Enrique Alonso Zayas
Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Alonso Zayas
Actuaciones
- Principal
..el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en atención a su contenido, comuníquesele que por auto de veintisiete de los corrientes, se le informó el estado procesal del incidente de suspensión y del juicio de amparo en que se actúa, y se le remitieron copias certificadas de las constancias correspondientes.
- Principal
.. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 280/2021. ..Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Enrique Alonso Zayas, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 280/2021. PRECISIÓN TRÁMITE POR EMERGENCIA SANITARIA. Cabe decir que la tramitación del presente asunto, se sujetará a las reglas y precisiones previstas en la circular SECNO/13/2021, apartado III, emitida el veintisiete de febrero del año en curso, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en la que hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el oficio PA/0404/2021 de cinco de abril del año en curso, mediante el cual el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial determinó su cambio de adscripción como auxiliar de mantenimiento, de las Oficinas Centrales del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, en esta ciudad, a la comandancia de Pánuco, Veracruz, a partir del trece de abril de la presente anualidad, así como la implicación de gastos extras y consecuencias de lo anterior. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 612, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I3, y 54, fracción II, de la Ley de Amparo, y 1035, fracción I, de la Constitución Federal. Del artículo 5º, fracción II de la Ley de la materia, se desprende que para efectos de los juicios de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo que la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. En tal sentido, el Máximo Tribunal del país interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquéllos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desestimó la necesidad de emplear "el uso de la fuerza pública" como elemento integrante del acto autoritario, aceptando la posibilidad de que organismos descentralizados, como las Universidades, puedan emitir actos de autoridad susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otro tipo de actos que no resultan ser impugnables en juicio constitucional; por ello, ha sido ampliado dicho criterio y también se tiene con tal carácter a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. A partir de tal conclusión, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. . Ahora bien, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supra a subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que se tiene que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes respectivas para dirimir las controversias que se susciten, por ejemplo, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. . Ahora, para el caso, se considera que los actos que reclama la parte quejosa no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajadorpatrón equiparado; es decir, derivan de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, al emitir u omitir dictar los actos reclamados las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituyen actos en su calidad de patrón equiparado del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten u omitan adoptar las autoridades adscritas a la dependencia señalada como responsable, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta o pretende que se ejecute, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, los actos de que se duele no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Asimismo, el juicio de amparo no es el medio para reclamar el cambio de adscripción y demás prestaciones como trabajador del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante los órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las autoridades que señala como responsables. . Lo anterior, aunado a que el quejoso manifestó que labora como "auxiliar de mantenimiento" en las Oficinas Centrales del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, con sede en esta ciudad, y el seis de abril se le notificó el oficio PA/0404/2021 con el que se determinó su cambio de adscripción a la comandancia de Pánuco, Veracruz, de lo que se aprecia que el quejoso tiene un puesto cuya función no tiene relación directa con la investigación y persecución de los delitos en términos del artículo 21 Constitucional, razón por la cual no está sujeto al régimen de excepción previsto en el diverso 123, apartado B, fracción XIII Constitucional, por lo que, los actos reclamados derivan de las relaciones laborales entre particulares que se ubican en un mismo plano (patrón-trabajador). En mérito de lo expuesto, este Juzgado determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, párrafo primero, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, analizados en su conjunto con el diverso 113 de la citada legislación, permiten concluir que debe desecharse de plano la demanda de amparo origen de este asunto. . Lo anterior se determina así, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el quejoso en su demanda de amparo haya manifestado que combate: ".el oficio número PA/0404/2021 de fecha 05 de abril de 2021, emitido sin justificación y falta de fundamentación y motivación.", pues de la lectura íntegra de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso, como se indicó, de lo que se duele es de la determinación tomada por el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial de cambiarlo de adscripción como auxiliar de mantenimiento, de las Oficinas Centrales del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, en esta ciudad, a la comandancia de Pánuco, Veracruz, esto es, no se duele como tal del contenido de oficio sino de la determinación de cambiarlo de adscripción tomada por su empleador. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a la parte quejosa, para que: Opte por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al promover deberá tomar en consideración que la Oficialía de Partes Común habilitada atenderá la recepción de promociones de seis órganos jurisdiccionales, por lo cual posiblemente tendrá una mayor afluencia de usuarios, por lo cual se les recomienda, presentar sus promociones de forma electrónica o bien físicamente, con la debida anticipación. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase también a la quejosa para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcione un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el indicado en su demanda de amparo, y como su autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Alonso Zayas. Aunado a lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico siguiente. Por tanto, se instruye a los actuarios judiciales para que las notificaciones que realicen de este asunto, durante la contingencia sanitaria, las efectúen vía correo electrónico a la parte quejosa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Por último, toda vez que la parte promovente solicita la devolución de los documentos originales que anexó a su demanda de amparo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las documentales que solicita y hágase entrega al ocursante o a su autorizado, dejándose en autos copia certificada de éstas, previa identificación y razón que por su recibo otorgue para debida constancia, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, lo anterior, previa cita que genere en el sistema habilitado para ello, a fin de que comparezca a recogerlo, desde luego de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 en cita, en cumplimiento a las medidas tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la subsistencia de la situación de emergencia sanitaria actual, para su entrega y recepción respectiva.
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