Enrique Alberto Uribe Robles

Expediente 559/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
559/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
23/02/2017

Partes del expediente

  • Enrique Alberto Uribe Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, por las consideraciones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos, el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio para tales efectos. NOTIFÍQUESE; Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESIETE. El auto en mencion dice: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo . Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mediante sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que revocó la sentencia dictada y en su lugar concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********* los siguientes términos: "[.] 1) Declare jurídicamente insubsistente la resolución reclamada. 2) Emita una nueva sentencia en la que, determine cuál es el valor probatorio de los medios de prueba desahogados en autos, a la luz de los agravios hechos valer por el recurrente contra el fallo de primera instancia. 3) Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.". Asimismo, por acuerdo de veintisiete de octubre del año pasado, se acusó recibo de los autos originales del juicio de amparo 559/2016, así como de la resolución dictada en el recurso de revisión A.R. 290/2016; por lo que, atendiendo a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la protección constitucional. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente y sin valor alguno la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca civil 266-B-1C03/2015, de su índice. Con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución, y confirmó la sentencia definitiva emitida el diez de agosto de dos mil quince, por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente 611/2014, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, condenando al aquí quejoso Enrique Alberto Uribe Robles, a la desocupación del bien inmueble materia de la Litis, toda vez que no demostró ser propietario del predio rústico denominado "El Carmen Guadalupe", ubicado al Sur de esa ciudad. Lo anterior, en razón que el aludido quejoso no demostró ser el propietario del citado bien inmueble, toda vez que las escrituras de dicho predio están a nombre del demandado; asimismo, que el dictamen pericial de grafoscopia desahogado en el acta 864-AL54-2/2014, careció de valor probatorio; tampoco demostró que el inmueble perseguido esté comprendido dentro de las 23 hectáreas, 58 áreas, 94 centiáreas que adquirió, lo cual no acreditó , ni con su escritura, ni con las periciales correspondientes y que incluso el perito en su dictamen señaló que dicha documental carecía de medidas En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Ahora bien, sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; toda vez el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ,con residencia en Saltillo, Coahuila en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y en su lugar concedió el amparo, por lo que se toma en consideración lo resuelto por la Superioridad; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, por las consideraciones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos, el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio para tales efectos. NOTIFÍQUESE; Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESIETE, el cual dice: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo . Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mediante sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que revocó la sentencia dictada y en su lugar concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********** los siguientes términos: "[.] 1) Declare jurídicamente insubsistente la resolución reclamada. 2) Emita una nueva sentencia en la que, determine cuál es el valor probatorio de los medios de prueba desahogados en autos, a la luz de los agravios hechos valer por el recurrente contra el fallo de primera instancia. 3) Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.". Asimismo, por acuerdo de veintisiete de octubre del año pasado, se acusó recibo de los autos originales del juicio de amparo 559/2016, así como de la resolución dictada en el recurso de revisión A.R. 290/2016; por lo que, atendiendo a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la protección constitucional. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente y sin valor alguno la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca civil 266-B-1C03/2015, de su índice. Con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución, y confirmó la sentencia definitiva emitida el diez de agosto de dos mil quince, por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente 611/2014, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, condenando al aquí quejoso Enrique Alberto Uribe Robles, a la desocupación del bien inmueble materia de la Litis, toda vez que no demostró ser propietario del predio rústico denominado "El Carmen Guadalupe", ubicado al Sur de esa ciudad. Lo anterior, en razón que el aludido quejoso no demostró ser el propietario del citado bien inmueble, toda vez que las escrituras de dicho predio están a nombre del demandado; asimismo, que el dictamen pericial de grafoscopia desahogado en el acta 864-AL54-2/2014, careció de valor probatorio; tampoco demostró que el inmueble perseguido esté comprendido dentro de las 23 hectáreas, 58 áreas, 94 centiáreas que adquirió, lo cual no acreditó , ni con su escritura, ni con las periciales correspondientes y que incluso el perito en su dictamen señaló que dicha documental carecía de medidas En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Ahora bien, sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; toda vez el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ,con residencia en Saltillo, Coahuila en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y en su lugar concedió el amparo, por lo que se toma en consideración lo resuelto por la Superioridad; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo . Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mediante sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que revocó la sentencia dictada y en su lugar concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********* los siguientes términos: "[.] 1) Declare jurídicamente insubsistente la resolución reclamada. 2) Emita una nueva sentencia en la que, determine cuál es el valor probatorio de los medios de prueba desahogados en autos, a la luz de los agravios hechos valer por el recurrente contra el fallo de primera instancia. 3) Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.". Asimismo, por acuerdo de veintisiete de octubre del año pasado, se acusó recibo de los autos originales del juicio de amparo 559/2016, así como de la resolución dictada en el recurso de revisión A.R. 290/2016; por lo que, atendiendo a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la protección constitucional. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente y sin valor alguno la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca civil 266-B-1C03/2015, de su índice. Con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución, y confirmó la sentencia definitiva emitida el diez de agosto de dos mil quince, por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente 611/2014, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, condenando al aquí quejoso Enrique Alberto Uribe Robles, a la desocupación del bien inmueble materia de la Litis, toda vez que no demostró ser propietario del predio rústico denominado "El Carmen Guadalupe", ubicado al Sur de esa ciudad. Lo anterior, en razón que el aludido quejoso no demostró ser el propietario del citado bien inmueble, toda vez que las escrituras de dicho predio están a nombre del demandado; asimismo, que el dictamen pericial de grafoscopia desahogado en el acta 864-AL54-2/2014, careció de valor probatorio; tampoco demostró que el inmueble perseguido esté comprendido dentro de las 23 hectáreas, 58 áreas, 94 centiáreas que adquirió, lo cual no acreditó , ni con su escritura, ni con las periciales correspondientes y que incluso el perito en su dictamen señaló que dicha documental carecía de medidas En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Ahora bien, sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; toda vez el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ,con residencia en Saltillo, Coahuila en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y en su lugar concedió el amparo, por lo que se toma en consideración lo resuelto por la Superioridad; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo . Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mediante sesión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que revocó la sentencia dictada y en su lugar concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********* los siguientes términos: "[.] 1) Declare jurídicamente insubsistente la resolución reclamada. 2) Emita una nueva sentencia en la que, determine cuál es el valor probatorio de los medios de prueba desahogados en autos, a la luz de los agravios hechos valer por el recurrente contra el fallo de primera instancia. 3) Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.". Asimismo, por acuerdo de veintisiete de octubre del año pasado, se acusó recibo de los autos originales del juicio de amparo 559/2016, así como de la resolución dictada en el recurso de revisión A.R. 290/2016; por lo que, atendiendo a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la protección constitucional. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente y sin valor alguno la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca civil 266-B-1C03/2015, de su índice. Con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución, y confirmó la sentencia definitiva emitida el diez de agosto de dos mil quince, por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente 611/2014, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, condenando al aquí quejoso Enrique Alberto Uribe Robles, a la desocupación del bien inmueble materia de la Litis, toda vez que no demostró ser propietario del predio rústico denominado "El Carmen Guadalupe", ubicado al Sur de esa ciudad. Lo anterior, en razón que el aludido quejoso no demostró ser el propietario del citado bien inmueble, toda vez que las escrituras de dicho predio están a nombre del demandado; asimismo, que el dictamen pericial de grafoscopia desahogado en el acta 864-AL54-2/2014, careció de valor probatorio; tampoco demostró que el inmueble perseguido esté comprendido dentro de las 23 hectáreas, 58 áreas, 94 centiáreas que adquirió, lo cual no acreditó , ni con su escritura, ni con las periciales correspondientes y que incluso el perito en su dictamen señaló que dicha documental carecía de medidas En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Ahora bien, sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; toda vez el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, revocó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ,con residencia en Saltillo, Coahuila en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y en su lugar concedió el amparo, por lo que se toma en consideración lo resuelto por la Superioridad; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.

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