Enrique Gomez García
Expediente 1329/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Gomez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1329/2023, promovido por ******************** contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***/*** del índice del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, donde se aprobó la adjudicación directa y la escrituración del inmueble ubicado en "****", a favor de la parte actora. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo, con el contrato privado de compraventa que anexó a su demanda. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: ( Existe petición de parte agraviada; y, ( No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del ordinal 107, fracción X, de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y que no se realice ningún acto tendiente a ejecutar la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***/***, esto es, que no se desposea al quejoso del inmueble ubicado en "***", ni se tire o inscriba la escritura de adjudicación; en términos del numeral 151 de la propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la quinta época, de registro 349,481, emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 953 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CII, intitulada: "REMATES, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. CUARTO. DE LA GARANTÍA. La medida surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa no otorga garantía, en cualquiera de las formas que establece la ley, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, por ********************, que se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con motivo de la indisposición del bien inmueble derivado de la concesión de la presente medida cautelar. Este mandamiento atiende a los razonamientos planteados en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, donde se determinó que la renta promedio mensual en la zona del inmueble defendido y con características similares, es de $********************; suma que multiplicada por 7.2 meses calendario (tiempo probable en resolver el juicio del que deriva esta incidencia), da como resultado la cantidad apuntada en el párrafo que antecede. Tiene aplicación, por analogía la jurisprudencia 1a./J.61/2004, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 315, tomo xx, octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA.- La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural." No pasa inadvertido que la quejosa exhibió el billete de depósito N936697, expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $***, con motivo de la suspensión provisional concedida; sin embargo, toda vez que en esta determinación se fija un monto distinto para caucionar los daños y perjuicios, dígasele que está en condiciones de exhibir un segundo billete por ********************para cubrir el total de lo que hoy se fija como garantía; o bien exhibir uno solo por la cantidad fijada de ********************, hecho lo cual se le devolvería el primero ya exhibido. Al respecto, se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.141/2005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la Novena Época, Enero de 2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, página 619, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA. Al decretar la suspensión provisional de los actos reclamados en un juicio de amparo, el Juez de Distrito está imposibilitado materialmente para determinar el monto de una garantía que responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado durante la secuela procesal, por lo que únicamente lo hará de manera provisional, hasta en tanto se celebre la audiencia incidental, momento procesal en el que, de concederse la suspensión, podrá fijar una garantía definitiva, y la determinada provisionalmente perderá su fundamento de existencia y no podrá surtir efecto alguno, independientemente de que haya regido la situación de los actos reclamados por lapso determinado. Por tanto, al fijar el monto de la garantía definitiva, el juzgador deberá considerar que sea suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquiera de los momentos procesales, siempre que tengan como antecedente aquélla. Así ambas garantías (provisional y definitiva) cumplen con el artículo 125 de la Ley de Amparo, pero no se justifica que subsistan simultáneamente, pues ello contravendría dicho precepto, porque al concederse definitivamente la suspensión la determinación provisional se sustituye, sucediendo lo mismo con la respectiva garantía, ya que la otorgada con motivo de la suspensión definitiva no sólo garantiza un periodo determinado, sino que responde por los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por la suspensión en general, en virtud de que no se trata de dos suspensiones que requieran dos garantías diversas, sino que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una sola, aunque se resuelva en dos momentos procesales diversos; de ahí que no exista impedimento legal para que una vez exhibida la garantía decretada al conceder en definitiva la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, se devuelva la otorgada con motivo de la concesión provisional, ya que los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado automáticamente quedan respaldados con la garantía que se exhiba con motivo de la suspensión definitiva." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada ...; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio; por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y autorizadas para tales efectos a las personas que refiere. Respecto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, éstas sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se tienen por realizadas las manifestaciones vertidas en su escrito en vía de alegatos para ser consideradas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, glósese el escrito del quejoso; atento a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta, agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, ténganse por exhibido el billete de depósito N ******, expedido por el Banco ..., por la cantidad de $*****, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada, con motivo de la suspensión provisional concedida. Guárdese en el seguro de este juzgado el billete en comento; gírese oficio a las autoridades responsables y hágase de su conocimiento que surte todos sus efectos la suspensión concedida. Finalmente, agréguense los oficios del Juez y Actuario responsables, mediante los cuales de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, rinden su INFORME PREVIO en los términos que indican. NOTIFÍQUESE.
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