Enrique Díaz Suastegui

Expediente 1518/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1518/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
25/01/2017

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Morelos
  • Enrique Díaz Suastegui
  • Congreso del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1518/2016-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. En mérito de lo anterior, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, vistos los acuses de notificación de oficio y la notificación personal que anteceden, agréguense a los autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del treinta de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Visto para resolver el juicio de amparo 1518/2016-II, promovido por Enrique Díaz Suastegui, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido a este juzgado federal, Enrique Díaz Suastegui, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables a) Congreso del Estado de Morelos, b) Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, c) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, d) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, e) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", f) Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, g) Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, h) Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos e i) Director General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, que hicieron consistir en lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo de las Autoridades señaladas como responsables, LOS SIGUIENTES ACTOS: DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN SU CALIDAD DE DEPOSITARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, y de la MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, reclamo: La discusión, aprobación y expedición del DECRETO NUMERO 988, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE RATIFICAR SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5415, de fecha 21 de julio del año 2016, por el que se REFORMÓ, ADICIONÓ Y DEROGÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, de fecha de aprobación el 30 de diciembre del año 1983, con fecha de promulgación 4 de enero del año 1984, con inicio de su vigencia el primero de mayo del año 1984, con inicio de su vigencia el primero de mayo del año de 1984, expedida por la XLII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el periódico oficial número 3151. La inconstitucionalidad DECRETO NUMERO 988, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE RATIFICAR SU COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5415, de fecha 21 de julio del año 2016, por el que se REFORMÓ, ADICIONÓ Y DEROGÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, de fecha de aprobación el 30 de diciembre del año 1983, con fecha de promulgación 4 de enero del año 1984, con inicio de su vigencia el primero de mayo del año 1984, con inicio de su vigencia el primero de mayo del año de 1984, expedida por la XLII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el periódico oficial número 3151. La deliberada reforma que en forma contraria realizó la responsable a los fines con el que se creó el INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MORELOS, al incorporar una serie de normas que resultan violatorias a nuestros derechos humanos y laborales. B).- DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS reclamo, la promulgación, así como la orden de impresión, publicación, circulación y cumplimiento del DECRETO NUMERO 988, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5415, de fecha 21 de julio del año 2016. C) DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, reclamo, el refrendo, orden de publicación del DECRETO NUMERO 988, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 21 de julio del año 2016. D) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORIAS, la aplicación o ejecución en perjuicio del suscrito de los actos que reclamo de las autoridades ordenadoras, detallados en los incisos 1), 2) y 3) del presente capítulo." SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento de cinco de septiembre del dos mil dieciséis, se admitió la demanda a trámite, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de veintiocho de octubre del dos mil dieciséis, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se promovió un juicio de amparo contra una ley de observancia general en materia administrativa, cuyo cumplimiento tuvo lugar en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que las normas generales y actos de aplicación reclamados por los quejosos consiste en: Del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Novecientos ochenta y ocho, que modificó de manera integral la estructura y contenido de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa [en específico los artículos 1, 3, 5, 6, 9 ,12, 34, 35, 36, 41, 42, 46, y tercero transitorio. De la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Instituto Morelense de Procesos electorales y Participación Ciudadana, Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, todos del Estado de Morelos, la ejecución del decreto impugnado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistente en la expedición, promulgación, refrendo, publicación del Decreto novecientos ochenta y ocho por el que se reforma la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa y su ejecución reclamada al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana e Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Inexistencia de actos. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, no son ciertos los actos de aplicación del referido Decreto novecientos ochenta y ocho (988), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, por medio del cual se reforman de manera integral la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y su aplicación, reclamada a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior es así, toda vez que los artículos que reclama disponen: Artículo 1. La presente Ley es de observancia general, orden público e interés social, así como obligatoria para los sujetos señalados en este ordenamiento, y tiene por objeto regular el otorgamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos a sus afiliados, conforme a su Reglamento y la normativa aplicable. Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: Acreditado, a la persona física que ya no cotiza al Instituto pero que tiene obligaciones con aquél, con motivo de la vigencia de un crédito o alguna otra circunstancia; . Afiliado, al trabajador o pensionista que, conforme a lo señalado en el Capítulo IV de la presente Ley, cotiza al Instituto y recibe los beneficios que éste otorga; Amortización, al método por el cual se liquida un crédito en pagos parciales; Aportación, a la cantidad en dinero que cubre el ente obligado por cada afiliado para que reciba los beneficios que otorga la presente Ley, correspondientes al 6% de las percepciones constantes de los afiliados; Beneficiario, a la persona física o moral designada por el afiliado para recibir las cuotas que aportó al Instituto; Capacidad de pago, a la posibilidad del afiliado de ser sujeto del otorgamiento de un crédito conforme al cálculo que determine su disponibilidad financiera para cubrir el crédito hasta su totalidad; Consejo Directivo, al órgano de gobierno del Instituto; Comité Técnico de Créditos Hipotecarios, al órgano colegiado integrado en términos del Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable, que revisa y aprueba los créditos hipotecarios; Cuota, a la cantidad en dinero que cubre el afiliado mediante la retención y remisión del ente obligado, para que dicho afiliado reciba los beneficios que le otorga la presente Ley; Crédito, al préstamo en dinero o en especie que concede el Instituto al afiliado, con el otorgamiento de una garantía en los términos o condiciones que para cada caso aplique; Director General, a la persona titular del Instituto; Ente obligado, al ente institucional incorporado conforme lo establece el artículo 25 de la presente Ley, y obligado a enterar las aportaciones, así como a retener a los afiliados las cuotas y los pagos de las amortizaciones respecto de los créditos otorgados, enterando dichos conceptos para que el afiliado reciba los beneficios que el Instituto otorga; Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Instituto; Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; Instituto, al organismo público descentralizado denominado Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; Interés ordinario, a la tasa que se aplica sobre el capital insoluto generado durante el plazo pactado o la vigencia del crédito, cuya tasa se estipulará en el Reglamento y demás normativa aplicable; Interés moratorio, a la tasa que se aplica sobre el saldo del crédito a partir del incumplimiento del pago puntual del mismo hasta su total liquidación; así como a la tasa que se aplica sobre los enteros extemporáneos que realice el ente obligado, cuyas tasas se estipularán en el Reglamento y demás normativa aplicable; Ley, al presente instrumento jurídico; Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y Procedimientos y demás instrumentos normativos aprobados por el Instituto, mediante los cuales se indican los pasos que deban seguirse para el desarrollo de cada una de las actividades de las unidades administrativas que lo conforman; Pensionista, a la persona física que recibe periódicamente una cantidad de dinero por concepto de pensión; Percepción constante, al salario integrado por la suma de los emolumentos en efectivo que, en forma constante, recibe el afiliado por la prestación de sus servicios subordinados a los entes obligados; Reintegro a entes obligados, a la cantidad en dinero que el ente obligado retiene vía nómina al afiliado y es enterada al Instituto de manera inexacta; XXIV. Reintegro a afiliados o acreditados, a la cantidad en dinero que se devuelve derivada de un cobro improcedente; XXIV. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley, y Sujetos obligados, a los afiliados y acreditados, entes obligados, personal del Instituto, integrantes del Consejo Directivo y a todos aquellos que se ubiquen en los supuestos previstos en esta Ley. Artículo 5. El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales. Artículo 6. El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas en el Estatuto Orgánico, el Reglamento y demás normativa aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las atribuciones siguientes: Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios; Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto; Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo. Artículo 9. Las cuotas de los afiliados correspondientes al 6% de su percepción constante, serán utilizadas preferentemente para el otorgamiento de créditos y se devolverán en los supuestos previstos en el Reglamento y demás normativa aplicable. Artículo 12. El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y se integra por: El Gobernador, quien lo presidirá por sí o por conducto del representante que designe al efecto; Una persona representante del Poder Legislativo que, en ningún caso, podrá ser un Diputado al Congreso del Estado, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 81 de la Ley Orgánica; Una persona representante del Poder Judicial, que será la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; La persona titular de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal; La persona que ocupe la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Entidades Paraestatales; La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos; La persona titular de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, y Una Persona representante de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los cargos de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño. Por cada integrante propietario, deberá designarse, por escrito, un suplente, el cual contará con las mismas facultades que el propietario. Dichos suplentes deberán contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como presidente del Consejo Directivo, sea un integrante de éste último en términos del presente artículo, dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma de decisiones. En las sesiones del Consejo Directivo participarán el Director General y el Comisario Público con derecho a voz, pero sin voto. Artículo 34. Los afiliados, además de cubrir el capital, quedan obligados a cubrir el interés ordinario sobre saldo insoluto y, en su caso, el interés moratorio, conforme lo establezca el Reglamento y la normativa aplicable. Artículo 35. Las prestaciones económicas otorgadas a los afiliados son personales e intransferibles. Artículo 36. Los afiliados impedidos para acudir a tramitar los créditos correspondientes, podrán solicitarlos a través de tercera persona, siempre y cuando se le otorgue poder notarial con las facultades necesarias para ello. El importe máximo será el equivalente al monto de sus aportaciones y no podrán solicitar créditos para mediano y largo plazo. Artículo 41. Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos Presupuestos de Egresos. Artículo 42. Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que serán retenidas por los entes obligados y enteradas al Instituto en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable. Artículo 46. El afiliado tendrá derecho a la devolución de sus cuotas en caso de baja del servicio, pasado un año de su separación correspondiente; excepto que cuente con uno o más créditos vigentes; en este supuesto, serán aplicadas al saldo de esos créditos, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. El derecho de los afiliados a la devolución de sus cuotas prescribe en un plazo de cinco años, conforme a lo que se establezca en la normativa aplicable. DISPOSICIONES TRANSITORIAS .TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan a los dispuesto en el presente Decreto." A la luz de esos preceptos legales reclamados, en confrontación con las actuaciones que obran en este asunto, es evidente que no se acreditó en forma fehaciente ningún acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, ya que se negó en forma categórica la existencia de algún acto que atentara contra los intereses de los accionantes. Además, no obran elementos probatorios que se puedan admicular con la aplicación de los aludidos preceptos. De igual forma, deben tenerse por inexistentes los actos que se atribuyen al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 82 a 84). Esa postura se confirma si se toma en consideración que la expedición de la norma y del decreto impugnado no es competencia de esa autoridad sino del ente legislativo estatal, en términos de lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 175 de su Reglamento Interno. De ahí que no es posible tener por ciertos los actos que se atribuyen al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sustentan lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la quinta época, registro 324127, Instancia Segunda Sala, Tesis Aislada, del Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia Común, Página 6673 cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." Así como la diversa de la Quinta Época, Registro 308576, Instancia Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia Común, Página 2070, cuyo texto y rubro es el siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Quinta Época, Registro: 308576, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia Común, Página: 2070.) Asimismo es relevante, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte - 1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en lo conducente señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, si se actualiza alguna. La Directora General del Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo por cuanto a las disposiciones del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9 ,12, 34, 35, 36, 41, 42, 46, y tercero transitorio. Tal disposición dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Resulta necesario precisar que tratándose de la impugnación de normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con su expedición y presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las consideraciones vertidas en el sentido de la naturaleza de las normas tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese contexto, se concluye que para la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada) o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnado. Al caso, resulta aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Como ha quedado precisado, el quejoso controvierte la inconstitucional del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que modificó de manera integral la estructura y contenido del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 12, 34, 35, 36, 41, 42, 46, y tercero transitorio. En el caso, las normas generales se combaten como autoaplicativas, no obstante ello, es necesario que la parte peticionaria del amparo acredite la afectación al interés jurídico, pues no basta la sola afirmación de la existencia de ese menoscabo, sino que es necesario que el promovente demuestre, plena y fehacientemente, estar colocado, desde la entrada en vigor de la norma, bajo los supuestos que ésta contempla. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 317, Página: 373, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.- La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.". En el caso, se afirma que el promovente del amparo no logra acreditar encontrarse bajo los supuestos de las normas jurídicas que combate, en virtud de que los documentos que exhibió carecen de eficacia probatoria suficiente para ello. Al respecto, los artículos de Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, forman parte de las disposiciones que en conjunto, establecen las condiciones para regular el otorgamiento de las prestaciones que brinda el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos a sus afiliados, conforme a su Reglamento y la normativa aplicable; que básicamente se traducen en préstamos en dinero o en especie que concede el Instituto al afiliado, con el otorgamiento de una garantía en los términos o condiciones que para cada caso aplique. De acuerdo al artículo 3 de la Ley en comento, los afiliados y beneficiarios del Instituto serán el trabajador o pensionista que, conforme a lo señalado en el Capítulo IV de la presente Ley, cotiza al Instituto y recibe los beneficios que éste otorga. A su vez, en términos del artículo 25, son entes obligados para efectos de esta Ley: I. El Poder Ejecutivo Estatal; II. El Poder Legislativo Estatal; III. El Poder Judicial Estatal; IV. Los Ayuntamientos del estado de Morelos y sus organismos auxiliares; V. Los organismos autónomos constitucionales del estado de Morelos, y VI. Los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. De igual manera, en términos del artículo 29 de esa ley, tienen la calidad de afiliados, con los derechos y obligaciones que otorga esta Ley: I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados, y II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto. Así, de acuerdo a las disposiciones que se han señalado, a fin de acreditar el interés jurídico para el reclamo del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, que reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6 ,9 ,12, 34, 35, 36, 41, 42, 46 y tercero transitorio; era imperativo que el promovente del amparo, acreditara tener la condición de afiliado (trabajador al servicio de alguno de los entes obligados) al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, tal cuestión no fue probada de manera fehaciente. Es así, porque el accionante Enrique Díaz Suastegui exhibió documentales en fotocopias simples de comprobante de pago y copia simple de su cédula profesional (fojas 63 y 64). De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esto lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia localizable en la Novena Época, con registro 196457, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Común, Tesis 2a./J. 21/98, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por esa razón, al ser copias simples las documentales que exhibió el quejoso, son insuficientes su valor legal para demostrar el interés jurídico, al no existir en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que las normas generales reclamadas por su sola entrada en vigor, afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de los accionantes. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el recibo de pago que anexó el quejoso, contenga un sello que dice: "impepac Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana", y aun costado una firma ilegible, dado que esos datos no conllevan a presumir en forma indefectible que se trata de un recibo original, dado que al tratarse de un supuesto recibo de pago expedido por una autoridad moral oficial, debe existir otros datos que permitan acreditar que fue expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, sin que se asiente leyenda alguna para advertir el nombre y el cargo de la persona que firmó ese recibo, y poder verificar si fue en ejercicio de sus funciones, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 217 de la codificación procesal civil federal aplicable en forma supletoria, los documentos deben contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial. Aunado a ello, no puede concedérseles eficacia probatoria para demostrar su condición de afiliado (trabajador al servicio de uno de uno de los entes obligados) al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en razón de que los documentos exhibidos en fotocopia simple o el obtenido por medios electrónicos, no son idóneos para ese cometido probatorio, habida cuenta que no consta en ellos certificación alguna de que fue tomado de su original ni elemento alguno que permita asumir que su contenido es genuino, por medio de firma o sello digitales, por ejemplo, o que éste corresponde fiel y exactamente a la información arrojada por la base de datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se hubiese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de la clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar la veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. En todo caso, tal fotocopia simple del recibo exhibido, aun considerándolo como impresión obtenida a través de medios electrónicos, sólo genera la presunción de que el original que reproduce existe o de que la información que contiene podría encontrarse alojada en una base de datos o "servidor", pero es insuficiente para crear convicción de que la información no ha sido alterada utilizando medios mecánicos o programas computarizados aportados por los avances tecnológicos y de que en realidad produce en el promovente del juicio un agravio o perjuicio. Es aplicable, en lo conducente y por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 160894, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, Materia Común, Tesis P./J. 70/2011 (9a.) que se cita enseguida: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL DOCUMENTO EXHIBIDO EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE, AUN CONSIDERADO COMO IMPRESIÓN OBTENIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, NO DEMUESTRA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007. Para reclamar en el juicio de amparo una norma general heteroaplicativa, es necesario que el promovente acredite fehacientemente la existencia del acto concreto de aplicación y que ésta le causa un agravio o perjuicio. Así, para cumplir con el primer requisito señalado, el particular debe aportar al juicio evidencia suficiente para crear convicción en el juzgador de que el primer acto de aplicación de la norma existe. En ese tenor, el documento exhibido en copia fotostática simple o el obtenido por medios electrónicos, no demuestran la existencia del primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo ni la afectación a la esfera jurídica del particular, habida cuenta que no consta certificación alguna de que fue tomado de su original ni elemento alguno que permita asumir que su contenido es genuino (por medio de firma o sello digitales, por ejemplo), o que éste corresponde fiel y exactamente a la información arrojada por la base de datos de la cual fue tomado y tampoco existe certeza de que se hubiese obtenido por persona autorizada para tales efectos a través de la clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar la veracidad del acto conforme a la normativa aplicable. En todo caso, el documento exhibido en copia fotostática simple, aun considerado como impresión obtenida a través de medios electrónicos, sólo genera la presunción de que el original que reproduce existe o de que la información que contiene podría encontrarse alojada en una base de datos o "servidor", pero es insuficiente para crear convicción de que la información no ha sido alterada utilizando medios mecánicos o programas computarizados aportados por los avances tecnológicos y de que en realidad produce en el promovente del juicio un agravio o perjuicio.". Consecuentemente, si la parte quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico, el juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la siguiente jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 286, Página: 339 "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.- A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico.". En efecto, para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica afecta los intereses jurídicos del quejoso, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo; toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Página: 199, Tesis: 3a./J. 45/90, Materia(s): Común, "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en el juicio de amparo respecto a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de esa entidad federativa, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9 ,12, 34, 35, 36, 41, 42, 46, y tercero transitorio, con fundamento en el diverso 63, fracción V de dicho ordenamiento. Resulta innecesario ocuparse de las demás causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Materia(s): Común, que se trascribe enseguida: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI, respecto a la discusión, aprobación, expedición, sanción y publicación del Decreto Novecientos Ochenta y Ocho, mediante el que se reformó la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en particular los artículos 1, 3, 5, 6, 9 ,12, 34, 35, 36, 41, 42, 46, y tercero transitorio; que se reclamaron al Congreso, Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos y respecto a los actos de aplicación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos y Director General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos. SEGUNDO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Luis Augusto Galán Mendoza, que autoriza y da fe, treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de esta Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables precisadas en dicho auto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Delegado del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS y SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; en atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el promovente en vía de alegatos; las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios que signan: SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MORELOS, INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA y DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Mediante los cual rinden su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En relación con la documental, presuncional e instrumental de actuaciones que ofrece las responsables, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ISA*

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