Emmanuel López Razo

Expediente 86/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
86/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel López Razo
  • Hipolito Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del diecisiete al veintiocho de abril de dos mil veintitrés; descontando los días inhábiles en virtud a que fue notificada el trece del mismo mes y año; sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, toda vez que no fue impugnada por la parte quejosa, la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 88 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se desprende que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, se determina que el cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, acorde con lo dispuesto en el citado artículo 21 del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyanse los cuadernos principal e incidental, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que no se glosará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de abril de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 86/2023, señalada para esta fecha, sin la asistencia de las partes. El secretario da cuenta al Juez con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, se toma conocimiento de que las partes no ofrecieron pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con el pedimento del agente del Ministerio Público de la adscripción, mediante el cual formuló los alegatos que a esa representación social corresponden; asimismo, se hace constar que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al agente del Ministerio Público formulando los alegatos de cuenta; y al resto de las partes por precluido su derecho de exponerlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver el juicio de amparo 86/2023, promovido por Emanuel López Razo e Hipolito Ornelas, contra actos del Director General del Centro de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso recibido el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Emanuel López Razo e Hipolito Ornelas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. Autoridades responsables: 1.-Director general de este centro Federal "CPS" 17 Michoacán de readaptación social #17. 2.-C. Titular del Área que tiene como contrato del especialista en psiquiatría de este Centro Federal de Readaptación No 17 "CPS". 3.- C. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 4.- C. Coordinador General de Centros Federales. 5. C. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social. IV ACTOS RECLAMADOS: A) Violación al derecho de peticiones tal como lo establece nuestra constitución Federal. B). Reclamo de todas las autoridades mencionadas como responsables la falta adecuada de una atención de psiquiatría adecuada y especializada de las enfermedades que padecemos las cuales ponen en riesgo nuestra propia vida y nuestra integridad física." Los promoventes del amparo expusieron que los actos reclamados vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados; y, expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número de expediente 86/2023, y se desechó respecto del acto consistente en la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría, reclamado a las autoridades responsables 1.-Director General y 2.-Titular del Área Psiquiátrica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; 3.-Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 4.-Coordinador de Centros Federales; y, 5.- Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, estos últimos con sede en la Ciudad de México; al estimarse que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Respecto del diverso acto relativo a la omisión de dar respuesta a la solicitud de atención médica en la especialidad en psiquiatría, reclamado a las autoridades responsables 1.-Director General y 2.-Titular del Área Psiquiátrica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por proveído de tres de marzo del año en curso, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como Titular del Área Psiquiátrica del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto del acto reclamado a ésta. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Por lo que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional en esta misma data, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 fracción ll, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que el acto reclamado consiste en una omisión con efectos positivos en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo: La omisión de dar respuesta a la solicitud de atención médica en la especialidad en psiquiatría. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En relación con el acto materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Al respecto, la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". No obsta para arribar a la anterior determinación, la manifestación hecha por los quejosos, en el sentido que la petición fue realizada en el módulo de pase de lista de la mencionada institución penitenciaria. Pues la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, por conducto del encargado de dicho centro penitenciario, en su informe justificado indicó que no se encontró registro de la petición reclamada. Por tanto, si los quejosos no aportaron medio de prueba, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, en relación a la inexistencia del acto reclamado, su sola manifestación hecha bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para desvirtuar dicha la omisión combatida. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la adscripción, atendiendo al sentido de la presente sentencia y porque el Juez resolutor no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Emanuel López Razo e Hipolito Ornelas, contra los actos reclamados de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con el pedimento ministerial registrado bajo el folio 3775. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.********************PEDIMENTO MINISTERIAL. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el pedimento ministerial suscrito por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno.********************COPIAS CERTIFICADAS. Por otra parte, como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, expídase copia certificada de la misma. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Victor Manuel Verduzco Ahumada, quien da fe.

  4. Principal

    En trece de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: ********************Que el plazo de ocho días, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, se imponga del contenido del informe justificado rendido en autos, transcurre del trece al veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en virtud de que fue notificada personalmente el nueve del mismo mes y año.********************Que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional del presente asunto. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de marzo de dos mil veintitrés.********************Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se desprende que a la fecha transcurre el plazo de ocho días, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, se imponga del contenido del informe justificado rendido en autos.********************Asimismo, se desprende que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional del presente asunto. ********************En consecuencia, para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado que obra en autos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para el presente asunto, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. ****************************************Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE).****************************************Notifíquese.**

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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