Enrique Córdova Ruvalcaba

Expediente 105/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 30 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
105/2016
Año
2016
Actuaciones
30
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Enrique Córdova Ruvalcaba
  • Congreso del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, así como al Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejosopara que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 71 a 91), este Juzgado de Distrito sobreseyó el presente asunto y en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California. Por ejecutoria dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, modificó la sentencia recurrida, y por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso Enrique Córdova Ruvalcaba. El siete de abril de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, así como al Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: que las autoridades responsables, de acuerdo a las atribuciones de cada una, no apliquen al quejoso el cobro del derecho que se reclama, y le restituyan el numerario que hubiere erogado por su pago en el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, así como para que, en lo futuro, no se le aplique el numeral analizado." En auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (foja 219), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que las autoridades responsables Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso, el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el que se contempla el cobro del derecho por alumbrado público; asimismo, en proveídos de tres de mayo (foja 237); y, catorce de julio (foja 269) ambos del año en curso, se tuvo a las responsables Congreso del Estado de Baja California y Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De igual forma, por auto de seis de junio del año que transcurre (foja 260), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, al cual anexó constancia con firma original de la que se advierte que el quejoso Enrique Córdoba Ruvalcaba, recibió de conformidad el cheque número 2741, de tres de mayo de dos mil diecisiete, por la cantidad de $17,354.28 (trece mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del pago del derecho por alumbrado público (DAP) que le fuera cobrado a la parte quejosa en el ejercicio dos mil dieciséis (fojas 256 a 259). Con lo anterior, se dio vista a la quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro del derecho por alumbrado público (DAP) y que le fueran devueltas las cantidades que se le habían cobrado por ese concepto y que en lo subsecuente no se le aplique el artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California; lo cual, como se vio, realizaron las autoridades responsables. En razón de lo anterior, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de uno de agosto de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, así como al Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejosopara que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 71 a 91), este Juzgado de Distrito sobreseyó el presente asunto y en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California. Por ejecutoria dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, modificó la sentencia recurrida, y por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso Enrique Córdova Ruvalcaba. El siete de abril de dos mil diecisiete, se requirió a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, así como al Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: que las autoridades responsables, de acuerdo a las atribuciones de cada una, no apliquen al quejoso el cobro del derecho que se reclama, y le restituyan el numerario que hubiere erogado por su pago en el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, así como para que, en lo futuro, no se le aplique el numeral analizado." En auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (foja 219), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que las autoridades responsables Presidente, Tesorero y Recaudador de Rentas, todos del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso, el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el que se contempla el cobro del derecho por alumbrado público; asimismo, en proveídos de tres de mayo (foja 237); y, catorce de julio (foja 269) ambos del año en curso, se tuvo a las responsables Congreso del Estado de Baja California y Gobernador del Estado de Baja California, ambas con sede en Mexicali, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De igual forma, por auto de seis de junio del año que transcurre (foja 260), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, al cual anexó constancia con firma original de la que se advierte que el quejoso Enrique Córdoba Ruvalcaba, recibió de conformidad el cheque número 2741, de tres de mayo de dos mil diecisiete, por la cantidad de $17,354.28 (trece mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del pago del derecho por alumbrado público (DAP) que le fuera cobrado a la parte quejosa en el ejercicio dos mil dieciséis (fojas 256 a 259). Con lo anterior, se dio vista a la quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro del derecho por alumbrado público (DAP) y que le fueran devueltas las cantidades que se le habían cobrado por ese concepto y que en lo subsecuente no se le aplique el artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California; lo cual, como se vio, realizaron las autoridades responsables. En razón de lo anterior, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable Gobernador del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente.Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe María Dora Espinoza Ahumada, quien certifica que la promoción y el acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/MDEA/Ely**

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