Enrique Flores Ortega

Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
734/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Enrique Flores Ortega
  • Enrique Flores Ortega y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. De las constancias que integran el presente asunto y la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión que prevé el numeral 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento, contra el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales conducentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, así como del correspondiente incidente de suspensión, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Escuela Secundaria Técnica Número Uno "Xicohténcatl Axayacatzin", a través del cual en cumplimiento a lo requerido mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, informa que por oficio de diecinueve de enero de dos mil veintidós, Elizabeth Solís Balderas, solicitó el cambio de turno de su menor hijo de identidad reservada con iniciales E. F. S., del grado1, grupo "B", del turno vespertino, al turno matutino. Asimismo, refiere que por oficio número 066/EST1/2021-2022, de diecinueve de enero del año en curso, el cual le fue notificado a la aquí parte quejosa el veinte de enero del actual, se le informó que fue procedente el cambio de turno de vespertino a matutino, en el primer grado grupo "B", ello, para contribuir a su aprendizaje. Lo que se justifica con las documentales que la responsable adjuntó a su oficio de cuenta. En tales condiciones, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" . La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias remitidas por el Director de la Escuela Secundaria Técnica Número Uno "Xicohténcatl Axayacatzin", se advierte que el menor quejoso fue cambiado del turno vespertino, al matutino. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamó el siguiente acto: "La asignación de turno "Vespertino", a mi menor hijo, sin estar fundado ni motivado, hacerlo de manera arbitraria y sin tomar en consideración el problema planteado." Por lo que teniendo en consideración que la autoridad responsable comunicó que el menor quejoso fue cambiado del turno vespertino, al matutino, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la asignación del turno vespertino; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Finalmente, por cuanto hace a los delegados y domicilio que señala la responsable, dígasele que ya se proveyó lo conducente, mediante proveído de doce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de la Escuela Secundaria Técnica Número Uno "Xicohténcatl Axayacatzin"; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Con el contenido del informe de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa la autoridad, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. De igual manera, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados de su parte a los profesionistas que refiere. De la misma manera, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que adjunta a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 734/2021 del índice de este juzgado, promovido por Enrique Flores Ortega; de igual manera, adjunta copia certificada de la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el quince siguiente, dictada en el recurso de revisión 208/2021 de su índice, por la cual se confirmó la resolución interlocutoria recurrida, en la que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa. Acúsese recibo y glósese el expedientillo que se formó con motivo de su remisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4516/2021, emitido en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

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