Enrique Canales Castaños

Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
229/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Enrique Canales Castaños

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    personalmente

  3. Principal

    personalmente

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de diez de mayo de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice..Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida al parecer por Enrique Canales Castaños, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el juicio de amparo 229/2019-II-A. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la interpretación del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o a un particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si las responsables, en el caso, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber a).- Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b).- Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza de los actos motivo de reclamo, los cuales se hacen consistir en LA OMISIÓN DE APLICAR EL AUMENTO A MI PENSIÓN EN RELACIÓN AL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO VIGENTE DEL 1 DE ENERO DEL 2019 GEOGRÁFICO DE BAJA CALIFORNIA DE $176.00 (CIENTO SETENTA SEIS PESOS MONEDA NACIONAL) ESTO CONFORME A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS APLICABLES AL CASO CONCRETO EN RELACIÓN AL ACTO DE APLICACIÓN DEL OFICIO NO 0002911/2019 ESTE MISMO EXPEDIDO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA. LA PRIVACIÓN DEL DERECHO A RECIBIR UNA PENSIÓN DENTRO DE LOS PARÁMETROS MÍNIMOS LEGALES TODA VEZ QUE NO DEBE EXISTIR PENSIÓN MENOR AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE, Y LA PENSIÓN DEL SUSCRITO QUEJOSO ES MENOR AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE DE BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE A LO MISMO RESULTA ILEGAL. LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN RELACIÓN AL OFICIO NO 0002911-2019 ESTE MISMO EXPEDIDO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA. Al realizar el análisis integral del escrito de demanda y las constancias que anexo a la misma, se advierte que el quejoso reclama La negativa inserta en el oficio 0002911, del índice de la responsable de autorizar el aumento a la pensión que percibe el quejoso, por resultar improcedente la petición realizada el once de marzo de dos mil diecinueve. Ahora, cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Luego, se concluye que en el caso de que se trata, la relación existente entre el promovente del amparo y la autoridad responsable es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por las responsables, actúa como un ente asegurador en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, por lo cual el quejoso deberá acudir ante la autoridad laboral correspondiente a dirimir la controversia que plantea. En efecto, cualquier cuestión que surja con motivo de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser ventilado ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario. Ello, ya que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Por tanto, se reitera que en este caso específico, no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo la que niega el aumento a la pensión que percibe el quejoso, pues como se ha dicho, el instituto no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, que únicamente resuelve sobre la procedencia del aumento de la pensión, lo cual debe controvertirse en la vía laboral. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias*** De ahí que si del análisis integro de la demanda y anexos, se advierte que de lo que se duele el quejoso es la negativa inserta en el oficio 0002911, del índice de la responsable de autorizar el aumento a la pensión que percibe el quejoso, por resultar improcedente la petición realizada el once de marzo de dos mil diecinueve y no de una omisión por parte de la responsable, es que sus actos no pueden ser considerados como actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, como ya se expuso. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Enrique Canales Castaños por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Coral y Abasolo, número 318, colonia Aviación, de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con la facultad que señala el artículo 12 de la ley de la materia a Armando Ramírez Terequez, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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