Enoc Talavera Rosas

Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
345/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Enoc Talavera Rosas
  • Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En siete de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el diecinueve de septiembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número 345/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintidós. 1. CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese.

  2. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo indirecto número 345/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos, se advierte que no obra en el expediente electrónico, la constancia de notificación a la parte quejosa, de la sentencia de veinticuatro de agosto del año en curso, dictada en el presente asunto. En razón a lo anterior, dado que mediante proveído de cinco de agosto pasado, se tuvo al licenciado Jorge Rojas Cortés, aceptando y protestando el cargo de representante especial en favor del quejoso Enoc Talavera Rosas, se comisiona al actuario respectivo, para que proceda a llevar a cabo la notificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, a la parte quejosa, por medio de su representante especial. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veinticinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida del secretario Ernesto Adame Ruiz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 345/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; e, Informes justificados. Acto seguido, la Secretaria Encargada del Despacho declara abierto el periodo probatorio y el secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con los medios de prueba exhibidas por el quejoso en su escrito de demanda y por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado. A lo que la Secretaria Encargada del Despacho: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación, presentó alegatos con fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós; a lo que la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: ténganse a la representación social, formulando sus alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 345/2022, promovido por Enoc Talavera Rosas, contra actos del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós, ante la OCC de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, son sede en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Enoc Talavera Rosas, promovió juicio de amparo, contra las autoridades y actos siguientes: ".III.-Autoridades Responsables: En su doble aspecto como ordenadora y ejecutoria señalo a la: a). Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. b) a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. IV.-Actos y Omisiones Reclamados: De ambas autoridades Reclamo la Falta de respuesta a mis peticiones elevadas de manera pacífica y responsable y respetuosa, mediante escritos presentados en su oficialía de partes." Derechos fundamentales transgredidos. El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 8° y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, se radicó con el número 345/2022, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado del Director de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección Jurídica de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, y en razón a que de las constancias que acompañó a su informe justificado, se desprende que el escrito de siete de abril de dos mil veintidós, suscrito por el quejoso Enoc Talavera Rosas y dirigido al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, fue turnado a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, en consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se vinculó a la litis a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México; con el carácter de autoridad responsable y se solicitó su respectivo informe de ley. Asimismo, en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, del cual se desprende que el escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, ante esa Institución, que contiene la denuncia de hechos formulada por el quejoso Enoc Talavera Rosas, de donde deriva el acto reclamado, fue turnado mediante acuerdo de correspondencia con folio 0011992, a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, para su atención, asimismo, que derivado de dicho escrito se dio inicio a la carpeta de investigación número CI-FIDCSP/B/UI-B-3C/D/01335/04-2022, en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, se vinculò a la litis a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México; con el carácter de autoridad responsable, y se solicitó su respectivo informe de ley. Finalmente, seguido el trámite del juicio, en esta misma data inició la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el siete de abril de dos mil veintidós, mediante los cuales solicitó se inicie carpeta de investigación, por la comisión del delito de tortura, cometido en su contra. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Previo a realizar un pronunciamiento sobre la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta importante destacar que en el caso en que se reclamen actos de naturaleza omisiva, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de tal acto, por regla general, recae en las autoridades; no obstante, ello aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, por lo que, para estar en aptitud de realizar dicho pronunciamiento, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar, si existe o no, la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso. Lo anterior, virtud a que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exigen proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad, es decir, la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine. En consecuencia, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión en que incurre una autoridad es necesario previamente identificar si existe obligación correlativa jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que debe obrarse en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine. Ilustra, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXIV/98, de contenido: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese contexto, para estar en aptitud de pronunciarse sobre una posible omisión en que incurre una autoridad, debe primero fijarse dicha obligación jurídica, es decir, un acto jurídico previo que la origine, que además, correlativamente las autoridades tengan o deban tener conocimiento de esa obligación, en el sentido de que, de dichos presupuestos (facultad normativa y conocimiento de la autoridad) podrá establecerse su existencia. