Enrique Alejandro Cervin Reyes
Expediente 843/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Enrique Alejandro Cervin Reyes
- Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.
Actuaciones
- Principal
El siete de noviembre de dos mil diecisiete, Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete al seis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 843/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97 de esa propia legislación, contra el auto de diecinueve de octubre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Enrique Alejandro Cervin Reyes, por propio derecho y en representación de su menor hija; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.
- Principal
El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con el escrito registrado con el folio 13889 y siete copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Enrique Alejandro Cervin Reyes, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso; en tales condiciones se provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo quien comparece por propio derecho y en representación de su menor hija, señala como acto reclamado y autoridad responsable la siguiente: La resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual el Juez Tercero del Ramo Civil de la Capital resolvió de improcedente el recurso de revocación tramitado dentro del juicio civil ordinario 220/2013, contra el acuerdo emitido el dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se tuvo a la parte actora (tercero interesada) por objetando la documental pública, consistente en el oficio 349101950200/3206/2016, de fecha veinticinco de octubre del citado año. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que por regla general la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En el caso, el promovente reclama la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual el juez responsable resolvió de improcedente el recurso de revocación tramitado dentro del juicio civil ordinario 220/2013, contra el acuerdo emitido el dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se tuvo a la parte actora (tercero interesada) por objetando la documental pública, consistente en el oficio 349101950200/3206/2016, de fecha veinticinco de octubre del citado año. Ahora, atendiendo a lo expuesto, es claro que la determinación reclamada no constituye violación a derechos sustantivos y, por tanto, de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no impide que obtenga resolución favorable a sus pretensiones, puesto que el juez responsable está obligado a analizar en conjunto todos los elementos de prueba que obren en autos para pronunciarse sobre la procedencia del incidente. Por tanto, la determinación reclamada no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen violaciones procesales que no transgreden algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, no constituyen actos cuya repercusión sobre la hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, pues se insiste, en nada le afecta la determinación del juez de negarse a efectuar la diligencia de emplazamiento, toda vez que el ahora promovente se encuentra en aptitud de señalar diverso domicilio, o bien realizar las gestiones necesarias ante la responsable para lograr la localización del domicilio de su contraria y con ello llevar a cabo su emplazamiento. En consecuencia, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado no ocasionan una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Enrique Alejandro Cervin Reyes por propio derecho y en representación de su menor hija. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El diez de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA que: Mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el pleno, en sesión celebrada por el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete; Que el término de cinco días que prevé el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para que el quejoso dé cumplimiento con la prevención que se le hizo el cinco del mes y año en curso, comenzó el tres de octubre de dos mil diecisiete y fenecía el nueve del mismo mes y año; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con un escrito con registro 13447. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signado por el quejoso Enrique Alejandro Cervin Reyes, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le hizo el veintisiete de septiembre del año que transcurre, a efecto de que: Acreditara con documento idóneo la personalidad con la que comparecía en representación de su menor hija. Exhibiera copia para cada una de las partes del citado documento, ya que se trata de aquél con el que acredita su personalidad, por lo que forma parte de la demanda de amparo y, por ende, es necesario correr traslado a las partes. Manifestara el contenido y la fecha del acuerdo contra el cual interpuso el recurso de revocación. Informara qué se determinó en la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecisiete, y si era posible, exhibiera la transcripción de la misma. Comunicara el estado procesal en que se encuentra el juicio ordinario civil 220/2013, o bien, refiriera cuál era la última actuación que se hubiera dictado en el mismo. Exhibiera cuatro copias de su escrito inicial de demanda, virtud a que solo acompañó dos de ellas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, exhiba copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. Al respecto, el quejoso manifiesta: "PRIMERO).- Adjunto al presente, me permito exhibir el ACTA DE NACIMIENTO signada bajo el número identificador electrónico 32056000120170063897, de fecha 06 de Octubre del presente año 2017, expedida por el C. Director General del Registro Civil de esta Ciudad de Zacatecas, Zac. Lic. Marcos Alejandro González Juárez, de la cual se desprende que el suscrito represento la Paternidad de mi menor hija. Documental que se oferta en original y copias para su debido cotejo y traslado a las diversas autoridades y terceros perjudicados señalados en los presentes autos. [.] SEGUNDO).- En lo tocante al presente, se anexa al presente los nueve juegos para correr traslado. TERCERO).- En lo tocante al presente cito lo siguiente: 1.- La fecha del auto dictado y que corresponde contra el cual se dio trámite al recurso de revocación del cual emana la interlocutoria contra la cual se tramita la presente demanda de garantías, corresponde al día 2 del mes de Diciembre del año 2016, mismo que cito el contenido, de la siguiente forma: [.] CUARTO).