Enrique Flores Ortega

Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Enrique Flores Ortega y Otros.
  • Enrique Flores Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por ********************, Delegado de la autoridad señalada como responsable Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, por el que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida al menor con identidad reservada de iniciales ********************, remite copia certificada del comprobante de aplicación de la segunda dosis de vacunación al citado menor, de cinco de noviembre de año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.  Sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que se aplicó la segunda dosis del biológico Pfizer- BioNTech al menore con identidad reservada de iniciales ************ asimismo, para acreditar su dicho adjunta el original del comprobante de vacunación, así como la autorización de la madre ************* autorizada igualmente en términos amplios por la parte quejosa en este juicio de amparo. En tales condiciones, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: .. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado ... La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, en el caso es especifico, de las constancias remitidas mediante oficios de cinco y doce de noviembre del presente año, signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, se adjuntó el expediente de vacunación contra el virus SARS-COV2 de fecha ocho de octubre del año en curso, a nombre del menor de edad ****., así como el consentimiento para aplicación de vacuna firmada por ******, madre del menor, de quince de octubre y cinco de noviembre del presente año. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamó el siguiente acto: ".las determinaciones y/o acuerdos emitidos por las autoridades responsables que ponen en peligro la vida de mi menor hijo, al negarle el derecho que tiene de que se le aplique la vacuna Pfizer-Biontech, contra el virus SARS-COV2 (COVID 19)." Asimismo, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad informó que aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al menor quejoso. Por lo que teniendo en cuenta que de la página https://coronavirus.gob.mx/wp1, se establece la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la COVID-19 en México.", en la que consta que la vacuna Pfizer-BioNTech, emplea un esquema de aplicación de dos dosis para lograr la máxima eficacia reportada contra la COVID-19, como se ve en la siguiente imagen: Lo cual constituye un hecho notorio para la suscrita juzgadora en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y lo cual es susceptible de ser valorado en el presente juicio de amparo. Por su aplicación, se cita la Tesis I.3o.C.35 K (10a.), visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Por lo que teniendo en consideración que la autoridad responsable comunicó que el menor quejoso ha recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de aplicar la vacuna mencionada al quejoso; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: . CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ... En consecuencia, al quedar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia.  Se deja sin efectos audiencia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicano, no rindió su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado el seis de octubre de dos mil veintiuno, como se advierte del acuse de recibo respectivo. En tales condiciones, a fin de poder resolver la presente litis constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad citada para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, remita todas y cada una de las constancias que tengan relación con los actos reclamados, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor igualmente a una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, de la ley de la materia. Difiere audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable mencionada.

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