Enrique Alberto Uribe Robles
Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2017
Partes del expediente
- Enrique Alberto Uribe Robles
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 951/2017-XI. INCOMPETENCIA LEGAL Del análisis integral del escrito de demanda, se obtiene que este juzgado federal carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, tales numerales disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común". Por su parte, los numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, del que deben conocer los Tribunales Colegiados de Circuito. Hipótesis en que se encuentra el acto reclamado en estudio, mismo que constituye la resolución de siete de agosto de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca civil **, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mediante la cual, revoca la sentencia definitiva pronunciada el diez de agosto de dos mil quince, por el Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en los autos del expediente número **, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por **, contra **. Asimismo, en la determinación combatida la Sala redactó los puntos resolutivos de la sentencia relativa al juicio civil mencionado en el sentido de que el accionante **, no demostró los elementos de la acción reivindicatoria, consistentes en la propiedad de la cosa que reclama y de la identidad de la misma, esto es, la identidad entre el inmueble que el accionante pretende reivindicar y el que tiene en posesión el demandado. Atento a ello, revocó la sentencia de primera instancia recurrida, para el efecto de declarar improcedente la acción reivindicatoria ejercitada en el juicio de origen. Así también, cabe precisar que la determinación de la Sala responsable fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, radicado con el número **, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, observándose de los anexos presentados por la quejosa que en dicha ejecutoria, no se dio libertad de jurisdicción a la referida Sala. Consecuentemente, la determinación reclamada en esta vía constitucional, debe combatirse a través del amparo directo o uniistancial, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, lo anterior, en virtud que la resolución reclamada, puso fin a la controversia suscitada en el juicio de origen, por lo que no es factible dividir la continencia de la causa y no se actualiza algún supuesto de competencia escalonada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo III, segunda parte- 2, página 687, enero-junio 1989, número de registro electrónico 229646, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. AMPARO DIRECTO PROCEDENTE CONTRA LAS. El último párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo fue adicionado por decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que entró en vigor el quince del mismo mes y año. Conforme a su exposición de motivos, tal adición obedeció a la necesidad de adecuar las disposiciones del ordenamiento que rige el juicio constitucional con los nuevos mandamientos de la Ley Suprema, pues por principios de economía procesal y mejor técnica judicial, la fracción V del artículo 107 constitucional había sido reformada, en el sentido de asimilar las resoluciones que ponen fin al juicio a las sentencias definitivas o laudos, puesto que todas ellas participan de la naturaleza procesal de concluir el juicio, sin dejar que las primeras fuesen atacadas por medio del amparo indirecto. Así las cosas, cuando el legislador utilizó la expresión resoluciones que ponen fin al juicio, contenida en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, debe entenderse que lo hizo incluyendo las resoluciones que de cualquier manera ponen fin a la instancia, ya que en el amparo que al efecto se promoviera en su contra no hay necesidad de más pruebas que el propio expediente natural en que recayó la resolución concluyente, situación común a todos los asuntos que bajo cualquier hipótesis terminen, ajustándose así a los principios de economía procesal y mejor técnica judicial que inspiraron las reformas a la fracción V del artículo 107 constitucional". En las relacionadas consideraciones, este juzgado federal, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su mandatario judicial, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca civil ***, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de conformidad con lo preceptuado por artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; la que se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, por tanto, se ordena remitir la demanda y anexos que se exhibieron a la misma, así como las copias respectivas, a efecto de que se pronuncie sobre la demanda referida, a quien atentamente se solicita comunique lo que tenga a bien determinar. Notifíquese personalmente al promovente.
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