Enrique Aguirre Galindo

Expediente 640/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
640/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Enrique Aguirre Galindo
  • Enrique Aguirre Galindo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el auto referencia... archívese este juicio como concluido....se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Enrique Guzmán Trejo, Enrique Aguirre Galindo, Joel Alejandro Ruíz de la Cruz y Manuel Carrillo Mayagoitia, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación al artículo 28 Constitucional. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 640/2019/V-A. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados todos los actos administrativos o legislativos tendentes a la desaparición de la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de la misma ley. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación armónica de los artículos 107, fracción I , de la Constitución General de la República, 61, fracción XII , 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. De esta manera, el principio fundamental del amparo sobre la existencia de un agravio personal y directo para su procedencia, implica que la acción de amparo sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, por lo que deberá derivar precisamente del acto reclamado. De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Sin embargo, los solicitantes del amparo no evidencian ni señalan en forma alguna cómo el acto reclamado, consistente en la desaparición de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), subdelegación Xalapa, les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernados, pues aducen que tiene interés jurídico en impugnar dichos actos reclamados, esto es, aducen un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refieren las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de garantías. En efecto, los peticionarios de amparo aducen como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de garantías, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de garantías le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. En conclusión, el derecho en el que se sustentan los impetrantes de amparo, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Esto es, en los actos reclamados los quejosos tienen un interés simple como todo miembro de la comunidad con relación a la disminución de las representaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en la república mexicana, con el esquema de creación de oficinas de defensoría del consumidor (ODECOS); sin la circunstancia de que en algún momento hubieran realizado algún trámite ante la Delegación de tal autoridad, como lo acreditan con las copias de los expedientes que acompañan, tenga el alcance de legitimarlos para instar la protección federal, dado que ello no cambia el interés simple que se ha dicho poseen. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la Constitución no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de garantías, aduciendo como única condición legítimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Resulta igualmente aplicable, la tesis número 1a.CLXXXIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Libro 8, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009201, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." Por otra parte, también se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, párrafo primero, del mismo ordenamiento, y el artículo 107, fracción II constitucional, toda vez que se advierte que de admitirse la demanda y concederse el amparo, éste tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, lo cual contravendría lo dispuesto en el artículo 73, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia 2a./J.36/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1060, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y por autorizada con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa Carbajal Vázquez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe...

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