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) Cuando ese conocimiento sea consecuencia de un acto previo que la origine, en estos casos, la autoridad conoce su obligación de manera directa, por ejemplo, a partir de la notificación de una sentencia condenatoria la autoridad sabe que debe cumplir con la condena impuesta, y en consecuencia en caso de que el quejoso le atribuya la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar, la carga de la prueba para acreditar la inexistencia de la omisión recaerá en la autoridad; Sin lo anterior, sería erróneo tener por cierto el incumplimiento por parte de la autoridad de una sentencia, que no tenía posibilidad de conocer, ni por ende de cumplir. 2) Los casos donde por sus atribuciones debe conocer ciertos hechos, por ejemplo un delito flagrante o una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias; por lo tanto, en esos casos, en los que la simple actualización de un hecho actualiza la hipótesis de una norma jurídica, la carga de la prueba de la negativa de la omisión de actuar, en consecuencia, también recae en la autoridad; y, 3) Los actos que requieren de una solicitud, petición o condición previa, es decir cuando las leyes prevén la existencia de requisitos previos de impulso por parte del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe, en caso de que ello se encuentre acreditado, entonces la autoridad es quien debe desvirtuar la omisión que se le atribuye. En atención a lo anterior, en el caso se desprende que se actualiza la tercera hipótesis, virtud que el acto que aquí se reclama requiere de una solicitud previa, en ese tenor, tomando en consideración que el quejoso en su libelo constitucional adjuntó copia de los escritos recibidos el siete de abril de dos mil veintidós, por las autoridades responsables, respectivamente, entonces la autoridad es quien debe desvirtuar la omisión que se le atribuye. En esa tesitura, de los informes rendidos por las autoridades responsables Fiscalía General de Justicia, Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Comisión de Derechos Humanos y Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, todos de la Ciudad de México, se advierte la existencia del acto que se les reclama en esta instancia constitucional, no obstante que al rendir su informe justificado realizaran manifestaciones señalando su inexistencia, ya que tal negativa quedó desvirtuada con las constancias que obran en autos. Lo anterior se justifica, toda vez, la autoridad responsable Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, señaló que el escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, ante esa Institución, que contiene la denuncia de hechos formulada por el quejoso Enoc Talavera Rosas, de donde deriva el acto reclamado, fue turnado mediante acuerdo de correspondencia con folio 0011992, de esa misma data, a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, para su atención. Por su parte, la autoridad responsable Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe de ley, adujo que derivado de dicho escrito, el doce de abril del año en curso, dio inicio a la carpeta de investigación número CI-FIDCSP/B/UI-B-3C/D/01335/04-2022. No obstante, se advierte que dicha actuación le fue notificada al promovente mediante oficio número 0212 de quince de junio de dos mil veintidós, mismo que fue fijado en los estrados del área de Control de Gestión de esa Fiscalía, en razón que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de esa jurisdicción, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (siete de junio de dos mil veintidós); de ahí que se tenga por cierta dicha omisión. Asimismo, del informe justificado rendido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, indicó que con fecha siete de abril de dos mil veintidós, se recibió en la oficina de partes de esa Comisión, el escrito de esa misma data, por el quejoso Enoc Talavera Rosas mediante el cual solicitó de forma reiterada "se inicie la investigación necesaria", procediendo la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, a agregar dicha aportación al expediente CDHCM/IV/121/GAM/22/N1877, atendiendo a que, la indagación preliminar ya había sido iniciada por la misma, derivado de la petición inicial realizada por el quejoso, mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, del informe de ley rendido por la autoridad responsable Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, se advierte que, si bien, el escrito de donde deriva el acto aquí reclamado, fue atendido por esa autoridad y agregado al expediente CDHCM/IV/121/GAM/22/N1877, dicha actuación no había sido notificada al peticionario de amparo a la fecha de la presentación de la demanda (siete de junio de dos mil veintidós), virtud que de las constancias anexas a su informe, se gestionó mediante oficio número 4-9083-22, de veintidós de junio de dos mil veintidós, a efecto de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, proceda a notificar al quejoso, el acuerdo de indagación preliminar y se le informe de las acciones que esa Comisión está realizando para investigar y documentar los hechos de su queja, de ahí que aún existía la omisión de la cual se duele el peticionario. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia del acto reclamado, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable junto a su informe de ley, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa virtud, este Órgano de control constitucional, estima que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, el cual indica: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; "...". Asimismo, el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "... "V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. "...". Para arribar a la anterior afirmación, se precisa que la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando a pesar de la existencia del acto, los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Lo anterior, puesto que el efecto legal y natural del juicio amparo es reponer en el goce de los derechos humanos trasgredidos al impetrante de garantías, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que surja una situación jurídica que destruya la que dio motivo al amparo, de tal suerte que en virtud de la nueva situación jurídica del quejoso, está lo reponga en el goce de la garantía violada. De modo que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, dicha casusa de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En atención a lo anterior, es inconcuso que la causa de sobreseimiento invocada acontece en el asunto particular, en virtud de que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables, de dar contestación a sus escritos de siete de abril de dos mil veintidós, respectivamente, mediante los cuales solicitó que se realizaran las gestiones a fin de iniciar la carpeta de investigación por el delito de tortura, cometido en su agravio. En ese sentido, la cesación de efectos se produce porque la autoridad responsable Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proveyó respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa, toda vez que, el escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, ante esa Institución, que contiene la denuncia de hechos formulada por el quejoso Enoc Talavera Rosas, fue turnado mediante acuerdo de correspondencia con folio 0011992, de esa misma data, a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, para su atención. Además, se advierte que el ministerio público adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, derivado de dicho escrito, el doce de abril del año en curso, dio inicio a la carpeta de investigación número CI-FIDCSP/B/UI-B-3C/D/01335/04-2022. Asimismo, dichas actuaciones le fueron notificadas al quejoso mediante oficio número 0212 de quince de junio de dos mil veintidós, mismo que fue fijado en los estrados del área de Control de Gestión de esa Fiscalía, en razón que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de esa jurisdicción, lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por otro lado, en relación al escrito de siete de abril de dos mil veintidós, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se desprende que dicha petición fue turnada la Cuarta Visitadurìa General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, a agregar dicha aportación al expediente CDHCM/IV/121/GAM/22/N1877, atendiendo a que, la indagación preliminar ya había sido iniciada por la misma, derivado de la petición inicial realizada por el quejoso, mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós. De igual forma, se advierte que el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante oficio número 4-9083-22, dirigido, en vía de colaboración, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, se ordenó se proceda a notificar al quejoso, el acuerdo de indagación preliminar y se le informe de las acciones que esa Comisión está realizando para investigar y documentar los hechos de su queja. Sin que obste el hecho de que de las documentales anexas al informe rendido por dicha autoridad, no se advierta acuse de recibo del oficio en comento, virtud que este juzgado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, ordenó poner a la vista de la parte quejosa dichas constancias, así como, de todos los informes rendidos por las autoridades responsables, mismo que le fue notificado personalmente en el lugar en que guarda reclusión el diez de agosto de la presente anualidad, a lo que la parte quejosa no realizó manifestación alguna al respecto. En esa tesitura, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, invocado, para el caso de que el peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería para que las autoridades responsables atendieran los escritos de donde deriva el acto reclamado, lo que en la especie, ya aconteció en el presente asunto, por lo tanto, el acto de autoridad reclamado, ya no agravia al inconforme, pues, la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos humanos, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo antes expuesto, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enoc Talavera Rosas, contra actos del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. E

  4. Principal

    En doce de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al juez, con un oficio, registrado bajo el folio 10754 y 10755, dentro del juicio de amparo indirecto número 345/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, los oficios signados por el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con sede en la Ciudad de México, virtud que mediante proveídos de veintisiete de julio y cuatro de agosto, se acordó sobre su contenido. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

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