demanda de a amparo, se cita la tesis III.4o.T.14 K (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, página 2361 del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, al no acreditar hipótesis alguna para promover en representación o en favor de ***. En la inteligencia de que la Tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Atento al sentido en que se dicta esta determinación, NO ES EL CASO autorizar a quienes señala el promovente para recibir notificaciones a su nombre; no obstante lo anterior, notifíquese por única ocasión este auto en la dirección electrónica ***, correspondiente al parecer al citado ***, únicamente para su conocimiento, al estar vinculada al parecer, con la FIREL a través de la cual se presentó la demanda; se insiste, sin que con ello se le otorgue facultad alguna como parte o autorización para instar en este asunto. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en caso de que así fuera necesario, atento a la modalidad en que se promovió la demanda de amparo.

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