Enrique García Vasquez O Enrique Juan García Vasquez
Expediente 170/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique García Vasquez O Enrique Juan García Vasquez
- ENRIQUE GARCÍA VASQUEZ O ENRIQUE JUAN GARCÍA VASQUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA IV San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, que causó ejecutoria mediante auto de treinta de marzo del año citado, tuvo los siguientes alcances: 1.- Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de libertad promovido por el quejoso dentro de la causa penal número".........""". 2.- Emitir una nueva resolución, en la que: 2.1.- Con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable resolviera el incidente de libertad que promovió el quejoso, debiendo tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) El artículo 20, Apartado A, fracción VIII, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado. b) Por ende, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la i) complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, todo ello de conformidad con los lineamientos ya expuestos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. c) Aunado a lo anterior, con el objeto de no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. d) Para llevar a cabo lo descrito en el punto anterior, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 3.- La concesión del amparo se hizo extensiva al acto de ejecución, atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres en el Estado de Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, por no haberse reclamado por vicios propios. PRIMERAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número 794/2021 la autoridad responsable Jueza Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente "........""", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector, en lo que determinó esencialmente lo siguiente: 1.- Declaró improcedente el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia a"..........."". con la siguiente justificación: 2.- Respecto a la complejidad del asunto, destacó que en el caso, la salud del ofendido"............."", como sujeto de derecho en su calidad de víctima, resultaba complejo, porque la pérdida de la pierna le traerá como consecuencia una incapacidad permanente que le imposibilitaría desempeñarse como subteniente de infantería en el ejército y proveer a su concubina, sin que hasta esa fecha haya manifestado si es su deseo contar con un asesor jurídico y su intervención en el procedimiento no obstante haber sido legalmente notificado de sus derechos, pues no ha tenido intervención en el desahogo de las audiencias señaladas en la reposición del procedimiento, independientemente que el procesado se desistió de sus pruebas y solo existen las opiniones periciales médicas y obra la secuela que le quedó a la víctima como fue la pérdida de la pierna izquierda, pues existe el dictamen de sanidad definitiva, en el conocimiento médico que es parte del hecho imputado al procesado que se le atribuye su intervención como médico general, sin que tuviera título y cédula que lo acreditara como tal, pues expidió una receta médica al ofendido, sin que se tenga certeza si existen otras víctimas de las actividades que desarrollaba el imputado como médico de la población de Monjas, Miahuatlán, Oaxaca. 3.- En relación a la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, analizó dichos extremos en forma conjunta, en virtud de que el procesado había ejercido su derecho de defensa en el proceso penal en que las autoridades judiciales han privilegiado el derecho de defensa y por ello al impugnar la sentencia que se dictó en ese asunto en el que no estuvo conforme, se ordenó la reposición de procedimiento en atención a su garantía de defensa y del debido proceso, a efecto de desahogar los medios de prueba que ofreció su defensa, existiendo constancias procesales que debido a esa reposición de procedimiento de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se resolvió su situación jurídica y se le decretó auto de formal prisión, sin que ofreciera medios de prueba en el término constitucional, sino únicamente dijo que se tomaran en consideración las opiniones de los peritos médicos, el certificado provisional de lesiones, el certificado de sanidad definitiva del ofendido e inspección ocular que realizó el juez en la persona del ofendido. 4.- Luego entonces, la responsable refirió que hubo negligencia por parte de su defensa, pues no ofreció otros medios de prueba en defensa del procesado, por el contrario mediante escrito de ocho de julio de dos mil diecinueve, asintió que no tenía más pruebas que aportar. 5.- Así también, hubo negligencia del personal actuante que conoció de la etapa preprocesal cuando ejecutaron la orden de aprehensión el veintinueve de septiembre de dos mil quince, pues después de cuatro años en segunda instancia, ordenaron una reposición pre procesal, por deficiencias en las formalidades del procedimiento en los medios de prueba ofrecidos por la defensa; ante tal desesperación el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el inculpado ratificó un escrito, con asistencia de su defensor al expresar su voluntad de no tener más pruebas que ofrecer y por ello, la petición de la defensa que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas lo cual motivó el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; después, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se dio trámite al incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia y se dio cuenta con un escrito de trece de enero, en el cual ofreció copias simples de documentales para ser glosados en el expediente penal. 6.- El veinte de marzo de dos mil veinte, se suspendieron los términos en materia penal por acuerdo general número 2/2020 de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con motivo de la pandemia que se generó por el virus SARS-COV2 (covid 19), y fue hasta acuerdo número 31/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el cual se reanudan los plazos de las actuaciones en los asuntos en que el procesado se encuentra sujeto a prisión preventiva. Lo que impidió a esa autoridad, cumplir con su derecho de petición y que se le sentencie lo más pronto posible, en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 1º Constitucional, razones que impiden se actualice lo establecido en el artículo 20 apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal. ACTUACIÓN EN LA QUE SE DETERMINÓ QUE SE HABÍA CUMPLIDO DEFECTUOSAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO Sin embargo, en auto de siete de mayo del actual, analizadas las constancias que remitió la responsable para su cumplimiento, se determinó que había cumplido defectuosamente con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Ello es así, porque la Jueza responsable cumplió con los alcances señalados con los puntos 1 y 2 de la ejecutoria de amparo, habida cuenta que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de libertad promovido por el quejoso dentro de la causa penal número ".........."" y emitió una nueva resolución de fecha siete de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, no dio exacto cumplimiento a los alcances señalados con los incisos a), b), c) y d) del punto 2.1. Esto es así, porque la autoridad responsable para declarar improcedente el incidente de libertad promovido por el quejoso, omitió analizar adecuadamente el elemento relativo a la complejidad del asunto, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. También omitió analizar adecuadamente los elementos inherentes a la actividad procesal del interesado y la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: En relación con la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, se tendrá que estudiar tanto la conducta del inculpado en el proceso, en donde reina su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el trámite del asunto. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. Asimismo, omitió realizar un análisis excepcional y sucesivo a los elementos de complejidad y actividad procesal, para concluir si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. De igual manera, omitió realizar un análisis conforme a criterios de necesidad y proporcionalidad, como se le indicó en la sentencia de amparo. Por lo que en el citado proveído se requirió su cumplimiento de la forma siguiente: 1.- Deje insubsistente la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, que emitió en pretendido cumplimiento. 2.- Emita una nueva resolución, en la que: a).- Reitere las consideraciones que ya expresó en la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, con las que acató el lineamiento establecido en la ejecutoria de amparo, anteriormente reseñado con el numeral 1. b).- Con plenitud de jurisdicción, resuelva el incidente de libertad que promovió el quejoso, para lo cual: 1.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento complejidad del caso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. 2.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento relativo a la actividad procesal del interesado. 3.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento relativo a la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Lo anterior, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: En relación con la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, se tendrá que estudiar tanto la conducta del inculpado en el proceso, en donde reina su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el trámite del asunto. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. 4.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice, de manera excepcional y sucesiva, a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, y determine si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación. 5.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. 6.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 7.- Como conclusión de los análisis que realice a los elementos anteriores, deberá determinar si se ha transgredido o no un plazo razonable para que sea juzgado el quejoso. 8.- Como conclusión de los análisis que realice a los elementos anteriores, deberá determinar si es viable o no prolongar la prisión preventiva que se le impuso al quejoso. ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número "........."" la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente "........."", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, que emitió en pretendido cumplimiento. 2.- Emitió una nueva resolución, en la que: a).- Reitero las consideraciones que ya había expresado en la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, con las que acató el lineamiento establecido en la ejecutoria de amparo reseñado con el numeral 1. b).- Con plenitud de jurisdicción, resolvió el incidente de libertad que promovió el quejoso, en los siguientes términos: 1.- Elaboró un apartado en el que señaló el análisis que realizó al elemento complejidad del caso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. ".1.- LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO. En la declaración preparatoria de fecha de treinta de septiembre de dos mil quince, la abogada particular del procesado solicitó se señalara fecha y hora para interrogar a los testigos de cargo y ofendido; para ello, se ordenó girar requisitoria la Alcalde Constitucional de San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, para efectos de citar al ofendido y testigos de cargo, pruebas que no se desahogaron dentro del plazo constitucional en virtud que no fue devuelta la requisitoria y con fecha cinco de octubre de dos mil quince se dictó el término constitucional en el cual se dictó auto de formal prisión al procesado como probable responsable del delito DE USURPACION DE PROFESION Y LESIONES, el primero de ellos en agravio de "............"", el segundo cometido únicamente en agravio de "............"", inconforme el procesado interpuso recurso de apelación y mediante resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, los Magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal en el toca "............."", ordenaron la reposición del procedimiento, para efectos se desahogaran las testimoniales de descargo e interrogatorios a los testigos de cargo y ofendido y de no haberse recibido el acta de extravió de quince de marzo de dos mil trece, se remitiera exhorto correspondiente; hecho que sea dentro del plazo constitucional o bien en su ampliado, se procediera a resolver la situación jurídica del procesado de mérito. Término que se dictó el catorce de marzo del año dos mil dieciséis, sin haberse desahogado los interrogatorios a los testigos de cargo en virtud que mediante razón actuarial de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, el actuario asentó que los testigos de cargo "...............""" , ofendido ya no vivían en la comunidad de San Pablo Coatlan, Miahuatlan, Oaxaca. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis el Agente del Ministerio Público de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informa que en la oficina a su cargo no existe archivo del acta administrativa a nombre de ".................."". Y por resolución de catorce de marzo del año dos mil dieciséis, se dicta nuevamente el término constitucional y se decreta auto de formal prisión al procesado. Inconforme con dicha determinación interpone recurso de apelación. Así las cosas, por resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Tercera Sala Penal en el toca "............."", ordenó de nueva cuenta la reposición del procedimiento, con la finalidad de que esta autoridad proceda a tomar medidas necesarias para hace comparecer a los testigo de cargo ".........."", con la finalidad de que la defensa los interrogue, por lo que respecta al ofendido".............."", tomando en consideración que el domicilio del citado, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, se requiriera al procesado y defensor si insistían en el desahogo de dicha diligencia. Así como para que presentaran a sus testigos de descargo, mismo que serían presentados por la defensa y hecho lo anterior procediera al dictado del término constitucional en el plazo legal. Y si por causas de fuerza mayor o causa no imputable a la A quo no pudiera llevarse a cabo el desahogo de las referidas pruebas dentro del término constitucional, se hará constar en autos la razón por la cual no se logró la comparecencia de las personas mencionadas; y una vez que se le hiciera saber al inculpado sus garantías consagradas a su favor, procediera al dictado del auto de término constitucional. Luego el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se recepciono la declaración preparatoria al imputado, en dicha diligencia el procesado y su defensa de desistieron de las pruebas pendiente por desahogar. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió el término constitucional, dictándose de nueva cuenta auto de formal prisión al procesado por los delitos ya expuestos con anterioridad, siguiendo el juicio su curso. Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia condenatoria al procesado a cumplir la pena de nueve años un mes de reclusión y multa por la cantidad de trescientos sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos y al pago de la reparación del daño por la cantidad de $173,628.67 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Inconforme con lo anterior el procesado interpone recurso de apelación; y mediante resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Penal, ordena nuevamente la reposición del procedimiento al no hacerle saber al procesado "............."", la totalidad y forma completa los derechos que consagra a su favor el articulo 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta autoridad; además que el A quo no tuteló eficazmente el derecho que le asiste al inculpado de carearse con su deponentes. Y también, advirtió que en la diligencia de declaración preparatoria, se violentó el derecho que tiene el inculpado de contar con una defensa adecuada, conforme lo dispone el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe prueba fehaciente que acredite que la ciudadana "............."", defensora de oficio que asistió al procesado en su declaración preparatoria. De igual forma, el Juez en la etapa de instrucción, no practicó los careos procesales entre el inculpado y los testigos de cargo y con el ofendido; y ordenó dejar insubsistente en su totalidad la diligencia de recepción de declaración preparatoria del ahora inculpado que se verificó el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como consecuencia quedó insubsistente los acuerdos en que se declaró concluido el desahogo el periodo de desahogo de pruebas, en que se declaró cerrada la instrucción, la audiencia final y desde luego la sentencia apelada de seis de agosto de dos mil dieciocho. En cumplimiento a la determinación de la Superioridad el dos de julio de dos mil diecinueve, se recepciono una vez más la declaración preparatoria del inculpado de mérito, y por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dicta auto de formal prisión al procesado por los delitos citados con anterioridad, de lo anterior se observa que las reposiciones del procedimiento fueron por violaciones que se estimaron de índole procesal, sin que se establezcan causas imputables al procesado y su defensor. Así también, en el presente caso respecto a la salud de ".........."", como sujeto de derecho en su calidad de víctima, resulta complejo, porque la perdida de la pierna le traerá como consecuencia una incapacidad permanente que le imposibilitara desempeñarse como subteniente de infantería en el ejército y proveer a su concubina, sin que hasta el momento en autos se haya manifestado si es su deseo de contar con un asesor jurídico y su intervención en el procedimiento no obstante que ya fue debidamente notificado de sus derechos, lo cual también se tutela por esta autoridad, acorde al artículo 20 Constitucional inciso C, así como el Artículo 14, 168 y 169, de la Ley General de Victimas, pues no ha tenido intervención en el desahogo de las audiencias señaladas en la reposición del procedimiento, independientemente que el procesado se desistió de sus pruebas, y solo existen las opiniones periciales médicas y obra la secuela que le quedó a la víctima como fue la pérdida de la pierna izquierda, pues existe el dictamen de sanidad definitiva, en el conocimiento médico que es parte del hecho imputado al procesado que se le atribuye en su intervención de médico general, sin que tuviera título y cédula que lo acreditara como tal pues expidió una receta médica al ofendido, conforme actividades que desarrollaba el imputado como médico en la población de ".............""". Por lo que hace a la pluralidad de sujetos procesales o cantidad de víctimas. Si bien es cierto que únicamente resulta como ofendido "........."", este no se localizó a pesar de las búsquedas realizadas a efecto de que fuera interrogado por la defensa. En cuanto a la dificultad de las pruebas y su desahogo. Al no localizarse a los testigos de cargo y ofendido en sus domicilios ubicados en San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, el procesado con su defensor se desistieron de dichos interrogatorios. Como se analizó en líneas que anteceden, desde que ocurrieron violaciones al procedimiento, esto es a partir de la recepción de declaración preparatoria del procesado "..........."", de fecha de treinta de septiembre de dos mil quince, a la fecha han transcurrido CINCO AÑOS, SIETE MESES, TRECE DIAS, sin que a la fecha en el caso que nos ocupa se haya dictado sentencia y la misma haya causado ejecutoria; contraviniendo con ello el articulo 20 fracción VIII, Constitucional, modificada el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigente de conformidad con el artículo segundo transitorio de dicha reforma, señala que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa" y varios preceptos convencionales. Si bien la presente causa no es un asunto propiamente complejo, porque no hay pluralidad de sujetos procesales, solo es una persona procesada y una persona víctima, sin que se adviertan diversos tomos del expediente solo dos, sin embargo por el contexto en que ocurrieron los hechos, la falta de localización de la víctima y los testigos de cargo, así como las pruebas recabadas del hospital militar, también incidieron para dificultar un pronto procedimiento, independientemente que el delito DE LESIONES Y USURPACION DE PROFESION por el que se juzga al procesado sea considerado como grave previstos en los artículos 233 fracción II, articulo 275 y 277 del Código Penal del Estado." 2.- Respecto al elemento relativo a la actividad procesal del interesado destaco: ".2.- ELEMENTO RELATIVO A LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO.- Consta en actuaciones el procesado ha ejercido su garantía jurídica a través de su derecho de defensa, lo cual ha ocasionado la actividad procesal, pues durante el procedimiento la defensa ofreció el desahogo de testimoniales de descargo las cuales en su momento se desahogaron, interrogatorio al médico legista, testimonios de abono de cuenta, así también los interrogatorios a los testigos de cargo y ofendido, los cuales finalmente no se desahogaron pues no se localizaron a los testigos de cargo y ofendido, su domicilio conocido de San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, por ello, en diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve el inculpado "............."", ratificó su escrito donde refirió no tener más pruebas que ofrecer y solicitó a su defensor que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas, el procesado con su defensa se desistieron de esas probanzas. En ese sentido, el procesado "............"", ha ejercitado su derecho de defensa en el proceso penal en que las autoridades judiciales han privilegiado el derecho de defensa y por ello al impugnar en apelación la sentencia que se dictó en este asunto con la que no estuvo conforme, Los Magistrados ordenaron la reposición del procedimiento en atención a su garantía de defensa y del debido proceso, a efecto de desahogar los medios de prueba que ofreció en su defensa, existiendo constancias procesales que debido a esa reposición de procedimiento con fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve se resolvió su situación jurídica del aquí imputado y se le decretó auto de formal prisión, sin que ofreciera medios de prueba en el término constitucional, sino únicamente dijo se tomaran en consideración las opiniones de los peritos médicos, el certificado provisional de lesiones, el certificado de sanidad definitiva del ofendido e inspección ocular que realizo el juez en la persona del ofendido, actuaciones que obran en el expediente, luego entonces hubo negligencia por parte de su defensa, pues no ofreció otros medios de prueba en defensa del procesado, por el contrario mediante escrito de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve manifestó que no tenía más pruebas que aportar y se declarara concluido el periodo probatorio, así también hubo negligencia del personal actuante que conoció de la etapa preprocesal cuando ejecutaron la orden de aprehensión que fue el veintinueve de septiembre del dos mil quince, pues después de cuatro años en Segunda Instancia, ordenan una reposición preprocesal, por deficiencias en las formalidades del procedimiento en los medios de prueba ofrecidos por la defensa; ante tal desesperación con fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve el inculpado ".........."" ratificó un escrito, con asistencia de su defensor al expresar su voluntad de no tener más pruebas que ofrecer y por ello la petición de la defensa que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas lo cual motivó el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, después mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte se dio trámite al incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia y se dio cuenta de su escrito fechado de trece de enero del año dos mil veinte, en el cual ofreció como pruebas copias simples de documentales que mediante acuerdo se ordenó glosarlas para que surtan sus efectos legales..." 3.- En cuanto al elemento relativo a la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, indicó ".3.- LA CONDUCTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL SIGNIFICADO ESTABLECIDO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTES DE JUSTICIA DE LA NACION: De constancias se observa que la autoridad jurisdiccional admitió todos y cada uno de los recursos que el procesado promovió, los cual se admitieron en tiempo y forma, respecto a los escritos presentados por el procesado y su defensa, se han acordado si bien no en el plazo legalmente establecido debido a la carga de trabajo si se acordaron en un plazo prudente. En ese sentido no puede justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales que realizo en su momento el inculpado, sin que se advierta de constancias que el procesado haya obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio, ya que su ultimo escrito ofreciendo probanzas en su favor lo presento el trece de enero del año dos mil veinte al que recayó el acuerdo respectivo de fecha dieciséis de enero del mismo año y dicha conducta procesal del procesado se vio limitada porque el veinte de marzo del año dos mil veinte se suspendieron los términos en materia penal por acuerdo general número 2/2020 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en conjunto, con motivo de la Pandemia que se generó por el virus SARS-COV2, (COVID-19) y fue hasta acuerdo número 31/2020 de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el cual reanuda los plazos de las actuaciones en los asuntos en que el procesado se encuentre sujeto a prisión preventiva, todo lo cual impidió al procesado ejercer abiertamente en este tiempo su derecho de defensa y limitó a esta autoridad, cumplir con su derecho de petición para el dictado de una sentencia apegada a derecho en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo Primero Constitucional, razones que impiden se actualice lo establecido en el artículo 20 apartado A fracción VIII, de la Constitución Federal. Finalmente de acuerdo a que el procesado externo su voluntad que se le dicte sentencia a la brevedad, nuevamente se realizó un estudio oficioso del expediente y se requirió al Ministerio Público adscrito si insiste o se desiste de la prueba ofrecida de interrogatorio a cargo del "......."", del Hospital Central Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional que ofreció mediante determinación dictada en la diligencia de declaración preparatoria de fecha dos de julio del año dos mil diecinueve a efecto de que en la presente se cierre inmediatamente instrucción, se le corra traslado de los autos originales al ministerio publico citado para que en el plazo formule conclusiones al igual que la defensa del procesado y así se señale a la brevedad audiencia final que culmine con el dictado de la sentencia y se haga efectivo el derecho del procesado." 4.- Por lo que hace análisis que realizó de los elementos de complejidad y actividad procesal, determinó si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eludiera la acción de la justica y se desarrollara de manera eficiente la investigación, en los siguientes términos: ". 4.-ANALISIS DE MANERA EXCEPCIONAL Y SUCESIVA, A LOS ELEMENTOS RECIÉN CITADOS DE COMPLEJIDAD Y ACTIVIDAD PROCESAL EN EL QUE SE DETERMINE SI ES NECESARIA O NO LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON EL FIN DE QUE EL INCULPADO NO ELUDA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y SE DESARROLLE DE MANERA EFICIENTE LA INVESTIGACIÓN. El artículo 18 Constitucional, permite restringir el derecho a la libertad del gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar y provisional, para todo procesado por el delito o delitos que merecen pena corporal, como el caso que nos ocupa pues se atribuye al procesado la probable responsabilidad de USURPACION DE PROFESION Y LESIONES el primero en agravio ".............."" y de la Sociedad y el segundo en agravio de"..........."", delitos que están sancionados con pena corporal. Para la formalización de la prisión preventiva son requisitos necesarios: la comprobación del cuerpo del delito sancionado con pena privativa de la libertad y la justificación de que alguien es probable responsable de su comisión. Su duración no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso; y en evitar los daños al ofendido y a la sociedad. De tal suerte que la libertad de una persona a título de prisión preventiva puede restringirse en forma apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de libertad, existen riesgos de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad. En ese tenor, de constancias procesales se advierte que las posibilidades de que el procesado eluda la acción de la justicia no puede existir riesgo alguno, porque refirió en su declaración preparatoria que es originario y vecino de San Pablo Huixtepec, que es casado que actualmente tiene dependientes económicos que son su esposa e hijos que se dedicaba a dar terapias antes de su detención y que es la primera vez que se encuentra a disposición de una autoridad judicial hecho que se corrobora con el informe que rinde el Director General de Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca mediante oficio"..........."". Aunado a lo anterior manifiesta mediante escrito de fecha trece de enero del año dos mil veinte, acordado en actuaciones, que el procesado se ha desempeñado en la medicina tradicional comunitaria y en primeros auxilios. De autos se advierte que no existen posibilidades que el procesado entorpezca el proceso, tan es así que mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil diecinueve, manifestó que ya no tenía pruebas que ofrecer y se declarara concluido el desahogo de pruebas, para efectos de que su proceso avanzara y se dictará sentencia en el asunto. Luego el trece de enero del dos mil veintiuno, presentó escrito en el cual solicitaba se cerrara la instrucción y en esa misma fecha promovió el incidente no especificado, por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia, máxime que señala su trabajo es de medicina tradicional comunitario." 5.- Precisó si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal, como a continuación se transcribe. ".5.- ANALISIS SI SE ENCUENTRA ACREDITADA O HAY INDICIOS SUFICIENTES SOBRE LA EXISTENCIA DE CAUSA EXTERNAS QUE TRASCIENDAN EN EL PROCESO, TALES COMO EL PELIGRO O LA VIABILIDAD DE PRESIÓN A TESTIGOS O VÍCTIMAS O LA SUJECIÓN DEL INCULPADO A OTRO PROCESO PENAL. De constancias procesales, en el caso no se advierte causas externas que trasciendan en el proceso, sin que tampoco se observe exista presión sobre los testigos de cargo "..........."", pues la única vez que comparecieron a declarar sobre los hechos materia del asunto penal que nos ocupa fue ante la autoridad ministerial. Posteriormente, se observa de actuaciones no fueron localizados en sus domicilios proporcionados en autos, lo cual motivó la falta de desahogo de los interrogatorios a los citados testigos por la defensa, máxime que no se logró su ubicación. Peligro de fuga, en cuanto ese tópico, es necesario ponderar la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia, sin que actualmente exista peligro de fuga, toda vez que de los hechos ilícitos que se le imputan como se anotó en líneas que anteceden el procesado ha estado en prisión CINCO AÑOS, SIETE MESES, TRECE DIAS, y la sanción penal que un momento se le podría imponer de justificarse los hechos que se atribuyen seria aproximadamente de nueve años, tomando en consideración que del delito de USURPACION DE PROFESION, previsto en el artículo 233 fracción II del Código Penal del Estado, establece que la pena respecto de dicho de delito oscila de un mes a cuatro años de prisión y respecto el delito de LESIONES, previsto en el artículo 275 del código de la materia, su penalidad es de seis a nueve años de prisión, toda vez que ha medida a que aumenta la duración de la detención, el tiempo debe ser computado para efectos del cumplimiento de la pena que en su caso se llegara a imponer en la sentencia, aunado a lo anterior, hasta la fecha esta autoridad no ha tenido conocimiento de alguna mala conducta del procesado en su Centro de Internamiento, que origine un riesgo de fuga. Sujeción a otra causa penal.