Enrique Gaytán Urias

Expediente 1378/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1378/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Enrique Gaytán Urias

Actuaciones

  1. Principal

    ...causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo...procédase al archivo definitivo del expediente...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO ENRIQUE GAYTÁN URÍAS, EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en lo conducente dice: Desahogo de prevención: Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Enrique Gaytán Urías, a través del cual desahoga la prevención impuesta en determinación de siete de septiembre de dos mil veintitrés. Desechamiento: Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. En el caso, la quejosa señaló como autoridad responsable: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- C. Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora." Asimismo, reclamó lo siguiente: "1.- Auto de fecha 23 de agosto del 2023, dictado en el H. Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, Juicio Oral sobre cuestiones familiares (Visita y convivencia), mismo que fue seguido bajo expediente número 440/2023, interpuesto por el quejoso en la parte conducente que tuvo por infundados los agravios y por ende improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de 11 de agosto del año en curso." Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) En ese sentido, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características no afectan por sí mismos a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió de antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En ese orden, no son actos de imposible reparación, aquellos que tengan únicamente como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente procesales y reparables si el afectado obtiene sentencia favorable; y siendo la regla general que éstas se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. En el caso en estudio, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio 440/2023, en el que se determinó que resultan infundados los agravios hechos valer y se confirmó la legalidad de lo acordado en determinación de once de agosto de dos mil veintitrés. Ahora bien cabe destacar que en la referida determinación de once de agosto del año en curso, se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra, se tuvo por acusada la rebeldía a la parte actora, para que no exhiba más documentos u ofrezca más pruebas, así como se proveyó respecto de las diversas pruebas ofrecidas. Esto es, de lo que se duele básicamente el promovente es el haberse confirmado la determinación en la que se tuvo por contestada la demanda, pese a que según su perspectiva no se cumplieron ciertos requisitos para ello. Ahora, es evidente que tal actuación no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos procesales dentro del procedimiento judicial. Por lo que tal actuación constituye un acto dentro del juicio que es susceptible de ser impugnado en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los artículos 107, fracción V, 170 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, esto es, porque no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos, porque tal decisión no implica la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitaría y resolvería, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Los elementos de esta definición no se dan en el acto reclamado en la presente instancia constitucional, porque con él sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales de la parte promovente. Es así, pues como se vio, de lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y asi como en la precisión de su acto se obtiene que éste constituye parte del inicio de un procedimiento civil. Acto que no es una resolución definitiva, sino una actuación realizada para agotar el trámite necesario para emitir una decisión y, por tanto, debe calificarse como un acto intraprocesal. Por ello, se estima que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos a la parte impetrante, como sí los causaría, por ejemplo, la privación de la libertad, la privación de bienes patrimoniales, entre otros análogos, contra los cuales procede el amparo indirecto de forma inmediata. Luego, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la constitución y los tratados internacionales, la inconforme tendrá que esperar a que se dicte la sentencia definitiva correspondiente, para impugnar dicha violación a través del juicio de amparo directo, en caso que esa determinación le sea desfavorable y la hoy reclamada impacte a su sentido, en términos de lo establecido en los artículos 172, fracciones III, IV y V, y 174, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Tiene igual jurídica la tesis VII.2o.C.82 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, página 1893, Decima Época, Materia(s): Común, Civil Registro digital: 2008239, que dice: "DEMANDA RECONVENCIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE NO TIENE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La resolución que confirma el proveído que tiene por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, de conformidad con su contenido y alcances legales, tampoco es una resolución de condena, ni constitutiva de derechos, al tratarse de un auto declarativo al haberse admitido aquélla, ya que el litigio continúa, pues no es una decisión con la cual finalice. Es decir, la resolución donde se confirma el proveído que tiene por contestada la demanda reconvencional no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues dicha determinación no origina una afectación inmediata y directa a algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal, en tanto que el hecho de confirmarse el proveído que la admite, sólo implica que la alzada analice el auto de admisión a la contestación conforme a los conceptos de agravio y, por ende, aún no ocasiona un menoscabo, pues dicha confirmación está supeditada a lo resuelto en el juicio natural, en tanto pudiera suceder que no hubiera afectación con la confirmación al proveído que diera entrada a la contestación reconvencional y que la sentencia que se pronunciara en el juicio fuera favorable a los intereses de la recurrente." Finalmente, para robustecer lo anterior la irreparabilidad del acto reclamado, constituye presupuesto distinto y autónomo que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado, consideración que se encuentra sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), registro digital 2005039 de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretado a contrario sensu, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Enrique Gaytán Urias, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora..."

  3. Principal

    SE PREVIENE...

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO ENRIQUE GAYTÁN URÍAS, EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en lo conducente dice: Personería: "Se tiene por recibido el escrito presentado por Enrique Gaytán Urías, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de control de este Juzgado bajo el número 1378/2023 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Prevención: Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, resulta oportuno precisar que los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Esto es, en el primer numeral se establecen los requisitos esenciales que indefectiblemente deberá contener la demanda de amparo, y en el segundo de los numerales, entre otras hipótesis, que habrá lugar a prevenir se aclare la demanda, ante la falta de alguno de dichos requisitos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1. Precise en que cosiste el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, y exhiba copia del mismo. Lo anterior, toda vez que tales aspectos no se colman con el escrito de demanda de cuenta y son un requisito necesario para dar trámite a la demanda en cuestión; lo que es obligación para este órgano jurisdiccional constatar para proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda que se promueve, en caso contrario, de no contar con tales datos y acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se incurriría a una violación a las reglas que rigen el procedimiento en materia de amparo. Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se hace del conocimiento a la promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos..."

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