Enrique Alejandro Guzmán Vargas
Expediente 161/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Alejandro Guzmán Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de treinta de marzo de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. ...se declara que ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido ... este expediente es susceptible de destrucción, ... ya que se trata de un asunto que se sobreseyó al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA I. Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo se acuerda: ... se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Incidental
MESA I. Agréguese a los autos la copia del oficio firmado por el Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que obre como corresponda.
- Principal
MESA I.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que: El quejoso Enrique Alejandro Guzmán Vargas, mediante escrito de dieciocho de febrero de dos mil quince, presentó demanda de amparo en la cual reclamó la orden de detención y su ejecución. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veinte febrero del actual, se admitió a trámite respecto a dichos actos y se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, el Administrador Local de Recaudación del Distrito Federal, el Policía Federal de Investigaciones, el Subadministrador de Ejecución Uno; la Abogada Tributaria de Ejecución Dos y el Jefe del Departamento de Ejecución Dos, NO EXISTEN, en esta ciudad con esa denominación, lo que se acredita con las razones actuariales de fecha veintitrés, veinticinco y veintisiete de febrero de dos mil quince, que obran en autos, por tanto no pueden existir los actos a ellas reclamados. Al rendir su informe justificado, el Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo por suplencia del Procurador General de la República; el Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal en representación de la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, el Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación en ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad; el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "1" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador General de Recaudación, el Director General de Amparos Contra actos administrativos en representación del Procurador Fiscal de la Federación y el Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado General de la Policía Federal, negaron la existencia de los mandamientos de molestia imputados. En estas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio biinstancial, ante la inexistencia de las autoridades y los actos reclamados consistentes en la orden de detención y su ejecución. Por tanto, continuar con el trámite del juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicho proceder contravendría el espíritu del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso, se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; entre tanto, el sobreseimiento decretado es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Lo anterior es así, dado que la orden de detención es un instrumento público que emana de una averiguación previa, y la prueba idónea de su existencia sería el propio documento, mismo que no podría ser aportado por el quejoso al juicio de amparo, ya que ante la negativa expresa de la autoridad responsable, las copias de la averiguación previa serían inconducentes para ello. Se afirma lo anterior, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan, va encaminada, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si en relación a la orden de detención la autoridad responsable niega haberla librado, ni aun en el supuesto de que existiera una averiguación previa que involucrara al quejoso, tal documental podría estimarse conducente para desvirtuar la negativa, dado que la indagatoria no constituye el acto reclamado, y al valorarla el juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos reclamados, habida cuenta que no necesariamente toda averiguación desemboca en el dictado de la orden de detención; de ahí que la copia certificada de la referida investigación, en su caso, resultaría inconducente para la prueba de ese extremo. En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a quien se imputa la violación constitucional. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil quince. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
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