- De acuerdo a los informes rendidos por la Dirección de Planeación e Informática del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Director del Centro de Internamiento número tres y Director General de Reinserción Social del Estado, al procesado de mérito no se le atribuye otra causa penal; aunado a lo anterior de un estudio integral del expediente no se observa en el sumario existan datos que el procesado se pudiera dar a la fuga pues en el diagnostico de riesgo emitido por el evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca que consta (a fojas de la 960 a 962 del expediente en que se actúa) existen datos que favorecen al procesado pues en esta información no existe un grado alto que el procesado se pueda dar a la fuga." 6.- Realizó un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad como como se indica a continuación. ".6.- DEL NÁLISIS HOLÍSTICO DE LAS CIRCUNSTANCIAS JURÍDICAS Y FÁCTICAS QUE RODEAN AL PROCESO, ALUDIENDO A CRITERIOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD Y PUDIENDO TOMAR EN CUENTA LA NATURALEZA DEL DELITO QUE SE IMPUTA, PERO SIN QUE ESE ÚNICO FACTOR Y SOLO POR ESE ELEMENTO SE DECIDA PROLONGAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. En el diccionario de la Real Lengua Española tenemos que Holístico es relativo o perteneciente a Holismo, lo que significa: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. En efecto en acato a la ejecutoria de amparo, se juzga todo el suceso que está conformado por las partes en el proceso penal, desde la perspectiva de los hechos delictuosos, la personalidad del acusado y víctimas, así como también las consecuencias de derecho para tener con claridad el suceso con una óptica de holismo, analiza el hecho de la imputación penal al procesado "......."", como es la usurpación de profesión y el delito de lesiones que se encuentran previstos en los artículos 233, y 271 en relación con el 275, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, en el que establecen la tipicidad de los hechos por una parte AL QUE SE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE PROFESIONISTA SIN TENER TITULO LEGAL Y EJERZA LOS ACTOS, se sancionara con una pena de un mes a cuatro años y multa de seis a treinta y cinco días multa. En lo referente a la USURPACIÓN DE PROFESIÓN. Por lo que respecta a las LESIONES, de las que se duele"......."", ante la pérdida inferior de la pierna, es decir, la amputación de la pierna izquierda con muñón post-quirúrgico a nivel del tercio medio del muslo izquierdo, le quedó cicatriz quirúrgica, TIENE PREVISTA UNA SANCIÓN DE SEIS A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad grave Por lo tanto el contexto de los hechos en que se duele el ofendido "...."", al referirse que se le ocasionaron lesiones en su pierna izquierda a la altura de la rodilla al aplicarse inadecuadamente medicamentos que a la postre lo condujeron a la amputación de la pierna izquierda en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México donde lo intervinieron quirúrgicamente al realizarle una operación de urgencia, este resultado se lo atribuye al imputado ".........."". en su carácter de profesión médico, quien le hizo una revisión sobre la rodilla donde presentaba dolor, después de la revisión le aplicó una sustancia inyectable y de ahí sobrevino un diagnóstico de aplicación de un medicamento en forma inadecuada, que le extendió una receta con el nombre del Doctor "......."", medicina general, donde le prescribió unos medicamentos como fueron tabletas y una sustancia inyectable, en una consulta médica que lo atendió en el municipio de Monjas Miahuatlán, Oaxaca, sin que pase desapercibido para esta juzgadora que en copia simple el procesado exhibió un documento relativo a una constancia expedida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Oaxaca, de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se pretende hacer constar que "........"", es técnico en salud comunitaria, generación 1982-1985; independientemente de lo anterior, tomando en consideración que de condenarse por los hechos imputados y conforme a los delitos precisados podría condenarse al procesado a una pena de prisión de nueve años un mes, como reparación del daño $173, 628.67.00(CIENTO SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), al respecto en atención al criterio de proporcionalidad, de imponerse una pena aproximadamente de nueve años con un mes de prisión es de tomarse en cuenta que también actualmente el procesado lleva en prisión CINCO AÑOS, SIETE MESES TRECE DIAS, y de concederse esta medida que lleve su procedimiento en libertad, esta medida sería proporcional, máxime que por la naturaleza de los delitos no permite una sustitución de la pena ni una condena condicional, aunado a lo anterior de llevar su procedimiento en libertad facilitaría este posibilitado encontrar un trabajo que le permita cumplir con el pago de la reparación del daño más cuando de constancias del presente asunto, no se advierten datos que su comportamiento haya sido inapropiado o que haya obstruido el proceso o que su conducta revele un mal comportamiento.." 7.- Determinó si se ha transgredido o no un plazo razonable para que sea juzgado el quejoso, en los siguientes términos: ".7.- CONCLUSIÓN DE LOS ANÁLISIS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS ANTERIORES, SE DETERMINA SI SE HA TRANSGREDIDO O NO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE SEA JUZGADO EL PROCESADO. Al respecto conviene precisar, sobre el tema relativo a la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil quince, el amparo en revisión 205/2014, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente; "(.) La libertad personal es un derecho humano complejo integrado por un haz de distintas posiciones jurídicas que forma parte conceptualmente del derecho humano a la libertad en sentido amplio, el cual le permite a una persona ejercer libremente conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte del Estado. Entre sus múltiples posiciones jurídicas se encuentran aquéllas relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la normatividad secundaria han establecido una variedad de contenidos normativos con el único fin de respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. El artículo 14 de la Constitución Federal establece de forma generalizada que ninguna persona podrá ser privada de su libertad. Asimismo, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos2, 9.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos3, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre4, y 7, numerales 1, 2 y 3, de la Convención American sobre Derechos Humanos5, prevén que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su libertad física o detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente. El ejercicio de este derecho humano, como todos los demás, no es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio. Por ejemplo, esta Suprema Corte, en los amparos en revisión 334/2008 y 1028/1996, ya se pronunció sobre la legitimidad de autorizar la prisión preventiva en contra de una persona bajo criterios excepcionales. No obstante, por más que esté estrechamente vinculado, debe clarificarse desde este momento que el presente recurso no tiene como materia la justificación de la prisión preventiva al momento de iniciar el proceso penal (artículos 18 y 19 constitucionales). Hoy analizamos un supuesto diferente: la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva. Así las cosas, de constancias las cuales ya fueron valoradas en líneas que anteceden, se demuestra que ".........."", se encuentra privado de su libertad de manera preventiva, desde el veintinueve de septiembre del dos mil quince a esta fecha en que se resuelve y si bien el seis de agosto de dos mil dieciocho, se le dictó sentencia, esta quedo sin efecto mediante determinación de tres de mayo de dos mil diecinueve dictada en el toca penal número 2/2019 por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que sujete de nueva cuenta al imputado "........"" a plazo constitucional y cumpla fielmente la resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis dictada por los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca 207/2016. Enseguida, en cumplimiento a dicha determinación por auto de primero de julio de dos mil diecinueve, se sujetó a término constitucional y se ordenó el desahogo de la declaración preparatoria con todas las formalidades ordenadas, que trajo como consecuencia que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dictara el auto de formal prisión en contra del procesado, y hasta la fecha de tres de enero de dos mil veinte, en que solicita el incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia si contraviene el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, constitucional así como diversos preceptos convencionales. En efecto, los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución Federal, modificados el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigentes para este caso de acuerdo al artículo segundo transitorio de dicha reforma, prevén que una vez puesta a disposición una persona ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o la formal prisión. Para este último supuesto, el propio texto constitucional justifica la prisión preventiva de acuerdo con ciertas características. En esa línea de argumentación, la fracción VIII del Apartado A del artículo 20 constitucional, modificada también el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigente de conformidad con el artículo segundo transitorio de dicha reforma, señala que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". Con base en estas normas constitucionales, podría argumentarse una vez que a una persona se le dicta auto de formal prisión y pasa más de cuatro meses o un año sin que sea juzgado y sin que se haya solicitado un plazo adicional para su defensa, existe una transgresión constitucional y no se justifica su prisión preventiva, con la salvedad que se respete su garantía de defensa. Como se mencionó en párrafos que anteceden, el primer párrafo del artículo 1° constitucional ha dado pie a una interrelación material entre el contenido de la propia Constitución y de las normas de los tratados internacionales que establezcan el sentido y/o alcance de un derecho humano. Por ende, en el caso concreto, es viable la posibilidad de que una persona siga su proceso penal en libertad al haber transcurrido cierto tiempo, tiene que analizarse además con las normas antes citadas y con fundamento en los artículos 17 y 20, fracción I, de la Constitución Federal; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se puede observar del contenido de estos preceptos, dado el principio de interrelación material de las normas de derecho humano a la presunción de inocencia y a las normas constitucionales y convencionales y en atención a la justicia pronta, completa e imparcial, toda persona que se encuentre detenida o presa con motivo de un juicio seguido en su contra por un delito, tiene la prerrogativa de que en alcance a su derecho a la libertad personal que se le juzgue en un plazo razonable (sin dilación injustificada) o sea puesto en libertad sin perjuicio de que se continúe el proceso. Dicho en otras palabras, lo que demuestra la interpretación sistemática de las referidas normas es que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable, pues si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por haberse excedido del tiempo en su juicio para dictársele sentencia definitiva, que equivaldría en realidad a la justificación de su prolongación. De ahí que la pregunta pertinente es si el plazo razonable aludido en los citados tratados internacionales es en meses o un año establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal o si deben de valorarse otros factores para analizar dicha razonabilidad. La respuesta es la segunda. Primero, porque esta disposición constitucional no sólo aplica para los casos en que una persona se encuentra privada de su libertad, sino también cuando está sujeta al proceso, por lo que la Constitución no estableció los cuatro meses o el año como un límite infranqueable para la prisión preventiva. Dicho de otra manera, el plazo que se instituye de cuatro meses o un año, sin que aplique su excepción, no es para la prisión preventiva, sino para la totalidad del juicio penal. Segundo, porque el análisis de razonabilidad del tiempo transcurrido para juzgar a una persona por un delito y, en su caso, la viabilidad de prolongar la prisión preventiva depende tanto del ejercicio del derecho de defensa y su actividad procesal (como bien lo señala la propia fracción VIII del artículo constitucional), como de la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso y la necesidad excepcional de continuar con dicha medida cautelar. En ese orden de ideas, sentado lo anterior, conviene destacar que la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia muy vasta sobre los criterios para valorar la razonabilidad de la prolongación de la PRISIÓN preventiva. Esto es, uno de los primeros asuntos en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el plazo razonable para ser juzgado cuando el inculpado se encuentra en prisión preventiva o a ser puesto en libertad fue en el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, fallado el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. El antecedente fáctico consiste en que Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Ecuador el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos. El veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, interpuso un recurso de hábeas corpus que fue resuelto el diez de junio de mil novecientos noventa y cuatro; es decir, más de 14 meses después de su interposición. Este criterio dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, tomo 1, página 492, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN". La Corte Interamericana determinó que se vulneró el plazo razonable al "que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana [que] tienen como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente". Para ello, señaló que "particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento"11 y que se "debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales". Además, alegó que "del artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. Uno de los primeros asuntos fue el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo). Serie C No. 35. En otro precedente, en el Caso Bayarri vs. Argentina, la Corte Interamericana reiteró el estándar sobre el plazo razonable y sostuvo la necesaria diligencia y prontitud de los procesos penales a fin de proteger la presunción de inocencia y no alargar injustificadamente la prisión preventiva. En ese caso,"........."" fue detenido el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta persona estuvo privada de su libertad por casi trece años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura y, aunque el Estado Argentino tuvo por probada la tortura, no hubo una respuesta judicial adecuada transcurrido casi dieciséis años desde que ocurrieran los hechos. Sobre tal aspecto, la Corte determinó que "el artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad". Asimismo, debe destacarse lo resuelto en el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. En éste, Oscar Enrique Barreto Leiva fue condenado a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio público. En dicho proceso, se le impuso una prisión preventiva sobre indicios de culpabilidad, sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, la cual duró más tiempo que la condena que finalmente recibió. En la sentencia, la Corte Interamericana afirmó que "el artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar". Por lo tanto, para la Corte Interamericana "hay que distinguir entre esta disposición sobre duración de la medida cautelar privativa de la libertad, de la contenida en el artículo 8.1 que se refiere al plazo para la conclusión del proceso. Aun cuando se refieren a cuestiones diferentes, ambas normas se hallan informadas por un mismo designio: limitar en la mayor medida posible la afectación de los derechos de una persona". Otro precedente, es el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte Interamericana introdujo un cuarto supuesto para llevar a cabo el ejercicio de razonabilidad; sin embargo, ese supuesto sólo aplica en los casos en que se esté analizado la razonabilidad del proceso penal en su totalidad y no en lo que concierne a la justificación para prolongar la prisión preventiva; es decir, aplica para el análisis del plazo razonable previsto en el artículo 8.1 y no el del 7.5, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo se relató que el siete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, fue asesinado extrajudicialmente y transcurridos casi nueve años desde su muerte se había condenado únicamente a tres civiles, sin existir investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado. Al estudiar el concepto del "plazo razonable", la Corte Interamericana reiteró que deben estudiarse "a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales, el Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve". En su voto concurrente, el Juez Sergio García Ramírez señaló que "el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto" e hizo hincapié en considerar la "afectación actual que el procedimiento implica para la situación jurídica del individuo, si la incidencia crece resultará necesario [.] que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en breve tiempo se resuelva la situación del sujeto [.]