Enrique Alfonso Colín Sánchez
Expediente 795/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2019
Partes del expediente
- Enrique Alfonso Colín Sánchez
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de julio de dos mil diecinueve. Por recibida la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa Enrique Alfonso Colín Sánchez, el proveído de veinticuatro de junio del año en curso, por los motivos expuestos. A dicha razón se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, por tratarse de la actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Sobre el particular se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia marcada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario". En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, procédase a notificar a la parte quejosa el acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista, la cual se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Alfonso Colín Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrense en el libro de gobierno con el número 795/2019-VII. Improcedencia de la demanda. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el solicitante del amparo tilda de inconstitucional, lo siguiente: Toda y cada una de las actuaciones, sentencia y orden dictada en la misma, por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 5.75 metros con rancho de Guadalupe ahora calle Vicente Guerrero. Al Sur 5.60 metros con calle Vicente Villada ahora Ignacio Allende. Al Oriente 132.00 metros con propiedad de macedonio Sánchez. Al Poniente 133.00 metros con propiedad de Juan Nava. Con una superficie aproximada de 726.51 metros cuadrado. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual prevé: El numeral que prevé la causa de improcedencia establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que sea o haya sido materia de estudio en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación de juicios de amparo similares, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para verificar que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa Enrique Alfonso Colín Sánchez; el cinco de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió juicio de amparo que se registró en este Juzgado de Distrito, con el número 447/2019-II; por lo que al verificar dicho juicio se advierte que se trata de la misma parte quejosa, las mismas autoridades y los mismos actos reclamados, señalados en el presente juicio de amparo. Cierto, en ambos casos el quejoso es Enrique Alfonso Colín Sánchez. Ahora, por lo que respecta a los actos reclamados y a las autoridades responsables, se tiene lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 447/2019-II JUICIO DE AMPARO 795/2019-VII ACTO RECLAMADO ACTO RECLAMADO Toda y cada una de las actuaciones, sentencia y orden dictada en la misma, por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Toda y cada una de las actuaciones, sentencia interlocutorias, sentencia definitiva y la orden de ejecución dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Secretarios del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Secretarios del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. De lo anteriormente transcrito, se estima, que se satisfacen las exigencias legalmente requeridas para tener por demostrada la causa de improcedencia invocada, a saber: identidad de la parte quejosa, autoridades responsables y acto reclamado, derivan del mismo expediente 37/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, donde ya se promovió juicio de amparo radicado en este juzgado con el número 447/2019-II, el cual el nueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió, mediante sentencia de veinticuatro de mayo pasado se sobreseyó, quedando firme el doce de junio siguiente. Al efecto se agrega copia certificada de dichas constancias. En efecto, la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.11o.C.31 K (10a.) visible en la página 3029, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Registro 2019187, del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así como en la diversa, I.11o.C.29 K (10a.), consultable en la página 3016 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Registro 2019184, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo. Lo anterior, guarda congruencia, pues a nada práctico llevaría tramitar las dos demandas en el mismo sentido, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X y XI de la Ley de Amparo y el numeral 103, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes citado en primer término, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Alfonso Colín Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y otras autoridades. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizado a Enrique Colín Rico, en los términos que se precisa en el escrito inicial de demanda, esto es solo para oír y recibir notificaciones. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Enrique Alfonso Colín Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrense en el libro de gobierno con el número 795/2019-VII. Improcedencia de la demanda. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el solicitante del amparo tilda de inconstitucional, lo siguiente: Toda y cada una de las actuaciones, sentencia y orden dictada en la misma, por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 5.75 metros con rancho de Guadalupe ahora calle Vicente Guerrero. Al Sur 5.60 metros con calle Vicente Villada ahora Ignacio Allende. Al Oriente 132.00 metros con propiedad de macedonio Sánchez. Al Poniente 133.00 metros con propiedad de Juan Nava. Con una superficie aproximada de 726.51 metros cuadrado. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual prevé: El numeral que prevé la causa de improcedencia establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". De la transcripción que precede, se obtiene que las condiciones que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia citada, consisten en que se pretenda controvertir un acto que sea o haya sido materia de estudio en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales alegadas. La improcedencia aludida se refiere a la existencia de la figura procesal de "litispendencia", que presupone dos litigios sobre el mismo acto reclamado, entre las mismas partes, independientemente de las violaciones constitucionales que en ellos se hagan valer, cuya razón de ser es evitar la tramitación de juicios de amparo similares, en los cuales intervengan las mismas partes y el acto reclamado sea igual, así como el dictado de resoluciones contradictorias. Para verificar que en la especie sobreviene la causa de improcedencia invocada, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que la parte quejosa Enrique Alfonso Colín Sánchez; el cinco de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, promovió juicio de amparo que se registró en este Juzgado de Distrito, con el número 447/2019-II; por lo que al verificar dicho juicio se advierte que se trata de la misma parte quejosa, las mismas autoridades y los mismos actos reclamados, señalados en el presente juicio de amparo. Cierto, en ambos casos el quejoso es Enrique Alfonso Colín Sánchez. Ahora, por lo que respecta a los actos reclamados y a las autoridades responsables, se tiene lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 447/2019-II JUICIO DE AMPARO 795/2019-VII ACTO RECLAMADO ACTO RECLAMADO Toda y cada una de las actuaciones, sentencia y orden dictada en la misma, por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Toda y cada una de las actuaciones, sentencia interlocutorias, sentencia definitiva y la orden de ejecución dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 37/2017, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Allende, Número 144 antes conocida como Vicente Villada, sin número, Barrio de Santa Cruz en San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Secretarios del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. Secretarios del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México. De lo anteriormente transcrito, se estima, que se satisfacen las exigencias legalmente requeridas para tener por demostrada la causa de improcedencia invocada, a saber: identidad de la parte quejosa, autoridades responsables y acto reclamado, derivan del mismo expediente 37/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, Estado de México, donde ya se promovió juicio de amparo radicado en este juzgado con el número 447/2019-II, el cual el nueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió, mediante sentencia de veinticuatro de mayo pasado se sobreseyó, quedando firme el doce de junio siguiente. Al efecto se agrega copia certificada de dichas constancias. En efecto, la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.11o.C.31 K (10a.) visible en la página 3029, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Registro 2019187, del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así como en la diversa, I.11o.C.29 K (10a.), consultable en la página 3016 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Registro 2019184, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo. Lo anterior, guarda congruencia, pues a nada práctico llevaría tramitar las dos demandas en el mismo sentido, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X y XI de la Ley de Amparo y el numeral 103, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes citado en primer término, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Enrique Alfonso Colín Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, y otras autoridades. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizado a Enrique Colín Rico, en los términos que se precisa en el escrito inicial de demanda, esto es solo para oír y recibir notificaciones. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
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