Enrique Carmona Méndez
Expediente 452/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Enrique Carmona Méndez
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 36 a 46), en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de cuenta signado por Enrique Carmona Méndez y Juana Gómez Rodríguez, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en auto del veintidós de abril de dos mil dieciséis; y, manifiestan que el acto reclamado lo constituye el auto del cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 38/2012 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el cual se dio trámite a la planilla de liquidación; mismo que les fue notificado el once siguiente. Asimismo, glósense a los autos los oficios de cuenta signados por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante los cuales en cumplimiento a la prevención de mérito, remite copia certificada del proveído del cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 38/2012 de su índice; asimismo, del diverso de cuenta se tiene a la oficiante remitiendo el original del escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de abril actual, en la oficialía de partes de dicho órgano jurisdiccional, respectivamente. Ahora, del análisis del escrito de demanda y del diverso de cuenta, se advierte que, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Ahora, en el caso se advierte que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, disposiciones que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así, de una interpretación en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en esa etapa procesal. Lo anterior, ya que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En el mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Novena Época, número P./J. 32/2001, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, la parte quejosa en el escrito de demanda y aclaratorio manifiesta que el auto combatido es aquél en el que se admite el incidente de liquidación propuesto por la parte actora, se ordena correr traslado y dar vista con la planilla de liquidación a la parte demandada -aquí parte quejosa-. Sentado lo anterior, se sostiene que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el incidente de liquidación de sentencia promovido después de dictada la sentencia dentro del referido juicio. Previo a explicar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que el incidente de liquidación de sentencia constituye un medio preliminar para la ejecución de la sentencia que lo condenó a pagar ciertas prestaciones reclamadas, por lo que no puede considerarse como un acto de ejecución, sino de aquellos dictados después de concluido el juicio. La consideración vertida encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de febrero de 1998, que establece: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Partiendo de esa premisa, se dice que el incidente de liquidación promovido para la ejecución de la sentencia en el juicio de origen goza de independencia en relación con la secuela del procedimiento de ejecución de sentencia. Se afirma lo anterior, puesto que dicha incidencia aborda el tema relativo a la cantidad líquida que deberá fijarse en cuanto a las prestaciones a que fue condenada la parte demandada -intereses moratorios, gastos y costas-. En efecto dado que el incidente de liquidación de sentencia tiene la finalidad de traducir a un importe de dinero la condena establecida en términos generales y abstractos; por tanto, se considera que no guarda vinculación con otros incidentes o procedimientos suscitados después de dictada la sentencia definitiva; aun cuando se tramiten y resuelvan, durante la etapa de ejecución de sentencia. Como ya se indicó, a contrario sentido, conforme al artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, momento en el cual podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo que obedece a principios de celeridad, concentración y economía procesal. Ahora, esta regla también rige para aquéllos procedimientos ventilados después de dictada la sentencia, que gozan de autonomía e independencia respecto de la ejecución de sentencia, los que sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando se combate la resolución que les ponga fin, en el que será factible reclamarse las violaciones procesales cometidas durante la secuela procesal que los rige. Por lo anterior, se sostiene que la procedencia del amparo indirecto en contra de la liquidación de sentencia se rige por la regla de que se promoverá contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pues dada su eventualidad y autonomía no existe razón para relacionarlo con otros diversos, además, de que en la misma demanda es factible impugnar las violaciones suscitadas durante dicha incidencia. Lo que adquiere particular relevancia si se pondera que en el presente juicio se combate el auto que admite el incidente de liquidación de sentencia promovido por la parte actora y ordena correr traslado a la parte contraria para que manifieste lo que a sus intereses convenga, por lo que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento incidental respectivo, que en su caso será la sentencia interlocutoria que decida si se aprueba o no la planilla exhibida. Por lo que se estima que el juicio de amparo indirecto es improcedente toda vez que no se promueve en contra de la última resolución dictada en el incidente de liquidación de sentencia, sino en contra de un auto de trámite. En efecto, el acto combatido es el proveído que admite el incidente de liquidación propuesto -suscitado después de emitida la sentencia definitiva-, por lo que también se exige para la procedencia del amparo indirecto, la misma regla general aplicable a los actos de ejecución que consiste en que el juicio constitucional se promueva contra la última resolución dictada, en el caso la emitida en ese tipo de procedimiento, pues dada su eventualidad y autonomía, incluso es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. Apoya lo expuesto la jurisprudencia en materia común de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, número VI.2o.C. J/6 (10a.), contenida en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Asimismo, la tesis aislada en materia civil de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada con el número I.1o.C.20 C, consultable en el Tomo XV, Febrero de 2002, página 953, que a la letra dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige." Asimismo, ilustran lo anterior los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros y textos siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCION EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos realizados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en tal procedimiento. (Tesis: V.2o.225 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página: 354). "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCION EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos ejecutados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo. (Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Página: 378). Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución resulte adversa a sus intereses, entonces las violaciones procesales que considere actualizadas serían reclamables en amparo indirecto, a través de la impugnación de la sentencia interlocutoria que resuelva la liquidación de sentencia. Resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, consultable en la página 1729, del tenor siguiente: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. "ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito (.) III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo de amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto Transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto, con fundamento en el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO por improcedente la demanda de derechos fundamentales, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Parte quejosa designa autorizados. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Porfirio Díaz número quince interior tres de esta ciudad, Tlaxcala; asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Gaspar García Domínguez, Jorge Maximino Castillo Macías, América Ramírez Mimientzi, Yulian Valdepeña Corona y Liliana Velázquez Madrigal, no así a las demás personas que indica por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene a la parte quejosa revocando los nombramientos hechos con anterioridad al ocurso de cuenta. Autoridad remite escrito. Por otra parte, en relación al oficio por el que la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, remite el ocurso de la parte quejosa presentado veintiuno de abril actual, en la oficialía de partes de dicho órgano jurisdiccional; acuse de recibo de estilo. Atento al contenido del escrito remitido, dígasele a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Patricia Flores Lobatón, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala; atento a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante oficio 12323/2016, recibido a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de dicho órgano jurisdiccional, según sello de recepción que obra a foja 20; este juzgado federal informó a la autoridad oficiante que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y anexos que acompaña, en el que en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio de amparo 446/2016-VI de su índice, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Enrique Carmona Mendez y Juana Gómez Rodríguez, y ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, correspondiéndole a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo y fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 452/2016-VI. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículo 108, fracciones IV y V, así como 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precisen el acto reclamado, ya que si bien en la demanda señalan que lo constituye el auto de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis, notificado el once de abril del año dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil número 38/2012 del índice de la autoridad responsable; también en el apartado de hechos y abstenciones refieren que ".con fecha once de abril del año dos mil dieciséis se me corrió traslado para la tramitación del incidente de liquidación de sentencia dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 38/2012.". En las relatadas circunstancias, este órgano jurisdiccional no tiene la certeza del contenido del auto que se impugna; de lo que se sigue, que esta autoridad no puede admitir una demanda sin tener la certeza de lo que reclama la parte quejosa, pues aun cuando el promovente afirma se le corrió traslado de la tramitación del incidente de liquidación de sentencia promovido por su contraparte en el juicio mercantil de origen; le asiste la carga procesal de señalar con precisión el contenido o sentido del acto del que se duelen. Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. En la inteligencia que deberán presentar el escrito aclaratorio con el que den cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las cuales serán distribuidas de la manera siguiente: cinco para las autoridades responsables, otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una más para la parte tercero interesada, y dos restantes para formar el incidente de suspensión que solicita. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, solicítese al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que a la brevedad posible dentro del plazo de tres días contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, remita copia certificada del auto del cuatro de abril del año dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 38/2012 de su índice. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en el ocurso de cuenta -estrados-; ya que si bien en el escrito de demanda, se advierte que los quejosos señalan su domicilio particular, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; asimismo, se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica por así haberlo solicitado expresamente.
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