Enrique Gerardo Martínez Herrera

Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
53/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Enrique Gerardo Martínez Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversas constancias; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el dispositivo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 53/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy, treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL SIETE DE JULIO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE JUNIO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 53/2021, promovido por., por conducto de su abogado, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el abogado de la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que consideró violatorios de los artículos 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Federal, consistentes en: "Sentencia dictada por la Sala Cuarta Familiar de lo Familiar (sic) de la Ciudad de México, dictó resolución en fecha catorce de octubre del año dos mil veinte." Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el veintinueve de marzo siguiente, se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirió informe justificado; y, se ordenó emplazar a la tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada, la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca 846/2020, que confirmó la interlocutoria de tres de agosto anterior, emitida por el Juez Vigésimo Noveno de la propia especialidad y residencia, en el incidente de guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas y convivencias, derivado del juicio de divorcio 1715/2015, donde: - Decretó la guardia y custodia definitiva de las menores hijas de las partes a favor de su progenitora en el domicilio que le sirva de hogar, con todas las consecuencias legales inherentes. - Condenó al quejoso a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de las infantas equivalente al 20%, así como de quien fuera su cónyuge por el 10% mensual, ambos porcentajes sobre sus percepciones ordinarias y extraordinarias, asegurándolos con los derechos laborales, para lo cual se ordenó girar oficio a su fuente laboral una vez que se encontrara firme. Decretó un régimen de visitas y convivencias entre., y sus menores hijas. ? La ejecución de dicho fallo. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado la sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, que se le atribuyeron; certeza corroborada con las constancias certificadas del proceso de origen remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, consultable en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación, 19171995, Tomo VI, Materia: Común, Quinta Época, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el juzgador responsable fue omiso en rendir su informe de ley no obstante estar notificado de la obligación de acatar tal deber; por tanto, se tiene por cierto el acto que se le imputa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se relatan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se resolvió en definitiva lo siguiente: a) Se declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a las partes, quedando en aptitud legal de contraer nuevas nupcias. b) Respecto de la propuesta de convenio exhibida se dejaron a salvo sus derechos para hacerlos valer vía incidental, previo exhorto para acudir al procedimiento de mediación. c) Quedaron subsistentes las medidas provisionales decretadas (guardia y custodia y pensión alimenticia), hasta en tanto se dictara la interlocutoria que las resolviera en definitiva. 2. El once de enero de dos mil diecisiete, se admitió el incidente de guarda y custodia instado por el quejoso, donde se ordenó notificar a la tercera interesada. 3. Mediante diligencia celebrada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el juzgador familiar sostuvo una plática con las menores hijas de las partes, actuación donde se asignó su guarda y custodia a la progenitora y se dispuso un régimen de visitas y convivencias. 4. En resolución emitida el tres de agosto de dos mil veinte, se falló en primera instancia en los siguientes términos: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Incidental intentada, al término de la cual la parte actora no acreditó su acción de guarda y custodia, y la demandada justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se decreta la GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA de las menores y ambas de apellidos, a favor de su progenitora., en el domicilio que le sirva de hogar, con todas las consecuencias legales inherentes a ello. TERCERO.- Atento a las consideraciones expuestas en la presente resolución, se condena a., al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijas de nombres y ambas de apellidos, por el equivalente al 20% (VEINTE POR CIENTO) mensual, así como a favor de quien fuera su cónyuge., consistente en el 10% (DIEZ POR CIENTO) mensual, ambas pensiones del total del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que obtenga., con la excepción de los descuentos estrictamente obligatorios señalados en la Ley, misma que quedara asegurada con los derechos laborales., CUARTO.- QUINTO.