Enrique Alonso Enriquez
Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Enrique Alonso Enriquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el veintidós de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el diecinueve de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos del artículo 21, inciso c) del referido ordenamiento legal, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, en la fecha y términos antes indicados. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por lista a las partes, 533/2020-III.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de uno de octubre de dos mil veinte, dentro del recurso de queja administrativa .......... Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto 533/2020-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, promovido por Enrique Alonso Enríquez, contra la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Aguascalientes y otra autoridad. Notifíquese (.)" Por otro lado, adiciónense a los autos para los efectos legales correspondientes los oficios firmados por el Director del Hospital General de Zona Número 1 en Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Encargado de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, a través de los cuales, solicitan se sobresea el presente juicio de garantías por haber cesado los efectos para los cuales se promovió. Asimismo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la Directora del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, remite las constancias solicitadas; en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales. Ahora de autos se advierte lo siguiente: a) El dieciocho de agosto del año en curso, , presentó demanda de amparo contra la Director del Hospital General Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes y otra autoridad, en la que reclamó en esencia lo siguiente: La orden verbal de hacerse cargo y responsable para atender a pacientes contagiados de Covid-19, acorde al rol implementado, girada en la reunión que sostuvieron el pasado doce de agosto del año en curso, así como la negativa de suspender sus labores únicamente frente a enfermos de COVID-19. Además, el peticionario precisa como acto reclamado relacionado, la omisión de responder al escrito presentado el trece de agosto pasado, ante la Jefa de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual le hizo saber su preocupación de que se le pusiera al frente como médico tratante y líder responsable de los pacientes de Covid- 19. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 533/2020-III; en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veintiuno de octubre del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el oficio de la Directora del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, en el que informó que el hoy quejoso Enrique Alonso Enríquez, con matricula 10381228, categoría de Médico no Familiar 80 (anestesiología) y adscripción al Hospital General de Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, se encuentra comisionado al Servicio de Anestesiología del Diverso Hospital General de Zona número tres, desde el uno de septiembre de dos mil veinte, en un horario de 20:30 horas a las 07:20 horas, los días lunes, miércoles y viernes. De igual manera, que actualmente desempeña sus funciones dentro del área de quirófanos del Hospital General de Zona número tres, asignado al quirófano central; asimismo, refiere que los pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19 que requieren de intervención quirúrgica, ya sea obstétrica, pediátrica o general, son remitidos al Hospital General de Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, para recibir atención especializada. Motivo por el cual esa dependencia no realiza cirugías a pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19 y en consecuencia, el quejoso no atiende a tales derechohabientes (beneficiarios), en ese sentido, también indica que la comisión del quejoso al quirófano central es fija, esto es, sin rol rotatorio. Para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de las siguientes constancias: Memorándum 0101012192/033/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual la doctora Mariana Torres Landa, en su carácter de Jefa de Anestesiología del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Aguascalientes, informó al doctor Sergio Iván Sánchez Estrada, Director del Hospital General de Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, que a partir del uno de septiembre de dos mil veinte el quejoso Enrique Alonso Enríquez, con matrícula 10381228 y adscripción en el referido nosocomio, sería comisionado para desempeñarse en el Servicio de Anestesiología del diverso Hospital General de Zona Número 3 del IMSS en Aguascalientes, los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario de las 20:30 a las 07:20 horas. Pliego de comisión (pliego No. 2) de veintiocho de agosto de dos mil veinte, del que se desprende la autorización de comisión a favor del quejoso, con adscripción al Hospital General de Zona Número Uno, para "APOYO A HGZ 3 AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA", por el periodo comprendido del uno al quince de septiembre de dos