. La afectación debe ser actual, no meramente posible o probable, eventual o remota". Conforme a lo anterior, se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que para valorar si es razonable o no el plazo transcurrido en un proceso penal sin dictarse sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio. De autos se advierte que el presente proceso instruido a ENRIQUE JUAN GARCÍA VASQUEZ o ERIQUE GARCÍA VASQUEZ, lleva CINCO AÑOS CON SIETE MESES Y TRECE DÍAS, y que recientemente se declaró cerrada la instrucción del proceso, lo cual actualiza una irracionalidad del tiempo transcurrido para el dictado de sentencia con franca violación a la Constitución del país, por exceso del plazo en que debe concluirse el proceso penal, además del tiempo que debe durar el periodo de instrucción, sin que sea óbice a lo anterior que anteriormente ya haya sido dictada la sentencia que quedo sin efectos con motivo de la reposición del procedimiento que determino el Tribunal de Alzada, pues es claro que existe en el sumario franca contravención a lo dispuesto por el artículo 224 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, Máxime que también se advierte que no hay pruebas pendientes por desahogar ofrecidas por el activo de referencia y su defensa; pues el derecho consagrado en el artículo 20 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas del dieciocho de junio del dos mil ocho, fue establecido únicamente en beneficio del reo y por consecuencia sólo puede ser justificable el retraso en dictar sentencia, cuando las pruebas pendientes de desahogo sean ofrecidas por el procesado o por su defensor. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis con datos de localización y rubro: Época: Octava Época. Registro: 218290. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Localización: Tomo X, Octubre de 1992. Materia(s): Penal. Tesis: Pag. 403. [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo X, Octubre de 1992; Pág. 403: PROCESOS. TERMINO PARA RESOLVER, CUANDO EXISTEN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGO OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Si el acusado se encuentra privado de su libertad personal y no se dicta sentencia dentro del término constitucional, importa una violación a las garantías de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, que amerita el otorgamiento de la protección de la justicia federal, a fin de que el juez responsable declare de inmediato el cierre de la instrucción y previas las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa, dicte la sentencia que en derecho corresponda; sin que sea obstáculo para ello, el hecho de que existan pruebas pendientes de desahogo ofrecidas por el Ministerio Público, pues el derecho consagrado en el artículo 20 fracción VIII constitucional, fue establecido únicamente en beneficio del reo y por consecuencia sólo puede ser justificable el retraso en dictar sentencia, cuando las pruebas pendientes de desahogo sean ofrecidas por el procesado o por su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 197/92. Eliseo Pérez Flores. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Bajo ese contexto, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. Lo cual no ha incurrido por el acusado. Aunado a este estándar, por un lado, debe destacarse a su vez que la Corte Interamericana, en los precedentes recién citados, ha sido enfática en distinguir conceptualmente el marco de aplicación de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien es cierto tienen el mismo objetivo, guardan una lógica de aplicación diferenciada. El referido artículo 7 permite que una persona sea liberada sin perjuicio de que continúe su proceso, por lo que necesariamente el tiempo establecido para verificar la razonabilidad de su medida cautelar de detención es mucha menor que la destinada para verificar el plazo razonable de todo el juicio. Por otro lado, la Corte Interamericana también ha resaltado que cuando la normatividad interna establezca un plazo máximo para la prisión preventiva de un imputado (sin ningún otro tipo de reservas como el respeto al derecho a la defensa como sería en nuestro país), la medida cautelar de detención que se extienda más allá del periodo estipulado se considera ilegal, sin importar la naturaleza de la ofensa o la complejidad del caso. Sin embargo, la posibilidad de que el acusado haya cometido el delito no vuelve razonable la continuación de la detención preventiva, sino que tal factor debió de haber sido utilizado por la autoridad competente para analizar si procedía o no la prisión preventiva. Por su parte, criterios de valoración como riesgo de comisión de nuevos delitos, preservación del orden público o riesgo para la sociedad por supuesta peligrosidad del imputado, son ajenos a la medida procesal que se quiere preservar y en realidad están adelantando una conclusión punitiva o juzgando conductas futuras, afectando gravemente el principio de presunción de inocencia. La privación de libertad durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos. Así las cosas, tomando en consideración que en la especie aparece que se ha excedido el plazo constitucional para concluir el proceso penal, siendo violatorio a la constitución del país, se declara PROCEDENTE el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia, en consecuencia, debe cesar la prisión preventiva y sustituirla por otra u otras medidas cautelares que garanticen la comparecencia del imputado en el proceso, así como que no exista el peligro de obstaculización en el desarrollo procesal que actualmente ya está en etapa de juicio final, menos que exista riesgo para la víctima o testigos, así de conformidad con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. LA MEDIDA CAUTELAR Conforme al artículo 67 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace constar por escrito la resolución emitida en audiencia pública, relativa a la revisión de la medida cautelar prisión preventiva a la que se encuentra sujeto ENRIQUE GARCIA VASQUEZ o JUAN ENRIQUE GARCIA VASQUEZ. Escuchadas las partes en el presente incidente en donde la institución ministerial expuso por escrito y en la misma audiencia verbal la improcedencia del incidente de exceso del plazo constitucional para dictar sentencia y que cita fechas de los actos procesales y la reposición del procedimiento penal, se advierte el gran yerro en que no hace un cómputo correcto del tiempo que lleva en prisión preventiva el imputado, luego entonces es erróneo y debe cesar la prisión preventiva y aplicando el criterio de mínima intervención, se estimó procedente sustituir la medida cautelar a la que se encuentra sujeto el procesado (prisión preventiva), por la presentación periódica, previstas en las fracciones I, V y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de fundamento la voz pronunciada en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez (Ecuador), del veintiuno de noviembre de dos mil siete, sostiene lo siguiente: "7. En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, deberían ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (dependencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severas aquellas: la privación cautelar de la libertad". El criterio invocado sirve de parámetro para analizar la procedencia de la revisión de las medidas cautelares en el proceso penal, pues permiten reconocer su carácter excepcional, que deben encontrarse justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; acordadas por autoridad jurisdiccional independientes, imparcial y competente, que las resuelva con formalidades y prese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; además, que resultan indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende, proporcionales a las circunstancias en que se emiten; limitadas en cuanto a su intensidad y duración, y revisables periódicamente. La revisión de la medida cautelar debe tomar en cuenta las consideraciones medulares siguientes: a). En materia de medidas cautelares rige el criterio de mínima intervención. b). Se debe tomar en consideración el objeto o la finalidad de la medida, respecto a la necesidad de cautela que se pretenda garantizar (idoneidad). c). Se debe justificar por qué la medida impuesta resulta menos lesiva, atendiendo al grado de riesgo (necesidad). d). Debe ser proporcional con el grado de riesgo (proporcionalidad en sentido estricto). En ese contexto, al aplicar el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal y al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el presente caso, la suscrita estima procedente la revisión de la medida cautelar y considera necesario ponderar los siguientes: a) Peligro de sustracción del inculpado. En el presente caso se desprende que el inculpado tiene arraigo en el Estado de Oaxaca, es originario y vecino de San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Alvarez Oaxaca, con domicilio en calle libertad número doce, San Pablo Huixtepec, Zimatlan de Alvarez Oaxaca, de cincuenta y cinco años de edad y dijo en su declaración preparatoria que se dedica a dar terapias, que tiene una vida familiar al afirmar que es casado, tiene dependientes económicos que son sus hijos y concubina, lo que permite establecer una presunción de que lleva una vida pública que impide considerar que pueda ocultarse o abandonar su lugar de residencia. b) La pena con que está sancionado el delito por el que se le sigue el proceso que si bien es cierto tiene una pena máxima de nueve años de prisión como pena máxima en las lesiones y en la usurpación de profesiones como pena máxima cuatro años; evidencia que la posible punibilidad no es un aliciente para que pueda sustraerse de acción de la justicia, y también se puede tomar como una sanción en este momento porque será contravenir el principio de presunción de inocencia del cual tiene trato cualquier persona que es sometida a un proceso penal. c) El comportamiento del inculpado posterior al hecho cometido, no existe dato o motivo que arroje la convicción de que el inculpado estando recluido haya tenido un comportamiento que incline a pensar que pueda evadirse de la acción de la justicia. d) Peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación. Tomando en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados hasta este momento, no permiten presumir que el inculpado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, tampoco está demostrado que pueda influir en testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente o que pueda inducir a realizar tales comportamientos, menos aún puede obtenerse que intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en el proceso. e) Riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad. No existe riesgo fundado de que pueda cometerse en contra de dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Cierto, el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal señala que la prisión preventiva podrá justificarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En el caso de que se trata, no existen datos de prueba idónea que pongan de manifiesto que el inculpado pueda impedir el desarrollo del procedimiento o que eludirá la acción de la justicia, que son dos criterios rectores sustanciales que debe ponderar esta juzgadora, aunado a los ya precisados, pues lo alegado por el ministerio público en la audiencia incidental no son idóneos ni eficaces para que continúe la prisión preventiva. En función de lo anterior, esta juzgadora determina sustituir la medida cautelar de prisión preventiva e imponer una diversa al inculpado. Lo que además es acorde con el principio de mínima intervención, toda vez que permite al inculpado continuar con el desarrollo de su vida y garantiza su presencia en el procedimiento e inclusive se encuentra con mayores posibilidades de poder dar por terminado el presente asunto a través de alguna salida alterna, puesto que, sin que implique hacer algún pronunciamiento sobre su posible responsabilidad, el encontrarse en libertad le permitirá buscar alguna fuente de empleo, que se le remunere en mayor medida por su trabajo lícito que llegue a desempeñar y con ello estar en posibilidad de llegar a la solución del presente asunto. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS. Se determina que para cumplir con la medida cautelar impuesta consistente en presentación periódica, el inculpado deberá presentarse cada quince días ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, los días primero y quince de cada mes y si resultaran estos días inhábiles, deberá presentarse el día siguiente hábil, comenzando este quince de mayo de dos mil veintiuno; justificando su presencia ante este juzgado, con el estampado de su firma en el libro de control de Presentación de Procesados que se lleva en este juzgado así como en la razón de presentación que se asiente en los presentes autos. Deberá abstenerse de salir del Estado de Oaxaca, sin previa autorización de este Juzgado. Se impone al imputado la prohibición de acercarse o comunicarse con el ofendido, siempre que no afecte su derecho de defensa y previo los lineamientos legales para poder hacer comparecer al ofendido y testigos, ante un tribunal. Tales determinaciones se estiman proporcionales e idóneas; además, permite la presentación del inculpado al proceso en el lugar en que éste se lleva a cabo y se afecta de manera mínima el desarrollo de su vida cotidiana, medidas que constituye un motivo eficaz para que el inculpado se abstenga de incumplir sus obligaciones, tal y como lo prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 8.- Por lo que tomando en consideración lo argumentando, determinó que no era viable prolongar la prisión preventiva que se le impuso al quejoso y resolvió declarar procedente el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo Constitucional para dictar sentencia, a favor de"......."", a quien se le juzga por el delito doloso de USURPACIÓN DE PROFESIÓN Y LESIONES, el primero cometido en agravio de ".........." y la SOCIEDAD, y el segundo cometido en agravio de"........."". Máxime, que el quejoso"........, en su escrito acordado el veinticuatro de mayo último, expresamente manifestó se tuviera por cumplida la sentencia de amparo y se declarara concluido el presente asunto. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que adjuntó a su informe justificado, respecto del cual en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se ordenó formar cuadernos de pruebas por separado tomos I yII. Notifíquese personalmente.