- Atento a las consideraciones expuestas en la presente resolución, SE DECRETA UN RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS a favor de., con sus menores hijas de nombres y ambas de apellidos, en la forma y términos precisados en el considerando VIII." 5. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación que fue fallado el catorce de octubre de dos mil veinte por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca 846/2020, en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E SEGUNDO.- Se CONFIRMA la SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada por el Juez Vigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México, el tres de agosto de dos mil veinte, en el INCIDENTE DE GUARDA Y CUSTODIA, ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, deducido del Juicio de DIVORCIO promovido por., en contra del apelante, expediente 1715/2015. (.)" La última de las decisiones judiciales transcritas y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Se procede al estudio de los conceptos de violación, donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene las garantías de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia pronta y expedita, previstas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 81 del Código de Procedimientos Civiles, 19, 20, 288 y 302 del Código Civil, ambos para la Ciudad de México, porque valoró incorrectamente las pruebas ofrecidas por el quejoso, en el sentido que la Ad Quem no advirtió que los alimentos a la ex cónyuge tienen un límite, previsto en el ordinal 288 del Código Civil local, obligación cuya duración no se indicó. En apoyo se citan los criterios de rubro: "ALIMENTOS. ES UN DERECHO LIMITADO AL MISMO LAPSO QUE DURÓ EL MATRIMONIO, CUANDO NO HAY CÓNYUGE CULPABLE EN EL DIVORCIO NECESARIO, PORQUE LA CAUSAL DE DIVORCIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL SE ASEMEJE MÁS AL DIVORCIO VOLUNTARIO." B) La sentencia reclama es contraria a los derechos del impetrante porque no se valoraron las pruebas, pues la divorciante no acreditó la necesidad, aunado a que confesó tener trabajo al momento de deponer ante el juzgador, por lo cual tampoco tiene impedimento para laborar actualmente. Consta que la contraparte laboró medio tiempo porque así lo confesó y se asumió en el proceso, que con esos ingresos colaboró al gasto familiar, por lo que la circunstancia de laborar en una jornada media no cambia el hecho de haber tenido ingresos, y tampoco se justifica alegando que ese horario le permitió cuidar a los hijos. C) La alzada se abstuvo de valorar adecuadamente las pruebas, porque en caso de estimase procedente la acción de alimentos para el ex cónyuge, únicamente debe ser compensatoria, lo cual demuestra que no se analizó si resultaba exigible una pensión compensatoria o bien, una pensión alimentaria. D) El fallo combatido valoró incorrectamente las pruebas, como de ello da cuenta la falta de análisis de cada fracción y supuesto de artículo 288 del Código Civil para la Ciudad de México. E) La sala responsable dejó de analizar las pruebas y las actuaciones del expediente porque tampoco se estudió que las partes se casaron bajo el régimen de bienes separados. Los conceptos de violación son infundados como se explica a continuación, los cuales se analizarán como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar1. No asiste razón en el motivo de inconformidad previsto en la letra A), porque es innecesario hacer una declaratoria judicial de la duración del derecho a los alimentos, para determinar el lapso que obliga al deudor a ministrarlos. En efecto, respecto de la cancelación del derecho a los alimentos una vez actualizada la situación jurídica prevista por el orden normativo, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, pues ésta cesa por ministerio de ley y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador, Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". cómo se obtiene del artículo 320 del Código Civil para la Ciudad de México, dice: "Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas:II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;" De la interpretación funcional al precepto transcrito se colige que integra una regla de reconocimiento al derecho del acreedor a cuyo favor se decreta una pensión alimenticia, sujeto a límites susceptibles de la carga probatoria, para determinar su temporalidad al amparo de las causas también previstas en la propia norma. La función que dicho precepto tiene dentro de la figura de los alimentos es determinar la vigencia formal del derecho, mediante una garantía bilateral para las partes, en tanto que sólo en esos supuestos se podrá extinguir el derecho y que éste cesa únicamente ante aquellos; lo cual debe leerse en el sentido que al actualizarse y/o demostrarse cualquiera de los supuestos, la propia legislación considera extinguido ese derecho y, por consiguiente, el deudor alimentario se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Lo cual implica que una vez actualizada la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial que así lo decrete, pues al estar sujeta a la actualización de la hipótesis jurídica, una vez suscitada, fenece su vigencia por ministerio de la propia ley -que no por resolución judicial-, porque la circunstancia de que eventualmente se haga necesario instaurar una acción para que el juez declare judicialmente su extinción, únicamente tiene por efecto que se reconozca que se produjo el supuesto previsto por la ley. De modo que si el supuesto extintivo surtió efectos desde su realización; en tal caso, la liberación de la obligación no surge como consecuencia de esa declaratoria judicial, sino por virtud de la consecuencia legal y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador, por ello es innecesario hacer una declaración judicial previa o en cada determinación que aborde el tema, si en realidad el derecho a los alimentos entendido en su bilateralidad se sujeta a la demostración de hechos constitutivos y extintivos; por eso es infundado el planteamiento. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.6o.C.43 C (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, de registro 2008138, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. SI LA ACREEDORA CONTRAE NUEVAS NUPCIAS, OCULTÁNDOLO Y SIGUE DISPONIENDO DE LAS CANTIDADES QUE LE SON OTORGADAS POR ESE CONCEPTO, ESTÁ OBLIGADA A REINTEGRAR LOS MONTOS PERCIBIDOS A PARTIR DE QUE SE EXTINGUIÓ ESE DERECHO, EN CUYO CASO, EL DEUDOR ALIMENTARIO ESTARÁ FACULTADO PARA DEMANDAR SU DEVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 42/2011). En términos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, el derecho alimentario del cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, surge a partir de la sentencia que decreta el divorcio, y subsiste hasta en tanto el acreedor alimentista se une en concubinato o contrae nuevas nupcias, o bien, cuando ha transcurrido un término igual al de la duración del matrimonio; de manera que, cuando se actualiza cualquiera de esos supuestos, la propia legislación considera extinguido ese derecho y, por tanto, el deudor alimentario se libera de la obligación legal de proporcionar la pensión alimenticia. Por consiguiente, una vez que se actualiza la situación jurídica prevista por la ley, se entiende desaparecida la causa legal que originó la obligación, sin que sea menester una declaratoria judicial, pues ésta cesa por ministerio de ley y, por ende, sus efectos se retrotraen al momento en que surgió el hecho liberador; de ahí que si la acreedora contrae nuevas nupcias y, no obstante ello, oculta ese hecho y sigue disponiendo de las cantidades que por ese concepto le son ministradas por virtud del mandato judicial, resulta inconcuso que ese actuar ya no encuentra sustento jurídico alguno y, por ende, existe obligación de reintegrar los montos percibidos a partir de que se extinguió el derecho, en cuyo caso, el deudor alimentario estará facultado para demandar su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo; de ahí que, en tal supuesto, resulte inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 33, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS.", en la medida en que de su contenido se advierte que la conclusión de la Primera Sala del Alto Tribunal se sustenta en que los alimentos provisionales sí tienen una causa legal que justifica el desplazamiento patrimonial hasta en tanto no se decide en definitiva sobre su procedencia y, en ese tenor, no existe obligación de devolverlos, aun cuando se demuestre que se carecía del derecho. Sin embargo, no acontece lo mismo cuando, como en el caso, el derecho a la pensión alimenticia definitiva se extingue por alguna de las causas expresamente previstas en la ley, pues si bien es cierto que a pesar de que originariamente existió causa legal; también lo es que, al contraer nuevas nupcias, aquél se extingue como consecuencia de la ley." Por otra parte, son infundados los motivos de agravio identificado en las letras B) y D) porque al combinar un trabajo de medio tiempo, con los cuidados del hogar y los hijos (íntegramente) la ex cónyuge asumió una doble jornada, que le constituye el derecho a percibir alimentos a pesar de haberse demostrado percibir ingresos por esa circunstancia, lo contrario debe asumirse como carga de la prueba del solicitante. La idea de dedicarse prioritariamente al hogar significa que además de la jornada laboral que se cumple en un empleo o profesión fuera del hogar, las mujeres realizan todas las tareas domésticas y de cuidado, lo que acaba consumiendo su uso del tiempo. Realidad que se resume en un impacto de un proyecto de vida, así como en sus ámbitos personal, económico, laboral y/o social, que además se debe conjugar con los horarios simultáneos del cuidado de los hijos, la atención al hogar y la jornada laboral, que en suma implican una reducción en el tiempo que se puede dedicar de forma continua a un trabajo. Ahora, al respecto el acto reclamado se funda en las siguientes premisas: Si bien la progenitora confesó haber trabajado durante la vigencia del matrimonio para diversas personas morales, aclaró que fue por un lapso de seis meses, porque le permitía cuidar de sus hijas, y desde el año dos mil siete a la fecha ha tenido actividad económica remunerada. - Hechos que se demuestran con los informes rendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. - En la plática que sostuvieron las menores hijas de las partes con el juzgador familiar, ambas indicaron que su mamá trabaja vendiendo joyas temporalmente. - Por ello, si bien la colitigante trabajó