Enrique Álvarez López
Expediente 409/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Álvarez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de quince de febrero del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por tal motivo, como se encuentra ordenado en dicho acuerdo, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO JAVIER RIÓS BERNAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 187), a efecto de que las partes hicieran manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 61 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; sin embargo, los terceros interesados inconformes con el fallo protector, interpusieron recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ejecutoria por la que se modificó la resolución emitida por este juzgador y concedió la protección constitucional al quejoso para que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca UE-101/2018. Emitiera otra resolución en la que considerara que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo; en consecuencia, revocara el auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México en la causa penal 558/2018, y decretara auto de libertad por falta de elementos. En esa tesitura, por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 161 y 162). En vista de ello, mediante oficio recibido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 173 a 186), la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se aprecia que hizo lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Asimismo, determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado de los delitos que se le imputan (homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo), en consecuencia, revocó el auto de plazo constitucional de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, en la causa penal 558/2015, por lo que ordenó su libertad por falta de elementos para procesar, por dichos ilícitos. Lo anterior, sin que impida que el Ministerio Público investigador pueda perfeccionar las pruebas que obran en autos, como el dictamen en materia de hechos de tránsito terrestre, para demostrar la responsabilidad del imputado al probar que iba a una velocidad excesiva, incumpliendo el deber de cuidado que le era exigible observar, o allegarse de más pruebas para integrar debidamente la averiguación previa. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, se ordena devolver a la Sala responsable, tres tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO ISAY ISIDORO LARIOS IBARRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 187), a efecto de que las partes hicieran manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 61 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; sin embargo, los terceros interesados inconformes con el fallo protector, interpusieron recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ejecutoria por la que se modificó la resolución emitida por este juzgador y concedió la protección constitucional al quejoso para que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca UE-101/2018. Emitiera otra resolución en la que considerara que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo; en consecuencia, revocara el auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México en la causa penal 558/2018, y decretara auto de libertad por falta de elementos. En esa tesitura, por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 161 y 162). En vista de ello, mediante oficio recibido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 173 a 186), la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se aprecia que hizo lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Asimismo, determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado de los delitos que se le imputan (homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo), en consecuencia, revocó el auto de plazo constitucional de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, en la causa penal 558/2015, por lo que ordenó su libertad por falta de elementos para procesar, por dichos ilícitos. Lo anterior, sin que impida que el Ministerio Público investigador pueda perfeccionar las pruebas que obran en autos, como el dictamen en materia de hechos de tránsito terrestre, para demostrar la responsabilidad del imputado al probar que iba a una velocidad excesiva, incumpliendo el deber de cuidado que le era exigible observar, o allegarse de más pruebas para integrar debidamente la averiguación previa. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, se ordena devolver a la Sala responsable, tres tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (foja 187), a efecto de que las partes hicieran manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 61 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; sin embargo, los terceros interesados inconformes con el fallo protector, interpusieron recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ejecutoria por la que se modificó la resolución emitida por este juzgador y concedió la protección constitucional al quejoso para que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca UE-101/2018. Emitiera otra resolución en la que considerara que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo; en consecuencia, revocara el auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México en la causa penal 558/2018, y decretara auto de libertad por falta de elementos. En esa tesitura, por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 161 y 162). En vista de ello, mediante oficio recibido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 173 a 186), la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se aprecia que hizo lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Asimismo, determinó que no se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado de los delitos que se le imputan (homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo), en consecuencia, revocó el auto de plazo constitucional de ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, en la causa penal 558/2015, por lo que ordenó su libertad por falta de elementos para procesar, por dichos ilícitos. Lo anterior, sin que impida que el Ministerio Público investigador pueda perfeccionar las pruebas que obran en autos, como el dictamen en materia de hechos de tránsito terrestre, para demostrar la responsabilidad del imputado al probar que iba a una velocidad excesiva, incumpliendo el deber de cuidado que le era exigible observar, o allegarse de más pruebas para integrar debidamente la averiguación previa. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, se ordena devolver a la Sala responsable, tres tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado.
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