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NOTFICACION POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA MESA IV "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. ALCANCES DE LA SENTENCIA DE AMPARO En principio, es necesario conocer la forma en que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a fin de precisar la manera en que la autoridad responsable, se encontraba constreñida a acatar la ejecutoria de amparo. Al respecto, la sentencia de amparo dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, que causó ejecutoria mediante auto de treinta de marzo del año citado, tuvo los siguientes alcances: 1.- Dejar insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de libertad promovido por el quejoso dentro de la causa penal número".........""". 2.- Emitir una nueva resolución, en la que: 2.1.- Con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable resolviera el incidente de libertad que promovió el quejoso, debiendo tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) El artículo 20, Apartado A, fracción VIII, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado. b) Por ende, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la i) complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, todo ello de conformidad con los lineamientos ya expuestos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. c) Aunado a lo anterior, con el objeto de no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. d) Para llevar a cabo lo descrito en el punto anterior, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 3.- La concesión del amparo se hizo extensiva al acto de ejecución, atribuido al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres en el Estado de Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, por no haberse reclamado por vicios propios. PRIMERAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número 794/2021 la autoridad responsable Jueza Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente "........""", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector, en lo que determinó esencialmente lo siguiente: 1.- Declaró improcedente el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia a"..........."". con la siguiente justificación: 2.- Respecto a la complejidad del asunto, destacó que en el caso, la salud del ofendido"............."", como sujeto de derecho en su calidad de víctima, resultaba complejo, porque la pérdida de la pierna le traerá como consecuencia una incapacidad permanente que le imposibilitaría desempeñarse como subteniente de infantería en el ejército y proveer a su concubina, sin que hasta esa fecha haya manifestado si es su deseo contar con un asesor jurídico y su intervención en el procedimiento no obstante haber sido legalmente notificado de sus derechos, pues no ha tenido intervención en el desahogo de las audiencias señaladas en la reposición del procedimiento, independientemente que el procesado se desistió de sus pruebas y solo existen las opiniones periciales médicas y obra la secuela que le quedó a la víctima como fue la pérdida de la pierna izquierda, pues existe el dictamen de sanidad definitiva, en el conocimiento médico que es parte del hecho imputado al procesado que se le atribuye su intervención como médico general, sin que tuviera título y cédula que lo acreditara como tal, pues expidió una receta médica al ofendido, sin que se tenga certeza si existen otras víctimas de las actividades que desarrollaba el imputado como médico de la población de Monjas, Miahuatlán, Oaxaca. 3.- En relación a la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, analizó dichos extremos en forma conjunta, en virtud de que el procesado había ejercido su derecho de defensa en el proceso penal en que las autoridades judiciales han privilegiado el derecho de defensa y por ello al impugnar la sentencia que se dictó en ese asunto en el que no estuvo conforme, se ordenó la reposición de procedimiento en atención a su garantía de defensa y del debido proceso, a efecto de desahogar los medios de prueba que ofreció su defensa, existiendo constancias procesales que debido a esa reposición de procedimiento de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se resolvió su situación jurídica y se le decretó auto de formal prisión, sin que ofreciera medios de prueba en el término constitucional, sino únicamente dijo que se tomaran en consideración las opiniones de los peritos médicos, el certificado provisional de lesiones, el certificado de sanidad definitiva del ofendido e inspección ocular que realizó el juez en la persona del ofendido. 4.- Luego entonces, la responsable refirió que hubo negligencia por parte de su defensa, pues no ofreció otros medios de prueba en defensa del procesado, por el contrario mediante escrito de ocho de julio de dos mil diecinueve, asintió que no tenía más pruebas que aportar. 5.- Así también, hubo negligencia del personal actuante que conoció de la etapa preprocesal cuando ejecutaron la orden de aprehensión el veintinueve de septiembre de dos mil quince, pues después de cuatro años en segunda instancia, ordenaron una reposición pre procesal, por deficiencias en las formalidades del procedimiento en los medios de prueba ofrecidos por la defensa; ante tal desesperación el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el inculpado ratificó un escrito, con asistencia de su defensor al expresar su voluntad de no tener más pruebas que ofrecer y por ello, la petición de la defensa que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas lo cual motivó el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; después, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se dio trámite al incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia y se dio cuenta con un escrito de trece de enero, en el cual ofreció copias simples de documentales para ser glosados en el expediente penal. 6.- El veinte de marzo de dos mil veinte, se suspendieron los términos en materia penal por acuerdo general número 2/2020 de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con motivo de la pandemia que se generó por el virus SARS-COV2 (covid 19), y fue hasta acuerdo número 31/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el cual se reanudan los plazos de las actuaciones en los asuntos en que el procesado se encuentra sujeto a prisión preventiva. Lo que impidió a esa autoridad, cumplir con su derecho de petición y que se le sentencie lo más pronto posible, en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 1º Constitucional, razones que impiden se actualice lo establecido en el artículo 20 apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal. ACTUACIÓN EN LA QUE SE DETERMINÓ QUE SE HABÍA CUMPLIDO DEFECTUOSAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO Sin embargo, en auto de siete de mayo del actual, analizadas las constancias que remitió la responsable para su cumplimiento, se determinó que había cumplido defectuosamente con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Ello es así, porque la Jueza responsable cumplió con los alcances señalados con los puntos 1 y 2 de la ejecutoria de amparo, habida cuenta que dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de libertad promovido por el quejoso dentro de la causa penal número ".........."" y emitió una nueva resolución de fecha siete de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, no dio exacto cumplimiento a los alcances señalados con los incisos a), b), c) y d) del punto 2.1. Esto es así, porque la autoridad responsable para declarar improcedente el incidente de libertad promovido por el quejoso, omitió analizar adecuadamente el elemento relativo a la complejidad del asunto, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. También omitió analizar adecuadamente los elementos inherentes a la actividad procesal del interesado y la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: En relación con la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, se tendrá que estudiar tanto la conducta del inculpado en el proceso, en donde reina su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el trámite del asunto. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. Asimismo, omitió realizar un análisis excepcional y sucesivo a los elementos de complejidad y actividad procesal, para concluir si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. De igual manera, omitió realizar un análisis conforme a criterios de necesidad y proporcionalidad, como se le indicó en la sentencia de amparo. Por lo que en el citado proveído se requirió su cumplimiento de la forma siguiente: 1.- Deje insubsistente la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, que emitió en pretendido cumplimiento. 2.- Emita una nueva resolución, en la que: a).- Reitere las consideraciones que ya expresó en la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, con las que acató el lineamiento establecido en la ejecutoria de amparo, anteriormente reseñado con el numeral 1. b).- Con plenitud de jurisdicción, resuelva el incidente de libertad que promovió el quejoso, para lo cual: 1.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento complejidad del caso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. 2.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento relativo a la actividad procesal del interesado. 3.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice al elemento relativo a la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Lo anterior, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: En relación con la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, se tendrá que estudiar tanto la conducta del inculpado en el proceso, en donde reina su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que pudieran influir en el trámite del asunto. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. 4.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis que realice, de manera excepcional y sucesiva, a los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal, y determine si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justica y se desarrolle de manera eficiente la investigación. 5.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. 6.- Deberá elaborar un apartado en el que señale claramente el análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 7.- Como conclusión de los análisis que realice a los elementos anteriores, deberá determinar si se ha transgredido o no un plazo razonable para que sea juzgado el quejoso. 8.- Como conclusión de los análisis que realice a los elementos anteriores, deberá determinar si es viable o no prolongar la prisión preventiva que se le impuso al quejoso. ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Mediante oficio número "........."" la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente "........."", de su índice, emitida en cumplimiento al fallo protector. ANÁLISIS DEL ACTO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento, se desprende que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, que emitió en pretendido cumplimiento. 2.- Emitió una nueva resolución, en la que: a).- Reitero las consideraciones que ya había expresado en la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, con las que acató el lineamiento establecido en la ejecutoria de amparo reseñado con el numeral 1. b).- Con plenitud de jurisdicción, resolvió el incidente de libertad que promovió el quejoso, en los siguientes términos: 1.- Elaboró un apartado en el que señaló el análisis que realizó al elemento complejidad del caso, conforme al significado establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló: Respecto a la complejidad del asunto deberá analizarse, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de las víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. ".1.- LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO. En la declaración preparatoria de fecha de treinta de septiembre de dos mil quince, la abogada particular del procesado solicitó se señalara fecha y hora para interrogar a los testigos de cargo y ofendido; para ello, se ordenó girar requisitoria la Alcalde Constitucional de San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, para efectos de citar al ofendido y testigos de cargo, pruebas que no se desahogaron dentro del plazo constitucional en virtud que no fue devuelta la requisitoria y con fecha cinco de octubre de dos mil quince se dictó el término constitucional en el cual se dictó auto de formal prisión al procesado como probable responsable del delito DE USURPACION DE PROFESION Y LESIONES, el primero de ellos en agravio de "............"", el segundo cometido únicamente en agravio de "............"", inconforme el procesado interpuso recurso de apelación y mediante resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, los Magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal en el toca "............."", ordenaron la reposición del procedimiento, para efectos se desahogaran las testimoniales de descargo e interrogatorios a los testigos de cargo y ofendido y de no haberse recibido el acta de extravió de quince de marzo de dos mil trece, se remitiera exhorto correspondiente; hecho que sea dentro del plazo constitucional o bien en su ampliado, se procediera a resolver la situación jurídica del procesado de mérito. Término que se dictó el catorce de marzo del año dos mil dieciséis, sin haberse desahogado los interrogatorios a los testigos de cargo en virtud que mediante razón actuarial de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, el actuario asentó que los testigos de cargo "...............""" , ofendido ya no vivían en la comunidad de San Pablo Coatlan, Miahuatlan, Oaxaca. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis el Agente del Ministerio Público de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informa que en la oficina a su cargo no existe archivo del acta administrativa a nombre de ".................."". Y por resolución de catorce de marzo del año dos mil dieciséis, se dicta nuevamente el término constitucional y se decreta auto de formal prisión al procesado. Inconforme con dicha determinación interpone recurso de apelación. Así las cosas, por resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Tercera Sala Penal en el toca "............."", ordenó de nueva cuenta la reposición del procedimiento, con la finalidad de que esta autoridad proceda a tomar medidas necesarias para hace comparecer a los testigo de cargo ".........."", con la finalidad de que la defensa los interrogue, por lo que respecta al ofendido".............."", tomando en consideración que el domicilio del citado, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, se requiriera al procesado y defensor si insistían en el desahogo de dicha diligencia. Así como para que presentaran a sus testigos de descargo, mismo que serían presentados por la defensa y hecho lo anterior procediera al dictado del término constitucional en el plazo legal. Y si por causas de fuerza mayor o causa no imputable a la A quo no pudiera llevarse a cabo el desahogo de las referidas pruebas dentro del término constitucional, se hará constar en autos la razón por la cual no se logró la comparecencia de las personas mencionadas; y una vez que se le hiciera saber al inculpado sus garantías consagradas a su favor, procediera al dictado del auto de término constitucional. Luego el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se recepciono la declaración preparatoria al imputado, en dicha diligencia el procesado y su defensa de desistieron de las pruebas pendiente por desahogar. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió el término constitucional, dictándose de nueva cuenta auto de formal prisión al procesado por los delitos ya expuestos con anterioridad, siguiendo el juicio su curso. Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia condenatoria al procesado a cumplir la pena de nueve años un mes de reclusión y multa por la cantidad de trescientos sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos y al pago de la reparación del daño por la cantidad de $173,628.67 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Inconforme con lo anterior el procesado interpone recurso de apelación; y mediante resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Penal, ordena nuevamente la reposición del procedimiento al no hacerle saber al procesado "............."", la totalidad y forma completa los derechos que consagra a su favor el articulo 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta autoridad; además que el A quo no tuteló eficazmente el derecho que le asiste al inculpado de carearse con su deponentes. Y también, advirtió que en la diligencia de declaración preparatoria, se violentó el derecho que tiene el inculpado de contar con una defensa adecuada, conforme lo dispone el artículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe prueba fehaciente que acredite que la ciudadana "............."", defensora de oficio que asistió al procesado en su declaración preparatoria. De igual forma, el Juez en la etapa de instrucción, no practicó los careos procesales entre el inculpado y los testigos de cargo y con el ofendido; y ordenó dejar insubsistente en su totalidad la diligencia de recepción de declaración preparatoria del ahora inculpado que se verificó el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como consecuencia quedó insubsistente los acuerdos en que se declaró concluido el desahogo el periodo de desahogo de pruebas, en que se declaró cerrada la instrucción, la audiencia final y desde luego la sentencia apelada de seis de agosto de dos mil dieciocho. En cumplimiento a la determinación de la Superioridad el dos de julio de dos mil diecinueve, se recepciono una vez más la declaración preparatoria del inculpado de mérito, y por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dicta auto de formal prisión al procesado por los delitos citados con anterioridad, de lo anterior se observa que las reposiciones del procedimiento fueron por violaciones que se estimaron de índole procesal, sin que se establezcan causas imputables al procesado y su defensor. Así también, en el presente caso respecto a la salud de ".........."", como sujeto de derecho en su calidad de víctima, resulta complejo, porque la perdida de la pierna le traerá como consecuencia una incapacidad permanente que le imposibilitara desempeñarse como subteniente de infantería en el ejército y proveer a su concubina, sin que hasta el momento en autos se haya manifestado si es su deseo de contar con un asesor jurídico y su intervención en el procedimiento no obstante que ya fue debidamente notificado de sus derechos, lo cual también se tutela por esta autoridad, acorde al artículo 20 Constitucional inciso C, así como el Artículo 14, 168 y 169, de la Ley General de Victimas, pues no ha tenido intervención en el desahogo de las audiencias señaladas en la reposición del procedimiento, independientemente que el procesado se desistió de sus pruebas, y solo existen las opiniones periciales médicas y obra la secuela que le quedó a la víctima como fue la pérdida de la pierna izquierda, pues existe el dictamen de sanidad definitiva, en el conocimiento médico que es parte del hecho imputado al procesado que se le atribuye en su intervención de médico general, sin que tuviera título y cédula que lo acreditara como tal pues expidió una receta médica al ofendido, conforme actividades que desarrollaba el imputado como médico en la población de ".............""". Por lo que hace a la pluralidad de sujetos procesales o cantidad de víctimas. Si bien es cierto que únicamente resulta como ofendido "........."", este no se localizó a pesar de las búsquedas realizadas a efecto de que fuera interrogado por la defensa. En cuanto a la dificultad de las pruebas y su desahogo. Al no localizarse a los testigos de cargo y ofendido en sus domicilios ubicados en San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, el procesado con su defensor se desistieron de dichos interrogatorios. Como se analizó en líneas que anteceden, desde que ocurrieron violaciones al procedimiento, esto es a partir de la recepción de declaración preparatoria del procesado "..........."", de fecha de treinta de septiembre de dos mil quince, a la fecha han transcurrido CINCO AÑOS, SIETE MESES, TRECE DIAS, sin que a la fecha en el caso que nos ocupa se haya dictado sentencia y la misma haya causado ejecutoria; contraviniendo con ello el articulo 20 fracción VIII, Constitucional, modificada el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigente de conformidad con el artículo segundo transitorio de dicha reforma, señala que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa" y varios preceptos convencionales. Si bien la presente causa no es un asunto propiamente complejo, porque no hay pluralidad de sujetos procesales, solo es una persona procesada y una persona víctima, sin que se adviertan diversos tomos del expediente solo dos, sin embargo por el contexto en que ocurrieron los hechos, la falta de localización de la víctima y los testigos de cargo, así como las pruebas recabadas del hospital militar, también incidieron para dificultar un pronto procedimiento, independientemente que el delito DE LESIONES Y USURPACION DE PROFESION por el que se juzga al procesado sea considerado como grave previstos en los artículos 233 fracción II, articulo 275 y 277 del Código Penal del Estado." 2.- Respecto al elemento relativo a la actividad procesal del interesado destaco: ".2.- ELEMENTO RELATIVO A LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO.- Consta en actuaciones el procesado ha ejercido su garantía jurídica a través de su derecho de defensa, lo cual ha ocasionado la actividad procesal, pues durante el procedimiento la defensa ofreció el desahogo de testimoniales de descargo las cuales en su momento se desahogaron, interrogatorio al médico legista, testimonios de abono de cuenta, así también los interrogatorios a los testigos de cargo y ofendido, los cuales finalmente no se desahogaron pues no se localizaron a los testigos de cargo y ofendido, su domicilio conocido de San Francisco Coatlan, Miahuatlán, Oaxaca, por ello, en diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve el inculpado "............."", ratificó su escrito donde refirió no tener más pruebas que ofrecer y solicitó a su defensor que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas, el procesado con su defensa se desistieron de esas probanzas. En ese sentido, el procesado "............"", ha ejercitado su derecho de defensa en el proceso penal en que las autoridades judiciales han privilegiado el derecho de defensa y por ello al impugnar en apelación la sentencia que se dictó en este asunto con la que no estuvo conforme, Los Magistrados ordenaron la reposición del procedimiento en atención a su garantía de defensa y del debido proceso, a efecto de desahogar los medios de prueba que ofreció en su defensa, existiendo constancias procesales que debido a esa reposición de procedimiento con fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve se resolvió su situación jurídica del aquí imputado y se le decretó auto de formal prisión, sin que ofreciera medios de prueba en el término constitucional, sino únicamente dijo se tomaran en consideración las opiniones de los peritos médicos, el certificado provisional de lesiones, el certificado de sanidad definitiva del ofendido e inspección ocular que realizo el juez en la persona del ofendido, actuaciones que obran en el expediente, luego entonces hubo negligencia por parte de su defensa, pues no ofreció otros medios de prueba en defensa del procesado, por el contrario mediante escrito de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve manifestó que no tenía más pruebas que aportar y se declarara concluido el periodo probatorio, así también hubo negligencia del personal actuante que conoció de la etapa preprocesal cuando ejecutaron la orden de aprehensión que fue el veintinueve de septiembre del dos mil quince, pues después de cuatro años en Segunda Instancia, ordenan una reposición preprocesal, por deficiencias en las formalidades del procedimiento en los medios de prueba ofrecidos por la defensa; ante tal desesperación con fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve el inculpado ".........."" ratificó un escrito, con asistencia de su defensor al expresar su voluntad de no tener más pruebas que ofrecer y por ello la petición de la defensa que se declarara concluido el periodo de desahogo de pruebas lo cual motivó el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, después mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte se dio trámite al incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia y se dio cuenta de su escrito fechado de trece de enero del año dos mil veinte, en el cual ofreció como pruebas copias simples de documentales que mediante acuerdo se ordenó glosarlas para que surtan sus efectos legales..." 3.- En cuanto al elemento relativo a la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, indicó ".3.- LA CONDUCTA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL SIGNIFICADO ESTABLECIDO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTES DE JUSTICIA DE LA NACION: De constancias se observa que la autoridad jurisdiccional admitió todos y cada uno de los recursos que el procesado promovió, los cual se admitieron en tiempo y forma, respecto a los escritos presentados por el procesado y su defensa, se han acordado si bien no en el plazo legalmente establecido debido a la carga de trabajo si se acordaron en un plazo prudente. En ese sentido no puede justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales que realizo en su momento el inculpado, sin que se advierta de constancias que el procesado haya obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio, ya que su ultimo escrito ofreciendo probanzas en su favor lo presento el trece de enero del año dos mil veinte al que recayó el acuerdo respectivo de fecha dieciséis de enero del mismo año y dicha conducta procesal del procesado se vio limitada porque el veinte de marzo del año dos mil veinte se suspendieron los términos en materia penal por acuerdo general número 2/2020 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en conjunto, con motivo de la Pandemia que se generó por el virus SARS-COV2, (COVID-19) y fue hasta acuerdo número 31/2020 de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el cual reanuda los plazos de las actuaciones en los asuntos en que el procesado se encuentre sujeto a prisión preventiva, todo lo cual impidió al procesado ejercer abiertamente en este tiempo su derecho de defensa y limitó a esta autoridad, cumplir con su derecho de petición para el dictado de una sentencia apegada a derecho en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo Primero Constitucional, razones que impiden se actualice lo establecido en el artículo 20 apartado A fracción VIII, de la Constitución Federal. Finalmente de acuerdo a que el procesado externo su voluntad que se le dicte sentencia a la brevedad, nuevamente se realizó un estudio oficioso del expediente y se requirió al Ministerio Público adscrito si insiste o se desiste de la prueba ofrecida de interrogatorio a cargo del "......."", del Hospital Central Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional que ofreció mediante determinación dictada en la diligencia de declaración preparatoria de fecha dos de julio del año dos mil diecinueve a efecto de que en la presente se cierre inmediatamente instrucción, se le corra traslado de los autos originales al ministerio publico citado para que en el plazo formule conclusiones al igual que la defensa del procesado y así se señale a la brevedad audiencia final que culmine con el dictado de la sentencia y se haga efectivo el derecho del procesado." 4.- Por lo que hace análisis que realizó de los elementos de complejidad y actividad procesal, determinó si es necesaria o no la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eludiera la acción de la justica y se desarrollara de manera eficiente la investigación, en los siguientes términos: ". 4.-ANALISIS DE MANERA EXCEPCIONAL Y SUCESIVA, A LOS ELEMENTOS RECIÉN CITADOS DE COMPLEJIDAD Y ACTIVIDAD PROCESAL EN EL QUE SE DETERMINE SI ES NECESARIA O NO LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON EL FIN DE QUE EL INCULPADO NO ELUDA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y SE DESARROLLE DE MANERA EFICIENTE LA INVESTIGACIÓN. El artículo 18 Constitucional, permite restringir el derecho a la libertad del gobernado al disponer la prisión preventiva como medida cautelar y provisional, para todo procesado por el delito o delitos que merecen pena corporal, como el caso que nos ocupa pues se atribuye al procesado la probable responsabilidad de USURPACION DE PROFESION Y LESIONES el primero en agravio ".............."" y de la Sociedad y el segundo en agravio de"..........."", delitos que están sancionados con pena corporal. Para la formalización de la prisión preventiva son requisitos necesarios: la comprobación del cuerpo del delito sancionado con pena privativa de la libertad y la justificación de que alguien es probable responsable de su comisión. Su duración no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En el ámbito internacional, en sentido amplio se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está entre otras cosas en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso; y en evitar los daños al ofendido y a la sociedad. De tal suerte que la libertad de una persona a título de prisión preventiva puede restringirse en forma apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de libertad, existen riesgos de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad. En ese tenor, de constancias procesales se advierte que las posibilidades de que el procesado eluda la acción de la justicia no puede existir riesgo alguno, porque refirió en su declaración preparatoria que es originario y vecino de San Pablo Huixtepec, que es casado que actualmente tiene dependientes económicos que son su esposa e hijos que se dedicaba a dar terapias antes de su detención y que es la primera vez que se encuentra a disposición de una autoridad judicial hecho que se corrobora con el informe que rinde el Director General de Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca mediante oficio"..........."". Aunado a lo anterior manifiesta mediante escrito de fecha trece de enero del año dos mil veinte, acordado en actuaciones, que el procesado se ha desempeñado en la medicina tradicional comunitaria y en primeros auxilios. De autos se advierte que no existen posibilidades que el procesado entorpezca el proceso, tan es así que mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil diecinueve, manifestó que ya no tenía pruebas que ofrecer y se declarara concluido el desahogo de pruebas, para efectos de que su proceso avanzara y se dictará sentencia en el asunto. Luego el trece de enero del dos mil veintiuno, presentó escrito en el cual solicitaba se cerrara la instrucción y en esa misma fecha promovió el incidente no especificado, por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia, máxime que señala su trabajo es de medicina tradicional comunitario." 5.- Precisó si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal, como a continuación se transcribe. ".5.- ANALISIS SI SE ENCUENTRA ACREDITADA O HAY INDICIOS SUFICIENTES SOBRE LA EXISTENCIA DE CAUSA EXTERNAS QUE TRASCIENDAN EN EL PROCESO, TALES COMO EL PELIGRO O LA VIABILIDAD DE PRESIÓN A TESTIGOS O VÍCTIMAS O LA SUJECIÓN DEL INCULPADO A OTRO PROCESO PENAL. De constancias procesales, en el caso no se advierte causas externas que trasciendan en el proceso, sin que tampoco se observe exista presión sobre los testigos de cargo "..........."", pues la única vez que comparecieron a declarar sobre los hechos materia del asunto penal que nos ocupa fue ante la autoridad ministerial. Posteriormente, se observa de actuaciones no fueron localizados en sus domicilios proporcionados en autos, lo cual motivó la falta de desahogo de los interrogatorios a los citados testigos por la defensa, máxime que no se logró su ubicación. Peligro de fuga, en cuanto ese tópico, es necesario ponderar la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia, sin que actualmente exista peligro de fuga, toda vez que de los hechos ilícitos que se le imputan como se anotó en líneas que anteceden el procesado ha estado en prisión CINCO AÑOS, SIETE MESES, TRECE DIAS, y la sanción penal que un momento se le podría imponer de justificarse los hechos que se atribuyen seria aproximadamente de nueve años, tomando en consideración que del delito de USURPACION DE PROFESION, previsto en el artículo 233 fracción II del Código Penal del Estado, establece que la pena respecto de dicho de delito oscila de un mes a cuatro años de prisión y respecto el delito de LESIONES, previsto en el artículo 275 del código de la materia, su penalidad es de seis a nueve años de prisión, toda vez que ha medida a que aumenta la duración de la detención, el tiempo debe ser computado para efectos del cumplimiento de la pena que en su caso se llegara a imponer en la sentencia, aunado a lo anterior, hasta la fecha esta autoridad no ha tenido conocimiento de alguna mala conducta del procesado en su Centro de Internamiento, que origine un riesgo de fuga. Sujeción a otra causa penal.