durante el matrimonio, lo cierto es que fue por temporadas, para atender a sus hijas, sin tener sueldo fijo y por ello necesita la pensión. Como se ve, es un hecho comprobado en el proceso que la progenitora ha tenido actividad laboral remunerada para solventar necesidades alimenticias y eventualmente, contribuir a las finanzas comunes del núcleo social al que perteneció y al cual actualmente conforma de manera directa. Además, también es una circunstancia fuera de controversia que en la distribución de las labores familiares, la tercera interesada asumió, por convenio o motu proprio, el cuidado de las dos hijas de las partes. La asignación de la guarda y custodia a cargo de la progenitora posterior a la separación de la familia, también es evidencia que ese rol de cuidado y medio de obtención de fondos, ha regido el esquema que ha demandado hacer compatible el cuidado y atención de las menores involucradas, con las labores del hogar y las actividades laborales. Lo cual se robustece si se considera que la causa de pedir del quejoso se basa en la obtención de recursos de su contraparte, que en su concepto, por sí solos deben extinguirle el derecho a los alimentos, como fue denunciado desde el escrito inicial del incidente donde se originó el acto reclamado, en el cual se destacó que la actividad económica que preponderantemente ministraba recursos a la familia era a cargo del impetrante. Pieza de autos donde también se afirma en los hechos que la progenitora tenía el cuidado de las menores, porque eventualmente las llegó a dejar a cargo de terceros, además, el impetrante indicó que al tener la capacidad económica implicaba la oportunidad de lograr una mejor crianza, atención psicoemocional, manutención y desarrollo personal de las menores; lo cual conlleva que la tercera interesada vio limitadas sus posibilidades de desarrollo humano y profesional, y que efectivamente asumió en la familia el deber de cuidado de las menores hijas, sin contar con redes de apoyo familiar para la labor de cuidado, ni de una persona contratada que la asistiera. Por ello, más allá de la presunción de necesitar alimentos, la tercera interesada demostró una dedicación preponderante al hogar, cuidado y educación de las hijas, carecer de bienes que le generen frutos o recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias. Situaciones que dejan claro que las hijas de las partes son menores de edad, que la progenitora tiene las propias herramientas profesionales que durante la vida en familia integraba, y sigue necesitando alimentos, aunque tenga ingresos por una jornada laboral de medio tiempo, y que en realidad tiene que asumir una siguiente jornada en el hogar, al cuidado y educación de sus hijas. De modo que si durante la vigencia del matrimonio la progenitora tuvo una doble jornada, y actualmente también la tiene porque las infantas relacionadas están bajo sus cuidados, es claro que las circunstancias aunque diferentes no varían la naturaleza de los derechos, porque en realidad sigue asumiendo una doble jornada que implica tener la necesidad de recibir alimentos, a pesar de recibir ingresos, como afirma el quejoso. Lo cual de modo alguno implica que al reconocer judicialmente la obligación de ministrar los alimentos causados, la autoridad familiar deba desarrollar literalmente todos los supuesto de las normas que los prevén, porque ese derecho a la compensación alimentaria parte de una presunción de necesidad, que esta robustecido con la indicación de carecer de bienes suficientes para satisfacer necesidades, no estar en condiciones de trabajar o encontrar un trabajo remunerado por haber sido limitadas las posibilidades profesionales, que demuestra el derecho a percibirlos y la necesidad de ministrarlos. De modo que atendiendo a la distribución de las cargas probatorias, se debe concluir que en todo caso, es al condenado a quien le corresponderá demostrar lo contrario, es decir, que la actora sí está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para que la autoridad revise los supuestos modificativos, extintivos o constitutivos de la acción de alimentos. Por lo cual, son infundados los conceptos de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. XLVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de registro 2017070, que dice: "OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida esa impartición de forma completa e igualitaria. En ese sentido, para determinar si se han incumplido las obligaciones de crianza debe tomarse en cuenta la especial condición en que se coloca a uno de los cónyuges -habitualmente a las mujeres- al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de algunas de las necesidades de los menores de edad y, además, hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada", que generalmente afecta a las mujeres. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es lo que se espera de ella, es decir, que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (casa y familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo cual puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y "castigándosele" por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se le exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que llevan, incluso, a considerar normales ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y roles de género. Consecuentemente, cuando se revise el posible incumplimiento de las obligaciones de crianza, no puede obviarse la existencia de una doble jornada." Por otra parte, es infundado el motivo de agravio agrupado en la letra C) porque la pensión alimentaria y la compensatoria aunque se causan por una circunstancia común, no se absorben mutuamente, y conllevan condenas individuales, que no dependen del régimen bajo el cual se contrajo matrimonio. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 269/2014 y 230/2014, respectivamente, determinó que de los artículos 4o. de la Constitución Federal y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. En los precedentes citados, se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos. De entre el tipo de vínculos jurídicos a los cuales se refirió el Alto Tribunal destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio; tocante a la última mencionada se señaló que una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. La finalidad de tal compensación es dotar al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar de un ingreso suficiente, hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios de subsistencia. Posteriormente, dicha Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 359/2014, consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución. En el particular, consta en el acto reclamado que la sala responsable valoró las actuaciones del expediente de origen, para determinar que a la tercera interesada correspondía ministrarle alimentos, equivalentes el diez por ciento de los ingresos del quejoso. La razón que motivó esa decisión fue una remisión a la figura de la necesidad que fue demostrada a partir de que la colitigante se dedicó preponderantemente al hogar y generó dependencia financiera, como ya se ha explicado en esta sentencia. Tal determinación es fiel al orden normativo porque en el caso del matrimonio la legislación familiar local establece una obligación de dar alimentos, como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos, en tanto que decretada la disolución del matrimonio la obligación recíproca de proporcionarse entre los divociantes todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida, termina. El deber alimentario impuesto reconoce los contextos y/o realidades que pudieron imperar en la relación disuelta, como los desequilibrios económicos, profesionales que derivaron en realidades financieras disparejas, o en general los pactos internos para asumir o dejar de desarrollar labores económicamente remuneradas, como la administración del hogar, pues en esos casos el cónyuge que fue monetariamente improductivo, puede demandar el pago de una pensión. Tal derecho se funda en el artículo 288 del Código Civil para el entonces Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, se prevé que para los casos de divorcio el excónyuge que haya desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá exigirlos, además, que dicha obligación será periódica y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor; asimismo, establece que la obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la relación de matrimonio, salvo que se actualice diversa causal de extinción. Como se ve, la pensión alimentaria a la cual fue condenado el quejoso, con independencia de la denominación o referencia nominal con la cual se identificaron en el acto reclamado, se funda en la necesidad generada por la forma de establecer las relaciones familiares que propiciaron la dependencia económica, y constituye el derecho atribuido a la progenitora. Esto es así porque durante el plazo "compensado", la parte o cónyuge que se encontró, se ubicó o fue colocado en una situación económicamente improductiva, no compensada o de dependencia financiera, tiene el propósito de dar la oportunidad de hacerse de los recursos que por sí sólo le garanticen la satisfacción del derecho que previamente le ministraba su colitigante. De modo que si acorde al expediente, la demanda de ese derecho/obligación se fundó en la necesidad de alimentos, por dedicarse preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, porque en el matrimonio esa fue la forma en que se distribuyó la carga de contribuir o porque motu proprio se decidió, y se presenta la circunstancia de carecer de bienes en general suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias, es de concluirse que en la determinación de la fórmula que instituye los alimentos no debe incluirse el régimen conyugal al amparo del cual se contrajeron nupcias. De modo que la compensación en estricto derecho a la cual se refiere el quejoso, no puede absolver el desequilibrio financiero generado alrededor de la tercera interesada, sino que es objeto de una acción diversa que se origina también en el tiempo que duró el matrimonio y los bienes adquiridos; por ello es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2007988, que dice: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia."Ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional demandada respecto de la determinación judicial reclamada. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Noveno, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano