Enrique Alfonso Díaz Vega

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Enrique Alfonso Díaz Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, doce de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción , y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; intégrese a los autos el original del incidente de suspensión. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Finalmente, remítanse al Tribunal de Justicia Administrativa con residencian en esta ciudad las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 743/2022, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias. Se abre el periodo de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 743/2022. TRÁMITE. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. En auto de diecinueve de julio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que los actos reclamados pueden tener ejecución material en esta localidad. SEGUNDO. Autoridades y actos reclamados. De la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa: La multa impuesta en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad 2056/2014-IV. De la Oficina de Recaudación de Culiacán dependiente de la Dirección del Servicio de Administración del Tributaria del Estado: La ejecución de la multa. TERCERO. Actos existentes Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional responsable, ya que en su informe justificado reconoció su existencia (foja 35); lo que está corroborado con la copia certificada del expediente del juicio natural, en el que está la determinación cuestionada. Por otro lado, debe tenerse cierto el acto reclamado a la Oficina de Recaudación de Culiacán dependiente de la Dirección del Servicio de Administración del Tributaria del Estado no obstante su negativa al rendir su informe justificado sobre la ejecución de la multa impuesta a la quejosa (foja 37), ya que dadas sus funciones se encuentra en aptitud de cumplir la ejecución del acto. CUARTO. Legitimación. El quejoso promovió el amparo por conducto del Procurador Fiscal del Estado a fin de reclamar la imposición de multa como persona física, esa medida de apremio se originó con motivo de su cargo público como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, de ahí que está justificada la legitimación de quien promovió el amparo en su nombre, al tratarse de institución que representa la persona moral oficial a fin de no interrumpir sus funciones para defenderse de la sanción. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a/J 142/2017 (10a) dela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 775, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.). QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Del tomo de pruebas destacan los antecedentes siguientes: 1. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dictó sentencia en el juicio de nulidad 2056/2014 (tomo de pruebas, fojas 1 a 29), que: Condenó a las autoridades demandadas Procurador General de Justicia del Estado y Dirección de la Policía Ministerial al pago de pensión de orfandad a la parte actora, así como al pago de seguro de vida. Absolvió del otorgamiento de casa de interés social, pago de gastos funerarios, becas a la parte actora, como a las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, días de descanso obligatorio, fideicomiso y gastos médicos. Estableció que una vez que causara ejecutoria la sentencia las autoridades demandadas Gobernador del Estado, Procurador General de Justicia del Estado y Dirección de la Policía Ministerial debían informar sobre el cumplimiento. 2. En resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la revisión 1123/2018 y sus acumulados 1124/2018 y 1125/2018, la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia del Estado (tomo de pruebas, fojas 126 a 160), modificó la sentencia de primer grado con los efectos siguientes: La pensión de orfandad fuera otorgada a la parte actora desde el once de enero de dos mil tres en que murió el elemento policial, hasta la fecha en que el actora termine sus estudios o cumpla veinticinco años (tomo de pruebas, foja 147). La parte actora tenía derecho al pago de becas desde el quince de octubre de dos mil nueve hasta que la parte actora alcanzó mayoría de edad (tomo de pruebas reverso de la foja 147 y 148). Se condenó de forma genérica al pago de orfandad para dejar a salvo el derecho de las partes a cuantificar vía incidental para los incrementos salariales (tomo de pruebas, reverso de la foja 149). Otorgar casa de interés social a título gratuito (tomo de pruebas, reverso de la foja 151). 3. En auto de doce de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional de origen tuvo recibida la resolución de la Sala Superior y ordenó requerir al Gobernador del Estado, así como a la Fiscalía General del Estado (denominación actual) y Dirección de la Policía Ministerial para que dentro del plazo de quince días informaran el cumplimiento al fallo (tomo de pruebas fojas 161 a 160). 4. En proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 186 a 188), entre otras cosas: Tuvo informando al Fiscal General del Estado las gestiones antes la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para cumplir con la sentencia; e informando al Gobernador las gestiones de cumplimiento ante la Secretaría citada. Ordenó requerir nuevamente a las autoridades demandadas informar y acreditar el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de tres días. Tuvo como autoridad vinculada al fallo al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y ordenó requerir para que dentro del plazo de tres días informara y acreditara el cumplimiento a la sentencia. 5. Mediante oficios de treinta de agosto y quince de octubre de dos mil diecinueve (tomo de pruebas fojas 200 y 230), el Subprocurador Fiscal de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado informó: No le competía el cumplimiento de la sentencia ya que la Fiscalía General del Estado era órgano público autónomo dotado de patrimonio propio y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto. 6. En proveído de veintinueve de noviembre siguiente (tomo de pruebas fojas 249 a 252), la Sala Regional requirió nuevamente el cumplimiento a las autoridades demandadas y estableció lo siguiente: Conforme a los artículos 9. Fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, se facultaba a la dependencia citada para asignar y autorizar a las dependencias y entidades el ejercicio y liberación de recursos, por lo cual era procedente requerir al Secretario de esa institución como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, por lo cual ordenó remitirle copia certificada de la sentencia y de la resolución de la Sala Superior que la modificó para que estuviera en aptitud de cumplir la sentencia. 7. En acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno (tomo de pruebas fojas 341 a 345), después de diversos requerimientos e informes, la Sala regional ordenó nuevamente requerir el cumplimiento del fallo a las autoridades responsables y, entre otras cosas, estableció: Era cierto que la Fiscalía General del Estado se constituyó como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto; sin embargo, el artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía citada establecía que hasta en tanto se expidieran las disposiciones administrativas aplicables, el recurso presupuestal de asignaciones destinadas para cubrir laudos labores, indemnizaciones, pago de jubilados, pensiones y otras, continuarían administradas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Ordenó requerir al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado como autoridad vinculada para que dentro del plazo de tres días informara las gestiones realizadas para obtener el fallo. 8. Mediante oficio de ocho de marzo posterior, la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa informó a la Sala Regional que solicitó al Director de Recursos Humanos informar los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia (tomo de pruebas fojas 369). 9. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós (juicio principal, fojas 57 a 61), después de diversos requerimientos, la Sala Regional estableció que: Las autoridades demandadas habían hecho gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, sin que esta autoridad acreditara el pago de las prestaciones condenadas, aunado que se había abstenido de informar sobre las diligencias realizadas. Impuso multa al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Ordenó requerir nuevamente a las autoridades demandadas y vinculadas a cumplir el fallo, entre ellas al Secretario citado. Requirió al Gobernador del Estado en carácter de superior jerárquico para exhortar y conminar al cumplimiento al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 10. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, fue notificado el oficio 2942/2022, dirigido al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, que contenía el auto de requerimiento aludido (tomo de pruebas, foja 470). 11. El cinco de mayo posterior (tomo de pruebas, foja 487), el Procurador Fiscal en representación del Secretario citado informó a la Sala responsable: El tres de mayo pasado, ahí presentado oficio ante la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa para requerir inicio de trámites necesarios para otorgamiento de casa de interés social a la actora. El cuatro siguiente giró oficio al Director de Recursos Humanos de la institución para que procediera dar cumplimiento la sentencia en cuanto al pago de becas y seguro de vida a favor de la parte actora; y, en relación al pago de pensión por orfandad, diera cumplimiento siempre que se tuviera resolución de incidente de liquidación. Adjunto acuses de los oficios respectivos. 11. En acuerdo de veintiuno de junio pasado (tomo de prueba, foja 499 a 505), la Sala responsable estableció lo siguiente: Las autoridades demandadas y vinculadas realizaban gestiones no efectivas para el cumplimiento de la sentencia, ya que se limitaban a reiterar lo ya manifestado en el sentido de girar oficios a diversas autoridades. No habían acreditado otro tipo de gestión para lograr el cumplimiento. Decretó hacer efectivo el apercibimiento de veintiséis de abril de este año, a las autoridades demandadas, así como a las vinculadas al cumplimiento del fallo, entre ellas, al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. 12. El treinta de junio de dos mil veintidós, se notificó al Secretario citado el acuerdo que decretó la multa aludida (tomo de pruebas foja 509). El penúltimo antecedente constituye el acto reclamado. QUINTO. Negativa de amparo. La parte quejosa alega violación de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, por lo siguiente: No es parte en el juicio natural. No es superior jerárquico de la autoridad demandada. Entre sus facultades legales y reglamentarias no se encuentra la de efectuar pago de casa de interés social, el pago de becas para la educación de hijos menores de los policía fallecidos y seguro de vida a que fueron condenadas las autoridades demandadas. Son inoperantes los conceptos de violación Al margen de que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado no fue autoridad demandada en el juicio natural, ni superior de las autoridades demandadas Gobernador y Fiscal General del Estado, lo cierto es que en etapa de ejecución se le vinculó al cumplimiento del fallo y asumió conducta para cumplir el fallo. Esto es así, ya que en auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, la Sala responsable tuvo como autoridad vinculada al fallo al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (tomo de pruebas, foja 186). Además, en proveído de veintinueve de noviembre siguiente (tomo de pruebas, fojas 249 a 252), la Sala Regional estableció, en esencia, lo siguiente: Conforme a los artículos 9. Fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, se facultaba a la dependencia citada para asignar y autorizar a las dependencias y entidades el ejercicio y liberación de recursos, por lo cual era procedente requerir al Secretario de esa institución como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, por lo cual ordenó remitirle copia certificada de la sentencia y de la resolución de la Sala Superior que la modificó para que estuviera en aptitud de cumplir la sentencia. Asimismo, en acuerdo de veintinueve de noviembre posterior (tomo de pruebas, fojas 249 a 252), la Sala Regional determinó: Era cierto que la Fiscalía General del Estado se constituyó como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto; sin embargo, el artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía citada establecía que hasta en tanto se expidieran las disposiciones administrativas aplicables, el recurso presupuestal de asignaciones destinadas para cubrir laudos labores, indemnizaciones, pago de jubilados, pensiones y otras, continuarían administradas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Aunado a lo expuesto, el Secretario citado mediante oficio de cinco de mayo pasado (tomo de pruebas, foja 487), manifestó a la Sala responsable que se encontraba realizado gestiones para cumplir con el fallo, entre las cuales giró oficio a la Comisión de la Vivienda del Estado para otorgamiento de casa e instruyó al Director de Recursos Humanos de su dependencia para realizar pago de becas y seguro de vida a favor de la parte actora. Lo anterior, pone en relieve que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, si bien no era parte demandada en el juicio, ni superior de las autoridades demandadas Gobierno del Estado y Fiscalía General del Estado, lo cierto es que fue vinculada y asumió tener las facultades para cumplir con la sentencia de nulidad, pues no controvirtió los acuerdos de la Sala de origen en que la vinculó para acatar el fallo, de ahí lo inoperante de lo alegado. Incluso, aunque alegue que no tiene facultades para otorgar vivienda como lo menciona, lo cierto es que como fue establecido en proveídos que la vincularon, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado continuaría administrado los recursos de la Fiscalía General del Estado, esto es, lo cual no fue controvertido y de ahí la inoperancia de lo alegado. Por otro lado, la parte quejosa alega lo siguiente: Los artículos 102 y 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, no prevén la imposición de multas para autoridades vinculadas al cumplimiento de sentencia. Es infundado el concepto de violación. El Estado administra justicia a través de los tribunales previamente establecidos conforme a las leyes en términos del artículo 17 constitucional, cuya función está a cargo de Jueces y Magistrados a quienes, generalmente, la ley les otorga facultades coactivas para obtener el cumplimiento de sus determinaciones. En el caso, artículo 41 Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa establece lo siguiente: 41. En caso necesario, el Magistrado Presidente o el Magistrado de Sala, podrán aplicar, los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones y las medidas disciplinarias para imponer el orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias de acuerdo a lo siguiente: I. Son medios de apremio: a). La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; b). La presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. c). Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento de un mandato del Tribunal. [...] Bajo ese contexto, las medidas de apremio son facultadas coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, cuya imposición ocurre hasta que el obligado presenta actitud contumaz a la determinación que contiene el apercibimiento sancionador. En ese sentido, si bien los artículos 102 y 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado no establecen imposición de multas las autoridades vinculadas, lo cierto es que el artículo 41 de la ley citada faculta al Magistrado responsable la imposición de medidas de apremio para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, entre ellas, la imposición de multa, de ahí lo infundado del concepto de violación. En otro tenor, la parte quejosa arguye lo siguiente: El Magistrado responsable omitió valorar en el caso que no existió retraso o contumacia de su parte. Es inoperante el concepto de violación. El Magistrado responsable no impuso la multa por omisión o retraso en el requerimiento para cumplir la sentencia de nulidad, sino porque se limitó a reiterar que giró oficios a diversas autoridades y que no había acreditado otro tipo de gestión para lograr el cumplimiento. En ese sentido, el Magistrado responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa con basado en la ineficacia para acatar el fallo, lo cual no controvierte el hoy quejoso. En consecuencia, al no prosperar los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección solicitada, lo cual se hace extensivo a la autoridad ejecutora al no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa Sala Regional zona Centro mediante el cual remite copias certificadas de los autos de veintiocho de septiembre y veintiséis de abril, ambos del año en curso. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido oficio y dese vista a las partes para lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, virtud que el mismo fue recibido por acuerdo de uno se septiembre actual y se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Omar López Palafox, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -por licencia académica concedida al titular en oficio SECJ/ST/3309/2022, de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, signado por Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal-, ante el licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.

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