- A efecto de dar cumpliendo al presente, me permito citar los puntos resolutivos de la misma, PRIMERO).- Los agravios expuestos por el Licenciado Alejandro Cervin Reyes, han resultado infundados. SEGUNDO).- En consecuencia, de conformidad con los razonamientos plasmados en el considerando tercero de la presente interlocutoria: Se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el licenciado Enrique Alejandro Cervin Reyes, representante de la parte demandada, en contra del acuerdo emitido el día dos de diciembre de dos mil dieciséis. TERCERO).- Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase. De igual forma, adjunto al presente, me permito exhibir copia de la resolución interlocutoria de referencia. QUINTO).- El estado procesal que se guarda en la actualidad, es que contra el auto dictado dentro de la propia resolución interlocutoria contra la cual doy trámite a la presente demanda de garantías, la parte actora, dio trámite a un RECURSO DE REVOCACIÓN, del cual se me corrió traslado y el mismo fuese EVACUADA la vista el día de ayer CINCO del mes de Octubre del presente año, por el suscrito. SEXTA).- Adjunto al presente, se anexan las copias requeridas y señaladas por su amable Señoría. SÉPTIMA).- De igual forma, adjunto al presente, sírvase encontrar los juegos de copias del presente ocurso y de todos sus anexos, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la presente requisitoria formulada por su respetable Señoría. [.] " De lo anterior se advierte que el promovente del amparo aclaró los citados requerimientos, con excepción del quinto, en virtud de que este órgano jurisdiccional considera fue muy ambiguo en su respuesta. Virtud a lo anterior, hágase del conocimiento del ocursante que éste órgano jurisdiccional estima que la prevención subsiste por cuanto hace al punto quinto de la referida prevención y se determina requerir de nueva cuenta al citado promovente, a fin de que informe de manera clara y precisa el estado procesal en que se encuentra el juicio ordinario civil 220/2013, esto es, si en el mismo ya se dictó sentencia o se encuentra en etapa de instrucción. Así atendiendo a que ésta fue notificada a la parte quejosa el veintinueve de septiembre del año en curso, cuenta con el término de dos días para cumplirla, contando éste a partir del siguiente al en que le sea notificado el presente proveído; resulta de esa forma, debido a que el término de cinco días que se le concedió para dar cumplimiento a la referida prevención, comenzó a transcurrir el tres del mes y año en curso y fenecería el nueve siguiente, sin embargo, dicho plazo fue interrumpido con la presentación de su escrito el día seis de los corrientes; de ahí que, como se indicó, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído comenzará a computarse. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con: Demanda de amparo promovida por Enrique Alejandro Cervin Reyes, quien refiere comparece por propio derecho y como representante de su menor hija, registrada con el número de folio 12875 y dos copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Armando Márquez Temblador (1170916), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Enrique Alejandro Cervin Reyes, quien refiere comparece por propio derecho y en representación de su menor hija, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil de la Capital. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 843/2017; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II, III y V, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. [.] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.". Por su parte, el numeral 108, fracciones I y IV, de la ley de la materia dispone, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;.". De los preceptos anteriores se deduce como requisito de la demanda de amparo el nombre del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien debe acreditar su representación y cuando se advierta que no se cumplió con lo previsto en el artículo 108, el juez podrá requerir al promovente para que la aclare o proporcione los datos que no expuso. En el caso, el promovente reclama la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual el juez responsable resolvió el recurso de revocación tramitado dentro del juicio civil ordinario 20/2013, en el que éste, así como su menor hija tienen el carácter de parte demandada. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte cuál es la fecha y contenido del proveído que recurrió a través del recurso de revocación, así como también fue omiso en precisar el contenido de lo que se determinó en la interlocutoria de treinta de agosto del año que transcurre y la etapa en que se encuentra el juicio de origen. REQUERIMIENTO. Se requiere al ocursante para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece en representación de su menor hija, el cual deberán exhibir en copia certificada u original. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Exhiban copia para cada una de las partes del citado documento, ya que se trata de aquél con el que acredita su personalidad, por lo que forma parte de la demanda de amparo y, por ende, es necesario correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.". Manifieste el contenido y la fecha del acuerdo contra el cual interpuso el recurso de revocación. Informe qué se determinó en la interlocutoria de treinta de agosto de dos mil diecisiete, si es posible, exhiba la transcripción de la misma. Comunique el estado procesal en que se encuentra el juicio ordinario civil 220/2013, o bien, refiera cuál es la última actuación que se haya dictado en el mismo. Exhiba cuatro copias de su escrito inicial de demanda, virtud a que solo acompañó dos de ellas, las cuales se distribuirán a saber: una para la autoridad responsable; una para cada tercero interesado que en total son cuatro y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, exhiba copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. Se hace del conocimiento del promovente que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Armando Márquez Temblador (1170916), toda vez su cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Raymundo Gurrola Pérez y Antonio Oliveros Sánchez y como domicilio para tal fin el ubicado en interior de la Alameda número cuatrocientos doce (412), zona centro de esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
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