Enrique Alfonso Díaz Vega

Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1142/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Enrique Alfonso Díaz Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Enrique Alfonso Díaz Vega para los efectos siguientes: QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. En las relacionadas condiciones, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se deberá restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, al tratarse el acto reclamado de carácter positivo, el efecto tutelar será: a) La autoridad responsable deje insubsistente el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace al aquí quejoso, y b) Emita uno nuevo en el que, con funde y motive las consideraciones de la gravedad del incumplimiento de la resolución como lo señala el artículo 103, párrafo tercero, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para la imposición de multa. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 789/23 al que anexó copia certificadas del proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, en donde dejó sin efectos le imposición de la multa económica contenida en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen. Posteriormente, remitió el diverso 2966/23, al que anexó copia certificada del auto de veintiuno de febrero del año en curso, en el que con base en los lineamientos precisados en la sentencia de amparo fundo y motivo la respectiva determinación y estableció hacer efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa, en cuanto al auto pronunciado por la responsable en el que se determinó la imposición de la multa. Sin embargo, los efectos fueron para que la responsable dejara insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós y además emitiera acuerdo en el que motivara las razones de porqué el funcionario no dio cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad; así como motivara porqué como autoridad vinculada a la sentencia de nulidad fue omiso en darle tramite a los oficios en el que se le hicieron los requerimientos, así como para estimar que existía gravedad en el incumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo anterior, toda vez que la ejecutoria de amparo sólo vinculaba a la autoridad responsable de manera parcial, esto es al tener que dejar sin efectos el auto impugnado, pero desvinculada totalmente al otorgársele plena jurisdicción para dictar el nuevo auto de manera fundada y motivada. Por tanto, si la Sala responsable dejó sin efectos el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, cumplió con la ejecución de la primera parte de los efectos de la sentencia de amparo; y al dictar el acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, en el que con plenitud de jurisdicción fundo y motivo las razones por las cuales porque el quejoso como autoridad vinculada a la sentencia de nulidad fue omiso en darle tramite a los oficios en el que se le hicieron los requerimientos, así como para estimar que existía gravedad en el incumplimiento de la sentencia de nulidad, esto último no vinculada por ningún lineamiento que se le hubiera marcado en la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; intégrese a los autos el original del cuaderno de suspensión respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Asimismo, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el multicitado Acuerdo General, se estima susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que trascurra el término de seis meses, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se cuenta con constancias que anexó la autoridad responsable, mismas que ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese la comunicación signada por el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por el que hace diversas manifestaciones respecto a la vista que se le otorgó en proveído de veinticuatro de febrero del presente año; lo que será tomado en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la comunicación signada por la Actuaria de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por el que acusa recibo del oficio 1778/2023 de veinticuatro de enero del presente año. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En primer término se deben precisar los efectos del fallo protector que son los siguientes: QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. En las relacionadas condiciones, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se deberá restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, al tratarse el acto reclamado de carácter positivo, el efecto tutelar será: a) La autoridad responsable deje insubsistente el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace al aquí quejoso, y b) Emita uno nuevo en el que, con funde y motive las consideraciones de la gravedad del incumplimiento de la resolución como lo señala el artículo 103, párrafo tercero, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para la imposición de multa. