Enrique Alejandro González Toscano

Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
184/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Enrique Alejandro González Toscano
  • Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    CUENTA. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente:********************Demanda de amparo promovida por********************registrada con el número de folio 5280, con nueve copias de ésta y sin anexos.********************La circunstancia de que********************tienen sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE.************************************************************Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. ********************RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 18, 19 y 20 constitucionales.********************EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 184/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. ********************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ********************Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.********************DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".********************Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia.********************El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia.********************Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad".********************Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa reclama de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, como autoridad ordenadora; y del tribunal de Enjuiciamiento y jefe del establecimiento penitenciario, ambas en Jalpa, Zacatecas, así como al director de la Policía Estatal Preventiva y al director del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas como ejecutoras; los actos consistentes en la falta de notificación de la sentencia que resolvió el toca de apelación ********************, dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, así como la falta de notificación de esta última ejecutoria. ********************En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo.********************En efecto, en relación a los actos reclamados, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo.********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"********************Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar los actos reclamados en esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinario.********************En esa guisa, los artículos 88, 97, 98, 101 y 102, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente:********************"Artículo 88. Nulidad de la notificación ********************La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código.********************Artículo 97. Principio general ********************Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. ********************Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. ********************Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades ********************La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. ********************En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición.********************Artículo 101. Declaración de nulidad ********************Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. ********************Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: ********************I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y ********************II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado. ********************Artículo 102. Sujetos legitimados ********************Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo."********************De lo anterior, se advierte que la notificación es un acto procesal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario.********************En ese sentido, cuando en un procedimiento las partes consideran que no se les realizó alguna notificación que estimen debió realizarse conforme a las reglas establecidas, de acuerdo a los preceptos transcritos, están facultadas para recurrirla ante la autoridad en términos de los citados numerales 88, 97, 98, 101 y 102, de la codificación procesal ya invocada.********************La finalidad de la nulidad de notificación en cita, es revocar el acto de comunicación procesal que se estima viciado o su omisión, a efecto de remediarlo.********************En tales circunstancias, resulta incuestionable que si la parte peticionaria de amparo tiene reconocida la calidad de parte apelante en el toca de apelación ********************, pues de los antecedentes del acto reclamado refirió que, con el carácter de sentenciado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en primera instancia, la cual dio origen al referido toca; se colige que previamente a la interposición del juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que concede en el caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ha quedado destacado con antelación, y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se actualiza la invocada causa de improcedencia.********************Lo anterior, pues a los órganos de control constitucional se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama; habida cuenta que el objetivo de tal principio, es preservar el juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que sólo debe acudirse cuando ya no exista ante la autoridad común, la posibilidad de reparar el agravio que se causó. ********************Bajo esta tesitura, si la parte quejosa, previo a promover juicio de amparo, no agotó la nulidad de la notificación que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para modificar o revocar la falta de notificación planteada, es evidente que incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.********************Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o exclusión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el aquí inconforme expresamente refiere que tiene la calidad de parte en el mismo.********************No obsta a lo anterior la manifestación del impetrante, cuando refiere que existe una afectación a su derecho humano de seguridad jurídica previsto en el precepto 14 constitucional. ********************Lo anterior es así, debido a que la invocación de la aludida violación, en modo alguno implica que deban soslayarse los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales y acciones que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales Federales dejaran de aplicar los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, con lo cual se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.********************Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), con registro 2007621, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ********************"DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables."********************En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por********************con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia.********************AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y FORMA DE NOTIFICACIÓN. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************Así también, se tiene al promovente, señalando el correo electrónico indicado en su demanda, para efectos de entablar comunicaciones no procesales con este juzgado de Distrito. ********************En otro aspecto, tomando en consideración que del contenido del ocurso de demanda se advierte que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, lugar donde se encuentra interno; por ende, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en el referido centro carcelario, a efecto de que le notifique el contenido del presente proveído.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado.********************LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.********************EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.********************Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.********************...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano