Enrique de Jesús Castillo Cortes
Expediente 1251/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Enrique de Jesús Castillo Cortes
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1251/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios que signan las autoridades responsables, mediante el cual rinden su informe justificado, asimismo remite copia certificada del acuerdo dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 01/895/15; atento a lo anterior, se procede a dictar el siguiente acuerdo: Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra de: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Asimismo se advierte del escrito inicial de demanda, que la parte quejosa reclamó de la autoridad antes mencionada, lo siguiente: "a) La denegación de justicia, por parte de la autoridad responsable a no constreñir sus actuaciones a lo establecido en los artículos 940, 950, 951 y de más aplicables de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, pues no dicta AUTO DE EJECUCIÓN, tal y como lo solicite mediante escrito presentado día 29 de Mayo de 2018, bajo el número de folio 005270, así como notificarme de manera personal." Ahora bien, de las constancias que anexó la autoridad responsable, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se aprecia que mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, proveyó lo conducente respecto del escrito presentado por el quejoso de folio 005270 asimismo decreta auto de ejecución; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber dictado el acuerdo diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Si bien la autoridad responsable no acreditó la notificación del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, ello no es obstáculo para estimar que opera la cesación de efectos del acto reclamado, porque a través del presente auto, la parte quejosa estará en aptitud de conocer su contenido. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. *Castillo.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Marco Antonio Ramírez López, quien se ostenta como apoderado legal de Enrique de Jesús Castillo Cortés, a través del cual subsana la prevención efectuada en auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, pues acredita de manera indiciaria el carácter con el que comparece a la presente contienda constitucional; en consecuencia, provéase lo conducente en relación con la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido que se tiene por acreditada indiciariamente la personalidad con las mismas constancias que se exhibieron con el escrito inicial de demanda y con el escrito de cuenta, lo que atiende a la imposibilidad manifestada por el promovente en el ocurso de cuenta de exhibirlas debidamente autorizadas, a más de la naturaleza jurídica del acto aquí reclamado. Admisión de la demanda Vista la demanda presentada por Marco Antonio Ramírez López, quien se ostenta como apoderado legal de Enrique de Jesús Castillo Cortes, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo. Requerimiento a la autoridad responsable de la personalidad jurídica del promovente de amparo. Tomando en consideración que la promovente exhibió el acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable, y la carta poder mediante el cual pretende acreditar su personalidad, en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 11 de la Ley de Amparo; atento a lo anterior, se requiere a la autoridad responsable el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Marco Antonio Ramírez López, apoderado legal de Enrique de Jesús Castillo Cortés, dentro del juicio laboral 01/895/15; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Al respecto resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Junio de 2009, página 297, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Cabe destacar que dicha jurisprudencia resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Sin perjuicio de acordar lo conducente respecto a la personería del promovente de amparo, hasta en tanto la responsable remita las constancias solicitadas o informe sobre el tratamiento dado a la solicitud efectuada por la parte quejosa. En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. Asimismo, se apercibe a la promovente que de no tener reconocida la personalidad con la que se ostenta, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de la materia. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Solicitud de informe a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable el informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y deberá acompañar, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de constancias en que lo apoyen; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 238 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con once minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligación de las partes. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de treinta a trescientos días ochenta unidades de Medida y Actualización. Tercero interesado. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado: Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese al tercero interesado; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las doce horas con once minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia constitucional. Obligación de la autoridad responsable. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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