Enrique Alvarado López GÜitron

Expediente 1538/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1538/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Enrique Alvarado López GÜitron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(I)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficios a las autoridades responsables.(I)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de catorce de febrero dos mil diecinueve...Visto el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local en Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ausencia del Director Local de dicho órgano y sus anexos, agréguense a los autos para que obren como corresponda; en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales. Ahora de autos se advierte lo siguiente: a) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, Enrique Alvarado López Güitron, presentó demanda de amparo contra las autoridades responsables Dirección Local de Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua y Registro Público de Derechos del Agua, en la que reclamó la falta de expedición e inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua la concesión correspondiente a la resolución del trámite de autorización para la transmisión de títulos y su registro adquiridos del título de concesión número 08AGS102885/12AMGE98, otorgada mediante oficio BOO.E.41.1.2007/001662 de cinco de julio de dos mil siete. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1538/2018-I; en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El trece de febrero del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el oficio de la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local en Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ausencia del Director Local de dicho órgano, en el que informó que derivado del oficio BOO.E.41.1.2007/001662 de cinco de julio de dos mil siete, dentro del expediente 2292, emitió y registró en el Registro Público de Derechos de Agua, el título de concesión 08AGS102885/12AAMDL19, el cual fue debidamente notificado el ocho de febrero de dos mil diecinueve a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto; acompañando las documentales en copia certificada, a las que se les concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. De lo anterior se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Dirección Local de Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua y Registro Público de Derechos del Agua, la falta de expedición e inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua la concesión correspondiente a la resolución del trámite de autorización para la transmisión de títulos y su registro adquiridos del título de concesión número 08AGS102885/12AMGE98, otorgada mediante oficio BOO.E.41.1.2007/001662 de cinco de julio de dos mil siete. Por su parte, de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en el expediente 2292, emitió y registró en el Registro Público de Derechos de Agua, el título de concesión 08AGS102885/12AAMDL19, el cual fue debidamente notificado el ocho de febrero de dos mil diecinueve a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, lo anterior derivado del oficio BOO.E.41.1.2007/001662 de cinco de julio de dos mil siete. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve.(I)

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración.(I)

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