Enrique Gaytán Urias
Expediente 1476/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Enrique Gaytán Urias
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DESECHÓ DEMANDA...SE REMITE EXPEDIENTE AL ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en vía de notificación personal notifico por lista a la parte quejosa Enrique Gaytán Urias, por su propio derecho y en representación de la menor K.L.G.F., el auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, que dice: Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Enrique Gaytán Urias, por su propio derecho y en representación de la menor K.L.G.F., a través del cual promueve juicio de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de control de este Juzgado bajo el número 1476/2023 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. En el caso, la quejosa señaló como autoridad responsable: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- C. Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora." Asimismo, reclamó lo siguiente: "1.- Auto de fecha 05 de septiembre del 2023, dictado el H. Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, en el Juicio Oral sobre cuestiones familiares (Visita y convivencia), mismo que es seguido bajo expediente número 440/2023, interpuesto por el quejoso en la parte conducente que tuvo por infundados los agravios y por ende improcedente el Recurso de Revocación interpuesto en contra del auto de 18 de agosto del año en curso." Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) En ese sentido, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características no afectan por sí mismos a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió de antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En ese orden, no son actos de imposible reparación, aquellos que tengan únicamente como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente procesales y reparables si el afectado obtiene sentencia favorable; y siendo la regla general que éstas se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. En el caso en estudio, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio 440/2023, en el que se determinó que resultan infundados los agravios hechos valer y se confirmó la legalidad de lo acordado en determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien cabe destacar que en la referida determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el juez familiar: Tuvo al aquí quejoso objetando las pruebas de su contraparte. Determinó que no había lugar a acordar de conformidad con la petición del quejoso en cuanto a omitir abrir el juicio a prueba y citar el asunto para oír resolución, esto, en atención a que su contraparte había dado contestación a la demanda. Se tuvo al provente de amparo contestando la vista otorgada en acuerdo de once de agosto de este año. Se previno a los litigantes y abogados a que se conduzcan con probidad y lealtad a las partes, y a no ejercer maliciosamente las acciones. Esto es, de lo que se duele básicamente el promovente es el haberse confirmado las determinaciones anteriores, en específico la de no abrir el juicio a prueba y dictar sentencia, pese a que según su perspectiva su contraparte se había allanado a su demanda. Ahora, es evidente que tal actuación no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos procesales dentro del procedimiento judicial. Por lo que tal actuación constituye un acto dentro del juicio que es susceptible de ser impugnado en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los artículos 107, fracción V, 170 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, esto es, porque no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos, porque tal decisión no implica la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitaría y resolvería, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Los elementos de esta definición no se dan en el acto reclamado en la presente instancia constitucional, porque con él sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales de la parte promovente. Es así, pues como se vio, de lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y de las copias de las determinaciones referidas se desprende que el recurso de revocación no es una resolución definitiva, sino una actuación realizada para dentro el trámite necesario para emitir una decisión y, por tanto, debe calificarse como un acto intraprocesal. Por ello, se estima que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos a la parte impetrante, como sí los causaría, por ejemplo, la privación de la libertad, la privación de bienes patrimoniales, entre otros análogos, contra los cuales procede el amparo indirecto de forma inmediata. Luego, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la constitución y los tratados internacionales, la inconforme tendrá que esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, para impugnar dicha violación a través del juicio de amparo directo, en caso que esa determinación le sea desfavorable y la hoy reclamada impacte a su sentido, en términos de lo establecido en los artículos 172, fracciones III, IV y V, y 174, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la tesis VII.2o.C.82 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, página 1893, Decima Época, Materia(s): Común, Civil Registro digital: 2008239, que dice: DEMANDA RECONVENCIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE NO TIENE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La resolución que confirma el proveído que tiene por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, de conformidad con su contenido y alcances legales, tampoco es una resolución de condena, ni constitutiva de derechos, al tratarse de un auto declarativo al haberse admitido aquélla, ya que el litigio continúa, pues no es una decisión con la cual finalice. Es decir, la resolución donde se confirma el proveído que tiene por contestada la demanda reconvencional no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues dicha determinación no origina una afectación inmediata y directa a algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal, en tanto que el hecho de confirmarse el proveído que la admite, sólo implica que la alzada analice el auto de admisión a la contestación conforme a los conceptos de agravio y, por ende, aún no ocasiona un menoscabo, pues dicha confirmación está supeditada a lo resuelto en el juicio natural, en tanto pudiera suceder que no hubiera afectación con la confirmación al proveído que diera entrada a la contestación reconvencional y que la sentencia que se pronunciara en el juicio fuera favorable a los intereses de la recurrente." Finalmente, para robustecer lo anterior la irreparabilidad del acto reclamado, constituye presupuesto distinto y autónomo que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado, consideración que se encuentra sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), registro digital 2005039 de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretado a contrario sensu, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Enrique Gaytán Urias, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora...
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