Enrique Aaron Flores Garcia
Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Enrique Aaron Flores Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se evidencia que la parte quejosa no se inconformo contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés (f. 133-135), dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ... 1. El presente asunto tiene carácter de conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto (artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años (cuaderno principal), con base en el artículo 17 del Acuerdo en comento, y, posteriormente, se procederá a su conservación, conforme al acuerdo general aludido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído a las partes, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Enrique Aarón Flores García, contra el acto reclamado consistente en: De la Legislatura del Estado de México, se reclama el decreto número ciento once 111, por el que se expide el Código Financiero del Estado de México y Municipios, aprobado el veinticuatro 24 de febrero de mil novecientos noventa y nueve 1999, promulgado el ocho 8 de marzo de mil novecientos noventa y nueve 1999, publicado el nueve 9 de marzo de mil novecientos noventa y nueve 1999, vigente a partir del ocho 8 de abril de mil novecientos noventa y nueve 1999, sus reformas y adiciones, en especial las realizadas por el decreto número ciento veinte 120, publicado en la Gaceta del Gobierno el 21 de diciembre de dos mil veintidós 2022, que contiene la actualización anual del ordenamiento citado, y específicamente el artículo 95 fracción I, inciso C), rango 6, que establece la tarifa a través de la cual deberá calcularse el cobro de derechos por la inscripción de actos relativos a bienes inmuebles, por su inconstitucionalidad. Del Gobernador del Estado de México, se reclama la promulgación del decreto número ciento once 111, por el que se expide el Código Financiero del Estado de México y Municipios, aprobado el veinticuatro 24 de febrero de mil novecientos noventa y nueve 1999, promulgado el ocho 8 de marzo de mil novecientos noventa y nueve 1999, publicado el nueve 9 de marzo de mil novecientos noventa y nueve 1999, vigente a partir del ocho 8 de abril de mil novecientos noventa y nueve 1999, sus reformas y adiciones, en especial las realizadas por el decreto número ciento veinte 120, promulgado y posteriormente publicado en la Gaceta del Gobierno el 21 de diciembre de dos mil veintidós 2022, que contiene la actualización anual del ordenamiento citado, y específicamente el artículo 95 fracción I, inciso C), rango 6, que establece la tarifa a través de la cual deberá calcularse el cobro de derechos por la inscripción de actos relativos a bienes inmuebles, por su inconstitucionalidad. Del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama la aplicación del inconstitucional artículo 95 fracción I, inciso C), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios en vigor, que establece la tarifa a través de la cual deberá calcularse el cobro de derechos por la inscripción de actos relativos a bienes inmuebles." Ahora bien, mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintitrés (f. 80 a 93), se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión constitucional. En ese sentido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo a la parte quejosa, para que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la autoridad responsable Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95 fracción I, incisos C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el entero del derecho efectuado por el quejoso, por ende, se deberá devolver debidamente actualizada la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $24,893.00 (veinticuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N) correspondiente al rango 6 y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada, rango 1 $2,483 (dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos). Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 2a./J.221/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página doscientos cuatro, con número de registro 170708, de rubro y texto: LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo. c) En la inteligencia que, como se adelantó, el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. (.)" En auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés (f. 99), se declaró ejecutoriada la sentencia de referencia, razón por la cual se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En ese orden, mediante oficio signado por la autoridad responsable Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, recibido en auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés (f. 103), informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo no aplicaría ahora ni en lo sucesivo al quejoso el artículo 95 fracción I, incisos C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. En ese orden, previa prorroga otorgada a la autoridad responsable (f. 103), mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés (f. 118), se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual comunicó la forma y las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y para tal efecto remitió copia certificada del título de crédito (cheque) número 0005014, expedido a favor de la parte quejosa. Posteriormente, (previo desahogo de requerimiento formulado a la autoridad responsable) en auto de dieciocho de los cursantes (f. 127), la representante legal del Instituto de la Función Registral, en atención al acuerdo de siete de agosto del año en curso (f. 118), remitió copia del cheque número 0005014, a favor del quejoso Enrique Aarón Flores García, del que se advierte que éste fue entregado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Con lo anterior se aprecia, que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia, comunicó que en lo sucesivo, no se aplicará al quejoso el artículo 95 fracción I, incisos C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; asimismo, de las constancias remitidas devolvió a la parte quejosa la cantidad que resultó de la diferencia entre las cantidades de $24,893.00 (veinticuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N) correspondiente a la aplicación del artículo 95 fracción I, incisos C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y a la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada, rango 1 $2,483 (dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos). En consecuencia, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: ... En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******************** autorizada del quejoso, a través del cual informa sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia dictada en autos; atento a ello dígase al quejoso que se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto, fenezca el término que le fue otorgado en auto de dieciocho de agosto del dos mil veintitrés. Asimismo, refiere que de una consulta del expediente electrónico del presente asunto, se evidencia que el proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se encuentra repetido, por lo que, solicita se aclare cuál es el acuerdo correcto. Tocante a lo manifestado, se le informa que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte el acuerdo de siete de agosto de la presente anualidad, se encuentra cargado correctamente, tal y como se aprecia en la siguiente imagen: Haciendo la precisión que a la promoción que menciona, número 12291, de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, signada por la representante legal del Instituto de la Función Registral, le recayó el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso y no así el de siete de del presente mes y año. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la representante legal del Instituto de la Función Registral a través del cual, atendiendo al auto de siete de agosto de la presente anualidad, comunica las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho remiten copia del cheque número ********************a favor del quejoso ********************del que se advierte que fue entregado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo adjunto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en ... Notifíquese.
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