Enrique Alvarado Saucillo
Expediente 1090/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Enrique Alvarado Saucillo
- Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Informe suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe sobre la suspensión de plano y toma conocimiento. Se envía promoción a Juzgado que aceptó competencia declinada. En consecuencia, remítase la promoción original de referencia al juicio de amparo 1711/2021-IV-1, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, toda vez que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se le tuvo informando que aceptó la competencia planteada en autos; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio referido en la cuenta secretarial mediante el cual el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, acusa recibo de las constancias relativas al exhorto 389/2021, con número de orden 401/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, para que sean agregadas al juicio de amparo 1711/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos, el oficio enviado vía electrónica, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 433/2021, de su estadística, derivado del diverso 444/2021-III, número de orden 444/2021-III, del índice de este Juzgado, que se remitió para notificar al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, resérvese proveer sobre su contenido, hasta en tanto se tenga conocimiento sobre la determinación adoptada por el JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO, que haya correspondido conocer de la competencia planteada en este asunto. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar acusar de recibo, toda vez que la constancia electrónica que genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hace la función del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1090/2021-III. Falta de firma, demanda incompleta. Previo a acordar lo conducente, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. De igual modo, si bien se advierte que se encuentra incompleta en su margen externo, lo cierto es que ello no impideapreciar y obtener los datos relevantes para pronunciarse respecto a la misma, pues se advierten los actos reclamados y autoridades responsables, aunado a que dicha inconsistencia puede ser objeto de prevención con posterioridad. Actos reclamados Ahora bien, la parte promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de los directos quejosos, en: / / Consideración previa en relación a la suspensión de plano. Ahora bien, el Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Se concede suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dicen son objeto, tales como intimidación, discriminación y violación al principio pro persona; pues dichos actos, los prohíbe el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Ley Suprema. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que velen por la seguridad de los quejosos; esto es, que no sean privados de su vida no solamente por la autoridad responsable, sino también por cuanto hace a un posible ataque que puedan recibir de la demás población interna. Por tanto, toda vez que se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que, de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítaseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo". No obstante lo anterior, dado que los quejosos, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, de lo que se colige que los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dicen son objeto, son susceptibles de ejecutarse precisamente en el lugar en el que se encuentran recluidos; por tanto, notifíquese el presente proveído únicamente a la autoridad responsable Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, para los efectos precisados en relación a la suspensión de plano concedida. Así, resérvese comunicar el presente proveído al resto de autoridades responsables. Se ordena girar exhorto. Ahora, toda vez que los quejosos, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido del presente provisto a los quejosos antes señalados. Ratificación de demanda vía exhorto. Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los quejosos; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que comisione al Actuario judicial de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, lugar en el que los promoventes refieren que se encuentran privados de su libertad; y los localicen y, en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: 1) Les notifique el presente auto. 2) Les requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida. 3) Los aperciba que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. 4) De fe del estado físico en el que se encuentren los quejosos. 5) Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión la autoridad responsable e informar al juzgado respectivo, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. 6) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario del Juzgado exhortado. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a dar acceso al actuario judicial a las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar detenido los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Antonio Contreras Chávez, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se faculta al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles para practicar las notificaciones que se solicitan, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se declina competencia. Por otra parte, debe indicarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Ahora, sobre el particular el artículo 38 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De dichos preceptos se colige, que es competente para conocer de los juicios de amparo promovidos contra un Juez de Distrito, otro de la misma jerarquía que se encuentre en el mismo circuito, o en otra hipótesis, el más cercano dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca el Juez señalado en primer término. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el caso de excepción contenido en dicho numeral y concluyó que el Juez competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un circuito, sería el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere; en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito y, que para el caso de que el amparo se promueva contra todos los jueces de distrito de la misma materia de un circuito, sería competente el juez de garantías más cercano a ese circuito. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J. 44/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001. página 75, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN". Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables, entre otros, a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), así como a los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Campeche, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas, excepto el décimo de Tamaulipas. De lo anterior se desprende que será competente para conocer de un asunto promovido contra actos de un Juzgado de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito si lo hubiere, o el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez; en tal virtud, al ser señalado como autoridades responsables ordenadoras a este Juzgado Federal, así como a los diversos Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es evidente la imposibilidad para conocer de la referida demanda de amparo, por tanto, es competente para tal efecto otro Juez de Distrito del Circuito más inmediato al que pertenece este órgano jurisdiccional, el cual resulta ser el JUEZ DECIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO, puesto que no fue señalado como autoridad responsable por la parte promovente. Bajo esas condiciones a efecto de preservar a la parte quejosa su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 38 y 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente juicio, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, al JUEZ DECIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN TAMPICO; para el efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. De igual modo, solicítesele de la manera más atenta al homólogo federal, se sirva acusar recibo e informar si acepta o no la competencia planteada. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y mediante exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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