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 789/23 al que anexó copia con firmas autógrafas de la resolución de doce de enero del año en curso, en donde dejó sin efectos le imposición de la multa económica contenida en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen y posteriormente determinó hacer de nueva cuenta efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós. Resulta necesario realizar un análisis detallado de los puntos precisados en la sentencia de amparo para lo cual conviene transcribir el siguiente fragmento: [.] Como se advierte de los antecedentes narrados al aquí quejoso únicamente se le realizaron cuatro requerimientos desde que tomó el cargo de Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, esto es, a partir del uno de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, mediante proveídos de veintiocho de marzo, veintiséis de abril, veintiuno de junio y cuatro de agosto de dos mil veintidós, contrario a lo señalado por la Sala Regional responsable en el sentido de que durante trece ocasiones se le requirió el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Asimismo, la autoridad responsable dejó de motivar porqué el citado funcionario no dio cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad, aun cuando solamente se le conminó en los requerimientos (segundo y tercero) a que acreditara los trámites efectuados respecto de los oficios DAJ/0774/2022 y DAJ/0989/2022 emitidos por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno; en tanto que en el cuarto requerimiento, se conminó, junto con las autoridades demandadas, para que acreditara el pago de becas y seguro de vida, así como que una vez cerciorados de que Silvia Carolina Chávez Astorga se ubica en la hipótesis del artículo 195 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se le otorgara una casa de interés social a título gratuito. Esto es, no motivó porqué el funcionario -aquí quejoso- como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de nulidad, fue omiso en dar trámite a los oficios de mérito e incumplió con el pago de becas, seguro de vida y el otorgamiento de casa de interés social, para estimar que existía gravedad en el incumplimiento de la sentencia a cumplimentar. [.] De lo anterior, debe decirse que para un cabal cumplimiento de la sentencia la sala responsable está obligada a valorar los medios de convicción que le permitan llegar a la conclusión que estime pertinente, es decir no basta con ubicar las omisiones de la autoridad a quien se le demanda en cumplimiento de la sentencia para relacionarlas en las hipótesis que establece la ley, sino que debe realizar la debida motivación y fundamentación que para el caso sea aplicable es decir debe exponer con amplitud y certeza las causales que lo llevaron a tomar esa decisión. Ahora, del análisis del acuerdo de doce de enero del año en curso, dictado por la sala responsable es menester precisar los siguientes puntos [.] Del análisis realizado al proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se desprende que se tuvo por recibido el informe rendido por el Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario y Subsecretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, autoridades vinculadas del cual no se advirtió que hubiera realizado actuaciones sustantivas tendentes al debido cumplimiento de la sentencia, dado que solamente se limitó a reiterar lo ya manifestado en el sentido de haber girado oficios a diversas áreas y autoridades solicitando realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento; sin embargo, ello no representa una acción efectiva tendente, puesto que no acredita haber realizado el pago de las prestaciones solicitadas o algún otro tipo de gestión para lograr el referido cumplimiento; lo cual ha sido insuficiente y en consecuencia, no se ha cumplido con la sentencia de mérito. [.] En ese sentido, en atención a los elementos a que hace alusión el precepto de referencia y en cumplimiento a la ejecutoria en cuestión, se expone la gravedad del incumplimiento, puesto que se ha requerido en cuatro ocasiones, a través de los proveídos de veintiocho de marzo, veintiséis de abril, veintiuno de junio y cuatro de agosto de dos mil veintidós; sin que la misma haya otorgado cabal cumplimiento a la sentencia, y no puede postergarse el cumplimiento con evasivas de la autoridad, ya que con su incumplimiento se estaría obstaculizando la restitución del derecho agraviado de la actora. [.] De lo transcrito anteriormente se observa que de manera general la responsable solamente motivo su actuar con base en las omisiones de la autoridad vinculada al cumplimiento, sin tomar en cuenta las secuencias de las circunstancia de tiempo, modo y lugar. Ahora, para un mejor entendimiento de los alcances del fallo protector, se debe precisar que, para realizar una debida motivación y fundamentación la responsable debe no solo tomar en cuenta las omisiones y exponerlas de manera genérica, sino realizar la explicación derivando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a mayor entendimiento se debe exponer desde el momento en que se llevaron a cabo los requerimiento hasta el día en que fenecieron los términos a la autoridad vinculada al cumplimiento que culminó con la imposición de la multa. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo en su arábigo segundo, se deja sin efectos la vista concedida en veinticuatro de enero del año en curso, y se repone el procedimiento de ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable, para que dentro del término de tres días computados a partir de la legal notificación del presente proveído remita en copia certificada de la constancia con la que acredite el cabal cumplimiento al fallo protector, siguiendo de manera puntual la sentencia. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. Notifíquese.

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