Enrique Baranda Ruiz
Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2021
Partes del expediente
- Enrique Baranda Ruiz
- Ma. del Carmen Villagran Pozas y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de septiembre del año dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, al existir documentos originales exhibidos, se hace del conocimiento a la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días posteriores a la notificación del presente acuerdo, para que acuda al juzgado a recuperar dichas documentales, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, el Secretario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 522/2021-VII (número de orden 522/2021) del índice de este Órgano Jurisdiccional, por el que se encomendó notificar personalmente a los quejosos ** el proveído de fecha veintisiete de septiembre del año en curso, de lo que se advierte que fueron notificados en fecha siete de octubre pasado por medio de instructivo circunstancia de la que se toma conocimiento. Asimismo, téngase a la autoridad exhortada devolviendo la citada comunicación; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por por propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México y otra autoridad; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 908 2021VII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J 4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Y en ese sentido, debe puntualizarse que el quejoso quien pretende ostentarse como tercero extraño a juicio, en el escrito inicial de demanda que se atiende, se duele de los siguientes actos reclamados: Del Juzgado Cuarto Civil de primera instancia de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, México, la orden de notificar los autos de ejecución de sentencia de datas quince de octubre de dos mil diecinueve y diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, sin antes haber notificado personalmente la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio ordinario civil 484 2019. Del actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de primera instancia de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco México, la notificación de nueve de septiembre del año en curso, en donde se hizo conocimiento de los autos de quince de octubre de dos mil diecinueve y diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, así como de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil 4842019. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a Contra actos que afecten personas extrañas al juicio artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna. b Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX. c Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI 2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Luego, los actos que aquí reclama la quejosa, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, pues de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, por lo que hace al acto reclamado en el punto número 1, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse la promoción del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 1.113 del citado ordenamiento, que establece: Actuaciones nulas Artículo 1.113. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. En atención al artículo transcrito, se evidencia que, contra tal acto reclamado, es procedente el incidente de nulidad de actuaciones; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Luego, por cuanto hace al acto reclamado señalado con el arábigo número 2, debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.187 del citado ordenamiento, relativos al referido medio, dispositivo legal que establece: Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida En atención al artículo transcrito, de igual manera se evidencia que, contra el citado acto reclamado, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1974, del Tomo LIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: NULIDAD, NOTIFICACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE SENTENCIA. El artículo 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, estatuye que las notificaciones que se hicieron en forma distinta de la prevenida en el capítulo cuarto, libro primero, de dicho ordenamiento, serán nulas, y la parte agraviada puede promover ante el Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente, y aun cuando se hubiere pronunciado sentencia definitiva, tal circunstancia no es obstáculo para la tramitación del incidente de nulidad, puesto que aun cuando el artículo 844 del propio ordenamiento, defina los incidentes diciendo que son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el juicio principal, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que la nulidad de actuaciones puede promoverse no sólo antes de que se pronuncie sentencia definitiva, sino también después, cuando se trate de aquellas notificaciones o actuaciones realizadas con posterioridad a la sentencia referida. Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por los actos reclamados, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. En diversa tesitura, téngase por autorizada en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Santa Villagrán Pozas, por así indicarlo la misma. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** esto es, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, a efecto de lograr su notificación; con fundamento en los artículos 27, fracción lI, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto al Juzgado Civil de Primera Instancia de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de los quejosos, a fin de que le notifiquen el presente proveído. De igual modo se faculta al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahoguen la solicitud, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial. Solicítese el acuse de recibo correspondiente a la autoridad del fuero común. Cabe precisar que se estima adecuada la vía del exhorto para el apoyo solicitado y no otro medio; ello, en razón a que la autoridad indicada en líneas anteriores es un Juez de Primera Instancia, cuyo aspecto diferenciador con este órgano jurisdiccional radica en el ámbito competencial por razón de fuero únicamente. Con fundamento en los artículos 3 , 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1 2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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