mil veinte. Pliego de comisión (pliego No. 3) de diecisiete de agosto de dos mil veinte, del que se desprende la autorización de comisión a favor del quejoso, con adscripción al Hospital General de Zona Número Uno, para "APOYO A HGZ 3 AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA", por el periodo comprendido del uno al quince de septiembre de dos mil veinte. Pliego de comisión (pliego No. 8) de cinco de octubre de dos mil veinte, del que se desprende la autorización de comisión a favor del quejoso, con adscripción al Hospital General de Zona Número Uno, para "APOYO A HGZ 3 AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA", por el periodo comprendido del uno al quince de octubre de dos mil veinte. Oficio número 0101103/200200/01/202/2020 de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual la doctora Mónica Patricia Alejo González, en su carácter de Comisionada de la Subdirección Médica del Hospital General de Zona Número 3 del IMSS en Aguascalientes, ratifica que a partir del uno de septiembre de dos mil veinte, el quejoso con adscripción en el Hospital General de Zona 1, ha estado comisionado para desempeñarse en el Servicio de Anestesiología del Hospital General de Zona Número 3 del IMSS en Aguascalientes, los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario de las 20:30 a las 07:20 horas; desempeñando sus funciones en el Área de Quirófanos, específicamente en el quirófano central, área que no recibe pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. De lo anterior se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, ha sobrevenido en forma manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Director del Hospital General Zona 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, la orden verbal de hacerse cargo y responsable para atender a pacientes contagiados de Covid-19, acorde al rol implementado, así como la omisión de responder al escrito presentado el trece de agosto pasado, ante la Jefa de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. De esta guisa, respecto de la falta de respuesta reclamada, se tiene que de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado y de las que remitió la Directora del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, emerge que mediante oficio número 019001200100/403/2020 de uno de septiembre de dos mil veinte, la titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, hizo del conocimiento del quejoso las razones de hecho y los motivos de derecho que fundan y motivan la instrucción que fue girada el doce de agosto de dos mil veinte, notificando al promovente del amparo el dos de septiembre pasado, y subsanando con ello lo reclamado por el quejoso. Así, se colige que, este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad, dado que se ha procedido a dar respuesta a su petición, notificándolo personalmente en los términos preinsertos. Sin que pueda estimarse motivo en contrario para sobreseer, del contenido de la respuesta otorgada al quejoso respecto de su petición, exhibida por la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que da razón a este sumario constitucional. Ello, tomando en cuenta que en proveído dictado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se ordenó requerir personalmente a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la referida respuesta de la autoridad responsable, apercibida que en caso de no hacerlo, el presente asunto se resolvería únicamente respecto de los actos señalados en su demanda de amparo inicial que motivaron la admisión parcial de esta. Así, mediante ocurso presentado por la parte quejosa el nueve de octubre de dos mil veinte, expresamente se manifestó la voluntad de aquella, para no ampliar la demanda de ampara en relación con la respuesta otorgada; inclusive, el impetrante refirió como motivo toral de su negativa a tal acto procesal, lo siguiente: ". en virtud de que al estar adscrito a otra clínica, en donde no atiendo pacientes con COVID, ya que no estoy expuesto con dichos pacientes, ya que ahora estoy en la especialidad que tengo (anestesiología)." Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razones jurídicas y por mayoría de razón de sus argumentaciones, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 113, del tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE". Asimismo, se invocan como ilustrativos de lo anterior, los siguientes criterios de Tribunales Colegiados: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. OPORTUNIDAD DE FORMULARLA" y "DEMANDA DE AMPARO. OPORTUNIDAD PARA AMPLIARLA O PROMOVER UN NUEVO JUICIO DE GARANTIAS". En diverso aspecto, respecto del restante acto reclamado, consistente en la orden verbal de hacerse cargo y responsable para atender a pacientes contagiados de Covid-19, acorde al rol implementado, también se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia en análisis. Es así, en la medida que, adicional a las manifestaciones del quejoso en el sentido últimamente trascrito, se tiene que mediante memorándum 0101012192/033/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Jefa de Anestesiología del Hospital General Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, informó al impetrante que a partir del uno de septiembre de dos mil veinte, sería comisionado para desempeñarse en el servicio de anestesiología del diverso Hospital General de Zona Número Tres. Finalmente, mediante oficio número 010103/200200/01/303/2020 de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la Comisionada de la Subdirección Médica informó que el hoy quejoso Enrique Alonso Enríquez, con matricula 10381228, categoría de Médico no Familiar 80 (anestesiología) y adscripción al Hospital General de Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, se encuentra comisionado al Servicio de Anestesiología del diverso Hospital General de Zona número tres, desde el uno de septiembre de dos mil veinte, en un horario de 20:30 horas a las 07:20 horas, los días lunes, miércoles y viernes. De igual manera, que actualmente desempeña sus funciones dentro del área de quirófanos del Hospital General de Zona número tres, asignado al quirófano central; asimismo, refiere que los pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19 que requieren de intervención quirúrgica, ya sea obstétrica, pediátrica o general, son remitidos al Hospital General de Zona Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, para recibir atención especializada. Motivo por el cual -se afirmó- esa dependencia no realiza cirugías a pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19 y en consecuencia, el quejoso no atiende a tales derechohabientes (beneficiarios), en ese sentido, también indica que la comisión del quejoso al quirófano central es fija, esto es, sin rol rotatorio. Manifestaciones las anteriores, que se encuentran fehacientemente soportadas con la documentación que fue relacionada en párrafos precedentes, con el valor convictivo pleno que se les ha otorgado. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en anteriores términos y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario, traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, dieciséis horas del veintinueve de octubre de dos mil veinte. Por otro lado, téngasele a la autoridad responsable, proporcionando medio de contacto en el que puede ser localizada, y al efecto señala correo electrónico. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista al resto de las partes, 533/2020-III.
- Principal
Visto el escrito de .....................parte quejosa en el presente juicio, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, realiza diversas manifestaciones. Asimismo, manifiesta que no es su deseo ampliar la demanda de amparo, toda vez que fue transferido al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, en donde no atiende a pacientes con COVID-19 y no se encuentra expuesto al contagio. En ese sentido, como refiere el quejoso que fue transferido al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, en donde no atiende a pacientes con COVID-19; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ante la existencia de indicios sobre la posible configuración de una causal de improcedencia en el juicio, que este juzgador debe investigar de oficio; requiérase al titular de esa autoridad -Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes-, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél en que se le notifique el presente acuerdo, remita a este Juzgado las constancias con las que se acredite que ............con matrícula 10381228, se encuentra laborando en esa dependencia en la especialidad de anestesiología a partir del uno de septiembre de dos mil veinte, sin que se encuentre en el rol de guardias de pacientes de COVID-19 o en alguna área en la que atienda beneficiarios con ese padecimiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el registro IUS 176291, en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $........... (................... moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $............ (.................. moneda nacional). Notifíquese por oficio al titular del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, a las restantes autoridades responsables y mediante lista a las demás partes, 533/2020-III.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda, y de ser el caso, señalara como acto reclamado la respuesta realizada y formulara los conceptos de violación que estimara pertinentes, mismo que le fue notificado el veintiuno de septiembre del año en curso, sin que a la fecha haya transcurrido el plazo otorgado para ello, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo. Por lo cual no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; consecuentemente, se difiere la misma para las dieciséis horas del veintinueve de octubre de dos mil veinte. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y mediante lista a las demás partes, .... 533/2020-III.
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- Enrique Aguilar Lariz460/2014
- Enrique Aguilar Lariz2186/2015
- Enrique Aguiñaga Montoya932/2022
- Enrique Alonso de la Rosa38/2017
- Enrique Alvarado López GÜitron1538/2018
- Enrique Álvarez Limon1648/2015
- Enrique Ambrocio Esparza Martínez449/2016
- Enrique Ambrocio Esparza Martínez1822/2015
- Enrique Ambrocio Martínez Esparza2958/2015
- Enrique Angel Durtán Correa2394/2014