- De acuerdo a los informes rendidos por la Dirección de Planeación e Informática del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Director del Centro de Internamiento número tres y Director General de Reinserción Social del Estado, al procesado de mérito no se le atribuye otra causa penal; aunado a lo anterior de un estudio integral del expediente no se observa en el sumario existan datos que el procesado se pudiera dar a la fuga pues en el diagnostico de riesgo emitido por el evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares de Oaxaca que consta (a fojas de la 960 a 962 del expediente en que se actúa) existen datos que favorecen al procesado pues en esta información no existe un grado alto que el procesado se pueda dar a la fuga." 6.- Realizó un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad como como se indica a continuación. ".6.- DEL NÁLISIS HOLÍSTICO DE LAS CIRCUNSTANCIAS JURÍDICAS Y FÁCTICAS QUE RODEAN AL PROCESO, ALUDIENDO A CRITERIOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD Y PUDIENDO TOMAR EN CUENTA LA NATURALEZA DEL DELITO QUE SE IMPUTA, PERO SIN QUE ESE ÚNICO FACTOR Y SOLO POR ESE ELEMENTO SE DECIDA PROLONGAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. En el diccionario de la Real Lengua Española tenemos que Holístico es relativo o perteneciente a Holismo, lo que significa: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. En efecto en acato a la ejecutoria de amparo, se juzga todo el suceso que está conformado por las partes en el proceso penal, desde la perspectiva de los hechos delictuosos, la personalidad del acusado y víctimas, así como también las consecuencias de derecho para tener con claridad el suceso con una óptica de holismo, analiza el hecho de la imputación penal al procesado "......."", como es la usurpación de profesión y el delito de lesiones que se encuentran previstos en los artículos 233, y 271 en relación con el 275, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, en el que establecen la tipicidad de los hechos por una parte AL QUE SE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE PROFESIONISTA SIN TENER TITULO LEGAL Y EJERZA LOS ACTOS, se sancionara con una pena de un mes a cuatro años y multa de seis a treinta y cinco días multa. En lo referente a la USURPACIÓN DE PROFESIÓN. Por lo que respecta a las LESIONES, de las que se duele"......."", ante la pérdida inferior de la pierna, es decir, la amputación de la pierna izquierda con muñón post-quirúrgico a nivel del tercio medio del muslo izquierdo, le quedó cicatriz quirúrgica, TIENE PREVISTA UNA SANCIÓN DE SEIS A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad grave Por lo tanto el contexto de los hechos en que se duele el ofendido "...."", al referirse que se le ocasionaron lesiones en su pierna izquierda a la altura de la rodilla al aplicarse inadecuadamente medicamentos que a la postre lo condujeron a la amputación de la pierna izquierda en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México donde lo intervinieron quirúrgicamente al realizarle una operación de urgencia, este resultado se lo atribuye al imputado ".........."". en su carácter de profesión médico, quien le hizo una revisión sobre la rodilla donde presentaba dolor, después de la revisión le aplicó una sustancia inyectable y de ahí sobrevino un diagnóstico de aplicación de un medicamento en forma inadecuada, que le extendió una receta con el nombre del Doctor "......."", medicina general, donde le prescribió unos medicamentos como fueron tabletas y una sustancia inyectable, en una consulta médica que lo atendió en el municipio de Monjas Miahuatlán, Oaxaca, sin que pase desapercibido para esta juzgadora que en copia simple el procesado exhibió un documento relativo a una constancia expedida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Oaxaca, de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se pretende hacer constar que "........"", es técnico en salud comunitaria, generación 1982-1985; independientemente de lo anterior, tomando en consideración que de condenarse por los hechos imputados y conforme a los delitos precisados podría condenarse al procesado a una pena de prisión de nueve años un mes, como reparación del daño $173, 628.67.00(CIENTO SETENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), al respecto en atención al criterio de proporcionalidad, de imponerse una pena aproximadamente de nueve años con un mes de prisión es de tomarse en cuenta que también actualmente el procesado lleva en prisión CINCO AÑOS, SIETE MESES TRECE DIAS, y de concederse esta medida que lleve su procedimiento en libertad, esta medida sería proporcional, máxime que por la naturaleza de los delitos no permite una sustitución de la pena ni una condena condicional, aunado a lo anterior de llevar su procedimiento en libertad facilitaría este posibilitado encontrar un trabajo que le permita cumplir con el pago de la reparación del daño más cuando de constancias del presente asunto, no se advierten datos que su comportamiento haya sido inapropiado o que haya obstruido el proceso o que su conducta revele un mal comportamiento.." 7.- Determinó si se ha transgredido o no un plazo razonable para que sea juzgado el quejoso, en los siguientes términos: ".7.- CONCLUSIÓN DE LOS ANÁLISIS QUE SE REALIZARON A LOS ELEMENTOS ANTERIORES, SE DETERMINA SI SE HA TRANSGREDIDO O NO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE SEA JUZGADO EL PROCESADO. Al respecto conviene precisar, sobre el tema relativo a la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el dieciocho de marzo de dos mil quince, el amparo en revisión 205/2014, sostuvo, en la parte de interés, lo siguiente; "(.) La libertad personal es un derecho humano complejo integrado por un haz de distintas posiciones jurídicas que forma parte conceptualmente del derecho humano a la libertad en sentido amplio, el cual le permite a una persona ejercer libremente conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte del Estado. Entre sus múltiples posiciones jurídicas se encuentran aquéllas relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la normatividad secundaria han establecido una variedad de contenidos normativos con el único fin de respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. El artículo 14 de la Constitución Federal establece de forma generalizada que ninguna persona podrá ser privada de su libertad. Asimismo, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos2, 9.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos3, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre4, y 7, numerales 1, 2 y 3, de la Convención American sobre Derechos Humanos5, prevén que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su libertad física o detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente. El ejercicio de este derecho humano, como todos los demás, no es absoluto y admite delimitaciones en su ejercicio. Por ejemplo, esta Suprema Corte, en los amparos en revisión 334/2008 y 1028/1996, ya se pronunció sobre la legitimidad de autorizar la prisión preventiva en contra de una persona bajo criterios excepcionales. No obstante, por más que esté estrechamente vinculado, debe clarificarse desde este momento que el presente recurso no tiene como materia la justificación de la prisión preventiva al momento de iniciar el proceso penal (artículos 18 y 19 constitucionales). Hoy analizamos un supuesto diferente: la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva. Así las cosas, de constancias las cuales ya fueron valoradas en líneas que anteceden, se demuestra que ".........."", se encuentra privado de su libertad de manera preventiva, desde el veintinueve de septiembre del dos mil quince a esta fecha en que se resuelve y si bien el seis de agosto de dos mil dieciocho, se le dictó sentencia, esta quedo sin efecto mediante determinación de tres de mayo de dos mil diecinueve dictada en el toca penal número 2/2019 por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que sujete de nueva cuenta al imputado "........"" a plazo constitucional y cumpla fielmente la resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis dictada por los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca 207/2016. Enseguida, en cumplimiento a dicha determinación por auto de primero de julio de dos mil diecinueve, se sujetó a término constitucional y se ordenó el desahogo de la declaración preparatoria con todas las formalidades ordenadas, que trajo como consecuencia que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dictara el auto de formal prisión en contra del procesado, y hasta la fecha de tres de enero de dos mil veinte, en que solicita el incidente no especificado de libertad por haber excedido el plazo constitucional para dictar sentencia si contraviene el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, constitucional así como diversos preceptos convencionales. En efecto, los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución Federal, modificados el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigentes para este caso de acuerdo al artículo segundo transitorio de dicha reforma, prevén que una vez puesta a disposición una persona ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o la formal prisión. Para este último supuesto, el propio texto constitucional justifica la prisión preventiva de acuerdo con ciertas características. En esa línea de argumentación, la fracción VIII del Apartado A del artículo 20 constitucional, modificada también el dieciocho de junio de dos mil ocho y vigente de conformidad con el artículo segundo transitorio de dicha reforma, señala que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". Con base en estas normas constitucionales, podría argumentarse una vez que a una persona se le dicta auto de formal prisión y pasa más de cuatro meses o un año sin que sea juzgado y sin que se haya solicitado un plazo adicional para su defensa, existe una transgresión constitucional y no se justifica su prisión preventiva, con la salvedad que se respete su garantía de defensa. Como se mencionó en párrafos que anteceden, el primer párrafo del artículo 1° constitucional ha dado pie a una interrelación material entre el contenido de la propia Constitución y de las normas de los tratados internacionales que establezcan el sentido y/o alcance de un derecho humano. Por ende, en el caso concreto, es viable la posibilidad de que una persona siga su proceso penal en libertad al haber transcurrido cierto tiempo, tiene que analizarse además con las normas antes citadas y con fundamento en los artículos 17 y 20, fracción I, de la Constitución Federal; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se puede observar del contenido de estos preceptos, dado el principio de interrelación material de las normas de derecho humano a la presunción de inocencia y a las normas constitucionales y convencionales y en atención a la justicia pronta, completa e imparcial, toda persona que se encuentre detenida o presa con motivo de un juicio seguido en su contra por un delito, tiene la prerrogativa de que en alcance a su derecho a la libertad personal que se le juzgue en un plazo razonable (sin dilación injustificada) o sea puesto en libertad sin perjuicio de que se continúe el proceso. Dicho en otras palabras, lo que demuestra la interpretación sistemática de las referidas normas es que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable, pues si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por haberse excedido del tiempo en su juicio para dictársele sentencia definitiva, que equivaldría en realidad a la justificación de su prolongación. De ahí que la pregunta pertinente es si el plazo razonable aludido en los citados tratados internacionales es en meses o un año establecido en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal o si deben de valorarse otros factores para analizar dicha razonabilidad. La respuesta es la segunda. Primero, porque esta disposición constitucional no sólo aplica para los casos en que una persona se encuentra privada de su libertad, sino también cuando está sujeta al proceso, por lo que la Constitución no estableció los cuatro meses o el año como un límite infranqueable para la prisión preventiva. Dicho de otra manera, el plazo que se instituye de cuatro meses o un año, sin que aplique su excepción, no es para la prisión preventiva, sino para la totalidad del juicio penal. Segundo, porque el análisis de razonabilidad del tiempo transcurrido para juzgar a una persona por un delito y, en su caso, la viabilidad de prolongar la prisión preventiva depende tanto del ejercicio del derecho de defensa y su actividad procesal (como bien lo señala la propia fracción VIII del artículo constitucional), como de la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso y la necesidad excepcional de continuar con dicha medida cautelar. En ese orden de ideas, sentado lo anterior, conviene destacar que la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia muy vasta sobre los criterios para valorar la razonabilidad de la prolongación de la PRISIÓN preventiva. Esto es, uno de los primeros asuntos en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el plazo razonable para ser juzgado cuando el inculpado se encuentra en prisión preventiva o a ser puesto en libertad fue en el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, fallado el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. El antecedente fáctico consiste en que Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Ecuador el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos. El veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, interpuso un recurso de hábeas corpus que fue resuelto el diez de junio de mil novecientos noventa y cuatro; es decir, más de 14 meses después de su interposición. Este criterio dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, tomo 1, página 492, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN". La Corte Interamericana determinó que se vulneró el plazo razonable al "que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana [que] tienen como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente". Para ello, señaló que "particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento"11 y que se "debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales". Además, alegó que "del artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. Uno de los primeros asuntos fue el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo). Serie C No. 35. En otro precedente, en el Caso Bayarri vs. Argentina, la Corte Interamericana reiteró el estándar sobre el plazo razonable y sostuvo la necesaria diligencia y prontitud de los procesos penales a fin de proteger la presunción de inocencia y no alargar injustificadamente la prisión preventiva. En ese caso,"........."" fue detenido el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta persona estuvo privada de su libertad por casi trece años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura y, aunque el Estado Argentino tuvo por probada la tortura, no hubo una respuesta judicial adecuada transcurrido casi dieciséis años desde que ocurrieran los hechos. Sobre tal aspecto, la Corte determinó que "el artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad". Asimismo, debe destacarse lo resuelto en el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. En éste, Oscar Enrique Barreto Leiva fue condenado a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio público. En dicho proceso, se le impuso una prisión preventiva sobre indicios de culpabilidad, sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, la cual duró más tiempo que la condena que finalmente recibió. En la sentencia, la Corte Interamericana afirmó que "el artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Esta norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar". Por lo tanto, para la Corte Interamericana "hay que distinguir entre esta disposición sobre duración de la medida cautelar privativa de la libertad, de la contenida en el artículo 8.1 que se refiere al plazo para la conclusión del proceso. Aun cuando se refieren a cuestiones diferentes, ambas normas se hallan informadas por un mismo designio: limitar en la mayor medida posible la afectación de los derechos de una persona". Otro precedente, es el Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte Interamericana introdujo un cuarto supuesto para llevar a cabo el ejercicio de razonabilidad; sin embargo, ese supuesto sólo aplica en los casos en que se esté analizado la razonabilidad del proceso penal en su totalidad y no en lo que concierne a la justificación para prolongar la prisión preventiva; es decir, aplica para el análisis del plazo razonable previsto en el artículo 8.1 y no el del 7.5, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo se relató que el siete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, fue asesinado extrajudicialmente y transcurridos casi nueve años desde su muerte se había condenado únicamente a tres civiles, sin existir investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado. Al estudiar el concepto del "plazo razonable", la Corte Interamericana reiteró que deben estudiarse "a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales, el Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve". En su voto concurrente, el Juez Sergio García Ramírez señaló que "el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto" e hizo hincapié en considerar la "afectación actual que el procedimiento implica para la situación jurídica del individuo, si la incidencia crece resultará necesario [.] que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en breve tiempo se resuelva la situación del sujeto [.]