Enrique Baranda Ruiz y Otros.
Expediente 1424/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Enrique Baranda Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el secretario del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, ********************, remite las constancias del exhorto 404/2023-I (número de orden 404/2023) del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar a los quejosos ******************* y *******************, el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, y requerirlos en los términos del referido auto. En ese contexto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, se hace la precisión de que el exhorto se recibe sin diligenciar, toda vez que de las constancias remitidas se obtiene que mediante instructivo el cual se dejó en poder de ********************, se pretendió notificar a la parte quejosa, por tanto, a fin de no dejarla en estado de indefensión y en razón de que no se siguieron las formalidades que establece la ley de amparo al momento de realizarse la notificación, pues la misma no debió realizarse a través de la persona que se indicó, sino debió haberse dejado el citatorio correspondiente, en tales condiciones, toda vez que la referida parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; es decir, el ubicado en la calle ********************, número ********************, en el municipio de ********************, ********************, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley citada, líbrese exhorto al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, ********************, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos el presente proveído, el diverso de trece de septiembre de dos mil veintitrés, y los requiera para que en el término de tres días o en el momento de la notificación señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo así las subsecuentes e incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el referido artículo 27, fracción ll, de la Ley de Amparo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y una vez diligenciado, lo devuelva a la brevedad posible. Cabe precisar que se estima adecuada la vía del exhorto para el apoyo solicitado y no otro medio; ello, en razón a que la autoridad indicada en líneas anteriores es un Juez de Primera Instancia, cuyo aspecto diferenciador con este órgano jurisdiccional radica en el ámbito competencial por razón de fuero únicamente.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Quince de agosto de dos mil veintitrés. Veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Dos de octubre de dos mil veintitrés. Nueve de octubre de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación solicitado el veinte de septiembre de dos mil veintidós. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra la Justicia de la Unión amparó y protegió a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable: "se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, y notifique la misma a la solicitante, ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." El quince de agosto de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable para que remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido por el representante legal de la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual remitió la notificación de veintiuno de septiembre del año en curso, mediante la cual hizo entrega del dictamen ********************, constancia de la que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Baranda Ruiz, Ma. Del Carmen Villagrán Pozas, Cecilia Villagrán Pozas y ********************, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1424/2023-I. Ahora bien, previo proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda en estudio, es menester precisar que los actos reclamados son los siguientes: El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 484/2019, con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en el que se tuvo por recibido el escrito por el cual los ahora quejosos exhibieron cuatro pagarés para dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el expediente aludido; es decir, garantizar el hecho de no perturbar la posesión del actor en el juicio de origen, lo cual no se proveyó favorable y ordenó estarse a lo acordado el siete de octubre de dos mil veintiuno. Con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Asimismo, el artículo 107, fracción IV primer párrafo de la mencionada ley, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 484/2019, con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en el que se tuvo por recibido el escrito por el cual los ahora quejosos exhibieron cuatro pagarés para dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el expediente aludido; es decir, garantizar el hecho de no perturbar la posesión del actor en el juicio de origen, lo cual no se proveyó favorable y ordenó estarse a lo acordado el siete de octubre de dos mil veintiuno. Puntualizado lo anterior, se obtiene que el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. En el caso en estudio, el acto reclamado es un acto emitido en el desarrollo del procedimiento de cumplimiento de la resolución que rige en los autos del juicio de primer grado. Así, como ya se dijo, el reclamo en vía de amparo en contra de actos "en" o "para" ejecución de sentencias debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución y en el caso particular el conflicto civil del cual emana el acto que en esta instancia inconstitucional se pretende impugnar, se encuentra en vías de cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución se encuentra en trámite. Sentado lo anterior, es evidente que procede desechar de plano la demanda de amparo que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia, al encontrarse el procedimiento generador del acto reclamado juicio ordinario civil 484/2019, en vías de ejecución; pues como se precisó, la intención del legislador, contenida en la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución de la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional, pudiendo reclamar los actos que impugna en el escrito de demanda que se atiende, como una violación cometida durante el desarrollo del procedimiento, para el caso de que la emisión del mismo, hubiera dejado sin defensa a la parte quejosa, en la etapa en que se encuentra el conflicto de origen. Es decir, el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente que se ha cumplido la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación; asimismo, no se desatiende que la parte quejosa indique que el acto reclamado constituye uno de imposible reparación; sin embargo, tal sería el efecto de una sentencia concesoria de amparo, retrotraer las cosas a la forma en que se encontraban previo a la violación reclamada, es decir, restituir al quejoso en el goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, por analogía la tesis I.8o.C.21 K, visible en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIV y XXIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Enrique Baranda Ruiz, Ma. Del Carmen Villagrán Pozas, Cecilia Villagrán Pozas y ********************, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; es decir, el ubicado en la calle Isidro Fabela oriente número cinco, en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley citada, líbrese exhorto al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos el presente proveído y los requiera para que en el término de tres días o en el momento de la notificación señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo así las subsecuentes e incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se les realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el referido artículo 27, fracción ll, de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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