. La afectación debe ser actual, no meramente posible o probable, eventual o remota". Conforme a lo anterior, se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que para valorar si es razonable o no el plazo transcurrido en un proceso penal sin dictarse sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio. De autos se advierte que el presente proceso instruido a ENRIQUE JUAN GARCÍA VASQUEZ o ERIQUE GARCÍA VASQUEZ, lleva CINCO AÑOS CON SIETE MESES Y TRECE DÍAS, y que recientemente se declaró cerrada la instrucción del proceso, lo cual actualiza una irracionalidad del tiempo transcurrido para el dictado de sentencia con franca violación a la Constitución del país, por exceso del plazo en que debe concluirse el proceso penal, además del tiempo que debe durar el periodo de instrucción, sin que sea óbice a lo anterior que anteriormente ya haya sido dictada la sentencia que quedo sin efectos con motivo de la reposición del procedimiento que determino el Tribunal de Alzada, pues es claro que existe en el sumario franca contravención a lo dispuesto por el artículo 224 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, Máxime que también se advierte que no hay pruebas pendientes por desahogar ofrecidas por el activo de referencia y su defensa; pues el derecho consagrado en el artículo 20 apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas del dieciocho de junio del dos mil ocho, fue establecido únicamente en beneficio del reo y por consecuencia sólo puede ser justificable el retraso en dictar sentencia, cuando las pruebas pendientes de desahogo sean ofrecidas por el procesado o por su defensor. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis con datos de localización y rubro: Época: Octava Época. Registro: 218290. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Localización: Tomo X, Octubre de 1992. Materia(s): Penal. Tesis: Pag. 403. [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo X, Octubre de 1992; Pág. 403: PROCESOS. TERMINO PARA RESOLVER, CUANDO EXISTEN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGO OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Si el acusado se encuentra privado de su libertad personal y no se dicta sentencia dentro del término constitucional, importa una violación a las garantías de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, que amerita el otorgamiento de la protección de la justicia federal, a fin de que el juez responsable declare de inmediato el cierre de la instrucción y previas las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa, dicte la sentencia que en derecho corresponda; sin que sea obstáculo para ello, el hecho de que existan pruebas pendientes de desahogo ofrecidas por el Ministerio Público, pues el derecho consagrado en el artículo 20 fracción VIII constitucional, fue establecido únicamente en beneficio del reo y por consecuencia sólo puede ser justificable el retraso en dictar sentencia, cuando las pruebas pendientes de desahogo sean ofrecidas por el procesado o por su defensor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 197/92. Eliseo Pérez Flores. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Bajo ese contexto, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, si podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado a obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio. Lo cual no ha incurrido por el acusado. Aunado a este estándar, por un lado, debe destacarse a su vez que la Corte Interamericana, en los precedentes recién citados, ha sido enfática en distinguir conceptualmente el marco de aplicación de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien es cierto tienen el mismo objetivo, guardan una lógica de aplicación diferenciada. El referido artículo 7 permite que una persona sea liberada sin perjuicio de que continúe su proceso, por lo que necesariamente el tiempo establecido para verificar la razonabilidad de su medida cautelar de detención es mucha menor que la destinada para verificar el plazo razonable de todo el juicio. Por otro lado, la Corte Interamericana también ha resaltado que cuando la normatividad interna establezca un plazo máximo para la prisión preventiva de un imputado (sin ningún otro tipo de reservas como el respeto al derecho a la defensa como sería en nuestro país), la medida cautelar de detención que se extienda más allá del periodo estipulado se considera ilegal, sin importar la naturaleza de la ofensa o la complejidad del caso. Sin embargo, la posibilidad de que el acusado haya cometido el delito no vuelve razonable la continuación de la detención preventiva, sino que tal factor debió de haber sido utilizado por la autoridad competente para analizar si procedía o no la prisión preventiva. Por su parte, criterios de valoración como riesgo de comisión de nuevos delitos, preservación del orden público o riesgo para la sociedad por supuesta peligrosidad del imputado, son ajenos a la medida procesal que se quiere preservar y en realidad están adelantando una conclusión punitiva o juzgando conductas futuras, afectando gravemente el principio de presunción de inocencia. La privación de libertad durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos. Así las cosas, tomando en consideración que en la especie aparece que se ha excedido el plazo constitucional para concluir el proceso penal, siendo violatorio a la constitución del país, se declara PROCEDENTE el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo constitucional para dictar sentencia, en consecuencia, debe cesar la prisión preventiva y sustituirla por otra u otras medidas cautelares que garanticen la comparecencia del imputado en el proceso, así como que no exista el peligro de obstaculización en el desarrollo procesal que actualmente ya está en etapa de juicio final, menos que exista riesgo para la víctima o testigos, así de conformidad con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. LA MEDIDA CAUTELAR Conforme al artículo 67 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace constar por escrito la resolución emitida en audiencia pública, relativa a la revisión de la medida cautelar prisión preventiva a la que se encuentra sujeto ENRIQUE GARCIA VASQUEZ o JUAN ENRIQUE GARCIA VASQUEZ. Escuchadas las partes en el presente incidente en donde la institución ministerial expuso por escrito y en la misma audiencia verbal la improcedencia del incidente de exceso del plazo constitucional para dictar sentencia y que cita fechas de los actos procesales y la reposición del procedimiento penal, se advierte el gran yerro en que no hace un cómputo correcto del tiempo que lleva en prisión preventiva el imputado, luego entonces es erróneo y debe cesar la prisión preventiva y aplicando el criterio de mínima intervención, se estimó procedente sustituir la medida cautelar a la que se encuentra sujeto el procesado (prisión preventiva), por la presentación periódica, previstas en las fracciones I, V y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de fundamento la voz pronunciada en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez (Ecuador), del veintiuno de noviembre de dos mil siete, sostiene lo siguiente: "7. En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, deberían ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (dependencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severas aquellas: la privación cautelar de la libertad". El criterio invocado sirve de parámetro para analizar la procedencia de la revisión de las medidas cautelares en el proceso penal, pues permiten reconocer su carácter excepcional, que deben encontrarse justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; acordadas por autoridad jurisdiccional independientes, imparcial y competente, que las resuelva con formalidades y prese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; además, que resultan indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende, proporcionales a las circunstancias en que se emiten; limitadas en cuanto a su intensidad y duración, y revisables periódicamente. La revisión de la medida cautelar debe tomar en cuenta las consideraciones medulares siguientes: a). En materia de medidas cautelares rige el criterio de mínima intervención. b). Se debe tomar en consideración el objeto o la finalidad de la medida, respecto a la necesidad de cautela que se pretenda garantizar (idoneidad). c). Se debe justificar por qué la medida impuesta resulta menos lesiva, atendiendo al grado de riesgo (necesidad). d). Debe ser proporcional con el grado de riesgo (proporcionalidad en sentido estricto). En ese contexto, al aplicar el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal y al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el presente caso, la suscrita estima procedente la revisión de la medida cautelar y considera necesario ponderar los siguientes: a) Peligro de sustracción del inculpado. En el presente caso se desprende que el inculpado tiene arraigo en el Estado de Oaxaca, es originario y vecino de San Pablo Huixtepec, Zimatlán de Alvarez Oaxaca, con domicilio en calle libertad número doce, San Pablo Huixtepec, Zimatlan de Alvarez Oaxaca, de cincuenta y cinco años de edad y dijo en su declaración preparatoria que se dedica a dar terapias, que tiene una vida familiar al afirmar que es casado, tiene dependientes económicos que son sus hijos y concubina, lo que permite establecer una presunción de que lleva una vida pública que impide considerar que pueda ocultarse o abandonar su lugar de residencia. b) La pena con que está sancionado el delito por el que se le sigue el proceso que si bien es cierto tiene una pena máxima de nueve años de prisión como pena máxima en las lesiones y en la usurpación de profesiones como pena máxima cuatro años; evidencia que la posible punibilidad no es un aliciente para que pueda sustraerse de acción de la justicia, y también se puede tomar como una sanción en este momento porque será contravenir el principio de presunción de inocencia del cual tiene trato cualquier persona que es sometida a un proceso penal. c) El comportamiento del inculpado posterior al hecho cometido, no existe dato o motivo que arroje la convicción de que el inculpado estando recluido haya tenido un comportamiento que incline a pensar que pueda evadirse de la acción de la justicia. d) Peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación. Tomando en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados hasta este momento, no permiten presumir que el inculpado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, tampoco está demostrado que pueda influir en testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente o que pueda inducir a realizar tales comportamientos, menos aún puede obtenerse que intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en el proceso. e) Riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad. No existe riesgo fundado de que pueda cometerse en contra de dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Cierto, el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal señala que la prisión preventiva podrá justificarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En el caso de que se trata, no existen datos de prueba idónea que pongan de manifiesto que el inculpado pueda impedir el desarrollo del procedimiento o que eludirá la acción de la justicia, que son dos criterios rectores sustanciales que debe ponderar esta juzgadora, aunado a los ya precisados, pues lo alegado por el ministerio público en la audiencia incidental no son idóneos ni eficaces para que continúe la prisión preventiva. En función de lo anterior, esta juzgadora determina sustituir la medida cautelar de prisión preventiva e imponer una diversa al inculpado. Lo que además es acorde con el principio de mínima intervención, toda vez que permite al inculpado continuar con el desarrollo de su vida y garantiza su presencia en el procedimiento e inclusive se encuentra con mayores posibilidades de poder dar por terminado el presente asunto a través de alguna salida alterna, puesto que, sin que implique hacer algún pronunciamiento sobre su posible responsabilidad, el encontrarse en libertad le permitirá buscar alguna fuente de empleo, que se le remunere en mayor medida por su trabajo lícito que llegue a desempeñar y con ello estar en posibilidad de llegar a la solución del presente asunto. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS. Se determina que para cumplir con la medida cautelar impuesta consistente en presentación periódica, el inculpado deberá presentarse cada quince días ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, los días primero y quince de cada mes y si resultaran estos días inhábiles, deberá presentarse el día siguiente hábil, comenzando este quince de mayo de dos mil veintiuno; justificando su presencia ante este juzgado, con el estampado de su firma en el libro de control de Presentación de Procesados que se lleva en este juzgado así como en la razón de presentación que se asiente en los presentes autos. Deberá abstenerse de salir del Estado de Oaxaca, sin previa autorización de este Juzgado. Se impone al imputado la prohibición de acercarse o comunicarse con el ofendido, siempre que no afecte su derecho de defensa y previo los lineamientos legales para poder hacer comparecer al ofendido y testigos, ante un tribunal. Tales determinaciones se estiman proporcionales e idóneas; además, permite la presentación del inculpado al proceso en el lugar en que éste se lleva a cabo y se afecta de manera mínima el desarrollo de su vida cotidiana, medidas que constituye un motivo eficaz para que el inculpado se abstenga de incumplir sus obligaciones, tal y como lo prevé el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 8.- Por lo que tomando en consideración lo argumentando, determinó que no era viable prolongar la prisión preventiva que se le impuso al quejoso y resolvió declarar procedente el incidente no especificado de libertad por haberse excedido el plazo Constitucional para dictar sentencia, a favor de"......."", a quien se le juzga por el delito doloso de USURPACIÓN DE PROFESIÓN Y LESIONES, el primero cometido en agravio de ".........." y la SOCIEDAD, y el segundo cometido en agravio de"........."". Máxime, que el quejoso"........, en su escrito acordado el veinticuatro de mayo último, expresamente manifestó se tuviera por cumplida la sentencia de amparo y se declarara concluido el presente asunto. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que adjuntó a su informe justificado, respecto del cual en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se ordenó formar cuadernos de pruebas por separado tomos I yII. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso ".........""; mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de catorce de mayo del año pasado, vierte diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; al respecto, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se haga el pronunciamiento respectivo del cumplimiento o incumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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